Enrique Garcia Alonzo

Expediente 1112/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1112/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • Enrique Garcia Alonzo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el dieciocho de agosto del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, del Acuerdo General sin número, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se hace la indicación de que el presente asunto es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista la fracción I, inciso b), del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Resultando PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado al día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció ENRIQUE GARCÍA ALONZO a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuye al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite, la que se registró con el número 1112/2022-III-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa; la cual tuvo lugar conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en: El auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta administrativa 97/2022. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, pues así lo admitió al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las documentales y el disco óptico que remitió a este juzgado, las que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que constituyen documentales públicas, además que respecto a la segunda se trata de una videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTA. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia invocada por las partes ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Análisis de la litis constitucional del auto de vinculación a proceso. Son infundados los conceptos de violación aducidos, razón por la cual deberá negarse al quejoso el amparo y protección de la justicia Federal que solicita. Por cuestión de técnica, previo a dar contestación a los motivos de disenso vertidos por la parte quejosa, es necesario señalar que virtud a la suplencia de la queja prevista por el artículo 79, fracción III, inciso a), es obligación de este órgano federal analizar si el acto tildado de inconstitucional fue emitido en estricto apego a los principios constitucionales y legales que rigen el sistema jurídico mexicano para la emisión de un auto de vinculación a proceso. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. De esa forma, los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, tal y como lo determinó el Juez responsable, previo al dictado de la resolución reclamada, del disco DVD remitido se advierte, que en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, la fiscalía formuló imputación en contra del aquí quejoso (artículo 316, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acto seguido, se otorgó a dicho imputado su derecho a declarar, manifestando su derecho a guardar silencio (artículo 316, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Además, se advierte que el auto de vinculación reclamado contiene los datos personales del imputado (artículo 317, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales) y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa (artículo 317, fracción III, del código adjetivo). Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: En efecto, los datos de prueba relacionados por la Fiscal adscrita al Juzgado de Control, permiten establecer que tal como lo consideró el Juez responsable, se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe también, la probabilidad de que el acusado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que, el auto de vinculación a proceso de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, sea apegado a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental en perjuicio del quejoso. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la fiscalía, permiten establecer que: El veintitrés de mayo de dos mil veinte, aproximadamente a las 09:00 horas, el sujeto activo Enrique García Alonzo y la hoy víctima Kim Ariadna Cortés Román, llegaron a un "rancho", ubicado en la calle veintisiete, sin número, entre veinte, de la localidad de Susulá, comisaría de Mérida, Yucatán, siendo el caso que primero empleó la violencia moral en la agraviada para lograr atemorizarla y posteriormente haciendo uso de la violencia física, ya que con fuerza en sus manos, la condujo hacia un cuarto en donde se encontraba un sillón, le bajó su pantalón y a pesar de que aquella intentó empujarlo y suplicarle que se detenga, aquél la inclinó en el sillón y logró introducir su pene en la vía vaginal de la víctima, eyaculando dentro de ella. Hechos que materializan el delito de violación, previsto y sancionado el artículo 313 del Código Penal del Estado. En efecto, para llegar a esa conclusión, el Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía, y que en el caso concreto resultan: 1. Acta de entrevista de Kim Ariadna Cortés Román, de fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, en la que en esencia expuso las circunstancias de lugar, tiempo y modo en el que el aquí imputado, el veintitrés de mayo de dos mil veinte, aproximadamente a las 09:00 horas, la llevó al rancho de su propiedad y mediante el uso de la violación moral al atemorizarla con diversos cuestionamientos acerca de su familia, tales como que pensara en su hijo, porque sería una lástima si le pasara algo, quién iba a ver por él; y posteriormente, por medio de la violencia física, al ejercer fuerza en cada costado de sus costillas y en sus manos, la condujo a un cuarto donde refirió que sólo había un sillón individual acojinado, una mesa muy pequeña, hojas tiradas, que el piso es de cemento, estaba sucio. Lugar donde refiere la denunciante, le insistió que la dejara, que ella se encontraba muy asustada; sin embargo, le bajó su pantalón, a pesar que intentó empujarlo y defenderse, pero no pudo, ya que él es de complexión gruesa y alto, por lo que al ponerla inclinada le impuso la cópula y eyaculó dentro de ella. 2. Examen Ginecológico, de fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, suscrito por la doctora Diana Carolina Balam Xool, adscrita al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, en la persona de identidad reservada de iniciales K.A.C.R.; en el que concluyó que la víctima presentó datos de penetración vaginal no reciente. 3. Acta de entrevista a Rebeca Idalia Cortés Román, de fecha trece de agosto de dos mil veinte, en la que narró las circunstancias en las que encontró a su hermana la víctima directa, posteriores al hecho delictivo, y el semblante que presentaba, misma quien le narró lo acontecido. 4. Dictamen en materia de psicología forense, de fecha seis de noviembre de dos mil veinte, suscrito por la Maestra en Psicología Rossana Alonso Novelo, dependiente del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, realizado a la víctima directa, en la que concluyó: "PRIMERO: La ciudadana de identidad reservada de iniciales K.A.C.R. presenta nivel de funcionamiento cognitivo normal, orientada en espacio, tiempo y persona. SEGUNDO: Al momento de la evaluación psicológica a la ciudadana de identidad reservada de iniciales K.A.C.R. se encontraron afectaciones psicológicas relacionadas con los hechos denunciados como sintomatología de depresión severa, ansiedad, miedo generalizado, dificultades en las relaciones sociales y pérdida de autoestima." Por lo que recomendó que comenzara, una terapia psicológica, para aminorar las afectaciones psicológicas relacionadas con los hechos denunciados, como sintomatología de depresión severa, ansiedad, medio generalizado, dificultades en las relaciones sociales y pérdida de autoestima. 5. Informe en materia fotográfica, de fecha nueve de junio de dos mil veinte, suscrito por el perito fotógrafo Alonso René Hau Chan, adscrito a la Coordinación de Investigación Criminalística Técnica Operativa, del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual realizó una inspección ocular, así como el informe pormenorizado de los siguientes Indicios: INDICIO UNO: Un panti color rojo mexicano con verde azulado y encaje de color rosa mexicano de la marca ilusión, talla M, el puente se aprecia sucio. INDICIO DOS: Un panti protector manchado. INDICIO TRES: Un pantalón de color negro de marca Bershka, tipo JEGGING, talla 28, Se aprecia manchado en el tiro, con manchas blancas. INDICIO OCHO: Un fragmento de papel sanitario blanco usado. INCIDIO NUEVE: Un fragmento de papel sanitario blanco usado. INDICIO DIEZ: Un panti protector manchado. 6. Dictamen de Rastreo Seminológico, de fecha veintinueve de junio de dos mil veinte, realizado por la Químico Fármaco Bióloga Zayra Gutiérrez Ardts, perito adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, a fin de determinar si se encuentran residuos de semen y/o sus componentes en los indicios 1, 2, 3, 8, 9 y 10, en el cual tras asentar su metodología, objetivo, análisis y demás requisitos de acorde a los protocolos para la emisión de ese tipo de dictámenes, concluyó: PRIMERA: Es positiva la Identificación de semen y/o sus componentes en la mancha tomada del INDICIO 1. SEGUNDA: Es positiva la identificación de plasma seminal en la manchas tomadas de los indicios 2 y 3. TERCERA: Es negativa la identificación de semen y/o sus componentes en las manchas tomadas de los indicios 9 y 10. 7. Dictamen en materia de genética, de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, elaborado por la Químico Fármaco Bióloga Stefany Fabiola León Acosta, perito en genética de la Fiscalía General del Estado, a fin de obtener perfiles genéticos de los indicios 1, 2 y 3; en el cual tras asentar su metodología, objetivo, análisis y demás requisitos de acorde a los protocolos para la emisión de ese tipo de dictámenes, concluyó: Que se obtuvieron perfiles genéticos de las muestras. 8. Informe, de fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, realizado por el perito fotógrafo Rodrigo Centurión Cardeña, de la Coordinación Criminalista Técnica Operativa, de la Fiscalía General del Estado, en el cual refiere que se trasladó al laboratorio de genética del Instituto de Ciencias Forenses, a fin de realizar la documentación fotográfica de procesamiento de los indicios 1, 2 y 3; misma diligencia en la que realizó la fijación fotográfica de una toma de muestra biológica y complementó con las cuarenta impresiones fotográficas con motivo de la citada diligencia de inspección. 