Enrique Gonzalez Sanchez

Expediente 2204/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2204/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Enrique Gonzalez Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por su parte, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional del acto reclamado, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo, al que se le deberá agregar copia del presente acuerdo. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías promovido por Enrique González Sánchez, contra actos del Fiscal de Distrito Istmo-Costa, con residencia en Tonalá, Chiapas, y otras autoridades, sin la asistencia de las partes. De inicio, el Secretario hace constar que obran agregados al presente sumario: 1.- Escrito inicial de demanda. 2.- Constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Publico de la Federación. 3.- Informe justificado rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, el Secretario certifica: a) que el Agente del Ministerio Público de la Federación, en la presente fecha, promovió pedimento mediante el cual formula diversa manifestaciones en forma de alegatos; y, b) Que a la presente fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su interés legal convenga, en relación a la inexistencia informada de la autoridad responsable denominada como Comandante de Grupo o Encargado de la Base Istmo-Costa de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, presuntamente con residencia en Escuintla; y, Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias y se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, teniéndose como inexistente a la citada autoridad responsable, debiéndose suspender toda comunicación oficial con la misma. Por su parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio, y el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho, y con lo anterior se concluye esta etapa procesal. A continuación se abre el diverso de alegatos, en el que el Secretario hace constar que únicamente fueron formulados por la Agente del Ministerio Público de la adscripción, los cuales se tienen por reproducidos para ser tomados en consideración al momento de emitir el fallo correspondiente; y ante ese escenario, se cierra el citado período. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, el Juez procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 2204/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, turnado al día siguiente hábil a este órgano jurisdiccional, Enrique González Sánchez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo de previa reseña, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Asimismo, mediante acuerdo emitido en el acta de la audiencia constitucional que antecede, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable Comandante de Grupo o Encargado de la Base Istmo-Costa de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, presuntamente con residencia en Escuintla, suspendiéndose toda comunicación oficial con la misma. En consecuencia, se procede a emitir la resolución correspondiente; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, y 107 de la Ley de Amparo, 48, 50 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, modificado mediante el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, esto, porque el acto reclamado tiene ejecución en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: * La orden de aprehensión y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez de Control en el Estado de Chiapas, Fiscal de Distrito Istmo-Costa en el Estado de Chiapas, y Comandante Regional de la Policía Especializada, Zona Istmo Costa, todos con residencia en Tonalá, Chiapas, Fiscal del Ministerio Público Investigador, con residencia en Escuintla, Chiapas, y Juez de Control del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, negaron la existencia del acto reclamado en sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara dichas negativas con prueba fehaciente alguna. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dichas potestades en la emisión y ejecución del referido acto reclamado; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellos, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número veinte, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Enrique González Sánchez, contra el acto y autoridades a que se contrae el último considerando de esta resolución, atento a los motivos ahí expuestos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe." "DOS FIRMAS ILEGIBLES". Jgd* En esta fecha se giraron los oficios 16112, 16113, 16114, 16115, 16116, 16117, 16118 y 16119. Conste. El suscrito e E EES COPIA AUTORIZADA. PEDRO CASTILLO CASTAÑÓN. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

