Enrique Gabriel Buenrostro Ahued
Expediente 276/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 05/08/2019
Partes del expediente
- Enrique Gabriel Buenrostro Ahued
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO ESTADO... ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS... EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
AVISO. MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO, QUE EN SINTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, once de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio número 6341/2019 suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al cual anexa el testimonio de la resolución dictada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en el toca de queja 127/2019 del índice del tribunal oficiante. Acúsese recibo de estilo correspondiente. El punto resolutivo de la citada ejecutoria es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." En cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria referida en líneas precedentes; se provee lo siguiente: I. Radicación de demanda, autoridades responsables y creación de expediente. Vista la demanda de amparo que promueve Enrique Gabriel Buenrostro Ahued, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, calidad se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con copia certificada de la constancia de mayoría de votos de la elección de munícipes para la integración del Ayuntamiento Constitucional de Tala, Jalisco, de diez de julio del dos mil dieciocho, expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, contra actos que reclama de las autoridades que denominó: 1. Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. 2. Congreso del Estado de Jalisco. Por considerarlos violatorio de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se procede a examinar la aludida demanda, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto reproducido, se aprecia que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la ley de la materia, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Actos sobre los cuales, este órgano de control constitucional, advierte que se actualiza de manera notoria e indubitable la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO: 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." (lo subrayado es de este tribunal federal) Como puede apreciarse, la hipótesis normativa que antecede prevé que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclaman leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre que éste haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales alegadas sean diversas, debe tenerse presente que la litispendencia tiene como fin evitar que se emitan sentencias contradictorias y que se inutilice la cosa juzgada que pudiera establecerse sobre la misma controversia, lo que denota que la litispendencia guarda relación con la acumulación, atento a que ambas suponen la concurrencia de una figura jurídica, que es la conexidad, que se genera cuando un juicio comparte con otro la misma causa o relación jurídica sustantiva (conexidad subjetiva o conexidad en la causa), o bien, porque en ambos intervienen las mismas partes (conexidad objetiva o de partes); en los dos casos, la consecuencia es la acumulación de los juicios, pues ante dos procedimientos en los que la materia a debate resulta ser la misma, sólo la resolución conjunta de ellos evitará sentencias contrarias respecto de la misma cosa litigiosa, en tanto que en el caso de la conexidad objetiva, únicamente la tramitación conjunta de los juicios hará prevalecer la unidad del litigio propiamente dicho y la continencia de la causa; en cambio, cuando la conexidad de los litigios es plena y no sólo respecto de la causa del litigio, sino también respecto de las partes en él la acumulación siempre tendrá por consecuencia que se ordene la culminación de tantos juicios como sea necesario para que sólo subsista uno de ellos. Sentada la anterior premisa de estudio, se procede al análisis de la causal en comento por lo que, atento a la certificación de cuenta, se tiene a la vista el juicio de amparo indirecto número 277/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que se invoca como un hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente según lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a glosar al presente asunto fotocopias certificadas de las actuaciones relativas al juicio de amparo 277/2019 del registro de este juzgado de Distrito, toda vez que al invocarse éste de oficio como hecho notorio, se tuvo a la vista al momento de pronunciar el presente auto, ello en estricto cumplimiento a la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. No. de Registro: 172215 del rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Del expediente de mérito se advierte que mediante escrito presentado como demanda de amparo indirecto, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, el siete de febrero de dos mil diecinueve, Enrique Gabriel Buenrostro Ahued, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, solicitó el amparo y protección de la Justicia federal, contra actos de las autoridades que denominó como: 1. Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. 2. Congreso del Estado de Jalisco. Al que esencialmente le reclama el acuerdo de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, emitido dentro del expediente laboral 673/2005-B1 del índice del tribunal responsable, en el que con fundamento en el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ordenó imponer al promovente, una suspensión por quince días sin goce de sueldo como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tala, Jalisco. También se aprecia que la parte quejosa estimó vulneradas en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 115 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos; que por razón de turno, correspondió a este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el conocimiento de la citada demanda, la que se recibió el ocho de febrero de dos mil diecinueve, misma fecha que se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 277/2019 y admitió a trámite el veinte de junio de dos mil diecinueve. Por otro lado, en el presente juicio constitucional se aprecia que por escrito presentado como demanda de amparo indirecto, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, el siete de febrero del actual, Enrique Gabriel Buenrostro Ahued, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, solicitó el amparo y protección de la Justicia federal, contra actos de las autoridades que denominó como: 1. Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. 2. Congreso del Estado de Jalisco. A quienes esencialmente les reclama el acuerdo de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, emitido dentro del expediente laboral 673/2005-B1 del índice del tribunal responsable, en el que con fundamento en el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ordenó imponer al promovente, una suspensión por quince días sin goce de sueldo como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tala, Jalisco. Ello por considerar vulneradas en perjuicio de las garantías individuales de su representada consagradas en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 115 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Así, se tiene que existe identidad de la parte quejosa, actos reclamados y autoridades responsables, entre el presente asunto y el diverso 277/2019 del propio índice, además, dicho juicio fue admitido a trámite el veinte de junio pasado y se encuentra pendiente la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se fijó para el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos. En ese contexto, se colige que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de mérito, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, antes transcrito. Así pues, al actualizarse el citado motivo indudable y manifiesto de improcedencia, y con el objeto de evitar que se emitan sentencias contradictorias y que se inutilice la cosa juzgada que pudiera establecerse sobre la misma controversia, con apoyo en el numeral 113 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, se desecha de plano la presente demanda en atención a los fundamentos y razonamientos expuestos en el cuerpo de este acuerdo. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada, estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, ya que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo. En acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve, se proveyó respecto el domicilio procesal y los autorizados. En un diverso orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de, así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Para ello, deberá registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/jucioenlinea/juicioenlinea. Hecho lo anterior, deberá presentar vía oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el acuse de recibo de la inscripción de la solicitud de consulta y una vez que se acuerde favorablemente, estará listo para consultarlo en el portal de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la consulta del expediente por vía electrónica, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. Asimismo, se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de medios electrónicos, tales como cámaras fotográficas, escáner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la copia solicitada. Asimismo, dígasele al solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Los datos personales que obren en las constancias que forman parte del juicio de amparo en que se actúa, serán protegidos en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con las excepciones que la propia ley en la materia refiere. Hágase del conocimiento de las partes que el servicio de justicia que proporciona este órgano jurisdiccional es gratuito, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Alondra Betania Loza Aguilar, quien certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. Doy fe.
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