9. Informe de Documentación Fotográfica, de fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, realizado por la perito Abril Guadalupe Sánchez Corea, de Área Criminalística Técnica Operativa del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, en la sala de audiencias número 5 cinco, ubicada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, Yucatán, relativo a una toma de muestra sanguínea del aquí imputado, realizado por la perito en Genética Forense, realizando dicha fijación fotográfica, en la cual fijó veinte fotografías. 10. Dictamen en Materia de Genética Forense, de fecha uno de febrero de dos mil veintidós, realizado por la Químico Fármaco Bióloga Stefany Fabiola León Acosta, perito en Genética del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, quien realizó la confronta genética del perfil genético obtenida de la toma de muestra recabada al hoy imputado, con los INDICIOS 1, 2 y 3; en el cual tras asentar su metodología, objetivo, análisis y demás requisitos de acorde a los protocolos para la emisión de ese tipo de dictámenes, concluyó: PRIMERA: Se obtuvo un perfil genético masculino de la muestra de sangre recabada al Enrique García Alonzo. SEGUNDA: al analizar los resultados ingresados en la base de datos, se observan alelos consistentes con los revelados en el perfil genético de ENRIQUE GARCÍA ALONZO. Al realizar la evaluación estadística: INDICIO 1 panti color rosa (mancha de color café localizada en zona superior del puente de la prenda) es 1.1 x10°15 veces más probable que el ciudadano antes mencionado sea la fuente de éstas características genéticas y no otro individuo seleccionado al azar de la población de referencia. INDICIO 1 panti color rosa (zona media del puente de la prenda) es 1.2 x10°15 veces más probable que el ciudadano antes mencionado sea la fuente de éstas características genéticas y no otro individuo seleccionado al azar de la población de referencia. INDICIO 2 panti protector es 1.8 x10°22 veces más probable que el ciudadano antes mencionado sea la fuente de éstas características genéticas y no otro individuo seleccionado al azar de la población de referencia. INDICIO 3 pantalón de color negro (tiro interno frontal) es 1.1 x10°9 veces más probable que el ciudadano antes mencionado sea la fuente de éstas características genéticas y no otro individuo seleccionado al azar de la población de referencia TERCERA: El perfil genético obtenido se ingresó a la Base de Datos con asignada para futuras confrontas. 11. Informes del lugar de los hechos (inspección del lugar), el primero realizado por el perito fotógrafo Neftalí Vázquez Lara, adscrito al departamento Criminalística técnica operativa del Instituto de Ciencias Forenses, de la Fiscalía General del Estado, en fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, quien acudió al lugar siendo la calle veintisiete, sin número, entre veinte, de la localidad de Susulá, comisaría de Mérida, Yucatán, de la cual se advirtió su delimitación, la nomenclatura de las calles y demás características del predio; diligencia que se complementó con dos impresiones fotográficas con motivo de la citada diligencia de inspección. Y el segundo realizado por el perito Rolando Romero Castro, del Área de Criminalística Técnica Operativa del Instituto de Ciencias Forenses, de la Fiscalía General del Estado, en fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, quien acudió al lugar en compañía del Fiscal Investigador, el asesor jurídico particular y la víctima, quien le señala un predio que describe en su informe; misma diligencia que se complementó con ocho impresiones fotográficas. 12. Dos Oficios, ambos de fecha veinte de junio de dos mil veinte, suscritos por el Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por los que remite un sobre tipo manila que contiene un CD-R marca Sony de 700 MB, con las videograbaciones de los trayectos de la camioneta color negro, tipo RAM 1500 Limited Black, modelo 2020 o 2021, con placas de circulación YR-6811-C, del Estado de Yucatán, circulando desde el negocio denominado "Esto es Otro Rollo", ubicado en la calle 59-13 cincuenta y nueve, letra "b", número 357-B trescientos cincuenta y siete, bodega 11 once por 130 ciento treinta y 130-B ciento treinta, letra "b", de la colonia Yucalpetén, interior de la central de abastos hasta su rancho "Otro Rollo", el cual se ubica en Susulá, aproximadamente a 500 quinientos metros de un letrero "Servilimpia" pasado por calles Nora Quintana hasta salir por periférico, entrar por desviación para Susulá y las cámaras de regreso a la casa de la víctima, casa ubicada en la calle 76 setenta y seis, número 527 quinientos veintisiete, por 11 once letra A-1, Residencial Pensiones, sexta etapa, de esta ciudad; siendo que ingresan a la ciudad por Avenida Canek, doblando sobre Avenida Mérida 2000, rumbo a la casa de la víctima hasta la esquina de las calles 11-A-i, en la esquina del Centro Escolar Rochavy. Ahora bien, los datos de prueba relatados por la fiscal, entendidos como la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, de conformidad con el ordinal 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez responsable correctamente los consideró idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo (violación) y la probable participación del acusado, a los cuales les asignó de manera libre y lógica el valor correspondiente, lo cual adecuadamente justificó, explicando el porqué de su valoración, en términos del artículo 265 de la codificación nacional en cita. En efecto, con éstos se acredita el hecho que la ley señala como ilícito, esto es, el delito de violación, pues en el caso particular se genera la convicción de que probablemente el aquí quejoso, lo haya cometido, ya que se genera la convicción de que aproximadamente a las nueve horas del veintitrés de mayo de dos mil veinte, una persona del sexo masculino y la aquí quejosa, se encontraban en un rancho propiedad del imputado, lugar donde éste mediante la violencia moral, ya que le hizo comentarios acerca de su familia que lograron atemorizarla, y posteriormente por medio del uso de la violencia física, la condujo a un cuarto en el que le impuso la cópula, a pesar de que aquélla lo empujaba y le refería que se detuviera. Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por el Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del acusado, aquí quejoso. Sin que la defensa lograra desvirtuarlas con los argumentos que expuso y los datos de prueba que presentó. Por otra parte, no debe perderse de vista, que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el acusado lo cometió, tal y como sucede en la especie, ya que el estándar probatorio es mucho menor que para el dictado de un auto de formal prisión, pues recuérdese que sólo se necesita "la probabilidad" de que el investigado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, el Juez responsable acertadamente estableció el grado de razonabilidad, para concluir que sí se justifican el hecho ilícito y la probabilidad de que el acusado lo cometió, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar el delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), también la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), realizada por la autoridad responsable, lo cual es acorde con los datos de prueba relacionados por la fiscalía, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por el Juez de referencia. En ese sentido, el Juzgador responsable estableció las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de la conducta que se atribuye al acusado, destacando lo expuesto por el órgano acusador y los datos de prueba que relacionó, entre los que destacó la denuncia de la víctima directa; con el acta de entrevista a Rebeca Idalia Cortés Román; examen ginecológico practicado en la víctima; dictamen en materia de psicología realizado en la denunciante; Informe en materia fotográfica, de fecha nueve de junio de dos mil veinte, suscrito por el perito fotógrafo Alonso René Hau Chan, adscrito a la Coordinación de Investigación Criminalística Técnica Operativa, del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado; Informe, de fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, realizado por el perito fotógrafo Rodrigo Centurión Cardeña, de la Coordinación Criminalista Técnica Operativa, de la Fiscalía General del Estado; Informe de Documentación Fotográfica, de fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, realizado por la perito Abril Guadalupe Sánchez Corea, de Área Criminalística Técnica Operativa del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado; Dictamen de Rastreo Seminológico, de fecha veintinueve de junio de dos mil veinte, realizado por la Químico Fármaco Bióloga Zayra Gutiérrez Ardts, perito adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado; Dictámenes en materia de genética y genética forense, de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno y uno de febrero de dos mil veintidós, elaborados por la Químico Fármaco Bióloga Stefany Fabiola León Acosta, perito en genética de la Fiscalía General del Estado; Informes del lugar de los hechos (inspección del lugar), realizados por los peritos Neftalí Vázquez Lara y Rolando Romero Castro, adscritos al departamento Criminalística técnica operativa del Instituto de Ciencias Forenses, de la Fiscalía General del Estado; y Dos Oficios de fecha veinte de junio de dos mil veinte, suscritos por el Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. En efecto, en el caso existen indicios suficientes para determinar la probabilidad de que el aquí quejoso fue quien cometió y participó en la conducta ilícita en estudio, y como consecuencia, para dictar una resolución de vinculación a proceso, pues de acuerdo a la mecánica de los hechos conformada por los testimonios, informes y dictámenes rendidos, por ahora, no hay un dato adverso o duda en cuanto a que fue otra persona quien las ejecutó, ni que el sujeto activo no se encontraba en el lugar de los hechos. Datos de prueba que permiten concordar con lo resuelto por la responsable, en el sentido de que resultan suficientes hasta este momento, para establecer que el aquí quejoso probablemente participó en la ejecución de tales hechos con apariencia de delito. A ello, se suma que no existe referencia o dato de prueba