Enrique Gerardo Velarde
Expediente 1149/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Enrique Gerardo Velarde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de trece de diciembre de dos mil diecinueve, al tercero interesado FRANCISCO JAVIER GALVEZ DE LA VEGA POR SI Y COMO PROPIETARIO DE MARISCOS DEL PACIFICO, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe...SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1149/2019-III, promovido por ENRIQUE GERARDO VELARDE por conducto de su apoderado legal RAÚL MACEDO CELIS; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida al día siguiente en este juzgado, ENRIQUE GERARDO VELARDE por conducto de su apoderado legal RAÚL MACEDO CELIS, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve se admitió la demanda, se solicitó el informe a la autoridad responsable, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad residente en esta ciudad y tendrán ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La resolución de treinta de julio de dos mil diecinueve dictada en el expediente 01/159/08, del índice de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en la que se declaró improcedente el incidente de falsedad de firma y huella dactilar respecto del acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil quince. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, puesto que así lo manifestó al rendir el informe justificado, lo que se corrobora además con la copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 01/159/08. Constancias que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Legislación laboral aplicable. Antes de abordar lo concerniente a la constitucionalidad del acto reclamado, es oportuno destacar que el treinta de noviembre de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo Décimo Primero Transitorio, se estableció que los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a esa reforma debían concluirse de conformidad con ellas. En el particular, se advierte que el juicio laboral de origen inició en el año dos mil ocho, puesto que le correspondió el número 01/159/08, entonces le son aplicables las disposiciones anteriores al Decreto indicado, por lo que la cita de los preceptos respectivos corresponderá a los vigentes con anterioridad a la reforma de mérito. QUINTO. Estudio del concepto de violación. Al no existir causa de improcedencia hecha valer ni que se advierta de oficio alguna, se procede al análisis de fondo de la cuestión planteada. Resultan infundados los conceptos de violación lo que motiva negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado, sin que se advierta queja que suplir. Para ese fin, se relacionan los antecedentes directos de la resolución reclamada, los cuales se obtienen de las actuaciones atinentes al juicio laboral 01/159/08, valoradas con anterioridad: 1. El veintiuno de enero de dos mil ocho, ENRIQUE GERARDO VELARDE demandó a la negociación denominada Restaurante Mazatlán y Francisco Javier Gálvez de la Vega el pago de diversas prestaciones, la que quedó registrada en la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado bajo el expediente 01/159/08. 2. Seguido que fue el juicio, el seis de abril de dos mil once la responsable dictó laudo condenatorio y, una vez que quedó firme se inició el procedimiento de ejecución. 3. En actuación fechada el treinta y uno de agosto de dos mil quince el Presidente de la Junta Especial Tres de la Loca de Conciliación y Arbitraje del Estado recibió la comparecencia del actor Enrique Gerardo Velarde quien se identificó con una credencial para votar expedida por el otrora Instituto Federal Electoral folio 0000139345744 para manifestar que de manera extrajudicial se le realizó el pago de diversas prestaciones por lo que se dio por pagado, cumplido y satisfecho de todas las prestaciones a que se condenó la parte demandada; que no se le adeudaba cantidad alguna por lo que solicitó que se enviara al archivo el expediente; ante lo expuesto en la comparecencia, el Presidente de la Junta acordó favorable lo pedido por el actor y ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido por carecer de materia. 4. El diecinueve de octubre de dos mil quince la parte actora promovió incidente de "falsedad de firma y huella digital" respecto del acuerdo emitido por la junta responsable el treinta y uno de agosto de dos mil quince dentro de la controversia laboral de origen en la que se tuvo al actor dándose por pagado de todas las prestaciones y se ordenó el archivo del asunto. 5. El dieciocho de abril de dos mil dieciséis se admitió el incidente de falsedad de firma y huella digital y el uno de febrero de dos mil diecinueve la Junta responsable emitió resolución por la que declaró improcedente el referido incidente de falsedad. 