Enrique Hache Pérez
Expediente 744/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Enrique Hache Pérez
Actuaciones
- Principal
Causa estado auto que desechó de plano la demanda de amparo. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de once de noviembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Enrique Hache Pérez, por propio derecho, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Archivo. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. Valoración de cuaderno. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Devolución de documentos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a las parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificadas del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Digitalización expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Enrique Hache Pérez, por su propio derecho, contra actos del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Michoacán, se manda formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno bajo número VIII-744/2020. Consideraciones previas. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Fijación del acto reclamado. En el caso concreto, debe decirse que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos siguientes: El dictamen o resolución denominada concesión de pensión con folio ISSSTE 16000074202903, con fecha de generación diecinueve de octubre de dos mil veinte, por la cual se le reconoce su derecho a percibir una pensión por viudez, en virtud de ser derechohabiente de su finada esposa Ma. Carlota Ignacio Herrera, y como consecuencia, el: Dictamen o resolución denominada liquidación de pago previa incorporación a nómina, con folio ISSSTE 16000074202903, emitido el veintiséis de octubre de dos mil veinte, mediante la cual se procedió a deducirle por concepto de compatibilidad 2020 el importe equivalente a $158,082.04 (ciento cincuenta y ocho mil ochenta y dos pesos 04/100 M.N.). En ese orden, respecto de los actos mencionados, se advierte la actualización de la causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. Primeramente, debe decirse que el artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Antecedentes de la demanda de amparo. De la demanda de amparo se advierten los antecedentes del acto reclamado que bajo protestad de decir verdad expuso el quejoso, los cuales se resumen de la siguiente manera: El diecinueve de octubre de dos mil veinte, previo trámites correspondientes, el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Michoacán, emitió el dictamen y/o resolutivo denominada Concesión de Pensión con folio ISSSTE 16000074202903, mediante el cual se le reconoce al quejoso el derecho a percibir pensión por viudez, por ser familiar derechohabiente de su fallecida esposa, con derecho a cobro a partir del veintinueve de abril de dos mil veinte, y con una cuota diaria de $868.80 (ochocientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.). Finalmente, luego de dicho reconocimiento y en virtud que el ahora quejoso también se encuentra pensionado por el organismo referido (ISSSTE), conforme el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, se formuló el dictamen y/o resolutivo denominado "Liquidación de Pago Previa incorporación a Nómina", con folio 16000074202903, por el que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Michoacán, procedió a deducir por concepto de compatibilidad 2020 el importe equivalente a $158,082.04 (ciento cincuenta ocho mil ochenta y dos pesos 04/100 M.N.). Actualización de causales de improcedencia En la especie se estima que, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.) [lo resaltado es propio]. De los preceptos transcritos se advierte que es suficiente que en la ley aplicable, desde el punto de vista formal y material, se encuentre establecida la procedencia de algún medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad para que el gobernado se encuentre obligado a agotarlo; es decir, no necesariamente el medio ordinario de defensa debe estar previsto en la ley en que se apoye el acto de autoridad. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. En el caso, los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, tal y como se evidencia a continuación. El primero de los requisitos se acredita, en atención a que el acto reclamado se atribuye a autoridades distintas a los tribunales judiciales. También se acredita el segundo requisito, porque el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece que las Salas de dicho órgano jurisdiccional conocerán de los juicios en los que se impugnen resoluciones, actos o procedimientos que reúnan el carácter de definitivos, en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues a través de dichos medios de defensa pueden ser nulificados, revocados o modificados los actos reclamados. El artículo 3, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;" En el presente asunto se advierte que la autoridad que emitió el acto que por esta vía se combate, depende del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que evidencia que en el caso se surte el segundo requisito planteado. De igual manera, se cumple con el tercer requisito señalado en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por último, es preciso destacar que la parte promovente tampoco se ubica en alguna excepción al principio de definitividad en materia administrativa, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución, ya que en este caso la parte promovente no aduce violaciones a preceptos constitucionales Lo anterior es así, ya que, de la lectura integral de la demanda se advierte que únicamente pretende combatir los