Enrique Flores Ortega

Expediente 991/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
991/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Enrique Flores Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 991/2023.. Puebla, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe testimonio de queja. Se agrega al expediente el oficio signado por el secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal en sesión de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 222/2023, en cuyo único punto resolutivo establece: ".ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja." En consecuencia, se ordena hacer las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acusar el recibo de estilo correspondiente. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Incidente de suspensión. En este expediente no se ordenó la apertura del incidente de suspensión pues desde el acuerdo inicial se desechó la demanda. Carátula del juicio de amparo. Se instruye al secretario encargado de la conclusión de este expediente que, a través de los oficiales judiciales a su mando, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto del sentido de la resolución emitida en el recurso de queja, así como del archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si el quejoso deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    Juicio de amparo 991/2023. Conste. Puebla, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. A los autos el oficio signado por el secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en el que inserta el acuerdo de dos de octubre de dos mil veintitrés, emitido por el magistrado presidente de ese tribunal, mediante el cual admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso +++++++++++++++++, por conducto de su defensor particular, y se registró bajo el número 222/2023. Notifíquese

  3. Principal

    Juicio de amparo 991/2023. nste. Puebla, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Se agrega al expediente electrónico el escrito de cuenta signado por ++++++++++++++ en su carácter de defensor particular del directo quejoso +++++++++++++, mediante el cual interpone recurso de queja y formula agravios, contra el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, donde se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso -al margen de que no señaló las constancias que se deben remitir a la superioridad para la resolución de la queja-. Ahora, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo primer párrafo, se prescinde de dar vista a las partes para que señalen constancias, porque con motivo del desechamiento de la demanda no se integró la litis constitucional. Remisión del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito recibido en forma electrónica y donde obran los agravios, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano encargado de substanciar el citado recurso de queja. Ahora, toda vez que el recurso fue interpuesto a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, desde este momento se procederá a vincular el expediente electrónico con la superioridad, para su resolución, por lo que resultará innecesario remitir copias certificadas de los autos que integran el presente asunto, pues tendrá acceso a todas ellas, a través del expediente electrónico. Por lo tanto, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano". Informe de la queja. Entonces, con motivo de todo lo anterior, en este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Notificación por lista. Se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para la parte quejosa, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado; De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Juicio de amparo 991/2023. Puebla, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se integra al expediente electrónico el escrito de demanda signado por Jorge Alberto Molina Flores, en su carácter de defensor particular del directo quejoso Enrique Flores Ortega, contra actos de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente con sede San Andrés Cholula, Puebla y otras autoridades. Esa personalidad la acredita el promovente con imágenes digitalizadas de diversas constancias deducidas de la causa penal ++++++++++++ del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con sede San Andrés Cholula, Puebla, las cuales obran como anexo de la demanda; y el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que exhibía dicha constancia. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las parte que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico-. Digitalización de la demanda de amparo. Debido a que la demanda de amparo fue recibida vía electrónica, la misma ya se encuentra digitalizada, y como consecuencia incorporada al expediente electrónico, por lo que no es necesaria su digitalización, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General. Desechamiento de la demanda. El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Así se obtiene de la tesis jurisprudencial de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO . En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda y se detectó que el promovente señaló textualmente como acto reclamado: ".IV. ACTO RECLAMADO: a. De la abogada ++++++++++++++++, jueza de control de la Región Judicial Centro Poniente con sede San Andrés Cholula, Puebla, reclamo la resolución que emitió mediante acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en la que decidió calificar de legal el traslado involuntario de mi cliente Enrique Flores Ortega del Centro de Reinserción Social ubicado en esta ciudad de Puebla, Puebla al diverso ubicado en la Ciudad de Tepexi de Rodríguez, Puebla. b. De los integrantes del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla, Puebla, reclamo la determinación tomada por unanimidad en la sesión extraordinaria de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veintitrés, asentada en el acta administrativa de la misma fecha, mediante la cual el Comité Técnico referido aprobó y ordenó el TRASLADO INVOLUNTARIO de Enrique Flores Ortega, bajo el supuesto establecido en el artículo 52 fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente, del Centro de Reinserción Social de la 2 I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta Ciudad de Puebla, Puebla, al diverso ubicado en la Ciudad de Tepexi de Rodríguez, Puebla. c. De la licenciada María Del Rayo Farfán Mendoza, directora del Centro Penitenciario de Puebla, reclamo el informe de traslado +++++++++++++ mediante el cual le hizo saber a la Jueza de control ++++++++++++++++ que dio cumplimiento a una orden de traslado involuntario en contra de mi cliente el día veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. d. Del C. Jorge Melchor Pérez, titular de la subsecretaría de centros penitenciarios, reclamo la solicitud de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés realizada mediante oficio SSP/SUBCP/DJ/20029/2023, que dirigió a la abogada Karla Patricia Ambrocio Vargas, jueza de control de la Región Judicial Centro Poniente con sede San Andrés Cholula, Puebla, mediante la cual le requirió a esta última que Calificara de legal el traslado involuntario de Enrique Flores Ortega que se había llevado a cabo ese mismo día, consistente en sacarlo del Centro de Penitenciario de Puebla, Puebla, e ingresado al diverso Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, así como las solicitudes de egreso, ingreso y designación de personal encargado de traslado que realizó. e. Del licenciado Carlos Armando Moro Nuñez, director del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, reclamo la determinación de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés asentada en el oficio ++++++++++++++++ a través de la cual informó a la Jueza de Control ++++++++++++++++++++ que aceptó recibir a Enrique Flores Ortega en el Centro Penitenciario que dirige, quedando registrado su ingreso a las catorce horas con diez minutos del veinticinco de agosto del dos mil veintitrés. f. De la C. Marisol Ruiz Vargas, Encargada del Despacho de la Dirección de Supervisión de Centros Penitenciarios, reclamo la orden que emitió a fin de designar personal encargado de traslado y la firma del acta de entrega recepción del traslado de mi cliente Enrique Flores Ortega ambas de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. g. Del Personal Responsable de Traslado que designó la C. Marisol Ruiz Vargas, Encargada del Despacho de la Dirección de Supervisión de Centros Penitenciarios, reclamo la ejecución de la orden de traslado de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés de mi cliente Enrique Flores Ortega, que egreso Centro Penitenciario de la Ciudad de Puebla e ingresó al diverso ubicado en la Ciudad de Tepexi de Rodríguez, Puebla." (Énfasis añadido) En ese tenor, de una lectura integral a la demanda de amparo, se observa que lo que adolece el quejoso es el siguiente acto reclamado: ? La resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, emitida por la Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente con sede San Andrés Cholula, Puebla, a través de la cual determinó calificar de legal el traslado del directo quejoso, del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla, Puebla al diverso ubicado en la Ciudad de Tepexi de Rodríguez, Puebla. ? Las gestiones llevadas a cabo a fin de materializar el traslado aludido, tales como la determinación tomada por unanimidad en la sesión extraordinaria en la cual se ordenó el traslado, la determinación de designar personal a fin de ejecutar la misma, los oficios dirigidos a la Jueza responsable a fin de que calificara dicho traslado y de carácter informativo en relación al cumplimiento de dicha orden, la determinación de aceptar al directo quejoso en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Definitividad Establecido lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX3 , de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Lo anterior es así ya, que la determinación reclamada, en la cual la Jueza responsable determinó calificar de legal el traslado del directo quejoso, tiene previsto una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la parte promovente antes de solicitar el control de legalidad extraordinario. Así se obtiene de los artículos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque esos preceptos disponen que las resoluciones que se pronuncien sobre cuestiones de traslado -como en el caso lo es el acto reclamado-, son impugnables a través del recurso de apelación; para demostrar tal afirmación resulta conveniente traer a colación dichos numerales que establecen: Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados;." Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis I.6o.P.133 P (10a.), Registro digital 2018918, Décima Época, Materias Común, Penal de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2645, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." Por lo anterior, se indica que es oportuno que la parte quejosa acuda previo a la promoción de la demanda de amparo a la ruta ordinaria de impugnación prevista en los invocados artículos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución, ya que dicho mecanismo contempla que al tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada emitida por el Juez responsable. En efecto, la parte quejosa debe agotar el medio de impugnación previsto en la norma adjetiva que regula la ley de la materia, contra el acto reclamado en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera la alzada respectiva, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución. Bajo este contexto, se declara que la resolución reclamada, así como las cuestiones derivadas de ésta o que dieron origen a la misma, encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la promovente, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Anotaciones Internas. Se instruye a la Oficial Judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el nombre de usuario ++++++++++++++++++++ para recibir notificaciones electrónicas, en la inteligencia de que dicha facultad implica, a su vez, la posibilidad de consultar el expediente electrónico. Luego, se tiene como autorizados para tales efectos a los profesionistas indicados en el ocurso de cuenta, pues así lo manifestó expresamente la parte quejosa. Luego, por cuanto al correo electrónico que proporciona, dígasele que se tiene como medio no procesal para entablar comunicación, el cual podrá ser tomado en cuenta por alguna cuestión en particular. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y cúmplase.

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