6. Inconforme con dicha determinación, la parte actora promovió juicio de amparo del que conoció este juzgado que se registró bajo el expediente 312/2019-III en el que se dictó sentencia terminada de engrosar el catorce de junio de dos mil diecinueve por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila en apoyo de este tribunal, en la que concedió el amparo para que la Junta responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y en su lugar emitiera otra en la que estudiara la prueba pericial ofrecida por las partes. 7. En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable emitió la resolución de treinta de julio de dos mil diecinueve por la que declaró improcedente el incidente de falsedad de firmas. Dicha resolución constituye el acto reclamado. En ese sentido, la parte quejosa refirió esencialmente que la junta responsable en la resolución combatida no cumplió con los principios de verdad sabida ni buena fe guardada, ya que no apreció los hechos a conciencia, puesto que no expresó los motivos y fundamentos legales en los que se apoyó. Refiere el promovente del amparo que la responsable no realizó una valoración congruente de las pruebas periciales ya que no son razonables los argumentos con los que otorgó valor de manera preponderante a la pericial de la parte demandada. Que el dictamen pericial de la parte actora (aquí quejosa) también expuso con claridad, detenimiento e ilustración que las firmas dubitadas y auténticas no son coincidentes puesto que no presentan similitudes en sus características generales, morfológicas ni gestográficas; que la responsable no tiene verdadera causa para dar valor preponderante a la pericial de la parte demandada. Que los dictámenes periciales de las partes actora y demandada tienen la misma calidad de claridad, detenimiento e ilustración, sin embargo la responsable se inclinó a otorgar valor probatorio al dictamen del patrón. Que la determinación de la junta responsable no es razonable ya que al existir dos dictámenes periciales coincidentes (de la actora y tercero en discordia) no resolvió por mayoría de razón. Que la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje no dio valor probatorio a los dictámenes periciales de la actora y tercero en discordia sin sustento alguno ya que ambos dictámenes reúnen los mismos requisitos que el de la demandada. Que no fue cuidadosa la responsable ya que de conformidad con el artículo 949 de la Ley Federal del Trabajo, en los casos en que deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente, lo cual no cumplió la responsable. Lo anterior deviene infundado como se explicará a continuación. Para arribar a la anterior determinación, es necesario tener presente que los artículos 14, párrafo segundo, y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establecen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.". En estos preceptos se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por su parte, el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, en su redacción antes de la reforma publicada el treinta de noviembre de dos mil doce, dispone lo siguiente: "Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen." En dicho dispositivo se contienen los principios de congruencia y exhaustividad que todas las resoluciones del tribunal laboral deben observar, que consisten esencialmente en que se ocupen de todas las objeciones planteadas, existiendo un vínculo lógico entre lo pedido y lo resuelto con apoyo en lo dispuesto en la ley, sea que ésta lo disponga expresamente o se aplique en hipótesis semejantes, según lo establece el diverso artículo 17 del propio ordenamiento legal en cita; de modo que cuando no se hace así, la autoridad se aparta de las normas del debido proceso legal exigidas en los dispositivos constitucionales indicados con antelación; la violación a lo anterior puede traducirse en una inadecuada fundamentación y motivación, garantía que debe ser acatada por toda autoridad, con el fin de establecer, sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de sus actuaciones, lo que además, permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia VI.2o. J/324, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se puede consultar a foja 87 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Octava Época, agosto de 1994, cuyo rubro y cuyo texto se trascriben a continuación: "LAUDO INCONGRUENTE. Si una Junta, al pronunciar el laudo respectivo, omite resolver sobre todos los puntos de la controversia, con ello falta al principio de congruencia que exige el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en violación