  3. Incidental

    De inicio, el Secretario certifica que obran agregados a los autos: 1.- Copia de la demanda de amparo. 2.- Informes previos rendidos por las autoridades responsables. De igual manera, el Secretario certifica: Que la Agente del Ministerio Público de la Federación formuló pedimento. Que a la presente fecha a transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa por acuerdo de veinticinco de octubre del año en curso, respecto a la imposibilidad para notificar a la autoridad responsable Comandante de Grupo o Encargado de la Base Istmo-Costa de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, presuntamente con residencia en Escuintla, sin que haya formulada manifestación alguna. Que no se advierte promoción con la cual dar cuenta. Enseguida, el Juez, acuerda: Visto lo de cuenta, se tiene por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar, y dado que a la parte quejosa no dio contestación a la vista indicada en auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y por tanto, se deja de tener como autoridad responsable a la autoridad indicada en dicha determinación, suspendiéndose toda comunicación oficial con la misma. Por otro lado, con fundamento en el artículo 144 de la Ley Amparo, se abre el período de pruebas, en el que se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; por tanto, al no existir medios de convicción pendientes por desahogar, se cierra el período probatorio. A continuación se procede a la apertura del diverso de alegatos, en donde se tiene que únicamente fueron formuladas por la Agente del Ministerio Público de la Federación, los cuales se tienen por reproducidas para ser tomadas en consideración al momento de resolver este incidente. VISTOS para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2204/2019. RESULTANDO ÚNICO. Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente caso, en su demanda de amparo el incidentista señala como actos reclamados los siguientes: La orden de aprehensión y su ejecución. En ese sentido, se procede a realizar el pronunciamiento de la medida suspensiva solicitada. CONSIDERANDO ÚNICO. Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. A) PRONUNCIAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO LOS ACTOS RECLAMADOS INEXISTENTES. Al respecto, cabe destacar que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez de Control en el Estado de Chiapas, Fiscal de Distrito Istmo-Costa en el Estado de Chiapas, y Comandante Regional de la Policía Especializada, Zona Istmo Costa, todos con residencia en Tonalá, Chiapas, Fiscal del Ministerio Público Investigador, con residencia en Escuintla, Chiapas, y Juez de Control del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, toda vez que negaron categóricamente la existencia de los mismos, tal como se advierte del contexto de los informes previos rendidos en autos, sin que la parte quejosa haya aportado prueba que demostrara lo contrario. Motivo por el que se impone negar la suspensión definitiva solicitada, por no existir materia a qué aplicarla. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial visible a página 5983, Tomo LXXIII, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único.- Se niega la suspensión definitiva a Enrique González Sánchez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando único, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, ante el Secretario Pedro Castillo Castañón, con quien actúa y da fe. Doy Fe." "DOS FIRMAS ILEGIBLES". Jgd* * En esta fecha se giraron los oficios 16181, 16182, 16183, 16184 y 16185. Conste. ES COPIA AUTORIZADA. PEDRO CASTILLO CASTAÑÓN. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS Predio Rustico denominado "Huerto Santa Isabel", carretera Cantón Murillo, Kilómetro 0+450. Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" SECCIÓN: AMPARO MESA. I-B INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 2204/2019 16181.- JUEZ DE CONTROL EN EL ESTADO DE CHIAPAS. TONALÁ, CHIAPAS. 16182.- FISCAL DE DISTRITO ISTMO-COSTA EN EL ESTADO DE CHIAPAS. TONALÁ, CHIAPAS. 16183.- COMANDANTE REGIONAL DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA, ZONA ISTMO COSTA. TONALÁ, CHIAPAS. 16184.- FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ESCUINTLA, CHIAPAS. 16185.- JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, REGIÓN UNO. CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS. En vía de notificación y para su conocimiento; con el presente remito a usted copia autorizada de la resolución pronunciada el día de hoy en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo del número anotado al rubro, promovido por Enrique González Sánchez, contra actos de usted. TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, CHIAPAS, A 25 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. PEDRO CASTILLO CASTAÑÓN SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con treinta minutos del , el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido por el licenciado , Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías , promovido por José Macías Bárcenas, por su propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. Enseguida, el Secretario del juzgado certifica que en este acto se procedió a dar lectura de las constancias que obran en el sumario, las cuales se tienen por reproducidas. Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias, para los efectos a que haya lugar. No se inadvierten las constancias remitidas por el juzgado homólogo, relativas a los juicios de amparo 366/2019 y 1438/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Nuevo León. Empero, de su contenido se advierte que aun cuando es coincidente la parte quejosa y las autoridades responsables, no hay identidad de los actos reclamados, dado que el predio a que aluden no es coincidente con el relativo al actual asunto, motivo por el cual, atento la particularidad de la contienda, no se advierte obstáculo para continuar con la presente audiencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio sin que las partes ofrecieran medio de convicción alguno. Al no existir más escritos con que dar cuenta al Juez se cierra dicho período. A continuación se abre el período alegatos, los que no fueron formulados por las partes. Acto continuo se cierra el citado periodo. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes de desahogar, el Juez acuerda dar por concluida la presente diligencia y procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número . RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el ocho de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, José Macías Bárcenas, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el expediente , se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 25/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de noviembre de dos mil diecisiete. Esto, al reclamarse actos de naturaleza administrativa de autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: Del Ayuntamiento y Secretario de Seguridad Pública y Vialidad, ambos de Santa Catarina, Nuevo León, Gobernador del Estado de Nuevo León y Director de Administración del Organismo Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua: - La orden de desalojo y demolición de la finca que está sobre el terreno identificado como lote AN-42, ubicado al margen izquierdo del Arroyo el Obispo, entre el tramo de carretera a García y calle Bosques de la Huasteca, en Santa Catarina, Nuevo León. - El procedimiento administrativo atinente iniciado en su contra. - La realización de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, tales como tortura psicológica, malos tratos y amenazas. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Secretario de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina, Nuevo León, Gobernador del Estado de Nuevo León y Director de Administración del Organismo Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, negaron categóricamente el acto que se les reclama. Por otro lado, aun cuando el Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, indicó que diversas dependencias administrativas del municipio actuaron en auxilio de las diligencias realizadas por la Comisión Nacional del Agua en los márgenes del Arroyo el Obispo, dentro del municipio, tal manifestación no es suficiente para advertir la certeza de los actos reclamados. Lo que se afirma, pues lo así expuesto no revela que contrario a lo indicado por el Director de Administración del Organismo Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, sí se emitieran y ordenaran los actos que se reclaman. Además, la manifestación del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, no se encuentra robustecida con algún medio de convicción, por lo que en tal virtud, debe tenerse por inexistentes los actos de ejecución que a dicha potestad se atribuyen. Atento lo anterior, debe decirse que uno de los presupuestos de la acción de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, pues no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso, de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que los actos cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existen. La ley de la materia, establece tres vías para determinar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual, es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. En el asunto concreto, no existe en autos dato objetivo alguno que confirme la participación que se imputa a las autoridades antes mencionadas en los actos reclamados, de ahí que se considere en sus términos la negativa expresada por las autoridades. Además, debe señalarse que del contenido de la demanda de amparo no se desprende que el quejoso se encuentre privado de su libertad, por lo que no queda de manifiesto que pueda ser objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Lo anterior es así, pues se insiste en que no se proporcionan datos o medios de convicción de los que se advierta que efectivamente que se encuentre privado de la libertad, aspecto que se estima indispensable para ser objeto de los actos relativos a la tortura psicológica, malos tratos y amenazas, pues a juicio de este juzgador, la afectación aducida por el quejoso no podría llevarse a cabo estando en libertad. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa apuntada por las responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por José Macías Bárcenas, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado , Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Incidental

    SE DIFIERE AUDIENCIA Y SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO...

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