Enrique Horcasitas Manjarrez
Expediente 1675/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1675/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Enrique Horcasitas Manjarrez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter ELECTRONICA
- Principal
Ciudad de México, a tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, catorce de febrero de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta signados por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, por medio del cual informa el contenido de la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, en el que no acepta la competencia planteada por este juzgado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, acúsese recibo de estilo correspondiente; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, por lo que este juzgado no insiste en declinar la competencia. Glósense las constancias que remite, a efecto de que obren en el cuaderno en que se actúa. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda se obtiene que el quejoso reclama, medularmente, lo siguiente: Del Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: ? La difusión de información relacionada con la carpeta de investigación 005/1989/2021, realizada el cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, a través de la plataforma YouTube. Al respecto, se advierte que en el presente caso se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; La norma transcrita establece la improcedencia del juicio respecto de dos supuestos. El primero, cuando se desprende de actos que no afectan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo y, el segundo, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En relación con lo expuesto, es conveniente poner de manifiesto que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un interés legítimo, como puede verse en la transcripción siguiente. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En relación con dicho numeral, deben citarse, además, los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que prevén: "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley." De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un ALBERTO TORRES RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f9.32 17/01/23 14:24:46 JUICIO DE AMPARO tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). En lo que aquí importa, conviene precisar que el interés jurídico, precisa de manera ineludible la afectación a un derecho subjetivo, como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J.168/2007, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Materia Común, enero de 2008, página 225) De acuerdo con el criterio anterior, debe decirse que el interés jurídico para acreditarse en el juicio de amparo, debe derivar de un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, esto es, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: ALBERTO TORRES RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f9.32 17/01/23 14:24:46 a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, o sea, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En suma, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. Una vez que ha sido explicado el marco normativo sobre el que se sostiene la causa de improcedencia actualizada, se advierte que, en el caso, el quejoso se duele de la manifestación pública realizada el cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, por el Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la plataforma YouTube, supuestamente en relación con la carpeta de investigación 005/1989/2021, relativa al incidente ocurrido el día tres de mayo de dos mil veintiuno, en el sistema de transporte colectivo metro Línea "12". Así, de la consulta realizada a la plataforma YouTube, en específico en la dirección electrónica https://www.youtube.com/watch?v=FZD_7DmMfe4, que se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del ALBERTO TORRES RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f9.32 17/01/23 14:24:46 JUICIO DE AMPARO Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que efectivamente se trata de un comunicado de información otorgado por el Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relacionado con el incidente ocurrido el día tres de mayo de dos mil veintiuno, en el sistema de transporte colectivo metro Línea "12", de cinco minutos con treinta y seis segundos (5:36) de duración. Sin embargo, se observa que, como lo reconoce el propio quejoso, en dicho comunicado en ninguna parte se menciona el nombre de dicho quejoso ni el número de la carpeta de investigación que se refiere en la demanda de amparo; sino que se trata de meras manifestaciones de la autoridad con la finalidad de tener informada a la sociedad general de un tema que se considera de interés general; información en la cual no se reconoce culpabilidad de delito alguno al aquí quejoso, tampoco sostiene una opinión en la cual se transgreda el honor, fama o actuar del aquí provente, si siquiera contiene algún juicio de valor en contra del promovente; lo cual pone de manifiesto que con la expresión de la autoridad responsable no existe juicio que cause menoscabo a la esfera de derechos del agraviado. Corolario de lo anterior se obtiene que el acto reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso, ni prejuzga acerca de la culpabilidad del impetrante, ni transgrede en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, aun en su modalidad extraprocesal. Lo anterior ya que, es cierto que la presunción de inocencia, constituye un derecho fundamental de observancia obligatoria para todas las autoridades del país, principalmente las jurisdiccionales en el marco de cualquier ALBERTO TORRES RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f9.32 17/01/23 14:24:46 proceso penal, por lo que es indiscutible que los Jueces de amparo deben hacerlo respetar en caso de que las autoridades o tribunales de instancia no lo hagan; sin embargo, el principio citado se apoya en la necesidad de garantizar al imputado que no será condenado sin existir pruebas suficientes que destruyan su estatus de inocente, esto es, su finalidad es brindarle seguridad jurídica de que si no se demuestra su culpabilidad, no debe dictarse una sentencia condenatoria; lo cual pone de manifiesto inicialmente, que dicho principio sólo tiene aplicabilidad en el proceso penal formalmente instruido. Luego, respecto de la presunción de inocencia como regla de trato, en su vertiente extraprocesal, en relación al tema, ha sido sostenido por nuestro Máximo Tribunal, que el proporcionar información sobre eventos de interés nacional para un debido ejercicio del derecho a la información no puede justificar la violación de los derechos fundamentales de los detenidos y acusados, es decir, las autoridades no pueden exponer públicamente como culpables a los detenidos. En este sentido, al proporcionar información sobre hechos delictuosos, las autoridades deben abstenerse de deformar la realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo; por el contrario, deben constreñirse a presentar en forma descriptiva y no valorativa la información relativa