Enrique Gabriel Mota Castro
Expediente 1282/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1282/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Enrique Gabriel Mota Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho negar el amparo y la protección de la justicia de la unión; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal, de acuerdo a su particularidad es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Se notifica por lista a la tercero interesada Cecilia Amparo González Astorga. ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su apoderado legal Enrique Gabriel Mota Castro, contra el acto reclamado de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por los razonamientos estimados en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
se notifica por lista al quejoso los resolutivos: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su apoderado legal Enrique Gabriel Mota Castro, contra el acto reclamado de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por los razonamientos estimados en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso. Se agrega a sus antecedentes para los efectos legales correspondientes el oficio 615-A/2018, signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por dicho tribunal, dentro de los autos del amparo en revisión penal 353/2018, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto dentro de los presentes autos, en contra de la sentencia dictada el once de enero de dos mil dieciocho; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, el tribunal de alzada, resolvió lo siguiente: PRIMERO. SE CONFIRMA la sentencia emitida el once de enero de dos mil dieciocho, por la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en la ciudad de Satillo, Coahuila de Zaragoza, en auxilio de la Juez Primero de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 614/2017. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Leonardo Mauricio Romo Ayala respecto de los actos reclamados a la Juez Quinto de Control y Enjuiciamiento del Segundo, Tercer y Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado de Durango, con residencia en Gómez Palacio, precisados en el considerando segundo de la sentencia sujeta a revisión. Acúsese recibo de estilo; agréguense las constancias que en original constan en el cuaderno de antecedentes que derivó de este asunto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, con base en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, dado que en la incidencia que derivó del presente asunto, se negó la suspensión provisional y definitiva, el cuadernillo original resulta susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos los cinco años de haberse dictado la sentencia.
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