Enrique Huitrón González
Expediente 1132/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Enrique Huitrón González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de junio de dos mil veintidós. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó este juicio de amparo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del diez de marzo de este año; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación que sobreseyó en este juicio de amparo, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con treinta y seis minutos del diez de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 1132/2021-III, promovido *********, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, ante el licenciado Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente; asimismo, certifica que: el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído del diez de febrero pasado, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo con relación al Secretario de Salud, transcurrió del diecisiete de febrero al nueve de marzo en curso; sin contar en dicho plazo los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete del mes próximo pasado, así como cinco y seis del mes en curso, por haber sido inhábiles, sin que lo hubiera hecho. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar; y, con relación a la certificación que antecede, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto del diez de febrero del año en curso y se tiene por precluido su derecho, por lo que el presente juicio de amparo se continuará en los términos en los que fue planteado inicialmente en su escrito de demanda. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y por las autoridades responsables. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que exhibieron la parte quejosa y las autoridades responsables, las que se tomarán en consideración al dictar la sentencia correspondiente. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes formularon no formularon alegatos. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1132/2021-III, promovido por *********, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional el tres de noviembre del mismo mes y año, **********, por propio derecho, demandó el amparo y protección contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. II. Por auto del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado registró la demanda de amparo con el número 1132/2021-III, del índice de este Órgano Jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; auto del diez de febrero del año en curso, por el que se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Secretario de Salud, sin que al efecto haya señalado a tal autoridad como responsable; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, en la que se hizo efectivo el apercibimiento decretado al efecto y se ordenó continuar la secuela procesal en los términos planteados inicialmente en la demanda. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto de aplicación de la disposición reclamada se atribuye a una autoridad que reside en la circunscripción territorial que corresponde a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, ha de precisarse que la quejosa combate del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos lo siguiente: - El Acuerdo publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el que se determina que las personas que cuenten con el cuadro completo de vacunación SARS-CoV-2, pasados quince días, no se considerarán dentro de la población de situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad. Asimismo, del Director General y Subdirector de Recursos Humanos, ambos del Instituto de Salud del Estado de México, así como del Director, Jefe de Recursos Humanos y Subdirector Administrativo del Hospital General de Naucalpan "Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda", dependiente del Instituto de Salud del Estado de México: La aplicación de la disposición general reclamada, mediante la revocación del oficio 208C0111110200T-SAE-081-2021, del dos de agosto de dos mil veintiuno, por el que señala se le otorgó el confinamiento. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados al Director General y Subdirector de Recursos Humanos, ambos del Instituto de Salud del Estado de México, así como del Director, Jefe de Recursos Humanos y Subdirector Administrativo del Hospital General de Naucalpan "Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda", dependiente del Instituto de Salud del Estado de México, ya que así lo manifestaron al rendir su correspondiente informe justificado (fojas 46 y 47). La parte quejosa no ofreció prueba alguna para desvirtuar tal negativa; por ende, esta última cobra firmeza con el contenido de su respectivo informe y se concluye que los actos reclamados son inexistentes. Por otra parte, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, fue omiso rendir su correspondiente informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificado, como se desprende de la constancia de notificación que obra en autos (foja 40), sin embargo, no resulta procedente presumir la existencia del acto que se le atribuye consistente en la emisión del Acuerdo publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el que se determina que las personas que cuenten con el cuadro completo de vacunación SARS-CoV-2, pasados quince días, no se considerarán dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad. Lo anterior, toda vez que el Acuerdo publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, mismo que constituye un hecho notorio, de conformidad con los artículos 88 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2, se tiene que quien lo autorizó tal Acuerdo, es el Secretario de Salud. En consecuencia, es claro que la omisión reclamada de la autoridad antes precisada resulta inexistente porque quien emitió dicho Acuerdo reclamado, es el Secretario de Salud. Sin que se soslaye que la peticionaria de amparo hubiere exhibido las documentales consistentes en impresión de recibo de nómina, copia simple del oficio 208C0111110200T-SAE-081-2021, del dos de agosto de dos mil veintiuno y copia simple del Certificado Médico del siete de abril de dos mil veinte (fojas 22 a 25 de autos); empero, con dichos medios de convicción no se desvirtúa la negativa de las autoridades responsables y existencia del acto