Enrique Hugues Galindo
Expediente 1498/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1498/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Enrique Hugues Galindo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Destino de cuadernos del incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, de lo cual se advierte que en esta fecha causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión y se ordenó el archivo el expediente como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Único. Se declara sin materia el presente incidente
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el encargado del despacho de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, en representación del citado instituto, y por el encargado del despacho de la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora. Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que refieren y como domicilio para oír y recibir notificaciones los que indican en sus respectivos informes. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de sobreseimiento del juicio. Sobreseimiento fuera de audiencia -Cesación de efectos del acto reclamado- Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por el encargado del despacho de la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se precisa que los actos reclamados por el quejoso se hacen consistir esencialmente en la omisión de las autoridades responsables de cumplir en tiempo y forma con el pago de la pensión a que tiene derecho el peticionario de amparo, conforme a lo dispuesto por la Junta Directiva del referido instituto, en específico el relativo al mes de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, de las constancias que el instituto responsable anexó a su demanda, se advierte que mediante pago de nómina vía transferencia bancaria efectuada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el subdirector de Finanzas del instituto responsable cubrió el pago de pensiones reclamado por el aquí quejoso. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de que la citada pensión no se pagó el día precisado en el calendario de pagos señalado Junta Directiva del multicitado instituto, lo cierto es que, como se destacó, dicha pensión le fue cubierta el veintidós de noviembre del presente año, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor del quejoso, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, no se soslaya por parte de este juzgador, que el peticionario de amparo, en su demanda hace manifestaciones en el sentido de que las autoridades responsables han sido reincidentes en pagar en tiempo y forma la pensión a que tiene derecho como pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por lo que, se exhorta a las autoridades responsables, que se ajusten a los plazos que se pactaron por la Junta Directiva del consabido instituto para el pago de las referidas pensiones, pues de lo contrario, se haría patente que el resarcimiento en el pago de la pensión del aquí quejoso, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -el pago tardío de la pensión de que se dolía el quejoso-, lo que pudiera actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, tampoco se soslaya que la parte quejosa se refiere también a la petición consistente en que las autoridades responsables se abstengan de omitir los pagos subsecuentes de su pensión; sin embargo, al respecto es dable acotar que tal eventualidad no puede ser objeto de análisis en el presente sumario, dado que no existe certidumbre en torno a que las autoridades responsables vayan a desplegar una conducta omisa en lo futuro, en lo relativo al pago de la pensión que deba dispensarse a la parte quejosa; de ahí, que resulte intrascedente tal planteamiento para lo determinado en este biinstancial, en el que el reclamo substancial que causaba un perjuicio a la agraviada, cesó en sus efectos por actuación de las propias responsables; de modo que, en caso de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de éstas, la agraviada estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, personalmente al quejoso y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se advierte, que no fue posible celebrar la audiencia incidental señalada para el día hoy, toda vez que a la fecha no le transcurre el plazo de cuarenta y ocho horas a la autoridad señalada como responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para que rinda su informe previo solicitado. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la aludida audiencia y se fijan las doce horas con treinta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Informe previo. Conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo rendido por el encargado de despacho de la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales. Designación de delegados y domicilio. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que alude en su informe; asimismo, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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