Enrique Isaac Araiza Soria
Expediente 93/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 38 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 16/01/2017
Partes del expediente
- Enrique Isaac Araiza Soria
- Enrique Isaac Araiza Soria y Otros.
- No Existe
- Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Enrique Isaac Araiza Soria, mediante el cual solicita le sean devueltos los documentos originales que anexó a su escrito de demanda; en consecuencia, dígase al promovente que se deberá estar a lo acordado en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que si existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO que dice...Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que si existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.
- Principal
Visto el estado de los autos, se procede a analizar sí efectivamente las autoridades responsables 1. Congreso, 2. Gobernador, 3. Secretario General de Gobierno, 4. Secretaría de Planeación y Finanzas, todos del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, así como al 5. Síndico Procurador, 6. Presidente Municipal, 7. Director de Planeación y Gestión Financiera y 8. Jefe de Mesa de Ejecución de la Recaudación de Rentas Municipales, todos del XXI Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, cumplieron con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación con lo informado por las responsables, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia de catorce de julio de dos mil dieciséis (fojas 137 a 158), este Juzgado de Distrito por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Enrique Isaac Araiza Soria, la cual causó ejecutoria mediante proveído de veintidós de agosto siguiente (fojas 199 a 201); en esa misma fecha se requirió a las autoridades responsables 1. Congreso, 2. Gobernador, 3. Secretario General de Gobierno, 4. Secretaría de Planeación y Finanzas, todos del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, así como al 5. Síndico Procurador, 6. Presidente Municipal, 7. Director de Planeación y Gestión Financiera y 8. Jefe de Mesa de Ejecución de la Recaudación de Rentas Municipales, todos del XXI Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] Efectos del amparo.- En las relatadas condiciones, al establecerse que el impuesto por alumbrado público contemplado en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, contraviene lo dispuesto en los artículos 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 77 fracción I y 78 de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo y protección constitucional solicitado por la parte quejosa Enrique Isaac Araiza Soria, contra el acto que reclama a las autoridades señaladas como responsables, consistente en el cobro de impuesto al alumbrado público, efectuado por la cantidad de $1446.19 (mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con diecinueve centavos, moneda nacional), otorgamiento para el efecto de: Desincorporar a la parte quejosa Enrique Isaac Araiza Soria, de la norma general declarada inconstitucional, esto es, para que no sea considerada sujeta del tributo. Restituir a la agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, es decir, para que le sean devueltas las cantidades que a la fecha se le cobraron por concepto de la contribución de alumbrado público (DAP), y para que en lo subsecuente no se le apliquen los numerales analizados, dado que dicha obligación tributaria deberá ser desincorporada de la esfera jurídica de la hoy parte quejosa. Que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias den respectivo cumplimiento a los efectos del amparo concedido a la quejosa en la presente determinación, informando cada una de ellas los actos realizados para lograr el mismo. [.]" En auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis (foja 221), se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Delegado del 5. XXI Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, 6. Presidente Municipal del XXI Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, y del 7. Director de Planeación y Gestión Financiera del XXI Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por medio de los cuales informó que las autoridades responsables desincorporaron de la esfera jurídica del quejoso, el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, en el que se contempla el cobro del derecho por alumbrado público. Con lo anterior, se dio vista a la quejosa, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. De igual forma, por auto de tres del mes y año que transcurre (foja 284), se tuvo por recibido el oficio signado por el Delegado del 6. Presidente Municipal, 5. Síndico Procurador y 7. Director de Planeación y Gestión Financiera, todos del XXI Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, al cual anexó la comparecencia de veinticinco de octubre de la presente anualidad (foja 280), de la que se advierte que el quejoso Enrique Isaac Araiza Soria, recibió de conformidad el cheque número 0041652, de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, por la cantidad de $3,509.26 (tres mil quinientos nueve pesos 26/100 moneda nacional), por concepto de la devolución del pago del derecho por alumbrado público (DAP) que le fuera cobrado a la parte quejosa. Con lo anterior, se dio vista a la quejosa, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa, la norma general declarada inconstitucional, que ordenó el cobro del derecho por alumbrado público (DAP) y que le fueran devueltas las cantidades que se le habían cobrado por ese concepto y que en lo subsecuente no se le aplique el artículo 15 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ensenada, Baja California; lo cual, como se vio, realizaron las autoridades responsables; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Con lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
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