Enrique Garcia Zapata

Expediente 1333/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1333/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
30/01/2017

Partes del expediente

  • Enrique Garcia Zapata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a treinta de enero de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio 565/2017 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, la cual en su punto resolutivo dice: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja interpuesto por Enrique García Zapata, por conducto de su autorizado, contra el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el juicio de amparo indirecto 1333/2016-3." Confírmese la llegada del oficio 565/2017, hágase del conocimiento de la parte actora la circunstancia anterior para los efectos y fines legales procedentes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos, registrándolo bajo el número 213/2016; circunstancia de lo cual queda enterado este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que por sentencia de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, se concedió el amparo al quejoso para los siguientes efectos: "(.) a efecto de que el Juez responsable: 1.- Deje insubsistente la orden de arresto decretada en el acuerdo de ocho de junio de dos mil dieciséis, en contra del quejoso Juan Luís Cano López, dictado en el proceso penal 17/2015, de su índice; y 2.- Si que se le constriña o se le impida, en caso de que determine volver a decretar el arresto como medida de apremio, esta debe colmar los vicios advertidos y cumplir los lineamientos establecidos por este juzgado sobre la fundamentación y motivación." En proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, quien mediante oficio 2885/2016, signado por la Jueza Penal de Primera Instancia por Ministerio de Ley del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, remitió copia certificada de la resolución emitida el catorce de octubre del año en curso, dictada en la causa penal 17/2015, ello con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida por este órgano de control constitucional, con lo cual se dio vista a la parte quejosa quien no realizó manifestación al respecto. Ahora bien, previo a determinar el cumplimiento a la ejecutoria que se analiza, es menester señalar que el artículo 77, de la Ley de Amparo, dispone que: "Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.) En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (.)". En consecuencia, en la especie se estima que se cumplió con el presupuesto jurídico contemplado en el precepto legal reproducido, toda vez que la Jueza Penal de Primera Instancia por Ministerio de Ley del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, en los autos de la causa penal 17/2015, dejó insubsistente la orden de arresto decretada en acuerdo de ocho de junio de dos mil dieciséis, en contra de Juan Luís Cano López. De igual manera, emitió nueva orden de arresto que cumple con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que establece las razones y circunstancias que motivan a decretar dicha medida de apremio. Además, para aplicar esa sanción consideró las particularidades del infractor, esto es, su grado de escolaridad, ya que, siendo defensor particular de un procesado, resulta obvio que comprende las consecuencias de desobedecer las determinaciones judiciales; asimismo, tomó en cuenta el estado procesal de la causa penal, toda vez que se trata de la audiencia final de juicio, por lo que, para evitar más dilaciones procesales el Juez de la causa tuvo que imponer esa infracción para hacer cumplir sus mandamientos. En consideración a lo anterior, el Juez de primera instancia consideró que el número de horas a imponer en el arresto serán veinticuatro, lapso que resulta proporcional al desacato del sancionado, aquí quejoso. Entonces, es de concluirse que la responsable cumplió en sus términos lo solicitado, pues llevó a cabo en su totalidad los efectos de la misma, restituyendo así a la parte quejosa en el goce de sus derechos que se consideraron conculcados en la resolución de mérito; por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria que nos ocupa en términos de lo previsto por los artículos 192 y 214, de la Ley de la Materia. Finalmente, con fundamento en el artículo 202, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días para que manifieste lo que a su interés convenga respecto a la declaratoria de cumplimiento, en el entendido que de no manifestar cuestión alguna al respecto se tendrá por consentida dicha determinación. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los escritos de cuenta; en atención al primero, se tiene al promovente, dando cumplimiento a lo ordenado en autos, al efecto manifiesta que el auto de formal prisión de dos de abril del presente (acto reclamado) le fue notificado personalmente el siete de abril de dos mil dieciséis, y a su defensor el cinco de ese mes y año. En relación con el segundo de los escritos, se tiene al promovente exhibiendo un juego de copias certificadas del expediente , donde refiere que acredita que ha cumplido con sus obligaciones alimentarias; documental la cual se agrega únicamente a los autos, dado el sentido del presente proveído. En atención a lo anterior, se procede a analizar la demanda de amparo signada por el quejoso, la cual promueve contra actos del Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo y otra. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: El auto de formal prisión de dos de abril de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal por el juez responsable, contra el aquí quejoso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violencia familiar e incumplimiento de las obligaciones alimentarias respectivamente. Resolución la cual le fue notificada personalmente el siete de abril de dos mil dieciséis. En primer término, es importante precisar que el dos de abril de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en sus artículos Primero y Segundo Transitorios establece lo siguiente: "PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." "SEGUNDO. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente Ley." En la nueva Ley de Amparo se prevén reglas para la tramitación de dicho medio de control constitucional, diferentes a las que se contenían en el ordenamiento del mismo nombre publicado por primera vez en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, ahora abrogado. Sin embargo, al margen de la fecha en que se hubiese emitido el acto reclamado en el presente asunto, este Juzgador está obligado a aplicar la nueva Ley de Amparo en virtud de que la presentación de la demanda ocurrió bajo la vigencia de esa legislación. Para explicar por qué se considera lo anterior, se toma en cuenta el contenido del artículo Transitorio Tercero del Decreto ya mencionado, que dispone: "TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo." Al respecto, debe precisarse que el citado acto reclamado -auto de formal prisión-, fue emitido con posterioridad a que entró en vigor la actual Ley de Amparo -tres de abril de dos mil trece-, motivo por el cual el plazo para la presentación de la demanda de amparo se rige conforme a lo dispuesto por dicha legislación. Sin que, en su caso, pueda considerarse para tal efecto aplicable la Ley de Amparo abrogada, pues al momento de la emisión del acto reclamado -dos de abril de dos mil dieciséis-, ésta ya había perdido su vigencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio de la ley actual. Es aplicable en lo conducente y a contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 45/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO.". Ahora bien, para efectos de los plazos para promover el juicio de amparo se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Conforme a la transcripción anterior, tenemos que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, por regla general; Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De la transcripción anterior, se advierte que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, mismo que en el presente asunto debe observarse, ya que en el caso particular no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en las fracciones de tal numeral. Lo anterior es así, dado que no se está reclamando una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición, una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, o bien, un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco se está impugnando un acto que implique privación de la vida; incomunicación; deportación; expulsión; proscripción; destierro; desaparición forzada de personas; incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional; o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Y, si bien es cierto que el acto reclamado implica un ataque a la libertad personal, también lo es que éste fue emitido dentro de un procedimiento penal, el cual se encuentra substanciado ante el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, en la causa penal de su índice; de ahí que no se actualice alguna de las hipótesis normativas previstas en las fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, por tanto, en el caso a estudio debe atenderse al plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Por ende, el plazo deberá iniciar a computarse al día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley del acto o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del auto reclamado, de conformidad con los dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora bien, del contenido del escrito que se acuerda se aprecia que el justiciable manifestó bajo protesta de decir verdad, que fue notificado personalmente el siete de abril de dos mil dieciséis, del auto de bien preso, lo cual evidencia que en esa fecha tuvo conocimiento del acto que aquí reclama; manifestación que constituye una confesión expresa en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita de apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2ª./J 50/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." En este orden de ideas, como se advierte de la demanda de amparo, el quejoso ******************** tuvo conocimiento del acto reclamado el siete de abril de dos mil dieciséis; por lo que, a partir del día siguiente hábil comenzó a computarse el plazo de quince días con que contaba para promover el presente juicio de derechos, mismo que a la fecha ha transcurrido en exceso. Luego, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el nueve de noviembre de dos mil dieciséis -según se advierte del sello de recepción respectivo-, es evidente que su presentación fue extemporánea; por lo que, atendiendo a dicha circunstancia, el suscrito advierte que en el presente juicio de derechos se actualiza la causa de improcedencia que hace inejercitable la acción constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley en cita, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.; (.)." En efecto, de conformidad con el artículo transcrito, el juicio de derechos es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra dispone: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS." En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo vigente, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado. Finalmente, se deja a disposición del promovente las copias certificadas que exhibió al presente juicio, por ser un documento de fácil reproducción, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 11, del Acuerdo general Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por ende, hágasele saber que tiene el plazo de tres días para recoger dicho documento, apercibido que en caso de no hacerlo correrá la misma suerte del presente expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido de Secretario NESTOR EDGAR MAGOS MERA, que autoriza y da fe. Doy fe.

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