Enrique Huerta Moncivais

Expediente 701/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
701/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Enrique Huerta Moncivais
  • Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), en Toluca, México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    S E R E S U E L V E ÚNICO. Se declara infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, promovido por el quejoso ********, en términos del considerando IV de esta resolución. Notifíquese

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, realiza manifestaciones vía alegatos, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. 2. Recurso de queja. Por otro lado, interpone recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés; en esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, incisos a) y g), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido recurso; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la ley de la materia; por tanto, con copia del escrito respectivo, dese vista a las partes por el término de tres días, para los efectos a que hace referencia dicho artículo. 3. Remisión al Tribunal de Alzada. Hecho que sea lo anterior y dentro del término de los tres días siguientes al en que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno. 4. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, se advierte que el término de quince días para que las autoridades responsables rindan su informe justificado respecto a la ampliación de demanda formulada, en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, transcurre del trece de noviembre al cuatro de diciembre del año en curso. 5. Diferimiento. En consecuencia, a efecto de dar margen a que se cumpla lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22 de dicho ordenamiento legal, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las nueve horas con cincuenta minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega promoción. Téngase recibido el escrito firmado por **********, mediante el cual amplía su demanda de amparo, en contra del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios en Toluca, México y otras autoridades. 2. Admisión. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA AMPLIACION DE DEMANDA DE AMPARO EN SUS TÉRMINOS. 3. Incidente de suspensión. Sin que se tramite el incidente de suspensión por no haberse solicitado en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo y, por no ubicarse los actos en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 126 y 127 de la ley de la materia. 4. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional a las diez horas con treinta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés. 5. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, considerando las siguientes directrices: Si algunas de las fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de las que se obtuvieron, entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las fotocopias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles, deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las fotocopias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así deberá realizarlo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO RINDA NO PUEDE REDUCIRSE."1 . En caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De conformidad con los artículos 17 constitucional, 119 de la Ley de Amparo, y 188 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, infórmese a la autoridad responsable que estén en aptitud de aportar como prueba de su parte toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrán adjuntar a su informe justificado el disco compacto (CD) que contenga la resolución reclamada, lo anterior, a la luz del principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. 6. Tratamiento de información clasificada. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de información con tal carácter, ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 101, 104 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sumando a las anteriores, los documentos que en su caso corresponda remitir por parte de la autoridad responsable los cuales deberán contener la leyenda precisada en el artículo 30 del reglamento de la ley aducida, en ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, la misma no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P/J.26/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LA PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". 2 7. Autorización para las personas actuarias de la adscripción. Se faculta a cualquiera de las personas actuarias de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir el comunicado a ellas dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Con fundamento en la fracción I, párrafo segundo del artículo 28 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que el error o la imprecisión no sustancial en la denominación o en la cita de su nombre que impida individualizarlas o distinguirlas, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso la persona actuaria al contar con fe pública podrá asentar la denominación correcta atendiendo al principio de economía procesal que debe imperar en los asuntos. Aunado a lo anterior, sí la persona secretaria encargada del asunto le es devuelto un oficio por las mismas circunstancias, éste podrá hacer la modificación a la denominación de la autoridad sin darle vista a la parte quejosa en atención al principio pro actione, ello atendiendo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, los que forman parte del principio a la tutela judicial efectiva, que tiene como objeto evitar entre otros, que el órgano jurisdiccional pueda convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso, con la única limitante de no afectar garantías procesales de la parte contraria. Por ello ante, el error o la imprecisión no sustancial en la denominación o en la cita de su nombre que impida individualizarlas o distinguirlas, resulta innecesario dar vista a la parte quejosa y obligar al juzgador a realizar actuaciones que afectarían el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el principio de economía procesal. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.3o.C. J/4 (10a.)3 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), DE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN EL PROCESO.". 8. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa equivalente a treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 9. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 10. Domicilio. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización de correo electrónico que refiere, dígasele al quejoso que, no ha lugar a autorizar dicho medio de comunicación, ello en atención a que los mismos no se encuentran previstos dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. 11. Notificación a las autoridades responsables. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica de Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes ("S.I.S.E."). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."4 . Se autoriza a las personas secretarias adscritas a este órgano jurisdiccional a que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. 12. Notificación a las partes. Se instruye a la persona Secretaria y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore, el contenido y envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en la persona Actuaria de la adscripción. a. En juicios de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio de notificación, la persona actuaria deberá informarle que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que, si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada. b. Incluso cuando las autoridades no tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que en amparos urgentes tramitados electrónicamente, las notificaciones a las autoridades responsables (previstas a su vez en el precepto 26, fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan a través de cualquier medio oficial, incluyendo un "oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica", el cual puede enviarse por correo electrónico institucional. 13. Desechamiento de Incidente de Cumplimiento Sustituto. En diverso aspecto y con relación al incidente de cumplimiento sustituto que promueve el quejoso, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, atendiendo a las siguientes consideraciones. Conforme al párrafo tercero, de la fracción XVI, del artículo 1075 de la Constitución Federal, y 2046 de la legislación de la materia, la incidencia intentada, permite la posibilidad de cumplir la ejecutoria de amparo a través del pago de los daños y perjuicios al quejoso. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que uno de los elementos necesarios para la procedencia del incidente de cumplimiento sustituto, estriba en que resulte desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación; y que para determinar si se actualiza dicho supuesto, debe justificarse si retrotraer las condiciones que prevalecían antes de la violación implica un costo desproporcionalmente mayor que cumplir con la sentencia de amparo de manera sustituta. Resulta aplicable por analogía la tesis P. IV/2016 (10a.), de la Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Para la procedencia del cumplimiento sustituto de la sentencias de amparo, ya sea a petición de cualquiera de las partes o de oficio (caso en el que no existe conformidad de la parte quejosa para que la sentencia de amparo se cumpla de forma diversa a lo que establece), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no dispone de mayores requisitos que el consistente en que la autoridad responsable manifieste la imposibilidad o inconveniencia de cumplir la sentencia de amparo en sus términos o porque se afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener o porque sea imposible el cumplimiento en sus términos o desproporcionalmente gravoso. Ahora bien, con la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y que entró en vigor el cuatro de octubre de ese año, el supuesto relativo a la afectación social frente al beneficio del quejoso sufrió los siguientes tres cambios importantes: a) se suprimió el calificativo "gravemente" respecto de la afectación social, lo que supone la flexibilización de esta figura, dado que aquélla podría ser de una entidad menor; b) se excluyó a los terceros como sujetos cuya afectación podría generar el que una sentencia de amparo se cumpla de manera sustituta, de modo que sólo será la sociedad la que se proteja a través de esta figura; y, c) se eliminó el vocablo "económico", que modulaba el beneficio del quejoso, frente al cual se contrasta la afectación social, y esto sólo supone que el beneficio del quejoso no deberá tasarse única o preponderantemente en términos económicos, pues sin duda este criterio deberá seguir considerándose, ya que sería imposible que, de entre los beneficios que obtiene un quejoso con el cumplimiento de la sentencia de amparo, no se encuentre el económico. Se prevé, además, la posibilidad de que se decrete el cumplimiento sustituto cuando las circunstancias del caso impliquen que sea imposible (material o jurídicamente) cumplir con la sentencia de amparo, supuesto que si bien no se encontraba en la Constitución, ya se reconocía en la jurisprudencia. De este modo, el único supuesto introducido con motivo de esa reforma, al tenor del cual se puede decretar el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, es el referente a que resulte desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. Sobre este último aspecto, resulta importante precisar que, para determinar si se actualiza la condición referente a la "desproporcionalidad gravosa", deberá justificarse si retrotraer las condiciones que prevalecían antes de la violación implica un costo desproporcionalmente mayor que cumplir con la sentencia de amparo de manera sustituta. Es importante recalcar que esta condición no se actualizará si se aduce un gasto sólo mayor, ya que se requiere que el gasto que implica cumplir con la sentencia de amparo en sus términos sea mucho mayor que el que implica hacerlo de manera sustituta. Éste es un mandato de optimización para que en el caso del cumplimiento de las