Enrique Guillermo Moreno Sesma

Expediente 92/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
92/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
06/04/2015

Partes del expediente

  • Enrique Guillermo Moreno Sesma

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha CAUSADO ESTADO el auto de diecisiete de marzo de dos mil quince, en el que se desechó la demanda en este juicio de amparo, se ordena el archivo y se determina que el expediente es susceptible de destrucción y que no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo 1/2009, en su oportunidad, deberá remitirse el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilaciones de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes.(1)

  2. Principal

    Por este medio se notifica a LUIS ÁNGEL VIDAURRI GUAJARDO en su carácter de Apoderado para Pleitos y Cobranzas de ENRIQUE GUILLERMO MORENO SESMA, en su carácter de quejoso; el acuerdo de diecisiete de marzo del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido el citatorio de fecha dieciocho de marzo del año en curso, mismoq ue dice: Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecisiete de marzo de dos mil quince. Visto el escrito aclaratorio signado por Luis Ángel Vidaurri Guajardo, en su carácter de Apoderado para Pleitos y Cobranzas del quejoso Enrique Guillermo Moreno Sesma, representación que acredita con la copia certificada expedida por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, del poder general para pleitos y cobranzas otorgado a su favor por el quejoso ante la fe del Notario Público número 29 (veintinueve) licenciado Juan José García Urteaga con ejercicio en esta ciudad; mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de diez de marzo del presente año, para ello exhibe el documento con el cual acredita su personalidad, exhibiendo además once copias del escrito aclaratorio; en consecuencia, se tiene por cumplida dicha prevención, por tanto, agréguese a sus autos del juicio de amparo 92/2015-1 por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Ahora bien, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece la facultad del Juez de Distrito para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo o su ampliación y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, a la ampliación, en su caso, y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se sustenta dicha improcedencia hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni puedan desvirtuar su contenido; por ende, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de su ampliación, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren. En sentido opuesto, de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable, o si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio; de ahí que en ese supuesto debe admitirse a trámite la demanda, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "ACTO RECLAMADO.- Lo constituye el auto de fecha 16 (dieciséis) de febrero del año 2015 (dos mil quince) mediante el cual se resuelve y se declara improcedente el RECURSO DE REVOCACIÓN interpuesto por el suscrito en mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas del señor A.A. Enrique Guillermo Moreno Sesma, en contra del auto de fecha 7 (siete) de Enero del año 2015 (dos mil quince). A fin de tener claro en qué se hace consistir el acto reclamado y tomando en consideración lo expuesto por el propio peticionario de amparo se narran los siguientes antecedentes: Luis Ángel Vidaurri Guajardo, en su carácter de Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas del quejoso Enrique Guillermo Moreno Sesma demandó en la vía ordinaria civil a Amelia Leticia, Ina Raquel y Tanya todos de apellidos Moreno Casso, la acción sobre nulidad de contrato de donación, juicio que se radicó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta Ciudad de Nuevo Laredo con el número de expediente 154/2014. Una vez emplazada la parte demandada, se produjo la contestación de demanda y se reconvino al quejoso, demandándole el otorgamiento de un contrato de donación respecto de dos bienes inmuebles ubicados en la Ciudad de Laredo, Texas, uno de ellos y el otro en el Condado de Webb, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. Luego, en dicho escrito de contestación manifestaron no contar con los documentos que acreditaran la propiedad de los referidos inmuebles y consecuentemente se solicitó que la parte actora reconvenida los exhibiera dentro del juicio; para tal efecto el juez de origen requirió al aquí peticionario de amparo para que dentro del término de tres días, exhibiera tales documentales, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se le aplicarían los medios de apremio que autoriza la ley, además de tener por ciertos los hechos referidos por la parte demandada reconvencionista en el juicio de origen. Atento a lo anterior, el amparista manifestó al dar contestación a la reconvención, que no podía exhibir las documentales solicitadas, pues no era cierto que dichos inmuebles estuvieren a su nombre, por lo que en auto de ocho de septiembre de dos mil catorce se le tuvo al quejoso dando contestación en tiempo y forma a la reconvención intentada en su contra y en la cual obraba inserta su oposición para exhibir la documental solicitada, se dio vista a la contraria y nada manifestó al respecto. Posteriormente, el siete de enero de dos mil quince, esto es, seis meses después de haber formulado la responsable el requerimiento para exhibir los documentos en cuestión y manifestadas las razones por las cuales no podía exhibirlas; el juez responsable dictó auto de esa fecha en el que tiene por ciertas las afirmaciones vertidas por la parte demandada reconvencionista y concluye que los inmuebles señalados pertenecían al aquí quejoso; luego contra tal determinación interpuso recurso de revocación, sin embargo el dieciséis de febrero del año en curso, resolvió declarar improcedente el aludido medio de impugnación. Así las cosas, en la especie este