Enrique Gomora Rafael
Expediente 599/2019 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 599/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- Enrique Gomora Rafael
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual, adjunta el oficio 1229/2022, el cual refiere que del contenido que desprende el oficio no se encuentra relación con ningún juicio de amparo de su índice; en consecuencia, dígase al juzgado de referencia que le fue notificado mediante el oficio que refiere, toda vez que mediante oficio 41943/2022 solicito el estado procesal del presente asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ninguna de las partes desahogó la vista que se les otorgó con motivo del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, máxime, que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, por lo que se hace el pronunciamiento al respecto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". En ese entendido, de autos se advierte que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Enrique Gomora Rafael, mediante ejecutoria pronunciada por este Tribunal, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, para el efecto de que la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución reclamada; y, b) Emita otra, en la que reitere lo que no fue materia del amparo, pero en la cual, declare la nulidad de la resolución administrativa combatida, en la parte que, en vez de prever el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, en términos de la jurisprudencia del Alto Tribunal, determinó que el quejoso no tiene derecho a percibir su salario y demás prestaciones, durante el periodo de la suspensión temporal." Es necesario destacar, que las consideraciones que llevaron al otorgamiento del amparo, consisten, esencialmente, en lo siguiente: "NOVENO. Estudio. [.] Aunque, por otro lado, es fundado y suficiente para el otorgamiento del amparo, atendido conforme con la causa de pedir, lo alegado en torno a que la sentencia reclamada erróneamente avala la privación del salario con que el quejoso cubre sus necesidades y las de sus dependientes, pues debió estimar que el acto combatido debe contemplar el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo, que garantice su subsistencia hasta que sea dictada una resolución administrativa en el procedimiento de origen, que determine su responsabilidad. [.] En esa tesitura, no debe pasar inadvertido que al resolver la Contradicción de Tesis 311/2015, suscitada entre los criterios de la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno del Alto Tribunal consideró, que la fracción V del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, es conforme con el texto constitucional, particularmente con su artículo 113. Ello, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores, y por ende, en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven al cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad. De manera que, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable, motivo por el cual, en forma simultánea, deberá determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen, pues solo en el supuesto de que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, al haber sido desvinculado de la institución, podrá buscar otra fuente de ingresos. Todo ello, tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 2/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que es del tenor siguiente: 'RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS.' (La transcribe) De lo anterior puede extraerse, que conforme con lo definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las normas generales que permiten la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones de un servidor público que es investigado, deben interpretarse, en el sentido de que la autoridad está obligada a contemplar el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, desde el momento en que aquel es notificado del inicio del procedimiento y suspendido en sus labores, y por ende, en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven al cabo las investigaciones y hasta que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento. Cantidad que, de acuerdo con lo definido jurisprudencialmente, debe ser equivalente al 30% del ingreso real del servidor público, y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba al decretarse su suspensión. En relación con lo anterior, no debe pasar inadvertido que, en términos del primer párrafo del numeral 217 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los criterios jurisprudenciales que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, son obligatorios para estas últimas, tratándose de la emitida por el Pleno, y además, para los Tribunales Colegiados de Circuito y los Tribunales Administrativos, locales o federales, entre otros. De ahí, que el criterio definido por el Pleno del Máximo Tribunal del País, resulte obligatorio para la Sección de la Sala Superior responsable. Luego, es necesario traer a colación que el dispositivo 165 de la Ley de Seguridad del Estado de México (aplicado al quejoso tanto en la sentencia reclamada, como en el acto combatido en el juicio contencioso administrativo), establece, en su primer párrafo, que antes, al inicio o durante la tramitación del procedimiento administrativo, la Comisión de Honor y Justicia podrá determinar, como medida precautoria, la suspensión temporal del elemento policial de que se trate, hasta en tanto se resuelva el procedimiento correspondiente; mientras que, el tercer párrafo del mismo precepto, dispone que, durante el periodo de suspensión, el servidor público no tendrá derecho a percibir su salario, ni las demás prestaciones que le corresponden. Sin embargo, atendiendo al criterio delineado por el Pleno del Alto Tribunal, obligatorio para la responsable, dicha disposición debió interpretarse, en el sentido de que la referida Comisión puede determinar, como medida precautoria, la suspensión temporal del elemento policial de que se trate, hasta en tanto se resuelva el procedimiento correspondiente, siempre que prevea el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, desde el momento en que aquel es notificado del inicio del procedimiento y suspendido en sus labores, y por ende, en el pago de sus emolumentos, durante todo el periodo en que se lleven al cabo las investigaciones y hasta que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento; suma que, debe ser equivalente, al menos, al 30% del ingreso real del servidor público, y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba al decretarse su suspensión. [.]" En acatamiento a ello, mediante oficio TJA/SGA/9835/2021, de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, remitió testimonio de la sentencia de dieciocho de dichos mes y año, la cual concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. En estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo directo 599/2019, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, emitida el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se DEJA INSUBSISTENTE la sentencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada por esta Primera Sección de la Sala Superior, en los recursos de revisión 295/2019 y 317/2019 acumulados. SEGUNDO. Se REVOCA la sentencia de siete de febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Regional dentro del juicio administrativo 778/2018, bajo las consideraciones vertidas en la presente sentencia. TERCERO. Se declara la INVALIDEZ del acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente número DSC/CHJ/SAI/DS/044/2018, por los Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Toluca, Estado de México, en los términos expresados en el presente fallo jurisdiccional. CUARTO. Se condena a la autoridad demandada a dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia. Notifíquese [.]" Para arribar a los resolutivos reproducidos, la Sección de la Sala Superior responsable sostuvo, en lo que interesa, las siguientes consideraciones: "TERCERO. Como se anunció, la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, en la parte que corresponde es para los efectos siguientes: [.] Al respecto, esta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en estricto apego a la ejecutoria de amparo y, en relación a los efectos señalados, se pronuncia en los siguientes términos: en cumplimiento a lo ordenado en el inciso a), se deja insubsistente la sentencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada en los recursos de revisión 295/2019 y 317/2019 acumulados. CUARTO. En relación al efecto identificado con el inciso b) de la concesión del Amparo, esta Sección Revisadora, procede a emitir una nueva determinación en los siguientes términos: [.] Por otra parte, se procede al análisis en conjunto de los argumentos formulados por el recurrente mediante los que sostiene que con la determinación adoptada por la resolutora de primera instancia, se le priva de su salario, sin valorar que se le está vulnerando su derecho a la supervivencia, es decir, a una remuneración económica que le permita subsistir, argumentos que atendiendo a la causa de pedir y en estricto acatamiento a ejecutoria de amparo que se cumplimenta, se consideran fundados y suficientes para revocar la sentencia que se revisa, en atención a las consideraciones que en seguida se expresan. En relación a la medida precautoria en estudio, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 165 de la Ley de Seguridad del Estado de México, durante el período de la suspensión, el servidor público no tendrá derecho a percibir su salario y demás prestaciones que le correspondan. Sin embargo, es necesario traer a colación lo que ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema en estudio. Sobre dicho aspecto, nuestro máximo tribunal del país ha sostenido que las normas generales que permiten la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones de un servidor público que es investigado, deben interpretarse en el sentido de que la autoridad está obligada a contemplar el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, desde el momento en que aquel es notificado del inicio procedimiento y suspendido en sus labores, y por ende, en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones y hasta que se dite la resolución que ponga fin al procedimiento. Dicha cantidad, se otorgará con la finalidad de que pueda cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, entre otras, la cual deberá ser equivalente al treinta por ciento de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión. En ese contexto -atendiendo a la línea argumentativa de la ejecutoria que se cumplimenta-, si bien el artículo 165 de la Ley de Seguridad del Estado de México, establece en el primer párrafo que que (sic) antes, al inicio o durante la tramitación del procedimiento administrativo, la Comisión de Honor y Justicia podrá determinar, como medida precautoria, la suspensión temporal del elemento policial de que se trate, hasta en tanto se resuelva el procedimiento correspondiente; mientras que, el tercer párrafo del mismo precepto, dispone que, durante el periodo de suspensión, el servidor público no tendrá derecho a percibir su salario, ni las demás prestaciones que le corresponden. Sin embargo, de acuerdo al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que la referida Comisión puede determinar, como medida precautoria, la suspensión temporal del elemento policial de que se trate, hasta en tanto se resuelva el procedimiento correspondiente, siempre que prevea el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, desde el momento en que aquel es notificado del inicio del procedimiento y suspendido en sus labores, y por ende, en el pago de sus emolumentos, durante todo el periodo en que se lleven al cabo las investigaciones y hasta que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento; suma que, debe ser equivalente, al menos, al 30% del ingreso real del servidor público, y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba al decretarse su suspensión. [.] Luego, si dentro del acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente número DSC/CHJ/SAI/DS/044/2018, por los Integrantes de la Comisión de honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Toluca, Estado de México, se ordenó la suspensión temporal de ENRIQUE GÓMORA RAFAEL, en su empleo, cargo o comisión, como elemento de Seguridad Pública Municipal, hasta en tanto se resolviera el procedimiento, pero sin prever el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, en consecuencia, dicho acto debe ser declarado invalido a la luz de lo previsto en los numerales: 1.8 fracción VIII y 1.11 fracción I del Código Administrativo del Estado de México. En razón de lo anterior y en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, ésta Sección de la