Enrique Granados San Juan
Expediente 371/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Enrique Granados San Juan
Actuaciones
- Principal
VISTO LO DE CUENTA......TENGASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.....RINDIENDO SU INFORME JUSTIFICADO......AHORA BIEN TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO INFORMADO POR LA RESPONSABLE......SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO....EN CONSECUENCIA, DEJESE SIN EFECTO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL....
- Principal
EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
JUICIO 371/2021-I veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por*** , contra actos de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad y otra autoridad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110 y 112 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente1, se admite a trámite en sus términos. Registro del expediente impreso y electrónico. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el juicio 371/2021-I, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, así como con el diverso numeral 5 de ese mismo acuerdo, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el presente expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitarse incidencia alguna por no haberse solicitado expresamente la suspensión de los actos reclamados, ni tratarse de ninguno de los supuestos en los que debe proveerse de manera oficiosa. Audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional que deberá tener lugar a las doce horas con un minuto del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Sin que haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal2 con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes***. Informes justificados. Con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun y cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis publicada en la página 351, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Precisión respecto de las medidas de apremio. En la inteligencia que la mención al denominado salario mínimo, se entenderá como la Unidad de Medida y Actualización, lo anterior, conforme al artículo Tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y su actualización será acorde con lo dispuesto en el resultando segundo de la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del uno de febrero de dos mil veinte, según el decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Prevención en caso de negarse a recibir la notificación. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo en su artículo 260, en relación con el diverso 238, dispone que podrá multárseles con cien a mil días de salario mínimo general vigente en toda la República Mexicana, al momento de realizarse la conducta sancionada, en caso de que no rindan su informe justificado, lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. De igual forma, comuníqueseles que se le sancionará con multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en toda la República Mexicana, en términos del artículo 245 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238, en caso de que se nieguen a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I del ordenamiento legal en cita. Requerimiento a las partes respecto de causales de improcedencia. Asimismo, con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o del fallecimiento del quejoso o alguno de los terceros interesados, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. Requerimiento a las partes respecto de la existencia de diversos juicios. En otro orden, se requiere a las partes en el presente juicio, para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de determinar la competencia de este juzgador. Intervención del agente del Ministerio Público de la Federación. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y hágase de su conocimiento que se le autoriza la consulta del expediente electrónico. De los terceros interesados. Por otra parte, no ha lugar a tener como terceros interesados a los que señala en su ocurso de cuenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III inciso b) de la Ley de Amparo, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que no han sido emplazados al juicio laboral de origen; de ahí que, es evidente que no han resentido afectación alguna en su esfera jurídica. Habilitacion de días y horas. En otra línea, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba la presuncional en sus dos aspectos legal y humana, la cual se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de dar nueva cuenta con ella en la audiencia constitucional. Por cuanto hace a la prueba instrumental pública de actuaciones y el informe justificado de las autoridades responsables, se reserva de proveer sobre las mismas, hasta en tanto se encuentre debidamente integrado el juicio en que se actúa, pues tales medios de convicción se refieren a la designación sobre las prueba recabada en el juicio; al respecto, ilustrativamente se invoca el criterio sostenido por el otrora Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS.- Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Se exhorta al uso de medios electrónicos. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo***. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico david.rodriguez.cruz@correo.cjf.gob.mx. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el libelo de cuenta y por autorizados en términos de lo preceptuado por el arábigo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala en el mismo, por ser la parte trabajadora en el juicio obrero de origen. Protección de datos personales y transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de Ley.
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