dictámenes o resoluciones emitidas por el Subdelegado responsable en los cuales le reconoce el derecho a recibir determinada pensión y por el que le procede a deducir determinado monto de la pensión percibida, por actualizarse la aplicación del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado. Aunado a lo anterior, se advierte que la parte promovente tampoco se ostenta como tercera extraña, no reclama la inconstitucionalidad de alguna ley y tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda deducir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Por tanto, queda de manifiesto que con independencia de la afectación que pudiera generar al gobernada la ejecución de un acto de autoridad administrativa, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios que procedan en su contra antes de promover el juicio constitucional, a menos de que se actualice una de las excepciones indicadas. Elementos por los que se concluye que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, que en contra los dictámenes o resoluciones de folio 16000074202903 que reclama a la autoridad responsable previamente a la promoción de la presente demanda, debe promover diverso juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial .9o.A. J/7 (10a.), de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados del Primer Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, página 1569, cuyo rubro y texto se reproducen: "OFICIOS DE CONCESIÓN DE PENSIÓN JUBILATORIA EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA) SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS INSTAURADOS EN SU CONTRA, SIN OBLIGACIÓN DE AGOTAR PREVIAMENTE INSTANCIA ADMINISTRATIVA ALGUNA. El artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, correlativo del numeral 3, fracción VII, de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece que las Salas de dicho órgano jurisdiccional conocerán de los juicios en los que se impugnen resoluciones, actos o procedimientos que reúnan el carácter de definitivos, en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin que la ley de este organismo -en su texto vigente, ni en el abrogado-, establezca un medio de defensa a través del cual pueda impugnarse la legalidad de los oficios de concesión de pensión jubilatoria emitidos por el propio instituto, que sea obligatorio para los particulares agotarlo, previo a acudir al juicio de nulidad. Por tanto, las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) son competentes para conocer de los juicios instaurados contra los mencionados oficios, sin obligación de agotar previamente instancia administrativa alguna." También cobra puntual aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J.111/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, en septiembre de 2005, Tomo XXII, página 326, de la Novena Época, número de registro: 177279, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva". Conclusión. Por consiguiente, la demanda de amparo indirecto que se analiza es notoria, manifiesta e indudablemente improcedente, de conformidad con lo previsto por el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Desechamiento En consecuencia, con fundamento en los artículos citados y el diverso 113 de la legislación en consulta, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Enrique Hache Pérez, por propio derecho, contra los actos que reclama al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Michoacán. No pasa inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Marco Antonio Salinas Hernández quien cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Acceso al expediente electrónico. Con fundamento en el numeral 3, párrafo sexto, de la ley en la materia, dígase a la parte promovente que se hizo la habilitación del usuario que indicó en el ocurso de cuenta -"juristasalinas"- para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y se le hagan notificaciones. Del mismo modo, como lo solicita se ordena practicar las notificaciones personales por esa vía. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedaron instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionan en dos turnos; a saber: (i) turno matutino presta servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboran por las mañanas, y la del turno vespertino lo hace de las quince a las diecinueve horas, sólo para los órganos que laboran por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. De igual modo, indíquesele que la duración máxima de la cita será de veinticinco minutos, puesto que aquélla se generó a solicitud de la parte interesada y no por este órgano jurisdiccional. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Notificación. Se exhorta a los actuarios de la adscripción para que tomen las medidas sanitarias necesarias, debido al fenómeno de salud COVID 19, y previo a trasladarse a realizar las notificaciones que se dicten en este expediente, agoten los medios electrónicos, como pueden ser, correos electrónicos o fax, debiendo recabar el acuse de recibo ya sea electrónico o bien vía telefónica. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Capturas. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración al expediente electrónico Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Enrique Corona Chica14/2019
- Enrique Damián López Martínez975/2021
- Enrique Duran Parra376/2018
- Enrique Federico Tamayo Hernández982/2022
- Enrique García León1129/2014
- Enrique Gutiérrez Velázquez414/2021
- Enrique Hernández Ramírez1021/2018
- Enrique Herrera García740/2018
- Enrique Herrera García648/2018
- Enrique Lemus Gaona354/2019
- Enrique López Figueroa786/2018
- Enrique Luna Acosta452/2018