de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales." En este punto es oportuno mencionar que aun cuando el acto reclamado se trata de una resolución interlocutoria, debe observar lo dispuesto en el citado artículo 841 de la legislación laboral, esto es, emitirse con estricto apego al principio de congruencia, habida cuenta que éste comprende no solamente los laudos sino también las resoluciones incidentales, como la que se reclama en esta instancia. Bajo ese contexto, contrario a lo sostenido por la parte quejosa del análisis de la interlocutoria combatida se advierte que la Junta responsable en primer lugar, explicó la naturaleza de la prueba pericial para posteriormente precisar que a su parecer, luego de examinar cuidadosamente las opiniones periciales -sin tomar en cuenta el número de éstas- arribó a la conclusión que no existió controversia respecto del resultado de los dictámenes de la parte trabajadora y tercero en discordia. En cambio, explicó que el dictamen del perito de la parte demandada concluyó que la firma cuestionada sí presenta las mismas características de orden general y de orden particular en la firma dubitada al exponer que sí provenía del puño y letra de Enrique Gerardo Velarde. Expuso que a su parecer, la experticia del demandado expone con mayor claridad, detenimiento e ilustración que las firmas son coincidentes y luego explicó que esa situación generó pleno convencimiento esto es, que las firmas (la cuestionada y la no dudada) sí fueron puestas del puño y letra del actor; lo que motivó que diera mayor valor probatorio a dicho dictamen, fundando su decisión en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo; además de que invocó la jurisprudencia 4ª./J. 28/94 sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 207689, del rubro: "PRUEBA PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE HACERSE ANALIZANDO TODOS LOS DICTÁMENES RENDIDOS EN EL JUICIO, EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR PROBATORIO." la cual se estima aplicable. La anterior exposición a juicio del suscrito juzgador reúne los requisitos que el referido numeral 841 de la legislación laboral en consulta impone para emitir las resoluciones, puesto que la autoridad responsable lo hizo a verdad sabida, apreciando los hechos como le fueron planteados sin sujetarse a formulismos sobre la estimación de las pruebas desahogadas en el sumario de origen y, finalmente, al emitir la resolución cuestionada, fundó su decisión en el precitado ordinal de la ley laboral, con lo que cumplió con las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículo 14 y 16 Constitucionales. Por otra parte, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, en la resolución reclamada, el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos sí expresó las coincidencias y divergencias de las periciales; expuso los motivos por los que arribó a la conclusión refiriendo los motivos por lo que otorgó mayor ponderación al dictamen de la patronal lo cual refirió haberlo hecho de buena fe, lo cual implica -explicó la responsable- cuestión de lealtad, de respeto al derecho, de fidelidad, ausencia de simulación de dolo. En ese orden de ideas, en la resolución reclamada, la responsable expuso que resolvió en búsqueda de la verdad, lo que se traduce en la obligación de la Junta de conocer la realidad de los hechos en cada caso, a través de los medios de prueba. Sin embargo, enfatizó la responsable, los medios de prueba aportados por la parte actora aquí quejosa, resultaron ineficaces e insuficientes puesto que no condujeron al resolutor laboral al convencimiento de que no fue el propio actor quien compareció el treinta y uno de agosto de dos mil quince ante el local que ocupa la Junta responsable; lo que justificó explicando que existe en autos del juicio de origen la actuación que contiene la comparecencia de Enrique Gerardo Velarde, quien se identificó ante el Secretario de Acuerdos exhibiendo la credencial para votar expedida por el entonces IFE, la cual fue cotejada por dicho servidor público; además -concluyó el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje- al refutar el actuar del funcionario adscrito al tribunal laboral, el actor incidentista tuvo la obligación de ofrecer pruebas para sostener su argumento, respecto de los cuales, de acuerdo a lo expuesto por la responsable, no fueron suficientes para acreditar lo dicho por la parte recurrente De lo anterior se puede concluir que contrario a lo expuesto por el quejoso, el Presidente de la junta responsable sustentó su decisión argumentando al valor probatorio de cada prueba pericial, mientras que expuso cuál dictamen generó convicción en su juicio; además que, si