Enrique Hernández Lugo

Expediente 206/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
206/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Enrique Hernández Lugo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la secretaria de acuerdos del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que devuelve el juicio de amparo 206/2021 y dieciocho tomos de pruebas; asimismo, remite testimonio de la resolución emitida en el toca R.P. 181/2021-I, en la cual resolvió confirmar la sentencia recurrida, en la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso; en consecuencia, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; agréguense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes y hágase del conocimiento de las partes. Por otra parte, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, se observa de que este juicio es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, al resultar innecesaria la conservación de los dieciocho tomos de pruebas remitidos por la autoridad responsable Agente del Ministerio adscrita a la Unidad "B-1", Sin Detenido en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, devuélvansele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la nueva ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente a las partes.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, procedente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual, se acusa recibo de los autos del expediente del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; original y copia del escrito mediante el cual la parte quejosa interpuso recurso de revisión y formuló agravios la parte quejosa; dieciocho tomos de pruebas; asimismo, se informa que el citado medio de impugnación se admitió a trámite y quedó registrado con el número R.P. 181/2021-I, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual la parte quejosa interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la sentencia de diez de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en este juicio de derechos fundamentales; en esta tesitura, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, con copia del citado ocurso córrase traslado a las partes y fórmese cuaderno de antecedentes. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren las constancias de notificación a las partes de este proveído, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, los autos de este juicio, sus anexos, original del escrito de cuenta y copia para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la superioridad, para la substanciación del citado recurso. Notifíquese; y, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 206/2021; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Antecedentes. Por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo presentada por., por propio derecho; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de la litis. Del análisis integral a los autos, se obtiene que la parte promovente reclama de Marina Pérez López, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad B-1 Sin Detenido en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: 1. La omisión de dar contestación al escrito que le presentó el doce de febrero de dos mil veintiuno, dirigido a la carpeta de investigación .; y, 2. La respuesta a ese ocurso, contenida en el oficio de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. TERCERO. Actos probados. La agente del Ministerio Público responsable, al rendir informe justificado, negó la omisión reclamada -acto 1-, afirmando y demostrando que por oficio de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno emitió respuesta al escrito que le presentó .. Sin embargo, esa negativa debe tenerse por desvirtuada; lo anterior, pues si bien refiere que intentó hacerla del conocimiento del peticionario, lo cierto es que remite una constancia de notificación por correo electrónico del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por lo que si el derecho de acción -como especie del de petición-, se considera formal y materialmente garantizado hasta en tanto se notifica al accionante la respuesta recaída a su petición, y esto aconteció posterior a que presentara la demanda de amparo el doce de marzo de esa misma anualidad, es inconcuso que a esta fecha la omisión reclamada existía, de ahí que se tiene por cierta. Ahora, en cuanto a la respuesta contenida en el oficio de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno -acto 2-, dicha autoridad también lo negó; empero, hace manifestaciones sobre su existencia e incluso lo remite en copia autentica, que al ser valorada conforme con los artículos 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, permiten establecer plenamente su existencia y, por ende, tenerle por desvirtuada su negativa. CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso se advierte actualizada la prevista en el artículo 61, fracción XXI8, de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos de la omisión reclamada -acto 1-. Se explica: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, la desaparición total de los efectos del acto reclamado, de manera incondicional e inmediata, y sin dejar huella en su esfera jurídica que amerite subsanarse. 