Sala Superior, determina que lo procedente es con fundamento en lo previsto por el artículo 288 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, REVOCAR la sentencia de siete de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional en el juicio administrativo 778/2018, para el efecto de declarar la INVALIDEZ del acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente número DSC/CHJ/SAI/DS/044/2018, por los Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Segundad Publica del Municipio de Toluca, Estado de México, en la parte que, en vez de prever el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, en términos de la jurisprudencia del Alto Tribunal, determinó que ENRIQUE GÓMORA RAFAEL, no tiene derecho a percibir su salario y demás prestaciones, durante el periodo de la suspensión temporal. Ahora bien, con fundamento en el artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y con la finalidad de restituir al particular demandante en el pleno goce de sus derechos afectados, se condena a la autoridad demandada a que dentro de un plazo de tres días siguientes aquel en que se declare firme la presente sentencia, efectué el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, suma que debe ser equivalente al 30% del ingreso real del servidor público, y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba al decretarse su suspensión, ello durante el periodo de la suspensión temporal; para lo cual se le otorga a la demandada un diverso plazo de tres días, para que informe a la Sala de Origen sobre el cumplimiento de la presente sentencia. [.]" Lo anterior, evidencia que la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que llevó al cabo los actos siguientes: a) Dejó sin efectos la sentencia reclamada; y, b) Emitió otra, en la que primero reitero lo que no fue materia de la concesión del amparo, y luego, declaró fundados los señalamientos relativos a que se debió contemplar el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia del servidor público investigado, desde que es notificado del inicio del procedimiento y suspendido en sus labores, y por ende, en el pago de sus emolumentos, durante todo el periodo en el que se lleven al cabo las investigaciones y hasta que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento, y consecuentemente, revocó la sentencia de siete de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional del propio Tribunal, en el juicio administrativo 778/2018, y declaró la nulidad de la resolución administrativa combatida, ordenando a la autoridad demandada el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, en términos de la jurisprudencia P./J. 2/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo antes expuesto, se arriba a la conclusión de que la Sección de la Sala Superior responsable atendió lo ordenado en la ejecutoria de amparo, y por ello, se declara cumplida, sin que este Tribunal advierta exceso o defecto alguno. Por ende, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este expediente, previas anotaciones que se realicen en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo que deberá efectuarse de forma física en la remesa correspondiente según lo permitan las labores de este Tribunal Colegiado de Circuito. Aunado a lo anterior, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que de conformidad con su Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción III, inciso a), el asunto es susceptible de depuración, una vez transcurrido el plazo de tres años, en virtud de que en este juicio, mediante ejecutoria de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Además, en términos del Capítulo Sexto, artículo 17, último párrafo del acuerdo citado en el párrafo precedente, se hace constar que este asunto no tiene relevancia documental, ni resulta trascendente para ordenar su íntegra conservación. Finalmente, agréguese el oficio signado por signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual solicita se informe el estado que guarda en presente asunto, dígase que debe estar a lo acordado en líneas precedentes.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México mediante cual remite copia certificada de la sentencia de dieciocho de noviembre del año en curso, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso y a la autoridad tercera interesada para que dentro del plazo de diez días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga respecto del cumplimiento informado; con el apercibimiento que de no hacerlo así, el Magistrado Presidente de este Tribunal Colegiado dictará la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo antes invocado con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Resulta aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 63/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." Para realizar lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado mediante el similar 20/2021, para cumplir con lo anterior, el actuario judicial deberá observar los lineamientos emitidos por la Dirección General de Protección y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad y salud, así como de quien interviene en la diligencia.
- Juicio de Amparo Directo
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, acusa recibo del oficio 9676, por el cual se remitió testimonio de la sentencia dictada en veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, así como los autos originales del recurso de revisión *******, del índice de la citada Sección y copias certificadas el juicio administrativo *******, del índice de la Primera Sala Regional; asimismo, informa que turnó el asunto a la Ponencia de la Magistrada Blanca Dannaly Argumedo Guerra, a efecto de emitir la sentencia respectiva. Con fundamento en los artículos 192, último párrafo, y 193 de la Ley de Amparo, Se requiere al Magistrado Presidente de la Primera Sección, para que en plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a efecto de que dé total cumplimiento a la concesoria de amparo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 192 y 258, ambos de la ley de la materia; y, de estimarlo necesario, este órgano colegiado procederá en términos del diverso 262, fracción V, del citado ordenamiento. La citada prorroga, sólo surtirá efectos en el caso de que a la fecha de notificación del presente proveído no se haya dado cumplimiento a ejecutoria de amparo.
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