Enrique Herminio Feregrino Flores

Expediente 1144/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1144/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
20/12/2017

Partes del expediente

  • Enrique Herminio Feregrino Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos del cuaderno de antecedentes en que se actúa el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, por medio del cual envía testimonio de la ejecutoria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el impedimento 9/2017, de su índice; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, de la ejecutoria en comento se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "ÚNICO.- Se declara fundado el impedimento planteado por la licenciada Iliana Fabricia Contreras Perales, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo." En mérito a lo anterior, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el mismo. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por la partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por......, por propio derecho, contra actos emitidos por este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, y otra autoridad. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de cuenta se advierte que el promovente señala como acto reclamado: "De la autoridad Responsable Ordenadora reclamo el ilegal Auto de Término Constitucional de fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictado por el C. Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, dentro de la Causa Penal Número 30/2014". Ahora bien, es dable establecer lo que señala el artículo 51 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 51. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.se excusa para conocer de la demanda de garantías, en base a las siguientes consideraciones: Luego, de la fracción IV del artículo transcrito en el párrafo que antecede, se desprende que un Juez de Distrito deberá excusarse para conocer del asunto en que se actúa; al tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, o si hubiera emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada. Por tanto, al tener este Juzgado Federal el carácter de autoridad responsable al haber emitido el acto reclamado en la causa penal 30/2014, que se reclama en el presente sumario, se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, por lo que, éste órgano Jurisdiccional se excusa para conocer del presente juicio de garantías. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 54 de Ley de la Materia, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Turno en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, a fin de que se sirva a calificar el impedimento planteado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/44, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página mil trescientos cuarenta y cuatro del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.-De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable." Fórmese cuaderno de antecedentes, que deberá integrarse con copia de la demanda de amparo, debiendo además realizarse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que el acto reclamado consiste en el auto de formal prisión de veintiséis de octubre del presente año, no ha lugar a proveer sobre la suspensión provisional solicitada, en razón de que el artículo 48, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Por lo que al no reclamarse actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no es procedente de momento, proveer respecto a la suspensión solicitada por la parte quejosa. Es aplicable por su idea substancial, la jurisprudencia número I. 3o A. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos cincuenta y uno, tomo III, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ulises Contreras Meléndez, Domingo Martínez Morán, Julio Ernesto Domínguez Contreras, por contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a la diversa persona que menciona, por no reunir el anterior requisito. Finalmente, con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este juzgado federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano