Enrique González Solís
Expediente 492/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Enrique González Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Juicio de Amparo: 492/2019 El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción con el folio 17829. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, mediante el cual acusa recibo del oficio 34010/2019 por el que se le devolvió el toca de apelación penal oral 72/2019. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...ÚNICO. La Justicia de la unión no ampara ni protege a ENRIQUE GONZÁLEZ SOLÍS, por conducto de su apoderado JOSÉ EDUARDO ROMÁN DE LOS SANTOS, contra el acto reclamado, en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese; y personalmente a las partes. ..."
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S E N T E N C I A: V I S T O para resolver los autos del juicio de amparo 492/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, José Eduardo Román de los Santos, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de Enrique González Solís, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridad y por el acto siguientes: "III AUTORIDAD RESPONSABLE: LA SEGUNDA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS. "IV.- AUTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: LA RESOLUCIÓN dictada dentro del Toca Penal marcado con el número 72/2019 de fecha veintiocho de mayo del año dos mil diecinueve, en el cual se confirma la Resolución del Auto de No vinculación a Proceso, dentro de la Causa Penal marcada con el número 122/2018, relativo al Delito Administración Fraudulenta en perjuicio de Señor Enrique González Solís en contra del C. Pablo Botello Olague." Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda se turnó para su conocimiento a éste Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; por lo que en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo; registrándola con el número de expediente 492/2019 y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio la intervención que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 1°, fracción I, 37 y 107, fracción VI de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se reclaman actos emitidos por una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera la parte quejosa reclama a la autoridad responsable: La resolución de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, dentro del toca penal 72/2019, que confirma el auto de no vinculación a proceso a favor del acusado PABLO BOTELLO OLAGUE, por el delito de administración fraudulenta, en perjuicio del aquí quejoso ENRIQUE GONZÁLEZ SOLÍS. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, toda vez que así lo manifestó el presidente de la misma al rendir su informe justificado (foja 22). Lo anterior además se encuentra acreditado con las constancias que remitió al rendir su informe justificado; documentos que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Improcedencia. En el caso, no se advierte de oficio causa de improcedencia, ni las partes hace valer alguna en particular y ante lo cual se procede al análisis de los conceptos de violación, cuya transcripción es innecesaria pues de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, no es una exigencia formal transcribir los conceptos de violación, sino basta se lleve a cabo su análisis completo. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. El único concepto de violación resulta infundado, y en el caso no existe motivo de queja deficiente que suplir a favor del quejoso en términos del artículo 79 fracción III inciso b) de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017; Tomo I, Décima Época, página 263, registro 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." En el único concepto de violación que hace valer el accionante de amparo aduce, en esencia, que la resolución reclamada es violatoria del artículo 14 Constitucional, ya que conforme al precepto 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la responsable al momento de emitir dicha determinación debió establecer que las actuaciones de la carpeta de investigación quedaban a disposición del Agente del Ministerio Público para que presionara su investigación y establecer el término de seis meses para que formulara nuevamente la imputación, conforme a los lineamientos de la misma resolución. Como se dijo, lo anterior resulta infundado. En efecto, en principio es conveniente mencionar que mediante audiencia de trece de febrero de dos mil diecinueve, se le formuló imputación al tercero interesado PABLO BOTELLO OLAGUE, por el delito de administración fraudulenta, dentro de la causa penal 122/2018, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Posteriormente, en diversa audiencia de diecinueve de febrero del año en curso, se dictó a favor del aludido tercero interesado auto de no vinculación a proceso dentro de la causa penal mencionada por el delito señalado. Inconforme con dicha resolución el quejoso ENRIQUE GONZÁLEZ SOLÍS, por conducto de su apoderado JOSÉ EDUARDO ROMÁN DE LOS SANTOS, mediante escrito presentado ante el juez de la causa el veintidós de febrero del año en curso, promovió recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso dictado el diecinueve del mismo mes y año, por el delito de administración fraudulenta, dentro de la causa penal 122/2018. Mediante resolución de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada del toca penal 72/2019, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, confirmó el auto de no vinculación a proceso a favor del tercero interesado PABLO BOTELLO OLAGUE, por el delito de administración fraudulenta, en perjuicio del quejoso ENRIQUE GONZÁLEZ SOLÍS. (Resolución que constituye el acto reclamado.) Resolución que en lo que nos interesa dice: ". En ese aspecto son infundados los agravios hechos valer por el recurrente cuando aduce que, la Juez de origen no tuvo por acreditado el elemento engaño, dejando de valorar los datos de prueba, ya que como se mencionó anteriormente se pretendió establecer que se había cometido el hecho que la ley señala como delito de Administración Fraudulenta únicamente haciendo mención del Juicio Civil Ordinario, las diversas declaraciones de los testigos, que jamás declararon en audiencia sino se hace referencia a que las mismas se desprenden o derivan de dicho asunto civil, y la propia declaración de Pablo Botello Olague vertida en audiencia de vinculación a proceso, pero como ya se dijo, no se dejó ver en audiencia un dato de prueba idóneo y pertinente de donde se puede inferir con facilidad que efectivamente se estaba ante la presencia del delito en mención y ningún dato se aportó referente al contrato que suscribieron Enrique González Solís y varias personas entre ellas Pablo Botello Olague ya que la resolución recurrida se dictó tal y como lo ordenan los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, debe decirse al recurrente que no se entiende cómo es que se le estaría violentando el principio de igualdad, como lo refiere en su agravio, pues recordemos que el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla respecto al principio de igualdad ante la ley que implica el ser tratados de igual manera a las partes intervinientes en un procedimiento penal, teniendo las mismas oportunidades para para sustentar la acusación o la defensa y este trato igualitario se refiere además a no ser discriminado por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Por su parte el artículo 11, del mismo ordenamiento legal, nos especifica la igualdad de condiciones que tienen las partes para ejercer sus derechos contemplados no solo en la carta magna sino además en los tratados internacionales en donde México es parte, derecho que por supuesto no le fue violentado de manera alguna, en tal sentido se considera que no le asiste la razón al recurrente cuando afirma que la Juez violentó dicho principio de Igualdad de las Partes, en razón de que Pablo Botello Olague rindió declaración ante la Juez aceptando que si era administrador de la banda musical y que rindió cuentas correctas a Enrique González Solís siendo evidente, según la perspectiva del recurrente, que las cuentas se hallaban maquilladas, por lo que, como ya se apuntó, no se visualiza, de manera alguna, que a la víctima, por conducto del agente del ministerio público o su asesor, se les haya restringido la oportunidad de debatir los argumentos de la defensa. Es así que se estiman adecuados los razonamientos plasmados por la Juez de Origen en este tópico, pues efectivamente no se logra establecer los elementos del hecho en estudio, por lo que estéril resulta entrar al estudio de la probable responsabilidad. Ahora bien y habiendo determinado que no existió la conducta delictiva que se le atribuía a Pablo Botello Olague, luego entonces no podemos analizar el tema que tocó la Juez de Control, a petición de la defensa, respecto a la prescripción de la acción penal porque esto solo puede referirse precisamente a las conductas delictivas y en la especie, como ya se dijo, no se tuvo por justificada la misma por la cual el ministerio público realizó formulación de imputación a Pablo Botello Olague y si esta fue la base para ello, obvio es que no existe materia para poder determinar la actualización de una causa de extinción de la acción penal como es la prescripción, por lo que queda sin materia el agravio que se hiciera valer respecto a la prescripción. En consecuencia, al haber contestado todos y cada uno de los agravios expuestos por el recurrente, es de confirmarse como al efecto se CONFIRMA, la resolución recurrida de fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019) en la causa penal 122/2018, mediante la cual, la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, decidió No vincular a proceso a Pablo Botello Olague. Por lo expuesto y fundado, en nombre del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, se resuelve de conformidad con los siguientes puntos: RESOLUTIVOS: PRIMERO. Se CONFIRMA el Auto de No Vinculación a Proceso pronunciado el día diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019), por la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, en la causa penal número 122/2019 en favor de Pablo Botello Olague, por el hecho que la ley señala como el delito de Administración Fraudulenta, cometido en agravio de Enrique González Solís, en razón de que no se logró establecer la existencia del hecho en estudio y por consiguiente no existió materia para poder determinar la actualización de una causa de extinción de la acción penal como es la prescripción. SEGUNDO. Hágase llegar copia certificada de esta resolución al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. TERCERO. Notifíquese y cúmplase. [.]" Ahora, el impetrante arguye que en la resolución que se combate la Sala responsable debió dejar a disposición del Agente del Ministerio Público la carpeta de investigación para el efecto de que dicho fiscal presionara en la investigación y en el término de seis meses formulara nuevamente imputación en contra del aquí tercero interesado; lo anterior como lo dispone el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al caso resulta necesario transcribir el precepto aludido, a saber, 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: "Artículo 319. Auto de no vinculación a proceso En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento." De lo transcrito, en lo que interesa, se advierte que el juez de control en caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales, dictará un auto de no vinculación a proceso a favor del acusado y en su caso ordenará la inmediata libertad del procesado para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares que se hubieren decretado con anticipación. Asimismo, establece que el dictado de no vinculación a proceso no impide que el Agente del Público Ministerio, pueda seguir con la investigación y posteriormente formular una nueva imputación; esto, siempre y cuando no exista sobreseimiento en la causa penal de origen. En ese sentido, la parte quejosa se duele de que la sala responsable no cumplió con lo establecido en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en su resolución no dejó a disposición del Agente del Ministerio Público la carpeta de investigación para que este presionara en la investigación y en el término de seis meses formulara nuevamente imputación. En consecuencia, contrariamente a lo alegado por el peticionario, no es factible que en la resolución que reclama la sala responsable ordenara dejar a disposición del ministerio público la carpeta de investigación para que presionara en la investigación y le otorgara un plazo de seis meses para que formule nuevamente la imputación, ya que su pretensión parte de una interpretación equivocada, porque así no lo dispone expresamente el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el precepto invocado, establece que el Agente del Ministerio Público, una vez que se dicta el auto de no vinculación a proceso en favor del acusado, está en aptitud de seguir con la investigación y posteriormente formular nuevamente la imputación, siempre y cuando la causa penal de origen no se haya sobreseído; sin embargo, no dispone que sea la sala o el juez de la causa en su caso, el que deba ordenar al Ministerio Público, al dictar el auto de no vinculación a proceso, que prosiga con la investigación y en determinado plazo vuelva a formular imputación en contra del acusado; por lo que, sus pretensiones son distintas a las que alude el referido dispositivo 319, debido a que no lo contempla así el artículo citado; por tanto, se califica de infundado el motivo de disentimiento examinado. Sin que sea óbice a lo anterior, la tesis que citó el quejoso del rubro "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. EL PLAZO DE SEIS MESES PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LA FORMULE NUEVAMENTE, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, Y EN CASO DE QUE SEA IMPUGNADO COMENZARÁ UNA VEZ QUE SE HAYA DECLARADO FIRME (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 294 DEL CÓDIGO DE PROCEDIIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO ABROGADO)", toda vez que no es aplicable al caso, pues aun cuando hace la interpretación del precepto 294 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, de contenido similar al que ahora se estudia, en dicho criterio no se aprecia que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya plasmado la obligación de la autoridad responsable de precisar en el auto de no vinculación a proceso, que la carpeta de investigación deba quedar a disposición del Ministerio Público, ni darle un lapso de seis meses para nueva formulación de imputación; pues lo que se interpretó en dicho criterio fue la certidumbre jurídica sobre el comienzo del plazo de seis meses que prevé dicho numeral cuando no se haya interpuesto ningún recurso, o cuando se haya declarado firme dicha resolución. Aunado a que el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé ningún término para que el Agente del Ministerio Público formule nueva imputación. De manera que si el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales no contiene la obligación que refiere el quejoso, ni la tesis señala esa obligación por parte de la autoridad responsable, no es factible que se haga en la manera en que señala el impetrante en su concepto de violación. Por tanto, al resultar infundado el concepto de violación y no existir motivo de queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, se niega la protección de la Justicia Federal solicitada por ENRIQUE GONZÁLEZ SOLÍS, por conducto de su apoderado JOSÉ EDUARDO ROMÁN DE LOS SANTOS. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la unión no ampara ni protege a ENRIQUE GONZÁLEZ SOLÍS, por conducto de su apoderado JOSÉ EDUARDO ROMÁN DE LOS SANTOS, contra el acto reclamado, en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario con quien actúa, hoy veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo: 492/2019 La suscrita María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado certifico: Que el término de tres días concedido al tercero interesado Pablo Botello Olague, en auto de veintiuno de junio de la presente anualidad, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del cinco al nueve del mes y año en curso, sin que lo hubiere hecho. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, doce de julio de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos se advierte que el término de tres días concedido al tercero interesado Pablo Botello Olague, en auto de veintiuno de junio del año en curso, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del cinco al nueve de julio de la presente anualidad, sin que lo hubiere hecho; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído, y se determina que las subsecuentes notificaciones que tengan el carácter de personales, se le practiquen por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo; ello, mientras no señale domicilio para tal efecto en esta ciudad. Asimismo, de autos se advierte que ya obra el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por tanto, dese vista con dicho comunicado al referido tercero interesado a fin de que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky
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