Enrique Gómez Martínez
Expediente 390/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/06/2019
Partes del expediente
- Enrique Gómez Martínez
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de junio de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente y téngase por recibido, el oficio con anexos, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Sin que se estime necesario ponerlo a la vista de las partes, pues del análisis integral de la presente contienda, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, como se expondrá a continuación. En efecto, del estado que guardan los autos, especialmente la demanda inicial y anexo (fojas 1 y 2), se aprecia que la causa de pedir del quejoso Enrique Gómez Martínez, esencialmente constituyó la omisión de retardar la impartición de justicia, al no remitir el exhorto para notificar a la parte demandada, con motivo de la radicación del expediente administrativo laboral 493/E06/2019 de su índice; con la consecuente dilación en el trámite de dicho juicio de origen, en que el quejoso es parte actora. Asimismo, se patentiza que la responsable Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del informe justificado rendido en auto de catorce de mayo del presente año (fojas 8 a 17), así como del oficio recibido en esta propia fecha, expuso en resumen que la demanda laboral del aquí agraviado fue radicada por acuerdo de treinta de abril del año que transcurre, pero no se fijo fecha para audiencia ni se libró exhorto, pues esa dependencia se declaró incompetente para conocer del juicio antes aludido; remitiendo al efecto copias certificadas del oficio 821/2019, por el cual envió el expediente laboral 493/E06/2019 al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Nuevo León, residente en Monterrey, del comprobante de su envió por paquetería "Inbox"; asimismo, del proveído de treinta de abril de este año y la notificación personal de once de junio de este año, realizada al impetrante a través de su autorizado legal. En este orden de ideas, se estima pertinente puntualizar que conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, el sobreseimiento en la contienda constitucional, se debe decretar, cuando sobrevenga una causa de improcedencia durante el juicio; asimismo, el diverso 61, fracción XXI, de la citada legislación, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De ahí que si durante la tramitación de un juicio de garantías, concurre el anterior requisito, resultará improcedente y por tanto deberá sobreseerse en la contienda respectiva. Bajo esa óptica, de las constancias remitidas por la responsable a través de sus informes justificado y complementario, se obtiene que, se remitieron los autos del expediente administrativo 493/E06/2019 de su índice, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, con motivo de la incompetencia declinada al momento de la radicación de demanda laboral. Ello es así, pues las copias autorizadas enviadas por la responsable de mérito, se observa que el treinta de abril del año en curso, radicó la demanda laboral y si bien no fijó fecha para audiencia ni envió exhorto, se debió a que en ese mismo auto se declaró incompetente para conocer del asunto, le notificó tal decisión al quejoso el once de junio del año que transcurre y por oficio 821/2019 de once de los actuales, remitió los autos del expediente a su similar en Monterrey, Nuevo León, adjuntando copia del acuse de envío por paquetería en la empresa "Inbox". Las documentales que envió la autoridad en comento, al rendir sus informes justificado y complementario al mismo, revisten valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al arábigo 2º, de la Ley de Amparo; al respecto, se estima pertinente citar la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal, con registro electrónico 394182 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En ese orden de ideas, atento al contenido de las constancias allegadas por la responsable, se desprende que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, acorde con el numeral 63, fracción V, de dicha legislación. Bajo esa perspectiva, tomando en consideración que las causales de improcedencia son de estudio prioritario y oficioso, en cualquier momento del juicio, se estima que opera la prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Del precepto reseñado, se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis ya definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que al rendir la responsable sus informes justificado y complementario, que fue radicada la demanda laboral del quejoso y si bien no se fijó fecha para audiencia, ni se libró exhorto, fue por la incompetencia que declinó en el auto de treinta de abril de este año; anexando constancia de la notificación de dicho proveído, realizada el once de junio de este año al agraviado a través de su autorizada y del envío del expediente por paquetería "Inbox" a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Nuevo León, con sede en Monterrey; cesando con ello la omisión de pronunciarse en el expediente de origen, pues ya existe una decisión y el procedimiento siguió sus demás trámites legales. Cobra aplicación a lo anterior la tesis número 2ª./J.9/98, consultable a página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible a fojas 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, también sustentada por la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego entonces, como se dijo y ahora se reitera, concurre en el presente caso, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el precepto 63, fracción V, de la misma legislación de la materia, se decreta el sobreseimiento de este juicio de garantías, promovido por el quejoso Enrique Gómez Martínez, contra el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable. Por otra parte, cabe mencionar que no obsta para las consideraciones aquí plasmadas, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Robustece lo expuesto la jurisprudencia 2ª./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con símbolo de búsqueda 184572 y visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por los motivos expuestos, déjese sin efectos la audiencia constitucional que estaba programada para las diez horas con treinta y tres minutos del cinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 32 y 33). Háganse las anotaciones estadísticas pertinentes. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
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VIII...Téngase por recibido el informe justificado rendido...
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