atribuido a las mismas. De ahí que, se estime que la negativa de las autoridades responsables e inexistencia destacada es patente; y, por tanto, no quedó desvirtuado por la parte quejosa. En tal virtud, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, segunda parte-2, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, consultable en la página seiscientos veintisiete, Octava Época, de texto y rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." También encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Finalmente, este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 5º, fracción II y 108 fracción III, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." El primero de los preceptos indicados establece que procede el sobreseimiento del juicio de amparo, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la misma ley; en tanto que el segundo establece como carga del quejoso, señalar la autoridad o autoridades responsables de los actos reclamados, sean ordenadoras o ejecutoras. Ahora bien, como se advierte de la demanda, el acto reclamado es, el Acuerdo publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, que como se destacó en párrafos precedentes, su publicación en el Diario Oficial de la Federal (que constituye hecho notorio), se tiene que quien emitió dicho Acuerdo reclamado, es el Secretario de Salud, por lo que, mediante auto del diez de febrero de dos mil veintidós (foja 177), se requirió a la parte quejosa, para que en el término de quince días legalmente computados, manifestara si era su deseo señalar como responsable a dicha autoridad; bajo el apercibimiento que de ser omisa a lo anterior dentro del plazo establecido, se continuaría la secuela procesal como se encuentra planteada de inicio la litis constitucional. No obstante, la quejosa no desahogó el citado requerimiento, por lo que, en acta de audiencia que antecede, se hizo efectivo el apercibimiento decretado el afecto; y, por tanto, se continuó con la secuela procesal como se encuentra la litis plasmada en su demanda. En consecuencia, al no haber sido designado como autoridad responsable la autoridad que emitió el Acuerdo reclamado; y, por ende, al no ser llamada a juicio, es evidente que no estuvo en posibilidad de exponer las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad de su acto. De tal manera, que no es jurídicamente factible analizar dicho acto, que es la parte medular en el juicio de amparo, para determinar si se violó en perjuicio del justiciable sus derechos fundamentales. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, febrero de 1994, Octava Época, página sesenta y siete, registro 213345, que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Por lo que, no se puede conforme a las disposiciones que norman el juicio de amparo, decidirse sobre el acto de esa autoridad, pues, equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a resolver una controversia, sin oír a la parte afectada y sin conocerse las razones que le sirvieron de apoyo. Cabe precisar que en el juicio de amparo, se entabla una controversia entre la parte quejosa y la autoridad o autoridades responsables y, por lo mismo, tienen que ser éstas designadas para que sean oídas y darles oportunidad a que justifiquen o intenten justificar sus actos, para que el juez federal decida sobre si se ha violado algún derecho constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a las autoridades de quien realmente ha emitido el acto que se reclama, no puede resolverse sobre la constitucionalidad de éste, por tanto, se debe sobreseer en el amparo cuando se incurra en tal omisión. Atento a lo asentado en líneas precedentes, se aprecia que se actualiza en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al diverso 5°, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que haya obligación de aplicar la suplencia de la queja a favor de la quejosa, ya que ésta sólo puede aplicarse sobre la exposición de los conceptos de violación, en los casos en que se advierta que ha habido en su contra una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa, pero de ninguna manera permite al suscrito sustituirse a la solicitante de amparo en el señalamiento de las autoridades responsables. Es aplicable la tesis 2a. LV/95 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página doscientos treinta y seis, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, junio de 1995, Novena Época, registro 200805, cuyo rubro y texto es: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO COMPRENDE LA DESIGNACION DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables." Por tanto, al no haber señalado la parte quejosa como autoridad responsable a la autoridad que emitió el acto reclamado, no obstante, el requerimiento que se le formuló como se ha hecho referencia, el suscrito se encuentra imposibilitado para efectuar el estudio de fondo del acto de autoridad reclamado. Es aplicable al presente caso, la tesis 2a. CLXIV/98 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página ciento trece, tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, enero de 1999, Novena Época, registro 194684, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII con relación al diverso 5º, fracción II, y el 108 fracción III, de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, así como por oficio a las autoridades responsables y representación social adscrita. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, de los que se desprende una diversa autoridad a las indicadas en el escrito inicial, que puede tener injerencia en el acto reclamado; por tanto, con fundamento en los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo respecto del Secretario de Salud. Para el caso de ser así, precise el acto que le reclama; asimismo, deberá exhibir una copia de su escrito inicial de demanda, para la citada autoridad. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, se continuará la tramitación del presente juicio de amparo, únicamente con las autoridades que señaló en su escrito inicial de demanda. Para dar margen a lo anterior y no irrogar perjuicio alguno a las partes, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que en su lugar se fijan las doce horas con treinta y seis minutos del diez de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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