bien es cierto que el numeral 841 de la Ley Federal del Trabajo impone a las Juntas el deber de dictar los laudos -o como en el caso, las resoluciones- a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas; también cierto es que el referido artículo no autoriza a los tribunales laborales a pasar por alto el principio de objetividad, consistente en que el juzgador en su función emita sus fallos por las razones que el derecho le suministra y no por las que se deriven de su modo personal de pensar o de sentir. En esa tesitura, a pesar de que la parte quejosa refiera que la responsable "refleja la arbitrariedad de su acto" al resolver de manera contraria a los intereses de la trabajadora, lo cierto es que, si de lo actuado dentro del procedimiento la responsable advirtió elementos para sustentar legalmente la resolución que en esta vía se combate, no por el hecho de ser desfavorable a sus intereses significa que sea violatoria de garantías, de ahí lo infundado del argumento expuesto por la parte quejosa. Como se dijo, el Presidente de la junta responsable, luego de efectuar un examen cuidadoso de las opiniones periciales, sin considerar el número de ellas, concluyó que de los dictámenes rendidos por los expertos de la parte actora y tercero en discordia no existe controversia respecto del resultado pericial en materia de grafoscopía, ya que ambos peritos fueron congruentes al establecer que la firma cuestionada no pertenecía al puño del actor; en cambio, si existió discrepancia con el peritaje rendido por el de la parte demandada, sin embargo, determinó darle mayor valor probatorio a este último. Para arribar a la anterior determinación, la responsable consideró que el dictamen ofrecido por el experto de la parte demandada expuso con mayor claridad, detenimiento e ilustración su experticia en relación a que las firmas son coincidentes (cuestionadas e indubitadas), lo que le generó pleno convencimiento de que la firma dubitada sí fue puesta de puño y letra del actor. Lo anterior, se estima acertado puesto que en lenguaje claro, la autoridad laboral explicó el porqué -a su parecer- ameritó mayor valor probatorio el dictamen del perito de la parte demandada; además correctamente expuso porqué no le generó convicción el argumento de la actora hoy quejosa en cuanto a que no fue esa parte quien el treinta y uno de agosto de dos mil quince compareció a darse por pagada y solicitara el archivo del asunto, ya que dio mayor ponderación a la fe del Secretario de acuerdos en cuanto a la constancia de la comparecencia de Enrique Gerardo Velarde así como el cotejo que efectuó de su credencial de elector; en tanto que las pruebas que ofreció el incidentista no fueron suficientes para producir convencimiento y resolver de forma diferente a la que lo hizo. Por cuanto a la manifestación de que la autoridad responsable no fue cuidadosa en términos del artículo 949 de la Ley Federal del Trabajo, numeral que impone la obligación al presidente ejecutor de cerciorarse y vigilar que al trabajador se le entregue en forma personal la suma de dinero a que resultó condenado el patrón, a efecto de evitar que el derecho declarado en el laudo que puso fin a la controversia laboral, quede en un simple enunciado, sino que exista la materialización de dicha condena, a fin de salvaguardar el derecho declarado; sin embargo, dicho argumento deviene inoperante porque la diligencia como tal no es materia de la Litis, puesto que -como se precisó en el considerando segundo- el acto reclamado lo es la resolución de treinta de julio de dos mil diecinueve. Por otra parte, de conformidad con el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, en suplencia de la queja, se estima acertada la forma en que el Presidente ejecutor valoró el dictamen emitido por el perito de la parte patronal, puesto que refirió que expuso mayor claridad, detenimiento e ilustración que son coincidentes las firmas puestas a su consideración, lo cual está corroborado con las constancias que obran agregadas en el sumario de origen, las cuales fueron valoradas con anterioridad; en lo principal con la fe del funcionario que practicó la diligencia que a su vez dio fe y realizó el cotejo de la credencial para votar expedida a nombre del trabajador por el entonces Instituto Federal Electoral y esto no se refutó. En mérito de lo expuesto, al no haber queja que suplir, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada en contra de la interlocutoria de treinta de julio de dos mil diecinueve, dictada por el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en autos del juicio laboral 01/159/08. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ENRIQUE GERARDO VELARDE, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy trece de diciembre de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1149/2019-III, promovido por ENRIQUE GERARDO VELARDE por conducto de su apoderado legal RAÚL MACEDO CELIS; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida al día siguiente en este juzgado, ENRIQUE GERARDO VELARDE por conducto de su apoderado legal RAÚL MACEDO CELIS, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve se admitió la demanda, se solicitó el informe a la autoridad responsable, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad residente en esta ciudad y tendrán ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La resolución de treinta de julio de dos mil diecinueve dictada en el expediente 01/159/08, del índice de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en la que se declaró improcedente el incidente de falsedad de firma y huella dactilar respecto del acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil quince. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, puesto que así lo manifestó al rendir el informe justificado, lo que se corrobora además con la copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 01/159/08. Constancias que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Legislación laboral aplicable. Antes de abordar lo concerniente a la constitucionalidad del acto reclamado, es oportuno destacar que el treinta de noviembre de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo Décimo Primero Transitorio, se estableció que los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a esa reforma debían concluirse de conformidad con ellas. En el particular, se advierte que el juicio laboral de origen inició en el año dos mil ocho, puesto que le correspondió el número 01/159/08, entonces le son aplicables las disposiciones anteriores al Decreto indicado, por lo que la cita de los preceptos respectivos corresponderá a los vigentes con anterioridad a la reforma de mérito. QUINTO. Estudio del concepto de violación. Al no existir causa de improcedencia hecha valer ni que se advierta de oficio alguna, se procede al análisis de fondo de la cuestión planteada. Resultan infundados los conceptos de violación lo que motiva negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado, sin que se advierta queja que suplir. Para ese fin, se relacionan los antecedentes directos de la resolución reclamada, los cuales se obtienen de las actuaciones atinentes al juicio laboral 01/159/08, valoradas con anterioridad: 1. El veintiuno de enero de dos mil ocho, ENRIQUE GERARDO VELARDE demandó a la negociación denominada Restaurante Mazatlán y Francisco Javier Gálvez de la Vega el pago de diversas prestaciones, la que quedó registrada en la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado bajo el expediente 01/159/08. 2. Seguido que fue el juicio, el seis de abril de dos mil once la responsable dictó laudo condenatorio y, una vez que quedó firme se inició el procedimiento de ejecución. 3. En actuación fechada el treinta y uno de agosto de dos mil quince el Presidente de la Junta Especial Tres de la Loca de Conciliación y Arbitraje del Estado recibió la comparecencia del actor Enrique Gerardo Velarde quien se identificó con una credencial para votar expedida por el otrora Instituto Federal Electoral folio 0000139345744 para manifestar que de manera extrajudicial se le realizó el pago de diversas prestaciones por lo que se dio por pagado, cumplido y satisfecho de todas las prestaciones a que se condenó la parte demandada; que no se le adeudaba cantidad alguna por lo que solicitó que se enviara al archivo el expediente; ante lo expuesto en la comparecencia, el Presidente de la Junta acordó favorable lo pedido por el actor y ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido por carecer de materia. 4. El diecinueve de octubre de dos mil quince la parte actora promovió incidente de "falsedad de firma y huella digital" respecto del acuerdo emitido por la junta responsable el treinta y uno de agosto de dos mil quince dentro de la controversia laboral de origen en la que se tuvo al actor dándose por pagado de todas las prestaciones y se ordenó el archivo del asunto. 5. El dieciocho de abril de dos mil dieciséis se admitió el incidente de falsedad de firma y huella digital y el uno de febrero de dos mil diecinueve la Junta responsable emitió resolución por la que declaró improcedente el referido incidente de falsedad. 