órgano de control constitucional advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de dieciséis de febrero de dos mil quince, mediante la cual se resuelve y se declara improcedente el RECURSO DE REVOCACIÓN interpuesto por Luis Ángel Vidaurri Guajardo en su carácter de apoderado de Enrique Guillermo Moreno Sesma, en contra del auto de siete de enero de dos mil quince, emitido por la autoridad responsable, en el que tuvo por ciertas las afirmaciones vertidas por la parte demandada y reconvencionista, con relación a los inmuebles que se dijo pertenecían a Enrique Guillermo Moreno Sesma; luego, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107 fracción V, así como el dispositivo 172 fracción XII todos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu numeral, así como el diverso 107 fracción III incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, los referidos preceptos disponen: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de ésta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:" "(.)" "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:" "a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el tribunal colegiado de circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior." "b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Por su parte de la Ley de Amparo. "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(.)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "(.)" "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede:" "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTÍCULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:" "(.)" "XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De lo transcrito se advierte, en la parte que interesa al caso materia de estudio, la regla general de la procedencia del amparo directo o uniinstancial en contra de la sentencia definitiva que se reclame, tanto por violaciones cometidas en él, como por infracciones habidas durante la secuela del procedimiento correspondiente, siempre que estas infracciones afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. Asimismo, del contenido del último precepto legal transcrito, se desprende que consagra las hipótesis en que se consideran "violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso" en los juicios administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, respectivamente, de manera ejemplificativa mas no restrictiva, puesto que al señalar en la fracción XII que también se consideran como tales "...casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores...", se otorga a los órganos jurisdiccionales amplia facultad para apreciar fuera de los supuestos específicos legalmente previstos, aquellos que por analogía con éstos tengan la misma importancia y gravedad que prevé la regla general, es decir, en cuanto al grado de la afectación que produzcan en las defensas del quejoso y trascendencia en el resultado del fallo. En otras palabras, lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, no debe interpretarse en el sentido de que la analogía enunciada en ese precepto se encuentra comparando la violación de que se trate específicamente con alguna en especial de las que en él se prevén, sino que tal disposición debe entenderse en el sentido de que debe acudirse para calificar la naturaleza de esta infracción al procedimiento, a las características esenciales que en relación a ella establecen los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Carta Magna y 170 de la Ley de Amparo, es decir, que afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo. En ese orden de ideas, el acto reclamado por la parte quejosa no es de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que genera, en todo caso, una violación con efectos meramente intraprocesales, combatible en el amparo directo que se llegue a promover contra la sentencia definitiva, con fundamento en el artículo 170 de la Ley de Amparo, que establece expresamente la procedencia del amparo directo contra las resoluciones definitivas y las violaciones procesales cometidas durante el procedimiento que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al sentido del fallo reclamado. Ciertamente, la resolución de dieciséis de febrero dos mil quince, mediante la cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por Luis Ángel Vidaurri Guajardo en su carácter de apoderado de Enrique Guillermo Moreno Sesma, en contra del auto de siete de enero de dos mil quince emitido por la autoridad responsable, en el que tuvo por ciertas las afirmaciones vertidas por la parte demandada y reconvencionista, con relación a los inmuebles que se dijo pertenecían a Enrique Guillermo Moreno Sesma, se considera, por analogía (fracción IV del artículo 172), como una violación procesal, en tanto que todas las hipótesis previstas en dicho numeral se caracterizan porque afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo, y esta misma gravedad y consecuencia puede tener la determinación de que se trata, al incidir en todo caso con la correcta fijación de la litis y las cargas probatorias; es decir, reúne las características esenciales que determinan los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la determinación del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en esta ciudad, es considerada como una violación de las previstas en el artículo 172 de la Ley de Amparo, toda vez que podría trascender al resultado de la resolución, dado que al haber tenido por confesados en sentido afirmativo los hechos precisados por la parte demandada y reconvencionista, ello en todo caso traería consecuencias jurídicas que incidirían en la sentencia que resuelva el fondo del asunto. Conforme a lo anterior, no puede estimarse que se esté en presencia de actos de imposible reparación que den lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que tutela la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Resulta aplicable a lo expuesto la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tercera Sala, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, tesis 3a./J. 43 29/89 (sic), página 291, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...'