Enrique García Mercado
Expediente 432/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/04/2019
Partes del expediente
- Enrique García Mercado
Actuaciones
- Principal
Se declara que el proveído de cinco de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, ha causado estado. Haganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de abril de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Por recibido el oficio 1857/2019, signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo directo 229/2019 de su índice, formado con motivo de la demanda presentada por Enrique García Mercado, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, por estimar que carece de competencia legal para conocer de ese juicio. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. En esas condiciones, en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 432/2019-V. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, determinó que, esencialmente, el acto reclamado en esta instancia constitucional es la interlocutoria de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, en la cual declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, planteado en el cuaderno incidental de actuación de daños y perjuicios, En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo... Es importante destacar, por otro lado, que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame (y pruebe), sea en relación con el bien debatido en el juicio, sea con los bienes de que la sentencia disponga o con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así, porque cuando se sigue un juicio sin llamar a la persona que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio, y desde el punto de vista constitucional en razón de que si los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgan a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que ejercitara su derecho de legítima defensa. Consecuentemente, ya sea que se tome en cuenta la ley ordinaria o la norma constitucional, en el derecho positivo mexicano se tutela a la persona extraña, puesto que resiente un perjuicio por la transgresión a derechos legítimamente tutelados. En el caso, no le asiste el carácter de persona extraña al Ayuntamiento quejoso, pues del juicio laboral de origen ********************, se aprecia que fue: La moral quejosa fue debidamente llamada al juicio laboral de origen, (foja 9 del Tomo I, del expediente laboral ******************** del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje), tal es así que el Ayuntamiento quejoso, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, por conducto de su apoderado legal el veintisiete de febrero de dos mil trece (ídem fojas 10 a 14). Por tanto, se considera que la parte quejosa no tiene el carácter de persona extraña en el sumario de origen, ya que fue oída y vencida en él, según las constancias que obran en el referido expediente, puesto que compareció al juicio por conducto de su apoderado legal. De lo antes reseñado, se pone de manifiesto que la impetrante no tiene el carácter de tercero extraño en el juicio de origen, dado que si bien reclama la falta de emplazamiento, al haber comparecido ante dicho juicio, no puede tener el carácter de tercero extraño. Bajo tales consideraciones, dado que el acto reclamado, consistente en la falta de emplazamiento y la ejecución del laudo emitido en el juicio de origen; resulta evidente que al no tener el carácter de tercero extraño, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sentido. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora lo manifestado por el promovente de amparo, en el sentido de ostentarse como tercero extraño a juicio, en razón del cambio de Administración del Municipio que representa, pues quien figura como parte demanda en el juicio de origen es el propio Ayuntamiento como persona jurídico colectiva oficial y no el titular como persona física, quien como quedo asentado en párrafos que preceden, tuvo participación en el procedimiento laboral de origen, a través de quien legalmente la representó en su momento. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo, por concurrir los motivos manifiestos e indudables de improcedencia expresados en párrafos precedentes. INCOMPETENCIA AL COLEGIADO. Por lo expuesto anteriormente y, toda vez que en la demanda de amparo, la parte quejosa también reclama por vicios propios el laudo dictado el catorce de agosto de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo; esta Jueza de Distrito, considera que resulta incompetente para resolver la constitucionalidad del laudo definitivo emitido en el juicio ********************, del índice de la Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Por consiguiente, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 70/2010, una vez que la presente determinación adquiera firmeza procesal, se ordena escindir del presente sumario constitucional, la demanda de amparo presentada por ********************, para remitirla al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno, para que asuma su competencia y resuelva lo que en derecho corresponda; debiendo dejarse en su lugar, copia certificada para debida constancia legal.
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