Enrique García Rosas
Expediente 796/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Enrique García Rosas
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos, y en atención al contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que desechó la demanda de amparo, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Devolución de documento. Finalmente, toda vez que se encuentra glosado diverso documento con firmas autógrafas que anexó la parte quejosa a su ocurso de demanda, se le previene para que lo recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega del mismo, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, el citado documento correrá la misma suerte que este expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Identificación promoventes y registro. Vista la demanda de amparo promovida por .... contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 1,14, 16, 17, 20 y 133 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 796/2022-II-G. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en el que se dispone: .... El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones dictadas por un tribunal judicial, en los casos en los que la ley ordinaria conceda un recurso o medio de defensa, a través del cual el acto reclamado sea susceptible de ser nulificado, revocado o modificado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Así, los recursos ordinarios son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, es posible controvertirlo por medio del juicio de amparo. En la especie, del contenido de la demanda de garantías promovida por la parte quejosa, se advierte que reclama la resolución de cinco de diciembre de dos mil veintidós, dictada por los Magistrados que Integran la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca UG/ASA/-411/2022, que desechó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal RIV/CV/108/2020 del índice del Centro de Justicia Penal Sala Sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde fue sentenciado por el delito de secuestro agravado y como consecuencia la audiencia de ejecución de sentencia condenatoria programada para el dos de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de ejecución RIV-CV/CE-33/2022. Bajo ese orden de ideas, previo a instar el presente juicio constitucional, la parte quejosa debió agotar contra la resolución que reclama, el recurso de revocación previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: .... Del numeral transcrito, se obtiene que procede el recurso de revocación contra el auto que desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia emitida en la causa penal RIV/CV/108/2020. Ello, tomando en consideración que la decisión reclamada constituye un acuerdo de mero trámite, que no resolvió el fondo de la causa penal, no concluyó el procedimiento, ni involucra respuesta a los agravios respectivos. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia emitida por le Primera Sala 1a./J. 85/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página 283, que dice: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. .... En tales condiciones, si el ahora quejoso, no agotó el recurso de revocación de que se trata, trae como consecuencia, que en el caso se actualice la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; máxime que no se está en algún caso de excepción del principio de definitividad. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Lo anterior encuentra apoyo además, en la determinación emitida el nueve de diciembre de dos mil veintidós, dentro del amparo directo 140/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, por el que determinó no aceptar la competencia planteada por este Juzgado, así como en los diversos amparos directos 108/2021 y 136/2022. Domicilio y autorizados. En otro contexto, en virtud de que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario Estatal de esta ciudad, y como lo solicita, notifíquesele personalmente este proveído y las subsecuentes notificaciones de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia en el lugar de su reclusión; asimismo, téngase como sus autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a .... por así haber sido solicitado. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a acordar favorablemente su diversa solicitud, en el sentido de que se realicen las notificaciones correspondientes a través de los correos electrónicos proporcionados, dado que la vía regulada por la Ley de Amparo y la normativa del Consejo de la Judicatura Federal, para la práctica de notificaciones electrónicas es a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual se requiere el nombre de usuario y que de manera expresa se solicite la práctica de éstas, conforme con lo previsto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órgano jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Integración. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico -, se llevara a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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