. El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En ese precedente, nuestro Máximo Tribunal determinó que para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro del juicio para efectos de decidir la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, el juzgador, de acuerdo con un criterio racional, debe discernir si el acto afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos contenidos en la Constitución General de la República. Conforme a lo anterior, se debe concluir que la determinación de dieciséis de febrero de dos mil quince no constituye un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En todo caso y como ya se indicó, esa decisión incide con la correcta fijación de la litis y las cargas probatorias, lo que de suyo, reúne las características esenciales que determinan los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la determinación de la autoridad responsable, es considerada como una violación de las previstas en el artículo 172 de la Ley de Amparo, toda vez que podría trascender al resultado de la resolución definitiva, pues se le tuvieron por ciertos hechos que su contraparte expuso; lo que en todo caso traería consecuencias jurídicas que incidirían en la sentencia que resuelva el fondo del asunto. En efecto, el proveído de dieciséis de febrero de dos mil quince, mediante el cual el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en esta ciudad determinó tener a la parte actora y reconvenida, por no dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos y por ende, tuvo por ciertos los hechos imputados por la parte demandada reconvencionista a su contraparte actora reconvenida; no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que sus consecuencias son meramente procesales y no se lesiona un derecho sustantivo, pues de obtener la parte quejosa resolución favorable a sus intereses en la sentencia definitiva que resuelva en lo principal el juicio de origen, la violación procesal que ahora constituye el acto reclamado, quedará extinguida sin haber originado afectación alguna y en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, está en condiciones de hacer valer tal violación en el juicio de amparo directo que intente en contra de la sentencia respectiva. Resulta aplicable por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia por Contradicción de tesis J/P. 20/92, publicada en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 55, del mes de Julio de 1992, cuyo texto es: "DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia o laudo definitivo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo." Asimismo, es aplicable por analogía la jurisprudencia IV.2o. J/13, publicada en la página 538, Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyo texto es: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." Dadas las razones anotadas, como se anticipó, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107 fracción V, así como el dispositivo 172 fracción XII todos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu numeral, así como el diverso 107 fracción III incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Luis Ángel Vidaurri Guajardo, en su carácter de Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas del quejoso Enrique Guillermo Moreno Sesma. Por otra parte, no pasa desapercibido para el suscrito el hecho de que la parte quejosa haya manifestado en su demanda de amparo que la autoridad responsable lo apercibió con la aplicación de medios de apremio en caso de no exhibir las documentales por la cuales fue requerido, lo cuál hizo de manera genérica pues no refirió cuál sería el que aplicaría en caso de incumplir con el mandato judicial; sin embargo como el propio peticionario de amparo lo menciona, dicha medida de apremio nunca fue impuesta y solamente quedó como un mero apercibimiento genérico que no llegó a concretarse, pues se insiste, no quedó establecido cuál de los medios de apremio sería el que impondría; por consiguiente al no haberse concretado en un acto real, específico e inminente, sino únicamente como un acto de realización futura, es que el suscrito considera improcedente el juicio de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, Novena Época, registro 197898, Materia Común, página 156, del rubro y texto siguiente: "MEDIDAS DE APREMIO. EL REQUERIMIENTO, CON APERCIBIMIENTO GENÉRICO DE IMPONERLAS, ES ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RECLAMADA, QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Si en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad de una disposición que establece medidas de apremio de que el juzgador puede hacer uso para que se cumplan sus determinaciones, y de la resolución que se señala como acto de aplicación se advierte que sólo contiene un requerimiento en el que de manera genérica y no específica se indica que, de no darse cumplimiento a lo ordenado en el proveído respectivo, se hará uso de las medidas de apremio a que se refiere la norma reclamada, de ello se deduce que no se ha actualizado, en perjuicio del requerido, alguna de las hipótesis previstas por el precepto legal, por lo que ninguna afectación ocasiona a su interés jurídico y, en tales condiciones, al operar la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en términos del artículo 74, fracción III, del propio ordenamiento legal." En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición; así como también en los diversos 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal antes citada; hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de tal oposición hará aplicable lo dispuesto en los artículos 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal antes citada, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquélla. (1)

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