Enrique Gómez Alarcón

Expediente 173/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
173/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/03/2019

Partes del expediente

  • Enrique Gómez Alarcón

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese para los efectos legales conducentes el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, en el que se encuentra inserto el proveído de ocho de marzo del año en curso, del que se desprende que acepta la competencia planteada por este juzgado. En consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por el quejoso, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México y Actuario adscrito a dicho juzgado, de la que se advierte que los actos reclamados se hace consistir en: "De las autoridades responsables que señalo como responsables, todas y cada una de las actuaciones realizadas en el Juzgado Cuarto de lo Civil, de la Ciudad de México, Distrito Federal, en el Juicio Especial Hipotecario, llevado como actor la persona moral y como demandado, bajo el expediente de la Secretaría "A", así como la sentencia definitiva del mismo expediente, dictada por el responsable." Ahora bien, en virtud de lo anterior este Juzgado Federal, estima que no es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo que nos ocupa, en atención a las siguientes consideraciones: La parte impetrante constitucional es tercero extraño al juicio de origen expediente, mismo que se radicó ante el Juzgado Cuarto de lo Civil de esta Ciudad, procedimiento en el que indica no fue llamado y se le pretende desposeer del inmueble. En efecto, los artículos 107 fracción VI, 37 y 48 de la Ley de Amparo, en la parte considerativa, señalan lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. - - - VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas.."; "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.- - - Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. - - - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. - - -Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente.- - - Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. - - -Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. - - - Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". Los anteriores preceptos legales, establecen los parámetros, para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, es necesario hacer hincapié, que las reglas de competencia precisadas con antelación, rigen cuando el acto o resolución reclamada no requiera de ejecución material, aunado a la circunstancia que cuando el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el acto ya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, ya que si bien es cierto que una de las reglas sobre la competencia hace referencia a los supuestos en que deba de ejecutarse el acto; es decir, será competente el juez de distrito del lugar en que se ejecute el acto reclamado, también lo es cuando se contempla que éstos se pueda efectuar en una jurisdicción o en varias jurisdicciones. Entonces, debe atenderse a los elementos que obran en autos para desprender datos que hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, para determinar la autoridad competente al que corresponde conocer del asunto que nos ocupa. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª. II/92, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, página 94, cuyo rubro es: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA PARA FIJAR SU". Bajo esa tesitura, debe señalarse que la parte quejosa reclama la desposesión del inmueble ubicado. Bajo esa perspectiva, es de considerarse que no se actualiza la competencia legal por parte de este Órgano Jurisdiccional para conocer del Juicio de Amparo en que se actúa, ya que tal como se aprecia de la demanda de garantías, la parte quejosa es tercera extraña al procedimiento de origen y afirma se le pretende desposeer del citado inmueble ubicado en el Estado de México; entonces, en el caso se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de la Materia, relativa a que, es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, surtiéndose por ende la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión a favor del Juez de Distrito en Turno con sede en Nezahualcoyotl, Estado de México, en donde debe tener ejecución el acto reclamado (desposesión de inmueble ubicado en dicha jurisdicción). Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada, visible a foja 88, 217-228 Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la Sala Auxiliar, que estatuye lo que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, cobra aplicación la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento treinta y cuatro, V, Primera Parte, enero a junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE CONSISTA EN UN DECRETO, SI SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN SUS EFECTOS E INMINENTES CONSECUENCIAS. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo tanto, si de la demanda de amparo se desprende que se reclama un decreto y sus efectos e inminentes consecuencias, resulta que debe conocer del juicio el Juez dentro de cuya jurisdicción tendrá que ejecutarse dicho decreto, pues de lo contrario, ningún sentido tendría que en el artículo 36 se atienda a la jurisdicción del Juez de Distrito en que el acto reclamado deba tener ejecución." De lo antedicho, debe señalarse que del análisis de la demanda de garantías, se acredita que no existen actos de ejecución material que tengan verificativo dentro de la jurisdicción de este juzgado federal; en relación al acto reclamado por la parte quejosa, quien como bajo protesta de decir verdad lo afirma es tercero extraño a juicio; esto es, el acto reclamado tendrá ejecución en un inmueble ubicado fuera de la jurisdicción de la que éste juzgado ejerce jurisdicción, de ahí que este juzgado no sea competente para conocer la demanda a prevención. Es aplicable, la jurisprudencia número 394, visible a fojas 660, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, con el epígrafe: "COMPETENCIA, CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO. AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA EN CONTRA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE AMPARO". Razón por la cual, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia para conocer del juicio en estudio, corresponde al juez en cuya jurisdicción debe tener ejecución el acto reclamado (orden de entrega de inmueble); por tanto, se ordena remitir los presentes autos al Juez de Distrito en turno en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por las razones vertidas en líneas que anteceden, solicitándole al Juez oficiante informe a este órgano jurisdiccional el sentido del proveído que al efecto dicte, lo anterior para que se esté en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México y Actuario adscrito a dicho juzgado, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente y regístrese como juicio de amparo 173/2019-III. Ahora bien, a efecto de acordar lo que proceda sobre su admisión, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de CINCO DÍAS, y con fundamento en los artículos 112, 114 fracción I, en relación con el 108 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, bajo protesta de decir verdad: a).- Comparezca ante este órgano jurisdiccional debidamente identificado con credencial oficial vigente en donde aparezca fotografía, nombre, domicilio y firma y ante la presencia judicial, ratifique la firma que calza la demanda de amparo de cuenta, y exprese si es su deseo continuar con su tramitación. Lo anterior, tomando en consideración que la ratificación de la firma de la demanda de amparo, ante la presencia de fedatario judicial, permitirá al juzgador formarse la plena convicción de que la demanda se formuló con la plena voluntad de la persona a nombre de quien se signó; puesto que la firma constituye un elemento inequívoco que plasma la voluntad de la persona que la asienta en el documento respectivo, que junto con la protesta de ley, la cual constituye una declaración de integridad, resultan suficientes para subsanar las irregularidades precisadas. Debe precisarse que los conflictos del orden jurisdiccional en la gran mayoría de los casos y por diversas circunstancias provocan la resistencia de quien no fue favorecido en la controversia para aceptar y cumplir a título voluntario con la decisión emanada de una contienda en la que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, misma resistencia que se patentiza aun cuando es de explorado derecho que la sentencia firme que constituye cosa juzgada, debe ejecutarse con independencia de la voluntad contraria de la parte derrotada o de cualquier otra persona que sin haber intervenido en el litigio pretenda hacer valer prerrogativas en contra del cumplimiento de aquélla. Así, la ejecución de las sentencias firmes derivadas de las controversias jurisdiccionales, generan en la mayor parte de los casos la deslealtad del interesado que fue vencido o en su defecto la intervención de terceros relacionados con aquél, ostentándose tanto a título de terceros extraños a juicio como en su calidad de supuestos justiciables que pretenden pasar por encima de la voluntad de los órganos jurisdiccionales, y desconocer en consecuencia los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que derivan de la sentencia firme que resolvió la contienda de origen en lo principal. Dado lo antedicho, los pretendidos terceros extraños a juicio abusan de la institución del juicio de amparo y de los principios inherentes de buena fe y legalidad que prevén a favor de todo gobernado entre otros los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se constituyen además en los principios rectores que norman el actuar de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito que integran el Poder Judicial de la Federación. Al promover el juicio de derechos fundamentales se ha establecido como una práctica perniciosa por parte de los indicados "terceros extraños a juicio", ostentarse como poseedores con justo título del bien inmueble cuya desocupación y restitución ya fue ordenada en sentencia firme, razón por la cual, para acreditar a título presuntivo tanto la certeza de sus afirmaciones como el interés jurídico que dice le asiste para instar la tutela constitucional, exhibe de manera fundamental, contrato privado celebrado ya sea con él o los integrantes de la parte demandada o con personas totalmente diversas, actos consensuales que manifiestan tienen o tuvieron por objeto el bien raíz en trato, alegando que no fue emplazado a juicio. Lo anterior, genera como consecuencia directa e inmediata afectación actual e inminente para la parte vencedora ya que aun cuando obtuvo la emisión de una sentencia firme a su favor, no puede ser restituido en el dominio e imperio del bien inmueble objeto de la contienda respectiva, provocando que los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada se constituyan en meras referencias retóricas supeditadas a la intervención de un sujeto que sin contar con derecho alguno para ello, alega que deben ser respetadas las prerrogativas que pretendidamente le corresponden en relación a tal bien, situación que de suyo propio resulta inadmisible al tutelar el interés particular por encima del de la colectividad. Es por ello que en algunas ocasiones la interposición de los juicios de amparo es retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, lo que se traduce en una transgresión de la impartición de justicia expedita, prevista en el artículo 17 Constitucional, que deben respetar todas las autoridades del Estado Mexicano.

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