Enrique Guadarrama Valdez

Expediente 869/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
869/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
25/10/2016

Partes del expediente

  • Enrique Guadarrama Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    IV. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa y tercera interesada no interpusieron el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.

  2. Principal

    IV. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: IV. Visto el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado al sumario constitucional en que se actúa y remite copias certificadas del laudo emitido el quince de julio del año en curso en el expediente J.4/335/2013. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes; y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de la materia, téngase por rendido el informe de mérito. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye la abstención por parte de la autoridad señalada como responsable al no emitir el laudo laboral en el expediente J.4/335/2013 (.)" Asimismo, en esta misma fecha, se tuvo por recibido el laudo emitido en el expediente laboral J.4/335/2013, así como su respectiva notificación a las partes. En esa virtud, se advierte fehacientemente que si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de junio de dos mil dieciséis), existía la omisión aducida por el quejoso, no menos cierto es que dicha conducta omisiva cesó el quince de julio del año en curso, con el dictado del laudo respectivo en el juicio laboral J.4/335/2013. Lo anterior pone de manifiesta la actualización la causal de improcedencia plasmada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos y las consideraciones que se detallan a continuación. Para inteligir de manera oportuna la figura de la improcedencia por cesación de los efectos, es preciso referir los dos aspectos esenciales para su acreditamiento, los cuales se explican de la siguiente manera: 1. Que el acto reclamado sea revocado o derogado por la autoridad responsable, o que aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, y; 2. Que por virtud de lo anterior, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invalidado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna consecuencia perniciosa para el peticionario de amparo. Asimismo, es insoslayable hacer notar que la improcedencia en comento no la justifica la paralización o destrucción del acto reclamado, sino más bien, los dos aspectos siguientes: a) Lo inútil y ocioso que resultaría examinar la constitucionalidad del acto combatido, al cerciorarse fehacientemente que éste ya no está surtiendo sus efectos y que tampoco los surtirá en lo subsecuente, y; b) Que posterior a la paralización o destrucción del motivo que generó el acto reclamado, no existan consecuencias perniciosas en la esfera jurídica del quejoso que deban ser analizadas al estudiar el fondo del asunto. Ahora bien, como se dijo en supralíneas, en el presente sumario constitucional se reclama un acto de carácter omisivo (no hacer), relativo al dictado del laudo en el juicio laboral J.4/335/2013; luego, es inconcuso que en un momento histórico determinado, el peticionario de amparo se encontraba en una situación de vulneración de su derecho humano a ser destinatario de impartición de justicia pronta, completa y eficaz, el cual mandata el artículo 17 de la Constitución Federal, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo con el parámetro de regularidad constitucional. En ese orden de ideas, la fracción II, del artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto de la concesión del amparo habrá de consistir en obligar a la responsable a respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, de modo tal que la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Sin embargo, del mismo informe justificado y de las constancias recibidas con el oficio de cuenta, se advierte con la misma claridad con que se patentizó la violación constitucional, la destrucción del acto omisivo por el que se mantenía al impetrante de amparo en dicha afección de su derecho humano, puesto que tanto al informe justificado como a las referidas constancias, acompaña copia certificada del laudo y la notificación de éste a las partes. En ese sentido, si la responsable ya dictó el laudo correspondiente y los notificó a las partes, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al impetrante de amparo, pues la violación que en determinado momento se cometió en contra de su derecho fundamental aludido, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, es decir, el efecto del fallo protector hubiese consistido en obligar a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Toluca, México, a que actuara en el sentido de respetar el derecho humano vulnerado, dictando y notificando el laudo que en derecho hubiese correspondido. Así pues, se pone de manifiesto que se destruyeron todos los efectos del acto transgresor de forma total e incondicional; lo primero porque el acto omisivo cesó al momento de dictar el laudo y la notificación de éste, máxime que la pretensión formal del incidentista, ahora quejoso, consistía precisamente en que fuera dictado, situación que ya ocurrió; y lo segundo, porque no le fue impuesta ninguna condición al peticionario para que dicha conducta omisiva se desvaneciera, es decir, para que la responsable llevara a cabo un acto positivo, en este caso, dictar y notificar el laudo. Es aplicable, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, con número de registro 193758, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la jurisprudencia 2ª./J. 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, materia común, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, conviene precisar que el acto reclamado no consiste en un reclamo general de dilación en el trámite del procedimiento laboral que pudiera dar cabida al estudio del fondo del asunto con motivo de las consecuencias perniciosas que pudrían haberse generado durante la secuela procesal, sino más bien, en un acto concreto y tangible en la tramitación del juicio laboral, traducido en una omisión de dictar el laudo en el juicio laboral J.4/335/2013, de tal suerte que en la especie, la pretensión que dio origen al reclamo constitucional ya se vio satisfecha, y por otra parte, se verifica que no habrá alguna consecuencia perniciosa para el peticionario de amparo cuyo estudio sea propio del fondo del asunto. Es aplicable la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, número de registro 197367, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, como se adelantó, se actualiza la porción normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México. No es óbice que dicho sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, puesto que se surte la causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable razonada en párrafos precedentes. De estimarse lo contrario, se incurriría en una dilación que en nada abonaría a la impartición de justicia pronta, completa y eficaz que mandata artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, materia común, Tomo XVII, marzo de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, número de registro 184572, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse el once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    IV. Visto el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado al sumario constitucional en que se actúa y remite copias certificadas del laudo emitido el quince de julio del año en curso en el expediente J.4/335/2013. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes; y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de la materia, téngase por rendido el informe de mérito. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye la abstención por parte de la autoridad señalada como responsable al no emitir el laudo laboral en el expediente J.4/335/2013 (.)" Asimismo, en esta misma fecha, se tuvo por recibido el laudo emitido en el expediente laboral J.4/335/2013, así como su respectiva notificación a las partes. En esa virtud, se advierte fehacientemente que si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de junio de dos mil dieciséis), existía la omisión aducida por el quejoso, no menos cierto es que dicha conducta omisiva cesó el quince de julio del año en curso, con el dictado del laudo respectivo en el juicio laboral J.4/335/2013. Lo anterior pone de manifiesta la actualización la causal de improcedencia plasmada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos y las consideraciones que se detallan a continuación. Para inteligir de manera oportuna la figura de la improcedencia por cesación de los efectos, es preciso referir los dos aspectos esenciales para su acreditamiento, los cuales se explican de la siguiente manera: 1. Que el acto reclamado sea revocado o derogado por la autoridad responsable, o que aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, y; 2. Que por virtud de lo anterior, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invalidado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna consecuencia perniciosa para el peticionario de amparo. Asimismo, es insoslayable hacer notar que la improcedencia en comento no la justifica la paralización o destrucción del acto reclamado, sino más bien, los dos aspectos siguientes: a) Lo inútil y ocioso que resultaría examinar la constitucionalidad del acto combatido, al cerciorarse fehacientemente que éste ya no está surtiendo sus efectos y que tampoco los surtirá en lo subsecuente, y; b) Que posterior a la paralización o destrucción del motivo que generó el acto reclamado, no existan consecuencias perniciosas en la esfera jurídica del quejoso que deban ser analizadas al estudiar el fondo del asunto. Ahora bien, como se dijo en supralíneas, en el presente sumario constitucional se reclama un acto de carácter omisivo (no hacer), relativo al dictado del laudo en el juicio laboral J.4/335/2013; luego, es inconcuso que en un momento histórico determinado, el peticionario de amparo se encontraba en una situación de vulneración de su derecho humano a ser destinatario de impartición de justicia pronta, completa y eficaz, el cual mandata el artículo 17 de la Constitución Federal, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo con el parámetro de regularidad constitucional. En ese orden de ideas, la fracción II, del artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto de la concesión del amparo habrá de consistir en obligar a la responsable a respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, de modo tal que la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Sin embargo, del mismo informe justificado y de las constancias recibidas con el oficio de cuenta, se advierte con la misma claridad con que se patentizó la violación constitucional, la destrucción del acto omisivo por el que se mantenía al impetrante de amparo en dicha afección de su derecho humano, puesto que tanto al informe justificado como a las referidas constancias, acompaña copia certificada del laudo y la notificación de éste a las partes. En ese sentido, si la responsable ya dictó el laudo correspondiente y los notificó a las partes, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al impetrante de amparo, pues la violación que en determinado momento se cometió en contra de su derecho fundamental aludido, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, es decir, el efecto del fallo protector hubiese consistido en obligar a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Toluca, México, a que actuara en el sentido de respetar el derecho humano vulnerado, dictando y notificando el laudo que en derecho hubiese correspondido. Así pues, se pone de manifiesto que se destruyeron todos los efectos del acto transgresor de forma total e incondicional; lo primero porque el acto omisivo cesó al momento de dictar el laudo y la notificación de éste, máxime que la pretensión formal del incidentista, ahora quejoso, consistía precisamente en que fuera dictado, situación que ya ocurrió; y lo segundo, porque no le fue impuesta ninguna condición al peticionario para que dicha conducta omisiva se desvaneciera, es decir, para que la responsable llevara a cabo un acto positivo, en este caso, dictar y notificar el laudo. Es aplicable, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, con número de registro 193758, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la jurisprudencia 2ª./J. 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, materia común, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, conviene precisar que el acto reclamado no consiste en un reclamo general de dilación en el trámite del procedimiento laboral que pudiera dar cabida al estudio del fondo del asunto con motivo de las consecuencias perniciosas que pudrían haberse generado durante la secuela procesal, sino más bien, en un acto concreto y tangible en la tramitación del juicio laboral, traducido en una omisión de dictar el laudo en el juicio laboral J.4/335/2013, de tal suerte que en la especie, la pretensión que dio origen al reclamo constitucional ya se vio satisfecha, y por otra parte, se verifica que no habrá alguna consecuencia perniciosa para el peticionario de amparo cuyo estudio sea propio del fondo del asunto. Es aplicable la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, número de registro 197367, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, como se adelantó, se actualiza la porción normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México. No es óbice que dicho sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, puesto que se surte la causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable razonada en párrafos precedentes. De estimarse lo contrario, se incurriría en una dilación que en nada abonaría a la impartición de justicia pronta, completa y eficaz que mandata artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, materia común, Tomo XVII, marzo de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, número de registro 184572, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse el once de octubre de dos mil dieciséis a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    IV. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, a efecto de rendir su informe justificado, según se aprecia del acuse de recibo correspondiente al 37275/2016 (foja 41); en consecuencia, para dar margen a que se cumplimente lo anterior y así no violar las reglas procedimentales que rigen al juicio de garantías, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional se difiere y se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del once de octubre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo.

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