8 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Entonces, podemos concluir que la cesación de efectos del acto reclamado, ocurre al momento en que se actualizan los supuestos siguientes: a) que desaparezcan todos los efectos del acto impugnado en forma inmediata, total e incondicional; y, b) que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Precisado lo anterior, de autos se obtiene que el doce de febrero de dos mil veintiuno, el aquí quejoso presentó a la autoridad responsable escrito dirigido a la carpeta de investigación ., a través del cual solicitó se fijara día y hora para que acudiera a imponerse de la imputación en su contra y de las personas que lo acusan, nombrando además defensores para efectos de que lo asistieran. En respuesta, por oficio de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dirigido a ., la representación social no acordó de conformidad tal solicitud, argumentando que no cuenta con la calidad jurídica de imputado dentro de la referida carpeta de investigación. Así, es claro que han cesado los efectos de la omisión reclamada, toda vez que la agente del Ministerio Público, dio respuesta a la petición del quejoso, la cual le fue notificada por correo electrónico del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno y, con independencia de lo anterior, de ella tomó conocimiento el dieciséis de abril de dos mil veintiuno con la vista y traslado que le hizo este juzgador -el propio quejoso reconoce esto último en el escrito por el que amplió su demanda-, de ahí que válidamente pueda afirmarse que la conducta omisiva reclamada fue subsanada, dando cumpliendo la responsable al derecho de acción ejercicio por el justiciable, pues este último obtuvo una decisión que resuelve su pretensión -verificar si la respuesta es completa, congruente, fundada y motivada, corresponderá hacerlo al analizarla como acto reclamado destacado-, con lo que desaparecieron todos sus efectos perniciosos. A consecuencia de lo anterior, quedó satisfecho el derecho fundamental que reclamó el quejoso como transgredido; y, en ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia en estudio; por ende, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo en relación con la omisión reclamada. De ahí que, al no operar motivo de improcedencia respecto del oficio de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno -acto reclamado 2-, se procede a resolver sobre su constitucionalidad. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. A efecto de contextualizarlo, es necesario hacer las siguientes precisiones: Las garantías previstas en los artículos 8º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; pero los derechos y obligaciones que les derivan son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. El derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del gobernado, con la finalidad de obtener una respuesta, pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares que son parte, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que, directa o indirectamente, se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad. Así, los artículos 14 y 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción -como especie del derecho de petición-, propios de la garantía a la jurisdicción, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado, pero además fundada y motivadamente. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, página 480, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." En el caso concreto, el oficio de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, por el que se acuerda desfavorable la pretensión de . de imponerse del contenido de la carpeta de investigación . y de nombrar defensores para efectos de que lo asistan, es completa y congruente a lo peticionado, pues atiende específica y particularmente a los componentes de tal solicitud. Empero, ¿se encuentra debidamente fundado y motivado? En su primer concepto de violación, el aquí quejoso sostiene que no, por lo que, a su consideración, viola la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal planteamiento resulta infundado. Lo anterior es así, pues contrario a lo que presupone la parte quejosa, esa determinación satisface la garantía de legalidad contenida en dicho dispositivo constitucional, en cuanto a la debida fundamentación y motivación exigible para los actos de autoridad, pues tomando en consideración la pretensión deducida por la parte accionante, la agente del Ministerio Público hace una exposición correcta y concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que toma en consideración para no acordar de conformidad tal solicitud, existiendo adecuación entre el segmento factico de que se trata y las normas legales habilitantes e invocadas para ello. Veamos. El acto reclamado se constituye en una especie de negativa a que el aquí quejoso se imponga del contenido y, por ende, tenga acceso a la mencionada carpeta de investigación; lo anterior es así, pues al respecto, la agente del Ministerio Público responsable, con base en lo dispuesto en los artículos 112, 218 y 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resolvió que no cuenta con la calidad jurídica de imputado, de ahí que acordará improcedente su petición. Frente a lo que, el a aquí quejoso sostiene se está implementando una investigación en su contra, asumiéndose como imputado, básicamente porque en su carácter de Director General de Desarrollo Organizacional y Administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desahogó un requerimiento a instancia de la agente del Ministerio Público responsable, actuando en la carpeta de investigación en mención, por lo que, dice, ".necesariamente debe existir una denuncia del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Así, en principio, se torna necesario responder el siguiente cuestionamiento: ¿a quién se considera imputado? De conformidad con el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales9, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal en la que deberá realizar todas las líneas de búsqueda posibles, que le permitan allegarse de datos para su esclarecimiento, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. 