6. Inconforme con dicha determinación, la parte actora promovió juicio de amparo del que conoció este juzgado que se registró bajo el expediente 312/2019-III en el que se dictó sentencia terminada de engrosar el catorce de junio de dos mil diecinueve por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila en apoyo de este tribunal, en la que concedió el amparo para que la Junta responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y en su lugar emitiera otra en la que estudiara la prueba pericial ofrecida por las partes. 7. En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable emitió la resolución de treinta de julio de dos mil diecinueve por la que declaró improcedente el incidente de falsedad de firmas. Dicha resolución constituye el acto reclamado. En ese sentido, la parte quejosa refirió esencialmente que la junta responsable en la resolución combatida no cumplió con los principios de verdad sabida ni buena fe guardada, ya que no apreció los hechos a conciencia, puesto que no expresó los motivos y fundamentos legales en los que se apoyó. Refiere el promovente del amparo que la responsable no realizó una valoración congruente de las pruebas periciales ya que no son razonables los argumentos con los que otorgó valor de manera preponderante a la pericial de la parte demandada. Que el dictamen pericial de la parte actora (aquí quejosa) también expuso con claridad, detenimiento e ilustración que las firmas dubitadas y auténticas no son coincidentes puesto que no presentan similitudes en sus características generales, morfológicas ni gestográficas; que la responsable no tiene verdadera causa para dar valor preponderante a la pericial de la parte demandada. Que los dictámenes periciales de las partes actora y demandada tienen la misma calidad de claridad, detenimiento e ilustración, sin embargo la responsable se inclinó a otorgar valor probatorio al dictamen del patrón. Que la determinación de la junta responsable no es razonable ya que al existir dos dictámenes periciales coincidentes (de la actora y tercero en discordia) no resolvió por mayoría de razón. Que la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje no dio valor probatorio a los dictámenes periciales de la actora y tercero en discordia sin sustento alguno ya que ambos dictámenes reúnen los mismos requisitos que el de la demandada. Que no fue cuidadosa la responsable ya que de conformidad con el artículo 949 de la Ley Federal del Trabajo, en los casos en que deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente, lo cual no cumplió la responsable. Lo anterior deviene infundado como se explicará a continuación. Para arribar a la anterior determinación, es necesario tener presente que los artículos 14, párrafo segundo, y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establecen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.". En estos preceptos se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por su parte, el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, en su redacción antes de la reforma publicada el treinta de noviembre de dos mil doce, dispone lo siguiente: "Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen." En dicho dispositivo se contienen los principios de congruencia y exhaustividad que todas las resoluciones del tribunal laboral deben observar, que consisten esencialmente en que se ocupen de todas las objeciones planteadas, existiendo un vínculo lógico entre lo pedido y lo resuelto con apoyo en lo dispuesto en la ley, sea que ésta lo disponga expresamente o se aplique en hipótesis semejantes, según lo establece el diverso artículo 17 del propio ordenamiento legal en cita; de modo que cuando no se hace así, la autoridad se aparta de las normas del debido proceso legal exigidas en los dispositivos constitucionales indicados con antelación; la violación a lo anterior puede traducirse en una inadecuada fundamentación y motivación, garantía que debe ser acatada por toda autoridad, con el fin de establecer, sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de sus actuaciones, lo que además, permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia VI.2o. J/324, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se puede consultar a foja 87 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Octava Época, agosto de 1994, cuyo rubro y cuyo texto se trascriben a continuación: "LAUDO INCONGRUENTE. Si una Junta, al pronunciar el laudo respectivo, omite resolver sobre todos los puntos de la controversia, con ello falta al principio de congruencia que exige el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en violación de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales." En este punto es oportuno mencionar que aun cuando el acto reclamado se trata de una resolución interlocutoria, debe observar lo dispuesto en el citado artículo 841 de la legislación laboral, esto es, emitirse con estricto apego al principio de congruencia, habida