alguno que permita arribar a conclusión distinta. Considerándose así, que tal extremo (la probabilidad de que el investigado lo cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito), no es otra cosa más que la revelación de la posible identidad del autor del hecho que la ley señala como delito, bajo las formas de autoría o participación indicadas en el Código Penal. En tal virtud, al valorar los propios datos y antecedentes el juez del conocimiento se ajustó a los lineamientos legales que para ello prevén los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable; advirtiéndose que tal valoración en forma alguna transgredió el derecho fundamental de la parte quejosa a una defensa adecuada al valorar los datos de prueba. Así, se observa que las razones que expuso el juez responsable resultan acordes y congruentes con la imputación y el relato de los datos de prueba que expuso la fiscalía, por lo cual dicha autoridad estableció de manera acertada el grado de razonabilidad, para concluir que se justificó el hecho ilícito y la probabilidad de que el investigado lo haya cometido o hubiere participado en el mismo, sin transgredir derecho fundamental alguno del quejoso. Por lo anterior, este órgano de control constitucional coincide con la responsable en que existen datos de prueba, suficientes e idóneos, para tener por acreditado hasta este momento procesal, el aludido hecho con apariencia del delito de violación. Apoya lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, localizable en la página mil quinientos veintidós, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2002373, que reza: "PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRÍTICA Y MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 592 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la interpretación del citado numeral se advierte que los medios de prueba en el juicio oral penal, el cual es de corte acusatorio adversarial, deberán ser valorados conforme a la sana crítica, sin contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, y dispone, además, que la motivación de esa valoración deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a las que se arribe en la sentencia. Ahora bien, la sana crítica implica un sistema de valoración de pruebas libre, pues el juzgador no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a aquéllas; es el conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación de éstas, y una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales influyen de igual forma en la autoridad como fundamento de la razón, en función al conocimiento de las cosas, dado por la ciencia o por la experiencia, en donde el conocimiento científico implica el saber sistematizado, producto de un proceso de comprobación, y que por regla general es aportado en juicio por expertos en un sector específico del conocimiento; mientras que las máximas de la experiencia son normas de conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un momento determinados. Así, cuando se asume un juicio sobre un hecho específico con base en la sana crítica, es necesario establecer el conocimiento general que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva a una específica calificación popular, lo que debe ser plasmado motivadamente en una resolución judicial, por ser precisamente eso lo que viene a justificar objetivamente la conclusión a la que se arribó, evitándose con ello la subjetividad y arbitrariedad en las decisiones jurisdiccionales." Así como la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página dos mil cuatrocientos noventa y seis, Libro 59, octubre de dos mil dieciocho, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2018214, de rubro y texto: "SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. Conforme al sistema previsto en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el Juez tiene cierto arbitrio para asignar valor a las pruebas, salvo el caso en que la ley señale a cualquiera de éstas uno determinado, pero ello debe sujetarse a ciertas reglas, esto es, aquél debe decidir con arreglo a la sana crítica, sin concluir arbitrariamente, por lo que debe atender a las reglas de la lógica y de la experiencia, entendiéndose a la lógica, como una disciplina del saber o ciencia que tiene reglas y principios que son parte de la cultura general de la humanidad, y a la experiencia, como un conocimiento mínimo que atañe tanto al individuo como al grupo social, que acumula conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las actividades genéricas del ser humano, mediante la observación de los fenómenos sociales, culturales, políticos y de la naturaleza. Así, lo trascendente del sistema de libre valoración de la prueba y del razonamiento práctico, es que el juzgador señale en qué reglas de la lógica y en qué máximas de la experiencia, basó su estudió para así justificar el resultado de la ponderación alcanzado." Apoya también lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, registro 2014800, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señala como conceptos de violación: Que se vulnera en su perjuicio el principio de equilibrio procesal previsto en