9 Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. De ese modo, el diverso 11210 de la codificación nacional invocada, establece que en el proceso penal acusatorio oral, se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Esto es, la calificación de "imputado" en la investigación ministerial no recae en la percepción del gobernado, sino que tal calidad le corresponde fijarla al órgano técnico, en tanto que es una situación inherente que debe dilucidar a raíz o como consecuencia de las investigaciones que practique. Contextualizado lo anterior, ¿tiene . la calidad de imputado en la carpeta de investigación .. La agente del Ministerio Público responsable dice que NO; luego entonces, si en el esclarecimiento de los hechos delictivos puestos a su conocimiento, tiene la batuta de identificar quién o quiénes probablemente participaron en su comisión, con lo cual, le corresponde a ella - y no al gobernado- fijar quién es imputado, es inconcuso que, a la fecha del acto reclamado, a su consideración, no lo tenía como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito, tanto que ahí mismo le señaló que no contaba con dato de prueba que le hiciera ver que tuviere esa calidad jurídica. En este punto, no se debe soslayar que en el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador fue acucioso en señalar y precisar no sólo las funciones procesales que el Ministerio Público debe realizar en el entorno del sistema de justicia penal acusatorio oral; sino además, en lo que de dicha institución pública se espera y se desea, como lo es el deber de lealtad [artículo 12811], que implica que la representación social deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga, con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en el Código y en la demás legislación aplicable, así como proporcionar información veraz sobre los hechos, los hallazgos en la investigación y no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen. En ese orden, y atendiendo a que no se advierte dato objetivo en contrario12 -las apreciaciones subjetivas del quejoso, relacionadas con el contexto de la omisión reclamada, no ponen en duda el actuar de la fiscal bajo el deber de lealtad-, debe entonces considerarse que ., al menos a la fecha del acto reclamado, no tenía la calidad de imputado en la carpeta de investigación de mérito, incluso, a requerimiento expreso, en su informe justificado, la autoridad responsable afirmó que no contaba con ese carácter. Lo anterior se estima así, con independencia de que, en su carácter de Director General de Desarrollo Organizacional y Administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, hubiere desahogado un requerimiento a instancia de la agente del Ministerio Público responsable, específicamente la solicitud de "Copia fotostática legible y debidamente certificada de la normatividad aplicable y/o vigente en octubre de dos mil dieciocho del servidor público Enrique Hernández Lugo, en carácter de Director Ejecutivo de Desarrollo Organizacional y Administrativo", pues contrario a lo que pretende establecer el aquí quejoso, 10 Artículo 112. Denominación Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme. 11 Artículo 128. Deber de lealtad El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones. 12 De los registros de la carpeta de investigación, no es notorio y manifiesto que el quejoso tenga ahí el carácter de imputado conforme la descripción legal señalada. esto únicamente pone en evidencia un acto de investigación, que per se, bajo ningún supuesto, lo identifica ya como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Consecuentemente, de ningún modo puede considerarse inconstitucional la respuesta que la autoridad responsable le dio a la petición del quejoso, en los que como se ha dicho, básicamente negó la pretensión deducida por el peticionario, es decir, que se fijara fecha y hora para que se impusiera del contenido y, por ende, tuviera acceso a la mencionada carpeta de investigación. Ello se estima correcto y no lesivo de derechos fundamentales, porque de acuerdo a los preceptos que hasta aquí se han comentado, la manifestación esgrimida por la autoridad responsable, encuentra sustento constitucional y legal, en la medida que los datos que existen en las carpetas de investigación, en tanto no se judicialice, efectivamente son de carácter reservado. Por ende, la responsable no incurrió en infracción a derecho fundamental alguno, pues si a la data en que respondió la petición del agraviado, éste no tenía reconocida la calidad de imputado, válido y lógico era que se negara a su pretensión, pues de lo contrario, hubiese corrido el riesgo de infringir la reserva que poseen los registros de la carpeta de investigación. En efecto, de los artículos 218 y 26613 en mención, en lo que interesa, se obtiene que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente podrán tener acceso las partes, entre ellas, la victima u ofendido y el imputado, con las limitaciones establecidas en el mismo Código. 