cuenta que éste comprende no solamente los laudos sino también las resoluciones incidentales, como la que se reclama en esta instancia. Bajo ese contexto, contrario a lo sostenido por la parte quejosa del análisis de la interlocutoria combatida se advierte que la Junta responsable en primer lugar, explicó la naturaleza de la prueba pericial para posteriormente precisar que a su parecer, luego de examinar cuidadosamente las opiniones periciales -sin tomar en cuenta el número de éstas- arribó a la conclusión que no existió controversia respecto del resultado de los dictámenes de la parte trabajadora y tercero en discordia. En cambio, explicó que el dictamen del perito de la parte demandada concluyó que la firma cuestionada sí presenta las mismas características de orden general y de orden particular en la firma dubitada al exponer que sí provenía del puño y letra de Enrique Gerardo Velarde. Expuso que a su parecer, la experticia del demandado expone con mayor claridad, detenimiento e ilustración que las firmas son coincidentes y luego explicó que esa situación generó pleno convencimiento esto es, que las firmas (la cuestionada y la no dudada) sí fueron puestas del puño y letra del actor; lo que motivó que diera mayor valor probatorio a dicho dictamen, fundando su decisión en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo; además de que invocó la jurisprudencia 4ª./J. 28/94 sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 207689, del rubro: "PRUEBA PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE HACERSE ANALIZANDO TODOS LOS DICTÁMENES RENDIDOS EN EL JUICIO, EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR PROBATORIO." la cual se estima aplicable. La anterior exposición a juicio del suscrito juzgador reúne los requisitos que el referido numeral 841 de la legislación laboral en consulta impone para emitir las resoluciones, puesto que la autoridad responsable lo hizo a verdad sabida, apreciando los hechos como le fueron planteados sin sujetarse a formulismos sobre la estimación de las pruebas desahogadas en el sumario de origen y, finalmente, al emitir la resolución cuestionada, fundó su decisión en el precitado ordinal de la ley laboral, con lo que cumplió con las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículo 14 y 16 Constitucionales. Por otra parte, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, en la resolución reclamada, el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos sí expresó las coincidencias y divergencias de las periciales; expuso los motivos por los que arribó a la conclusión refiriendo los motivos por lo que otorgó mayor ponderación al dictamen de la patronal lo cual refirió haberlo hecho de buena fe, lo cual implica -explicó la responsable- cuestión de lealtad, de respeto al derecho, de fidelidad, ausencia de simulación de dolo. En ese orden de ideas, en la resolución reclamada, la responsable expuso que resolvió en búsqueda de la verdad, lo que se traduce en la obligación de la Junta de conocer la realidad de los hechos en cada caso, a través de los medios de prueba. Sin embargo, enfatizó la responsable, los medios de prueba aportados por la parte actora aquí quejosa, resultaron ineficaces e insuficientes puesto que no condujeron al resolutor laboral al convencimiento de que no fue el propio actor quien compareció el treinta y uno de agosto de dos mil quince ante el local que ocupa la Junta responsable; lo que justificó explicando que existe en autos del juicio de origen la actuación que contiene la comparecencia de Enrique Gerardo Velarde, quien se identificó ante el Secretario de Acuerdos exhibiendo la credencial para votar expedida por el entonces IFE, la cual fue cotejada por dicho servidor público; además -concluyó el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje- al refutar el actuar del funcionario adscrito al tribunal laboral, el actor incidentista tuvo la obligación de ofrecer pruebas para sostener su argumento, respecto de los cuales, de acuerdo a lo expuesto por la responsable, no fueron suficientes para acreditar lo dicho por la parte recurrente De lo anterior se puede concluir que contrario a lo expuesto por el quejoso, el Presidente de la junta responsable sustentó su decisión argumentando al valor probatorio de cada prueba pericial, mientras que expuso cuál dictamen generó convicción en su juicio; además que, si bien es cierto que el numeral 841 de la Ley Federal del Trabajo impone a las Juntas el deber de dictar los laudos -o como en el caso, las resoluciones- a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas; también cierto es que el referido artículo no autoriza a los tribunales laborales a pasar por alto el principio