el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el juez del conocimiento no atendió todas las argumentaciones vertidas por el defensor del aquí quejoso en la audiencia de vinculación a proceso. Al respecto, es infundada dicha inconformidad, pues no obstante que el promovente no precisa la parte relativa que omitió pronunciarse el juez responsable, de la revisión del registro de audio y videograbación de la audiencia de vinculación a proceso llevada a cabo el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se advierte que el juez del conocimiento se pronunció respecto todas y cada una de las manifestaciones vertidas por la defensa. Por otra parte, alega la parte quejosa que la autoridad judicial responsable realizó una indebida valoración de los datos de prueba vertidos y ofertados por la defensa, relativos a los informes periciales rendidos por el psicólogo Tomas Arturo Dzul Peniche, quien refirió la falta de validez y fiabilidad del dictamen realizado por la psicóloga Rossana Alonso Novelo, perito en psicología adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado; así como el dictamen realizado por Miguel Ángel Alcocer Selem, médico cirujano y especialista en ginecología y obstetricia, en relación a un estudio en materia de ginecología y mecánica de lesiones ginecológicas. Dicho argumento deviene infundado, en la medida en que el juez de control refirió que dichas opiniones no se equiparan a los dictámenes periciales, sino se trata de contrainformes ofrecidos por la defensa en la carpeta de investigación, los cuales no tenían el alcance de desvirtuar los vertidos por los especialistas del Ministerio Público, al tratarse de sólo opiniones profesionales vertidas a partir del análisis de los dictámenes realizados, pero los cuales nunca se conformaron a partir de un estudio realizado en la víctima. Asimismo, el promovente expone que no existen pruebas suficientes para vincular al quejoso, pues se evidencia la falta de valoración por parte del juzgador responsable, en cuanto a los indicios de las muestras del líquido seminal del imputado en la ropa de la víctima, ya que en los exámenes ginecológicos no obran rastros en el interior del órgano reproductor femenino, ni existe certeza de que la víctima el día de los hechos, estaba utilizando dichas ropas de las cuales se obtuvo esas muestras; ni hay dato de prueba que pueda establecer la existencia de una penetración en la temporalidad que establece la víctima. Además, alegó que respecto a la violencia moral, únicamente fue señalado por la víctima en su denuncia, pero no se encuentra concatenado con otro dato de prueba, por lo que no puede sustentarse con el dictamen de psicología, ya que como sostiene el perito Tomas Arturo Dzul Peniche, los instrumentos psicológicos empleados no tienen un contexto forense, por lo tanto lo conducente era establecer una no vinculación a proceso. Finalmente, señaló que es viable una reclasificación del delito de violación a hostigamiento sexual o en su caso abuso, pues la existencia de muestras de ADN en líquido seminal del imputado, no implica sostener una relación sexual; máxime cuando el estudio ginecológico no lo señala, por lo cual considera que para establecer el delito de violación debe darse la introducción de un miembro viril, lo cual no acontece en el presente caso. Al respecto, son infundados los motivos de inconformidad alegados. Ello en atención, a que como correctamente lo estableció el juez de control al dictar el auto de vinculación a proceso, se tiene que con los datos recabados por la agente del Ministerio Público, son aptos, idóneos y conducentes, de ahí que tales datos de prueba son suficientes para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió. En efecto, respecto a lo controvertido por la parte quejosa, en cuanto a que del dictamen médico en materia de ginecología, no se desprende que la víctima haya sido penetrada, pues su resultado arrojó que presentó penetración vaginal no reciente; que faltó valorar al juez, los indicios de las muestras del líquido seminal del imputado en la ropa de la víctima, ya que en los exámenes ginecológicos no obran rastros en el interior del órgano reproductor femenino, ni existe certeza de que la víctima el día de los hechos, estaba utilizando dichas ropas de las cuales se obtuvo esas muestras. Cabe señalar que, contrario a lo expuesto, como acertadamente lo señaló el Juez responsable, con independencia de que el perito concluyó que la víctima presentó penetración vaginal no reciente, no significa que no se haya dado dicha penetración, sino únicamente que no era reciente; lo cual pudo deberse, de acuerdo a la mecánica de los hechos que dicho examen se realizó a los dos días posteriores del hecho delictivo denunciado. Aunado a que con los restantes dictámenes en materia genéticia, genética forense y el dictamen de rastreo seminológico, advirtió que existen indicios que robustecen la denuncia de la víctima, ya que de la confronta del perfil genético obtenido de la toma de muestra recabada al imputado, con los indicios recabados (panteleta color rosa, panti-protector-pantalón negro) se obtuvo un perfil genético masculino de la muestra de sangre recabada al imputado y al analizar los resultados ingresados en la base de datos, se observaron alelos consistentes con los revelados en el perfil genético del propio imputado; refiriendo una probabilidad más alta de que él sea la fuente de éstas características genéticas y no otro individuo seleccionado al azar de la población de referencia; pues de otra manera, tampoco existía una explicación de cómo habían llegado esos residuos seminales en las prendas de la víctima. Por otro lado, fue correcto que el juez responsable determinara que se ejerció tanto la violencia moral como la física sobre la víctima, tomando en cuenta la exposición de los hechos tan acuciosa que hizo ésta en su denuncia, ya que en un primer momento con las manifestaciones que el imputado le dijo a aquélla en cuanto a su hijo menor y su familia, lo que evidentemente fue con la finalidad de ejercer violencia moral y atemorizarla, y posteriormente, con el uso de la fuerza que ejerció sobre ella, al ser más fuerte y alto, la condujo hasta la habitación donde le impuso la cópula. Medio de investigación que valorado de conformidad con lo que establecen los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que quedaron señaladas como lo asentó la propia víctima, puesto que fue la persona que directamente padeció la imposición de la cópula, por ello es que se puede establecer que ocurrió ese hecho que la ley señala como delito violación previsto y sancionado por el artículo 313 del Código Penal del Estado. Asimismo, el juez precisó que los hechos son de aquellos en los que los activos procuran una oculta realización por lo que es extraordinario la existencia de testigos presenciales, de igual forma destacó que si bien es cierto que la hermana de la víctima no es un testigo presencial de los hechos, sin embargo, sus manifestaciones hacen referencia a los hechos inmediatamente posteriores a los hechos imputados al quejoso. En la inteligencia que el momento para evidenciar todas y cada una de las irregularidades de los datos de prueba expuestos por la defensa del quejoso, será en la etapa del juicio, ya que ahí es donde se perfeccionan o desvirtúan los datos de prueba y se emite la decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Una vez establecidos y concatenados los anteriores datos de prueba, tal y como lo realizó la autoridad responsable, debe decirse que los mismos resultan aptos, suficientes, idóneos y conducentes para acreditar el hecho imputado en contra del sujeto activo. Consecuentemente, el juez estableció de manera adecuada con los datos expuestos por las partes, el hecho que la ley describe como violación, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió. Esto es, dichos datos de prueba comprobaron que el quejoso probablemente participó en hechos considerados como el delito de violación, dado que la víctima identificó al aquí quejoso, así como diversos datos de prueba, estableciendo que para el delito que se investiga resulta suficiente el señalamiento de la víctima, por lo que en esa medida dictó auto de vinculación a proceso. Aquí resulta oportuno recordar que el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aun no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Datos de prueba que sólo serán útiles para evidenciar una verdad provisional, susceptible de ser desvirtuada o modificada durante el proceso penal, esto es, elementos que permitan evidenciar en grado de aproximación y no pleno, la existencia de un hecho delictuoso y la participación del imputado en su comisión, sobre todo porque la plenitud probatoria exclusivamente atiende a casos de sentencia. También debe recordarse que si bien el principio de presunción de inocencia está consagrado en nuestra Carta Magna, su sola invocación no evidencia su transgresión, pues en esos casos, el imputado aquí quejoso no logra desvirtuar la eficacia de los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación con los que el juzgador tuvo por acreditada la comisión de un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que aquél lo cometió; lo que en la especie no aconteció, por lo que existen suficientes datos de prueba que imputan al ahora quejoso, mismos que dotan de legalidad a la determinación reclamada, contrario a lo estimado por el quejoso. En efecto, la presunción de inocencia no significa que todo acto de autoridad que afecte los intereses del imputado, como su libertad, trastoque dicho principio, en tanto que, el citado principio lo que supone es la condicionante de que la afectación de la libertad de una persona, en cada caso, sea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y en general a la persecución de los delitos. Con lo anterior, resulta debidamente fundado y motivado el acto de autoridad reclamado, pues en el caso que nos ocupa y de acuerdo con el artículo 19 constitucional, para ello únicamente resulta necesario la acreditación del hecho delictivo. Así pues, devienen infundadas las manifestaciones que a manera de conceptos de violación hizo valer el quejoso las cuales fueron sintetizadas anteriormente en el sentido de que no existen pruebas suficientes para vincular al quejoso, pues como se vio en el caso si existen diversas pruebas que vinculan al aquí quejoso respecto de los hechos que se le imputan. En esas condiciones, hasta el momento en que se dictó el auto de vinculación a proceso, no existió violación alguna a las formalidades del procedimiento, ya que el juez responsable respetó en todo momento el derecho fundamental de debido proceso legal que todo gobernado tiene, ello con la finalidad de ser oído públicamente, con justicia por un tribunal previamente establecido y con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos, garantizando su adecuada defensa tal como lo prevé el citado artículo 14 constitucional. En ese sentido, si las disposiciones normativas señaladas refieren qué se entiende por delito de violación, basta con que se encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable para estimar que no se realizó por analogía o por mayoría de razón, puesto que la hipótesis normativa se encuentra satisfecha con lo expuesto por el fiscal estatal y los datos de prueba que aportó. Sustenta lo anterior, por analogía en su razonamiento, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, visible a página 360, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por todo lo anterior, la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por los numerales 16 y 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso ENRIQUE GARCÍA ALONZO; de ahí que lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTA. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ENRIQUE GARCÍA ALONZO, en contra del acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos señalados en la consideración sexta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octava de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando novena de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.

  3. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó vía electrónica al quejoso y por lista de estrados a las terceras interesadas ***, **y **, ambas de apellido ***, el dos de junio en curso, sin que a la fecha hubiesen realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con dicha determinación el quejoso José Luis Espinosa Fernández, interpuso recurso de revisión. Posteriormente, mediante ejecutoria de veintiuno de abril de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto siguiente: "... que la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán: 1. Deje insubsistente la sentencia de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, dictada dentro del toca de apelación ***. 2. Previo a dictar sentencia, y con base a los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria, deberá fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia que establece el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3) Abierta la audiencia y llevada a cabo en términos legales, con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, deberá emitir la sentencia de segundo grado que corresponda, en la propia audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a su celebración, para lo cual deberá citar a las partes, en términos de lo previsto en el artículo 477 del citado código adjetivo de la materia. 4. Hecho lo anterior, también en audiencia pública deberá explicar la sentencia respectiva, de manera oral con la exposición de los fundamentos y motivaciones que sustenten el sentido de la determinación adoptada." El nueve de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la responsable, remitió copia certificada del acuerdo de dieciséis de mayo del año actual, del que se aprecia que dejó insubsistente la resolución reclamada y ordenó turnar los autos para la formulación del proyecto de la nueva resolución correspondiente. Posteriormente, remitió copia certificada de la sentencia dictada el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en la que, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la ejecutoria, confirmó el auto de vinculación a proceso de catorce de agosto de dos mil veinte. Determinación que se hizo del conocimiento del aquí quejoso en esa propia fecha, al encontrarse conectado en la audiencia virtual. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la citada autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De ahí que se considere destruido el acto que se le atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se acuerda: toda vez que se advierte que hasta la presente data no obran en autos los acuses postales de los oficios 15286/2022 y 15287/2022, ambos de siete de abril de dos mil veintidós, dirigidos respectivamente, al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, y actuario de su adscripción, ambas con sede en Umán, Yucatán, por los cuales se les notifica la sentencia definitiva dictada en el presente asunto. En consecuencia, prevéngase a la Encargada de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio relativo a este proveído, al cual se adjunta copia de la relación de depósito de las mencionadas piezas postales, devuelva a este Juzgado los acuses postales de las misivas de mérito. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,922.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Notifíquese y cúmplase.

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