13 Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. Artículo 266. Actos de molestia Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación. Esto último, pues tratándose del imputado y su defensor, únicamente podrán tener acceso a la carpeta de investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado con ese carácter para comparecer o sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, esto es, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros, a fin de no afectar su derecho de defensa. Interpretación que es consistente con la realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reflejada en la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.) publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 994, de rubro: DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES., de cuyo texto se obtiene que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Luego entonces, si el legislador impuso una restricción que impide a quien tenga reconocido el carácter de imputado imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación en el momento en que así lo desee, por mayoría de razón, esa limitación debe considerarse absoluta para quien no tenga reconocida esa calidad, hasta en tanto el Ministerio Público así lo estime conveniente para el éxito de su investigación. Lo cual no significa un arbitrario condicionamiento al ejercicio de derecho humano alguno, pues incluso esa restricción se localiza en el artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que debe sujetarse el gobernado, esto de conformidad con la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202, de rubro: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. En efecto, del texto constitucional en cita, se advierte que es derecho fundamental que al imputado por la posible comisión de un delito, le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; empero, tocante a los registros de la investigación, la Ley Fundamental es específica en constreñir su acceso a tres momentos: (1) cuando el imputado se encuentre detenido; (2) cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo; y, (3) antes de su primera comparecencia ante juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Naturalmente las tres hipótesis aluden a situaciones jurídicas distintas que ocurren en diferentes momentos del proceso penal, pero de una interpretación sistemática a tales hipótesis, 14 Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . B. De los derechos de toda persona imputada: . VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; . se colige que las tres son coincidentes en una condición: la persona tenga el carácter de imputado. Esto guarda sentido, en virtud de que, tanto para el Constituyente Permanente como para el legislador ordinario, la reserva de información es un principio que ciñe a las actuaciones relativas a la investigación del delito, la cual se resguarda al tenor de las premisas que se han señalado [respecto de los momentos en que el imputado puede tener acceso a los antecedentes de la indagatoria]. Por ello, contrario a lo que sostiene el quejoso, tal restricción constitucional y legal de ningún modo trunca los derechos que prevé el artículo 20, apartado B, de la propia Constitución Federal, para toda persona imputada, específicamente los relativos al debido proceso y a la adecuada defensa, en principio y por lo más importante, no tiene esa calidad en la carpeta de investigación de referencia -al menos no hasta la emisión del acto reclamado-; pero incluso, en el caso que llegue a tenerla -de acuerdo a lo que él asume y en lo que basó su petición ante la autoridad responsable-, si la autoridad ministerial no decidiera citarlo durante la investigación inicial a fin de que pudiera comparecer y acceder a los registros de la carpeta respectiva, aún tendría la oportunidad de conocer los datos de prueba recabados por el Ministerio Público en fase de investigación, al grado de tener la posibilidad de controvertirlos y desvirtuarlos. De ahí que, su segundo concepto de violación resulte infundado; y ello es así, pues es cierto que las prerrogativas que alude deben ser efectivas, pero desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, lo que en el caso no acontece. Incluso, en la dinámica en la que se desenvuelve el proceso penal acusatorio oral, debe recordarse que la etapa de investigación se divide en dos: inicial y complementaria, en la que esta última, que comienza con la celebración de la audiencia inicial [en la que se formula imputación], además que se judicializa la carpeta de investigación, también tiene como característica principal que, a partir de ese momento, las partes que integran el proceso, como lo sería ya en ese momento el imputado y su defensor, tienen el derecho de acceder a todos los antecedentes que integran a la investigación practicada por el Ministerio Público, a fin de que puedan imponerse debidamente de sus contenidos y puedan hacer valer sus defensas como lo estimen conveniente. Por tanto, los derechos que alude el quejoso, son respetados en el sistema de justicia penal acusatorio oral, pues se permite que aun en el escenario antes señalado, o sea, en el que el representante social no cite al imputado para los objetivos indicados [para que comparezca a fin de que tenga acceso a la carpeta de investigación], este sujeto procesal en conjunto con su defensor, aun ubicándose en etapa de investigación, puedan conocer los registros respectivos, lo que da la pauta de que puedan controvertirlos y desvirtuarlos, al grado de impedir que se dicte un auto de vinculación a proceso en su contra, o bien, en su caso, que el órgano técnico formule acusación y generar que solicite el sobreseimiento (parcial o total) del proceso o la suspensión del mismo. Lo anterior, porque se trae a la palestra que invariablemente los datos de prueba que ofrezca el Ministerio Público al formular la imputación y solicitar el auto de vinculación a proceso, están sujetos a un contradictorio que debe efectuarse entre el órgano acusador y el imputado -en conjunto con su defensa-; además, los antecedentes de la investigación y datos de prueba aportados por el representante social durante dicha etapa de procedimiento [investigación, tanto inicial como la complementaria], no constituyen ni generan prueba para el resto de fases que componen al proceso. Entonces, no es lesivo de derechos fundamentales el acto que se reclama en el juicio de amparo, pues tal como debidamente lo expuso la autoridad responsable, esto es, de manera fundada y motivada, al no tener la calidad jurídica de imputado, resultaba improcedente la petición .. Apoya lo anterior, la tesis I.1o.P.89 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2036, de rubro y texto siguientes: ACCESO DEL IMPUTADO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. HASTA EN TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO LO ESTIME CONVENIENTE PARA EL ÉXITO DE SU INVESTIGACIÓN, QUIENES TENGAN O NO RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, NO TIENEN DERECHO A QUE SE LES PERMITA SU CONSULTA Y, POR ENDE, QUE SEAN CITADOS PARA COMPARECER, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO. Conforme al artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental que al imputado, por la posible comisión de un delito, le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; empero, tocante a los registros de la investigación, es específico en constreñir su acceso a tres momentos: 1) Cuando el imputado se encuentre detenido; 2) Cuando pretenda recibírsele su declaración o entrevistarlo; y, 3) Antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Las tres hipótesis aluden a situaciones jurídicas distintas que ocurren en diferentes momentos del proceso penal, pues mientras los supuestos 1) y 2) se refieren a acontecimientos que son dables de suceder en la etapa de investigación inicial, el diverso 3) apunta a un acto que debe verificarse en la etapa de investigación complementaria, es decir, en la fase judicializada de la investigación durante la celebración de la audiencia inicial (en la que se formula la imputación). Sin embargo, de una interpretación sistemática a tales hipótesis, se colige que las tres son coincidentes en apuntar a los registros de investigación que integra el Ministerio Público en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria, ya que en esta última etapa, al hallarse judicializada, todos los antecedentes y registros deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa guisa, tratándose del supuesto 2), éste se refiere a una posición pasiva por parte del imputado, en la medida en que para que pueda tener acceso a los registros contenidos en la carpeta de investigación, se encuentra supeditado a la voluntad de un tercero en la que desee llevar a cabo diligencias como la de recibir declaraciones o entrevistas, las que -por antonomasia- son las que -de estimarlas necesariasrealiza el órgano persecutor (Ministerio Público) durante la investigación inicial, para el correcto esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, existe una restricción de índole constitucional que impide que quien tenga reconocido el carácter de imputado -y más aún, quien no tenga reconocida esa calidad- durante la etapa de investigación inicial, pueda acudir de manera libre y espontánea, es decir, en el momento en que así lo desee, incluso, sin necesidad de ser citado, a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, es decir, a tener acceso a ésta y así encontrarse en posibilidad de ejercer sus derechos conforme a sus intereses legales convenga. Sino que lejos de esto, ni en la Constitución Federal ni en el código mencionado se observa que el imputado tenga derecho a lo contrario, hasta en tanto el Ministerio Público así lo estime conveniente para el éxito de su investigación, tal como se advierte de los artículos 113, fracción VIII y 216 de la legislación nacional invocada. Sin que sea óbice a lo anterior, que la única condición que tiene la autoridad ministerial es que una vez que le dé el acceso condigno a los registros de la investigación al imputado, éstos ya no se podrán tener bajo reserva, salvo las excepciones previstas en la ley, pero en todos los casos deberán hacerse del conocimiento oportuno de aquél, a fin de no afectar su derecho de defensa. En vía de consecuencia, y al no actualizar alguno de los supuestos para que proceda a su favor la suplencia de la deficiencia de la queja, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo: SE RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio por el acto y los motivos asentados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la parte promovente respecto del acto reclamado y por las razones y en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

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