sentencias de amparo se aplique un criterio racional a partir del cual se maximice el beneficio individual (derivado de la concesión del amparo) sin sacrificar el beneficio social (representado por el recurso público destinado al cumplimiento de la sentencia de amparo). En este sentido, se autorizará el cumplimiento sustituto del fallo protector cuando el acatamiento en sus términos no cumpla con la condición óptima y, por ende, implique que el quejoso obtenga un beneficio y al mismo tiempo ello se traduzca en un decremento considerable para el Estado."7 En el caso, para efectuar el ejercicio establecido en el criterio citado, es necesario que se dicte sentencia definitiva, para determinar si existe una imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria de mérito y en su caso, establecer la posibilidad de resarcir a la parte quejosa de forma económica, a través del pago de daños y perjuicios; siempre que sea imposible cumplir con la sentencia de amparo, lo que en el caso no es aplicable, pues aún no se ha dictado una resolución definitiva en el presente asunto. En ese sentido, es dable afirmar que no resulta procedente la acción planteada, pues aún no se dicta algún fallo protector a favor del quejoso, como para restituir por medio de la incidencia planteada el goce de los derechos humanos que sufrió. 14. Desechamiento de incidente de repetición de acto reclamado. En otro sentido, el impetrante refiere su intención de denunciar una repetición del acto reclamado, mismo que resulta improcedente con base a los siguientes razonamientos. Es conveniente precisar si bien el artículo 199 de la Ley de Amparo8 , no prevé expresamente los requisitos que deben satisfacerse para efectuar la denuncia, lo cierto y jurídicamente relevante es que constituye un elemento sine qua non, que la denunciante señale expresamente cuál o cuáles son los actos que considera repetitivos del reclamo en la instancia constitucional. Lo anterior, pues a partir de ello, el órgano jurisdiccional estará en condiciones de determinar en principio, la procedencia de su denuncia, y de ser el caso, analizar si constituye o no una repetición del acto reclamado. Ahora bien, en el escrito de cuenta, el promovente señala "[.] APERTURAR INCIDENTE DE REPETICIÓN DE ACTO RECLMADO pues el fallo determinado en la sentencia de amparo fue ineficaz" En ese contexto y como lo plantea el recurrente, se advierte que no se configura la acción de repetición del acto reclamado por los razonamientos que expone, pues estos no revelan expresamente cuál o cuáles son los actos que considera repetitivos aunado a que como se dijo con anterioridad, en el presente sumario no se ha dictado sentencia. En ese sentido, ante la notoria improcedencia de los incidentes planteados, deben desecharse de plano. Con fundamento en el artículo 66 de la ley de amparo. 15. Incidente de violación a la suspensión de plano. Finalmente, respecto al incidente por violación a la suspensión concedida; con fundamento en los artículos 206, 207, 208 y 209, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente señalado; en consecuencia, se fija a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia respectiva. Con copia del escrito con el que se promovió el incidente, córrase traslado a las partes y requiérase a las autoridades responsables, para que dentro de un plazo de tres días, remitan a este juzgado federal, su informe y las constancias con las que acrediten el cumplimiento de la suspensión de plano concedida. Se hace del conocimiento de las autoridades que, en caso de acreditarse el incumplimiento de la medida suspensional, o el exceso o defecto en su cumplimiento, será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Vía electrónica

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de octubre de dos mil veintitrés. 1. se agrega promoción. Téngase recibido el escrito aparentemente firmado por el quejoso **********, mediante el cual pretende ampliar la demanda en los términos referidos, no obstante se advierte que la firma que calza en el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la del escrito inicial de demanda, que obra en autos. Por tanto en obvio de dilaciones procesales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se requiere al quejoso, para que en el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente, comparezca en éste juzgado federal a efecto de ratificar la firma que calza en el escrito de cuenta. Se hace del conocimiento del quejoso que deberá comparecer debidamente identificado con credencial oficial vigente ante el local que ocupa la sección de amparo de este órgano jurisdiccional (quinto piso), sito en Boulevard Toluca, número cuatro, fraccionamiento Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, Estado de México, a efecto ratificar el contenido y firma del escrito de demanda. Por lo que, de hacer caso omiso a lo anterior, dentro del término señalado en párrafos que preceden, se tendrá por no presentado el escrito de referencia. Lo anterior es así, ya que debe existir certeza de la autenticidad de la suscripción del ocurso de cuenta antes de emitir el proveído correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Apéndice de 1995, Página 174, cuyo tenor literal y rubro son los siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Así, en virtud de que la firma es una formalidad indispensable para que se dé curso a cualquier promoción judicial pues imprime de autenticidad al propio ocurso y sirve para determinar en un momento dado, los derechos y obligaciones que adquiera el signante, además de que constituye una manifestación de voluntad que entraña conformidad con lo que ahí se asienta, y por ende, quien reconoce como suya la firma que aparece en un documento, implícitamente reconoce el texto del mismo. Se advierte a la ocursante que en términos del artículo 247, del Código Penal Federal, a quien declara con falsedad ante una autoridad judicial, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión. Asimismo, el artículo 261 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista

Quedan 20 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano