Enrique Flores Ortega
Expediente 74/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Enrique Flores Ortega
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 74/2022-Vll, del índice de este órgano jurisdiccional, así como copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 35/2022, de su índice, que en su único punto resolutivo establece lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente; asimismo, se ordena destruir las copias con las que se integró el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso interpuesto, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Se ordena archivo. Ahora bien, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Atento a lo anterior, se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, uno de marzo de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Enrique Flores Ortega, en contra del auto de veinte de enero de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado de Distrito, siendo registrado con el número 35/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de febrero de dos mil veintidós. Recurso de queja. Agréguese el escrito signado por el quejoso Enrique Flores Ortega; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veinte de enero de dos mil veintidós, a través del cual se desechó su demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en Turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el auto de desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la parte promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinte de enero de dos mil veintidós. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve Enrique Flores Ortega por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 74/2022-6 Acto reclamado. Ahora bien, Enrique Flores Ortega, promueve demanda de amparo contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala y otra autoridad, de quienes reclama: Se desecha demanda de amparo Establecido lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Actos competencia de autoridades en materia electoral. Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto, respecto a los actos reclamados, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de la materia, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral." Del numeral transcrito se desprende que la improcedencia del juicio de amparo no se surte por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución; es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la noción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales o bien, a los medios de impugnación de conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior, las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aunque no versen estrictamente sobre materia electoral, ya que, en este caso, la improcedencia deriva del artículo 99 Constitucional, conforme al cual, las resoluciones dictadas por el citado tribunal, en los asuntos de su competencia, son definitivas e inatacables. Por lo que, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral -entendidas en términos de la tesis P. LX/2008- incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente. Antes de la ley de amparo vigente, esta causa de improcedencia, solo estaba prevista en el párrafo cuarto del artículo 99 Constitucional, según el cual, corresponde al Tribunal Electoral resolver en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones y conflictos que ahí se indica. Si bien la Suprema Corte de Justicia tiene atribuciones para resolver la constitucionalidad de la ley electoral -federal o local- mediante la acción de inconstitucionalidad, el legislador reservó a los Tribunales Electorales la solución de conflictos en esta materia, dando definitividad a los provenientes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y permitiendo que determinadas decisiones de los Tribunales de las entidades federativas sean impugnables ante aquella con la misma característica de inatacabilidad. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XXVIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Septiembre de 2008, que establece: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Ahora bien, como ha quedado de manifiesto, la parte quejosa reclama en esencia, la convocatoria para la designación de delegados, a través de la cual señala las bases para postularse como delegado de la Loma Xicoténcatl. Atento a lo anterior, se hace patente que dichos actos entrañan derechos políticos electorales, que consiste en ocupar y desempeñar un cargo de elección popular. Al respecto, debe indicársele al impetrante que en esta entidad federativa, como protección a los derechos de los ciudadanos de votar y ser votado, existe la Ley de Medios de Impugnación en materia Electoral para el Estado de Tlaxcala, misma que en sus artículos 6°, fracción III y 90, establecen como medios de impugnación el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de los Ciudadanos. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 6. El sistema de medios de impugnación se integra por: I. El recurso de revisión; II. El juicio electoral, III. El juicio para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos; y, IV. El juicio de conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral Local y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con sus respectivos servidores públicos.". "Artículo 90. El juicio de protección de los derechos político electorales del ciudadano sólo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y de ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; siempre y cuando se hubieren reunido los requisitos constitucionales y legales para el ejercicio de esos derechos. Este juicio puede ser promovido por la asociación de ciudadanos, a través de su representante legal, únicamente en contra de la resolución que niegue el registro como partido político estatal.". De un análisis a los preceptos de referencia, se advierte que el juicio de protección de los derechos político electorales de ciudadano sólo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y de ser votado en las elecciones populares, en el que se encuentra el derecho a la permanencia en el cargo. En efecto, debe indicarse que dicho derecho político electoral a ser votado, no solo comprende el derecho de un ciudadano a ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, a fin de integrar los órganos estatales de representación popular, sino también abarca el derecho de ocupar el cargo para el cual fue electo; el derecho de permanecer en él y a ejercer las funciones que le son inherentes. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia 20/2010 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en las páginas 17 a 19, Año 3, Número 7, 2010, celebrada en sesión pública el veintiuno de julio de dos mil diez, aprobada por unanimidad de cinco votos, que establece: "DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV; 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es procedente para controvertir actos y resoluciones que violen el derecho a ser votado, el cual comprende el derecho de ser postulado candidato a un cargo de elección popular, a fin de integrar los órganos estatales, y a ocuparlo; por tanto, debe entenderse incluido el derecho de ejercer las funciones inherentes durante el periodo del encargo." Por lo tanto, como queda de manifiesto, los actos reclamados pertenecen al derecho electoral, ya que los mismos se apoyan en la legislación de esa materia; es notorio que el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa reclama diversos actos materia electoral. B. Principio de definitividad. A mayor abundamiento, debe indicarse que respecto a los mismos actos reclamados, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El numeral trascrito contempla la causa de improcedencia relativa a que, previo a la promoción del juicio constitucional, la parte quejosa debe observar el principio de definitividad, por lo que es necesario interponer el recurso o medio de defensa establecido en la ley ordinaria, por virtud del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, de conformidad con la causa de improcedencia aludida se tiene que el principio de definitividad en el juicio de amparo, consiste en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables de la ley que rige el acto; lo anterior es así, toda vez que el principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa orientado a la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria los recursos o medios de defensa que procedan. Así, se tiene que para que pueda actualizarse la hipótesis de improcedencia aludida es necesario: I. Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y; II. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que pueda tener por efecto revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora, del artículo 81, fracción II, inciso e), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, precisa lo siguiente: "Artículo 81.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control Constitucional del Estado, conocerá de los asuntos siguientes: (.) II. De los juicios de competencia constitucional, por actos o normas jurídicas de carácter general que violen esta Constitución y las Leyes que de ella emanen, y que susciten entre: e) Dos o más municipios de un mismo Ayuntamiento o Concejo Municipal, incluidos los presidentes de comunidad. [.] V. El trámite y resolución de los juicios de competencia constitucional y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las tres Fracciones anteriores, se sujetará a los términos siguientes: a) El término para promover el juicio de competencia constitucional será de treinta días naturales, contados a partir de aquél en que la parte actora haya tenido conocimiento del acto o norma jurídica que pretenda impugnar; b) El término para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad será de noventa días naturales, contados a partir de aquél en que la norma jurídica que se desea impugnar, haya sido publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; c) La promoción para el juicio de competencia constitucional suspenderá la ejecución de los actos materiales que se impugnen, salvo que con ello se cause mayor perjuicio al interés público, a criterio del órgano de control constitucional. Cuando se trate de impugnaciones a normas jurídicas, mediante juicios de competencia constitucional o acciones de inconstitucionalidad, no procederá la suspensión de la aplicación de la norma [.].". Asimismo, de los diversos numerales 73 a 75 de la Ley de Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, a la letra disponen: "Artículo 73. El juicio de competencia constitucional procederá en los casos a que se refiere la Fracción II del Artículo 81 de la Constitución del Estado. Artículo 74. La demanda deberá contestarse dentro del término de diez días. Al contestar la demanda, la parte demandada podrá reconvenir a la actora. El actor, principal o reconvencional, podrá ampliar su demanda dentro de los cinco días siguientes al de notificársele la contestación, si de esta última apareciere un hecho nuevo o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. La ampliación de la demanda, la reconvención y su contestación se tramitarán conforme a lo previsto para la demanda y contestación originales. Artículo 75. Si se presentare una demanda en que se planteen cuestiones relativas a los límites territoriales de los Municipios, el Presidente del Tribunal la remitirá de inmediato al Congreso del Estado, para que éste se aboque a su conocimiento y resolución." Del análisis sistemático de todos los anteriores dispositivos legales, es claro que procede el Juicio de Competencia Constitucional contra los actos de los Ayuntamientos o Concejos Municipales, o de aquellos funcionarios que emanan de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, la Universidad Autónoma de Tlaxcala o de los demás organismos públicos autónomos o descentralizados, así como cualquier autoridad estatal o municipal, sin importar la materia. También se desprende que del citado medio de impugnación conocerá el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control Constitucional del Estado de Tlaxcala; de modo que, si el quejoso reclama los actos antes señalados, es inconcuso que debió promover previamente a instar el juicio de amparo, el Juicio de Competencia Constitucional, el cual constituye el medio ordinario de defensa idóneo para modificar o revocar los actos que combate el promovente, como en la especie acontece. Finalmente, de los dispositivos legales en cita, en comparación de los preceptos que rigen la suspensión del acto reclamado en amparo indirecto, se advierte que el primero de los ordenamientos legales no exige mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión que los establecidos en la Ley de Amparo, inclusive, contiene menores requisitos para ello. Bajo tales premisas, se tiene que si en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa contra los actos reclamados debió observar el principio de definitividad mediante la promoción del Juicio de Competencia Constitucional, antes de acudir a la instancia constitucional, sin que ello implique confrontar el acto reclamado directamente con la Constitución, aunado a que tampoco se impugna la constitucionalidad de algún ordenamiento general. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Máxime, que la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, debido a que el artículo 46 de la Convención Americana sobre los Derechos del Humanos, establece el principio de subsidiaridad, que consiste en verificar que antes de la presentación de una petición o comunicación es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, lo cual constituye una equivalencia con el principio de definitividad. Es aplicable, tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". De igual forma, es aplicable al caso la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra refiere: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO. A partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna." Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracciones XV y XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Autorizados. Asimismo, se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a Elizabeth Solís Balderas por no contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y dicho registro. Se autoriza consulta de expediente electrónico y notificaciones vía electrónica. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "Enflores", así como las notificaciones electrónicas en dicho usuario, toda vez que se encuentra registrado, en la inteligencia de que el actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. Señala correo electrónico y número telefónico Asimismo, se tiene al quejoso señalando los números telefónicos que refiere, los cuales, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toman en cuenta únicamente para mantener comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/4426/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Enrique Casas Flores867/2015
- Enrique de Jesús Farpón Nava1122/2021
- Enrique de Jesús Farpón Nava437/2022
- Enrique Esquivel Sánchez498/2018
- Enrique Flores Ortega790/2018
- Enrique Flores Ortega692/2021
- Enrique Flores Sandoval436/2019
- Enrique Flores Solis1225/2014
- Enrique George Romero684/2019
- Enrique Guevara Gutiérrez1465/2015
- Enrique Gutiérrez Gutiérrez1341/2022
- Enrique Israel Leo Reyes322/2018