Enrique Garza Martínez

Expediente 951/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
951/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
29/10/2018

Partes del expediente

  • Enrique Garza Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido en auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora, mediante auto de veintidós de los actuales, se reservó acodar lo conducente respecto a las manifestaciones vertidas por el quejoso en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable y, toda vez que en el párrafo anterior se certificó el plazo otorgado en auto de diecisiete de octubre de este año, este órgano jurisdiccional provee lo conducente. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Enrique Garza Martínez, contra la abstención por parte de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer la actualización del auto de ejecución de once de septiembre de dos mil diecisiete, referente al laudo dictado el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el cual se solicitó mediante escrito de catorce de junio de dos mil dieciocho, a efecto de lograr la ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral 380/2014. Ahora, mediante sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en lo relativo a los efectos del amparo (fojas 50), se determinó lo siguiente: "(.) Dictar un nuevo auto de requerimiento de pago y embargo en el que aperciba a la demandada con la imposición de la multa prevista en el artículo 731, de la Ley Federal del Trabajo, en caso de incumplimiento la haga efectiva y en el nuevo requerimiento, aperciba a la demandada con la presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública. (.)" Determinación que adquirió firmeza mediante auto de veinte de septiembre de este año (foja 55 y 56). En ese sentido, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada del acuerdo de veintiséis de septiembre del mismo año, donde manifestó que en cumplimiento a la sentencia de amparo, pone a disposición del ahora agraviado Enrique Garza Martínez el título de crédito con número 0023890, exhibido por el apoderado y representante legal de la parte demandada, señalándose las diez horas del uno de octubre de dos mil dieciocho, para que compareciera a recogerlo. Además, requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el plazo de tres días informara la forma en que daría cumplimiento total al resolutivo segundo del laudo de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondría una medida disciplinaria dispuesta en el artículo 731, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, esto es una multa de cien veces el salario mínimo general vigente en el Distrito federal, la cual sería impuesta al representante y apoderado legal del citado instituto, dando aviso a su superior jerárquico para la exigencia de cumplimiento de ejecutoria. Asimismo, mediante oficio presentado el dieciséis de octubre de este año (foja 68), la autoridad responsable informó que el diez de octubre de dos mil dieciocho, el actor Enrique Garza Martínez compareció a recoger el título de crédito y se le solicitó para que acudiera a las instalaciones de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Naucalpan de Juárez, para realizar los trámites administrativos para efecto de que los incrementos y mejoras dispuestas en el resolutivo segundo del citado laudo le sean pagados. Con lo anterior, se estima que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, en su oportunidad archívese el presente asunto. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el que solicita se aperciba al titular de la autoridad responsable para que dé cumplimiento al laudo y realice las gestiones necesarias para su cumplimiento total, toda vez que dichas manifestaciones no fueron materia de la protección constitucional otorgada en sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Lo anterior, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben delimitarse en función del acto reclamado y, en consideración, a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, lo cual ha sido plasmado en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, página 732, del registro 2005150, del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Notifíquese y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, informa las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, pues mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se acordó similar promoción (foja 84); no obstante, las copias certificadas ténganse a la vista al momento de realizar el cumplimiento al fallo protector. Por otra parte, resérvese acordar lo conducente respecto al escrito signado por el apoderado de la parte quejosa, a través del cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia concesoria de amparo; lo anterior, hasta en tanto fenezca el plazo otorgado en auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, informa las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, circunstancia de la que se toma conocimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio de cuenta, dese vista al quejoso, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibido que en caso de ser omiso, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que adjuntó al oficio de cuenta por corresponder a diverso expediente laboral. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    iv)Toluca, Estado de México; ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido al quejoso en auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora, el estado procesal de autos evidencia que mediante oficio recibido el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 60), el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada del acuerdo de veintiséis de septiembre de este año, dictado en el expediente laboral J.29/380/2014, en el que señaló las diez horas del uno de octubre de dos mil dieciocho, para que la parte actora recogiera el título de crédito con el que la parte demandada pretende dar cumplimiento al primer resolutivo del laudo de dieciséis de mayo de este año; además, requirió nuevamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que informara el cumplimiento al segundo resolutivo del citado laudo. En consecuencia, a fin de evitar en todo momento el retraso injustificable del juicio de origen, se requiere al Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informe sí la parte actora compareció a recoger el título de crédito de referencia y sí Instituto Mexicano del Seguro Social, dio cumplimiento al segundo resolutivo del laudo de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis y en caso de no ser así, informe la determinación tomada al respecto, para lo cual deberá remitir las constancias que así lo acrediten. En el entendido que en caso de ser omisa al requerimiento anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de la citada ley, se le impondrá una multa de doscientas veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, y de ser el caso, se enviara el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuar con dicho cumplimiento, que puede culminar con la suspensión del cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese.

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