a la causa penal que pueda tener relevancia pública, absteniéndose de brindar información sugestiva que exponga al detenido a un juicio paralelo y viole su derecho a ser tratado como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie. ALBERTO TORRES RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f9.32 17/01/23 14:24:46 JUICIO DE AMPARO Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. CLXXVIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 565, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. A lo largo de su jurisprudencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el papel central que juegan la libertad de expresión y el derecho a la información en un Estado democrático constitucional de Derecho, como piezas centrales para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. El orden constitucional mexicano promueve la comunicación libre y socialmente trascendente, pues el intercambio de información y opiniones entre los distintos comunicadores contribuirá a la formación de la voluntad social y estatal, de modo que es posible afirmar que el despliegue comunicativo es constitutivo de los procesos sociales y políticos. Sin embargo, el proporcionar información sobre eventos de interés nacional para un debido ejercicio del derecho a la información no puede justificar la violación de los derechos fundamentales de los detenidos y acusados. Es decir, la finalidad de brindar información sobre hechos delictuosos a los medios periodísticos no puede justificar la violación a la presunción de inocencia, como regla de trato en su vertiente extraprocesal, por parte de las autoridades que exponen como culpables a los detenidos. En este sentido, se estima que al proporcionar información sobre hechos delictuosos, las autoridades deben abstenerse de deformar la realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo. Por el contrario, deben constreñirse a presentar en forma descriptiva y no valorativa la información relativa a la causa penal que pueda tener relevancia pública, absteniéndose de brindar información sugestiva que exponga al detenido a un juicio paralelo y viole su derecho a ser tratado como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie. Esta misma lógica ha sido sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual estableció en el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, que el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. En el mismo sentido, al dictar sentencia en el Caso Loayza Tamayo vs. Perú, la Corte Interamericana condenó enfáticamente la práctica consistente en exponer ante los medios de comunicación a personas acusadas por la comisión de delitos, cuando aún no han sido condenadas por sentencia firme. Al respecto, dicho tribunal sostuvo que el derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita un juicio ante la sociedad que contribuya así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquélla." Sin embargo, en el caso, contrario a lo afirmado por el quejoso, tampoco ha sido violada en su perjuicio la presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal, pues en el acto reclamado, como se ha dicho, versa únicamente sobre expresiones genéricas del Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se constreñirse a presentar en forma descriptiva lo que sabe en torno a la investigación del incidente ocurrido en la Línea "12" del Metro; sin emitir un juicio de valor en cuanto a la culpabilidad del quejoso, ni tampoco brindó información a la ciudadanía que haga que forme una convicción sugestiva relativa a su culpabilidad o la causa penal que pueda tener relevancia pública; e incluso, se insiste, ni siquiera se menciona el número de carpeta de investigación 005/1989/2021, ni mucho menos el nombre del quejoso, o su participación en el aludido incidente; por lo que no puede considerarse que el acto reclamado por sí solo cause daño o perjuicio en la esfera jurídica del quejoso. En ese tenor, se concluye, que el acto reclamado de ninguna manera implica una afectación real y directa en contra del promovente de amparo, esto es, no le irroga una afectación directa en su esfera de derechos, ni le causa perjuicio alguno, dado que como ya se especificó, el acto que aquí se combate son meras manifestaciones genéricas de la autoridad responsable en las que no vierte juicio alguno en contra del quejoso, por lo que se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto de los actos indicados, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. No pasa desapercibido para el suscrito juzgador que existen diversos criterios jurisprudenciales que establecen que el auto inicial no es momento procesal para desechar la demanda de amparo, por falta de interés jurídico de la parte quejosa; sin embargo, conforme a los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si de los hechos y las razones expuestas, se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad no implica una afectación a su interés jurídico, y por lo tanto, podrá desechar la demanda de amparo. Lo que en el caso acontece, pues como se ha analizado anteriormente las manifestaciones públicas realizadas por la autoridad responsable, no inciden, ni generan por sí mismas, un perjuicio que sea susceptible de traducirse en una afectación a la esfera jurídica del quejoso, por lo que, de manera notoria e indudable se actualiza la causa de improcedencia analizada. Además de que en su caso de admitirse y seguirse el procedimiento, al dictarse el fallo constitucional, no se llegaría a un resultado diferente, pues es de estudio preferencial y oficioso las causas de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo - no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por la Magistrada Presidenta y la Secretaria de Acuerdos de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual en atención al requerimiento de fecha veintinueve de noviembre del presente año, remite copia certificada de la resolución de queja de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga respecto de las constancias remitidas. Por su contenido medular es de citarse la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a letra establece: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." (No. Registro: 204616, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594.) Se precisa que la vista antes ordenada, no implica que se tenga que correr traslado con copia de la documental aludida a las partes, sino que pueden imponerse de su contenido, en su caso, consultando el expediente en que se actúa de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, siguiendo las reglas del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, o bien, para el caso de que deseen asistir personalmente a consultarlo, ante la imposibilidad de hacerlo por otros medios, podrá realizarlo conforme al modelo de atención presencial basado en citas, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19." Se deja sin efectos el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de noviembre del dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
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