Enrique Huerta Durán
Expediente 15/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Enrique Huerta Durán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Agréguese el escrito del autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa; atento a su contenido, como lo pide devuélvanse los documentos que se exhibieron, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto, previo cotejo y compulsa que se realice para que quede en autos, así como razón que por su recibo se asiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta este momento se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE LA CITADA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. El cuaderno del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se concedió la medida cautelar. Si bien en auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se dijo "fórmese por duplicado el incidente de suspensión", lo cierto es que ello no ocurrió materialmente, atendiendo a lo previsto en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio consejo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA DE REFERENCIA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE VEINTNUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "V I S T O S para resolver el juicio de amparo 15/2023, promovido por..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO Primero. Demanda. El quejoso demandó el amparo contra actos de las autoridades en cita, al estimarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales. Segundo. Admisión de la demanda y trámite. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés se admitió la demanda; se dio intervención a la representación social adscrita, requirió informes justificados; señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Se rindieron los informes justificados; el Agente del Ministerio Público Federal adscrita no intervino; y la audiencia constitucional tuvo lugar acorde al acta previa; y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un juzgado del orden común residente dentro del ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. El quejoso se ostenta tercero extraño auténtico al juicio ordinario civil (prescripción positiva) ..., radicado ante el Juzgado Sexagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento, todo lo actuado en ese proceso y una orden de desocupación y/o desposesión del inmueble identificado como fracción tercera del terreno denominado..., ubicado en ..., de esta Ciudad de México. Tercero. Inexistencia de la orden de lanzamiento. La certeza del acto reclamado consistente en la orden de desocupación y/o lanzamiento del inmueble identificado como fracción tercera del terreno denominado..., ubicado en..., de esta Ciudad de México, no quedó acreditada, aun cuando el juez responsable, al rendir su informe, haya aceptado su existencia, ya que su afirmación se encuentra desvirtuada con las constancias del juicio del cual derivan los actos reclamados. Sirve de apoyo, la tesis VII.1o.C.4 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 433, de registro 198320, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Sobre esa base, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, conforme al cual el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Cuarto. Existencia del proceso natural. El juez responsable aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias certificadas que remitió; las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal supletorio. Por su parte, el Actuario responsable se adhirió al informe justificado rendido por su titular, por lo que procede su presunción de certeza; sin perjuicio de que por su carácter de autoridad ejecutora, la existencia de lo que a éste se reclama, depende destacadamente de lo que manifieste la ordenadora. Quinto. Antecedentes. Previo a resolver, se hace una relación de los antecedentes del proceso de origen. I. El trece de julio de dos mil diecisiete..., demandó en la vía ordinaria civil de..., y del Director del..., de la Ciudad de México, la prescripción positiva del bien inmueble ubicado en calle..., en la Ciudad de México. II. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Sexagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México, quien la radicó bajo el número de expediente..., III. El veinticinco de abril de dos mil veintidós, el quejoso..., promovió incidente de nulidad de actuaciones, con el que se ordenó dar vista a las partes en auto de veintiséis siguiente. IV. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, el quejoso nuevamente promovió incidente de nulidad de actuaciones, y el dos de mayo siguiente, el juez responsable negó admitirlo. V. El dos de mayo de dos mil veintidós, el quejoso interpuso recurso de apelación de tramitación inmediata, contra el auto de veintiséis de abril de esa anualidad, mismo que fue desechado el doce de mayo posterior. VI. El doce de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva, donde se declaró que la acción de prescripción positiva intentada era infundada, y se absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas. VII. Inconforme, la actora interpuso recurso de apelación y el veintidós de noviembre de dos mil veintidós. La secuela de actuaciones integra la materia de los actos reclamados. Sexto. Improcedencia. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que debe analizar el juzgador, previo al estudio del fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El juicio es improcedente por falta de interés jurídico del promovente, acorde al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. De acuerdo a ese precepto, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa. Además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE." Cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, acorde a la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Ahora, los documentos provenientes de terceros que consignan contratos, para que tengan eficacia plena, deben tener fecha cierta; y ello acontece: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y/o, c) Desde la muerte de los que firmaron. Se debe tener como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho Registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Asimismo, presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Finalmente, el fallecimiento de alguno de los contratantes también genera certidumbre en la fecha del documento, pues al ocurrir el deceso no existiría posibilidad de alterar la data de un pacto de voluntades, por no poder contrariarse el orden cronológico y natural de los eventos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." En la especie, con el fin de acreditar su interés jurídico, la parte quejosa ofreció: a) Copia certificada por la Secretaria adscrita al Juzgado Vigésimo Cuarto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, de la sentencia definitiva y auto por el que causó ejecutoria, dictados en el juicio oral civil ..., b) Copia certificada por Notario Público de un contrato de compraventa y un recibo de pago por $..., moneda nacional), con fecha de presentación para cotejo, de veintinueve de marzo de dos mil veintidós; documento donde el quejoso aparece como comprador del inmueble materia del litigio natural, denominado "..., "; y como vendedora..., c) Copia certificada por Notario Público de un contrato de compraventa, con fecha de presentación para cotejo, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, en el que aparecen como contratantes "El Departamento del Distrito Federal" y "..., ". d) Copia certificada por Notario Público de un contrato de promesa de compraventa, con fecha de presentación para cotejo, de veintiséis de marzo de dos mil veinte, celebrado entre "..., " y "..., ". e) Copia simple de un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, otorgado por..., a favor de..., f) Acuse de solicitud de entrada y trámite de consulta, hecha por el quejoso, ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México con sello de recibido de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, respecto del antecedente registral serie "4A", tomo "4", volumen "Azcapot", foja "75", partida "103". En principio, debe precisarse que los documentos que resultan idóneos para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo son los denominados de fecha cierta, mismos que adquieren tal carácter en el momento de que se inscriben o se expiden por un fedatario público o funcionario con fe pública, se inscriban ante el registro Público de la Propiedad y del Comercio; que se celebre o ratifique ante fedatario público; que se presente ante funcionario en razón de su oficio; y muera cualquiera de los firmantes; tratándose de un contrato. Ahora bien, cuando se presenta un instrumento privado ante fedatario público, para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo; por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. En ese sentido, se tiene que el documento descrito en el inciso a), es insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso, toda vez que la certificación de la resolución dictada en el juicio oral civil ..., se realizó el doce de diciembre de dos mil veintidós, y con ésta se evidencia que dicho procedimiento se inició y resolvió con posterioridad al diverso ..., que aquí se reclama, el cual concluyó mediante sentencia definitiva de doce de septiembre de dos mil veintidós. Del mismo modo, los documentos precisados en los incisos b), c) y d) son insuficientes para tener por acreditado su interés jurídico, pues su fecha cierta es posterior al inicio del proceso de origen. En efecto, si bien el quejoso exhibió copias certificadas del contrato de compraventa donde aparece como adquirente, empero, el momento en que el fedatario los tuvo a la vista para cotejo aconteció el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, veintiuno de mayo y veintiséis de marzo, ambos de dos mil veinte. Es decir, en todos los casos son fechas posteriores al inicio del juicio de origen, que ocurrió el trece de julio de dos mil diecisiete, por lo que no puede surtir efectos plenos contra terceros, ya que la existencia del pacto es comprobable después de que inició el juicio al que el quejoso se ostenta tercero extraño. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.33/2010, de la Primera Sala al Alto Tribunal, de la Novena Época, de registro 164080, que establece: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." Por tanto, no puede estimarse que tales medios probatorios aun siendo certificados, sean idóneos para demostrar la afectación al interés jurídico con relación a lo actuado en el proceso de origen y la sentencia definitiva; pues adquirieron fecha cierta formalmente cuando el fedatario los tuvo a la vista, lo cual ocurrió después de que inició la acción de origen. Tiene aplicación, la jurisprudencial 1a./J. 21/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de registro: 164792, que dispone: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." Aunado a lo anterior, tampoco queda probado fehacientemente el interés con las pruebas agrupadas en las letras c) y d), consistentes en el contrato de compraventa y promesa que celebraron las personas que le vendieron al quejoso, puesto que esos pactos no generan derechos para él por no ser parte de esas relaciones jurídicas. Al respecto se cita la tesis de registro: 288246 de la Quinta Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, en Materia(s): Común, Página: 751, que dispone: "RES INTER ALIOS ACTA. Los convenios no pueden obligar más que a los que en ellos intervienen; y pretender extender sus efectos a personas ajenas a esos convenios, importa para ellas una violación de garantías." Tampoco resulta idónea la prueba identificada en el inciso e), consistente en un poder general, para acreditar su interés, pues al ser copia simple, su valor probatorio se reduce a indicios, que no arrojan certeza jurídica de que su contenido sea verdadero, aun cuando no haya sido objetada por alguna de las partes, y dicho valor sólo podría robustecerse si se adminiculara con alguna otra probanza, para que así se estuviera en aptitud de determinar el alcance probatorio que se les pudiera otorgar, lo cual en la especie no ocurrió. Aunado a ello, de dicha documental únicamente se advierte el otorgamiento de un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, a favor de Rosa Durán Castañeda, sin que el quejoso sea parte de dicha relación jurídica. Por lo que hace a la prueba señalada en el inciso f), consistente en el acuse de solicitud de entrada y trámite de consulta hecha por el quejoso, ante el Registro Público de la Propiedad, tampoco acredita la titularidad de un derecho de propiedad, pues tales piezas sólo dan cuenta del trámite seguido ante dicha autoridad, es decir, se trata de una actividad meramente de carácter administrativo desplegada ante el Gobierno de la Ciudad de México, no así del reconocimiento de un derecho subjetivo a favor del quejoso respecto del bien disputado. Máxime que de dichas constancias, consistentes en la consulta ante la autoridad registral, no se desprende la inscripción del contrato de compraventa con el que pretendió acreditar su interés jurídico en el presente asunto, pues de las imágenes escaneadas que se anexan, se advierte que la última anotación es de veintidós de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco, mientras que el referido contrato aparentemente fue signado el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y nueve. Consecuentemente, al no demostrarse la afectación al interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el presente juicio. Sobreseimiento extensivo a los actos de ejecución reclamados al Actuario, ya que al no resultar inconstitucional el acto de la autoridad ordenadora, su ejecución no puede estimarse violatoria de derechos fundamentales, habida cuenta que los actos de ejecución no se reclaman por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia V.2o. J/6, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 267, tomo I, junio de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 204875, que a continuación se transcribe: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE el juicio promovido por..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo hasta hoy veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO"
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 15/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo y escrito aclaratorio; B) oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa mediante escrito con folio 3262 ofreció diversas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, mismas que se admiten y desahogan dada su especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se precisa que la tercera interesada los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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