de objetividad, consistente en que el juzgador en su función emita sus fallos por las razones que el derecho le suministra y no por las que se deriven de su modo personal de pensar o de sentir. En esa tesitura, a pesar de que la parte quejosa refiera que la responsable "refleja la arbitrariedad de su acto" al resolver de manera contraria a los intereses de la trabajadora, lo cierto es que, si de lo actuado dentro del procedimiento la responsable advirtió elementos para sustentar legalmente la resolución que en esta vía se combate, no por el hecho de ser desfavorable a sus intereses significa que sea violatoria de garantías, de ahí lo infundado del argumento expuesto por la parte quejosa. Como se dijo, el Presidente de la junta responsable, luego de efectuar un examen cuidadoso de las opiniones periciales, sin considerar el número de ellas, concluyó que de los dictámenes rendidos por los expertos de la parte actora y tercero en discordia no existe controversia respecto del resultado pericial en materia de grafoscopía, ya que ambos peritos fueron congruentes al establecer que la firma cuestionada no pertenecía al puño del actor; en cambio, si existió discrepancia con el peritaje rendido por el de la parte demandada, sin embargo, determinó darle mayor valor probatorio a este último. Para arribar a la anterior determinación, la responsable consideró que el dictamen ofrecido por el experto de la parte demandada expuso con mayor claridad, detenimiento e ilustración su experticia en relación a que las firmas son coincidentes (cuestionadas e indubitadas), lo que le generó pleno convencimiento de que la firma dubitada sí fue puesta de puño y letra del actor. Lo anterior, se estima acertado puesto que en lenguaje claro, la autoridad laboral explicó el porqué -a su parecer- ameritó mayor valor probatorio el dictamen del perito de la parte demandada; además correctamente expuso porqué no le generó convicción el argumento de la actora hoy quejosa en cuanto a que no fue esa parte quien el treinta y uno de agosto de dos mil quince compareció a darse por pagada y solicitara el archivo del asunto, ya que dio mayor ponderación a la fe del Secretario de acuerdos en cuanto a la constancia de la comparecencia de Enrique Gerardo Velarde así como el cotejo que efectuó de su credencial de elector; en tanto que las pruebas que ofreció el incidentista no fueron suficientes para producir convencimiento y resolver de forma diferente a la que lo hizo. Por cuanto a la manifestación de que la autoridad responsable no fue cuidadosa en términos del artículo 949 de la Ley Federal del Trabajo, numeral que impone la obligación al presidente ejecutor de cerciorarse y vigilar que al trabajador se le entregue en forma personal la suma de dinero a que resultó condenado el patrón, a efecto de evitar que el derecho declarado en el laudo que puso fin a la controversia laboral, quede en un simple enunciado, sino que exista la materialización de dicha condena, a fin de salvaguardar el derecho declarado; sin embargo, dicho argumento deviene inoperante porque la diligencia como tal no es materia de la Litis, puesto que -como se precisó en el considerando segundo- el acto reclamado lo es la resolución de treinta de julio de dos mil diecinueve. Por otra parte, de conformidad con el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, en suplencia de la queja, se estima acertada la forma en que el Presidente ejecutor valoró el dictamen emitido por el perito de la parte patronal, puesto que refirió que expuso mayor claridad, detenimiento e ilustración que son coincidentes las firmas puestas a su consideración, lo cual está corroborado con las constancias que obran agregadas en el sumario de origen, las cuales fueron valoradas con anterioridad; en lo principal con la fe del funcionario que practicó la diligencia que a su vez dio fe y realizó el cotejo de la credencial para votar expedida a nombre del trabajador por el entonces Instituto Federal Electoral y esto no se refutó. En mérito de lo expuesto, al no haber queja que suplir, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada en contra de la interlocutoria de treinta de julio de dos mil diecinueve, dictada por el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en autos del juicio laboral 01/159/08. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ENRIQUE GERARDO VELARDE, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy trece de diciembre de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable complementando su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar el anexo I y II, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe. Jc
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