Enrique Gómez Arizmendi
Expediente 1295/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1295/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2019
Partes del expediente
- Enrique Gómez Arizmendi
Actuaciones
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciada en el recurso de queja 269/2019, interpuesto por la parte agraviada, en el que se resolvió: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. TERCERO. Se desecha la demanda de amparo promovida por Enrique Gómez Arizmendi, por resultar notoriamente improcedente." Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo que se atiende para que surtan los efectos legales procedentes, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones correspondientes y acúsese recibo. Por otra parte, el estado procesal de autos evidencia que el presente juicio se encuentra concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido; no obstante lo anterior, se deja a su disposición las constancias que adjuntó a su escrito de demanda. En otro orden, se comunica a las parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, informa la determinación de dieciocho de los actuales, en el que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el proveído de cuatro de octubre de este año, dictado en el juicio de amparo 1295/2019-IV; medio de impugnación que registró con el número de recurso de queja 269/2019. Atento a lo anterior, estése en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Colegiado oficiante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada. Por otro lado, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Recepción. Por recibida la demanda de amparo promovida por Enrique Gómez Arizmendi, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese como juicio de amparo 1295/2019-IV. Causa de improcedencia. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que el impetrante tilda de inconstitucional, lo siguiente: La interlocutoria dictada el once de septiembre de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa contra el auto de seis de agosto del año en curso, emitido en el incidente de repartición dentro del juicio sucesorio testamentario a bienes de Francisco Gómez Beltrán y Leonor Arizmendi Montero, expediente 178/1987, por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, donde ordenó dar vista a María Elena, María Guadalupe y Enrique de apellidos Gómez Arizmendi, respecto a la exhibición de documentos que acrediten la titularidad de las acciones y cupones que refiere Roberto Gómez Arizmendi. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el citado acto reclamado, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la interlocutoria dictada el once de septiembre de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el auto de seis de agosto del año en curso, emitido en el juicio sucesorio testamentario a bienes de Francisco Gómez Beltrán y Leonor Arizmendi Montero, expediente 178/1987, por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, donde ordenó dar vista a María Elena, María Guadalupe y Enrique de apellidos Gómez Arizmendi, respecto a la exhibición de documentos que acrediten la titularidad de las acciones y cupones que refiere Roberto Gómez Arizmendi; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues, solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que dicho acto reclamado, no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, pues sólo surte efectos procesales y puede extinguirse en la realidad sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, si la resolución que ponga fin al incidente de repartición planteado, resulta favorable a sus intereses; además, porque las violaciones procesales habidas durante el procedimiento no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, ya que este solamente procede contra la determinación que decide el fondo de esa resolución. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo indirecto, en el supuesto que la parte quejosa no obtenga un fallo acorde a sus pretensiones en la resolución que ponga fin al incidente de repartición planteado, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en la interlocutoria dictada el once de septiembre de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa contra el auto de seis de agosto del año en curso, emitido en el incidente de repartición dentro del juicio sucesorio testamentario a bienes de Francisco Gómez Beltrán y Leonor Arizmendi Montero, expediente 178/1987, por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, donde ordenó dar vista a María Elena, María Guadalupe y Enrique de apellidos Gómez Arizmendi, respecto a la exhibición de documentos que acrediten la titularidad de las acciones y cupones que refiere Roberto Gómez Arizmendi. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de los quejosos, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de la interlocutoria dictada el once de septiembre de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa contra el auto de seis de agosto del año en curso, emitido en el incidente de repartición dentro del juicio sucesorio testamentario a bienes de Francisco Gómez Beltrán y Leonor Arizmendi Montero, expediente 178/1987, por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, donde ordenó dar vista a María Elena, María Guadalupe y Enrique de apellidos Gómez Arizmendi, respecto a la exhibición de documentos que acrediten la titularidad de las acciones y cupones que refiere Roberto Gómez Arizmendi, y como consecuencia de ello, una posible violación a las leyes del procedimiento, la cual puede reclamarse como ya se dijo, en amparo indirecto, en el supuesto que la ahora parte quejosa no obtenga un fallo acorde a sus pretensiones en la resolución que ponga fin al incidente de repartición planteado. En abundamiento, se estima que el acto reclamado sólo constituye una violación procesal, pues la vista a María Elena, María Guadalupe y Enrique de apellidos Gómez Arizmendi, respecto a la exhibición de documentos que acrediten la titularidad de las acciones y cupones que refiere Roberto Gómez Arizmendi, puede reclamarse en amparo indirecto en el caso de que la resolución que dé por concluida el incidente de repartición en la que actualmente se encuentra el juicio de natural no resulte favorable a sus intereses. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1311, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil nueve, Novena Época, con número de registro 165770, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Asimismo, sirve de apoyo por las razones que sustentan la Tesis I.3 o.C.439 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1546, del Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil cuatro, Novena Época, con número de registro 182385, que señala: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Enrique Gómez Arizmendi, contra actos del Juez Segundo Familiar de Toluca del tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Domicilio. Asimismo, con apoyo en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Wendy Jennifer Palmas Colín, Reynaldo Porcayo Reyes y Elio Martínez Padilla, por contar con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por cuanto hace a las personas restantes se tienen por autorizados en términos restringidos del precepto legal antes citado, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones y documentos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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