Enrique Flores Ortega

Expediente 2165/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2165/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Enrique Flores Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, diez de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el acta de comparecencia de cuenta, mediante la cual el quejoso reconoce y ratifica la autenticidad de la firma que calza el escrito recibido en este juzgado el cuatro de octubre del año en curso, a través del cual solicita copias certificadas del expediente en el que se actúa y autoriza a la persona que cita para imponerse en los autos y recibir notificaciones; atento a su contenido, se provee lo siguiente: Visto el escrito signado por ********** en su carácter de parte quejosa; atento su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, pónganse a disposición de la promovente los autos en los que se actúa, para que pueda obtener a su costa la reproducción material de las constancias que señala, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos para constancia legal y por conducto de las personas autorizadas para tal efecto. No es óbice a la determinación anterior, el hecho de que ante peticiones similares este juzgador haya ordenado la expedición gratuita de copias citando la jurisprudencia P./J. 37/2008. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema lleva a considerar que la referida jurisprudencia no es aplicable a los casos en los que -como en el presente- se solicitan copias de las constancias que obran en el expediente de amparo, toda vez que el criterio jurisprudencial citado fue emitido por el Tribunal Pleno en el supuesto de que el interesado solicite a diversas autoridades copias certificadas para ser exhibidas dentro de un juicio de amparo. Efectivamente, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 35/2005-PL del índice del Tribunal Pleno, de la que derivó la citada jurisprudencia P./J. 37/2008, se razonó que de la interpretación de los artículos 3 y 152 de la abrogada Ley de Amparo, a la luz del principio de efectividad constitucional, la expedición de las copias que son necesarias para la sustanciación del juicio de amparo se rige por la condición genérica de gratuidad, lo que implica la abolición y el cobro de las costas, con el propósito de evitar que quienes acudan a él y no cuenten con recursos económicos suficientes para sufragar las copias que llegaran a necesitar, no vieran truncada esa posibilidad de defensa de sus prerrogativas federales. Incluso, en la fijación del punto de contradicción el Tribunal Pleno señaló que la temática consistía en dilucidar si las autoridades podían o no exigir el pago del costo que implica la expedición de copias certificadas que se solicitan para la substanciación de un juicio de amparo. Es decir, el Máximo Tribunal abordó el estudio respectivo sobre la premisa de que las copias referidas fueron solicitadas a autoridades distintas de la que conocía del juicio de amparo. Por ende, este juzgador considera que la multicitada jurisprudencia P./J. 37/2008, que establece la prohibición de cobro de cualquier contribución por concepto de expedición de copias, no resulta aplicable cuando se solicitan respecto de las constancias que obran en el expediente de amparo y que se expiden para los fines particulares del promovente -como acontece en la especie-, toda vez que el artículo 3 tanto de la abrogada como de la Ley de Amparo vigente hace alusión a las copias que se piden con el propósito de ser exhibidas para la substanciación de un juicio constitucional. Por las razones anteriores, el suscrito se aparta del criterio que hasta ahora había sostenido en peticiones similares, consistente en que la expedición de copias de las constancias que obran en autos es gratuita de conformidad con la jurisprudencia P./J. 37/2008; lo que, dicho sea de paso, no genera una contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que prohíbe las costas judiciales, toda vez que la erogación respectiva no se realiza a los servidores públicos a quienes se encomienda la impartición de justicia, sino a los particulares que se encargan de la reproducción material de las constancias del sumario constitucional. Finalmente, se autoriza en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, para imponerse en los autos y recibir notificaciones. Notifíquese; y por lista a las autoridades responsables en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.).

  2. Principal

    Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en el escrito presentado por la parte quejosa, a través del cual interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto (fojas 430 a 441 de autos), señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en tal virtud, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el referido ocurso, el cual es el inmueble ubicado en: Domicilio xxxxxxxxxxxxx Por otro lado, visto el escrito signado por quien se ostenta como xxxxxxxxxxxx, quejoso en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, requiérase al promovente, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, se presente en las instalaciones de este juzgado a efecto de que reconozca y ratifique la autenticidad de la firma estampada en el ocurso de cuenta, en virtud de que difiere ostensiblemente con la estampada en el escrito de inicial de demanda, y una vez hecho lo anterior se proveerá lo que en derecho corresponda en relación al contenido de su escrito, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), aprobada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, página 385, del rubro y contenido siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por lista a las autoridades responsables en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.).

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por el que remite el diverso enviado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual, desahoga la solicitud formulada en autos y al efecto remite las constancias de notificación respecto de los oficios: 7785 y 7786 y el diverso 16012/2017, correspondientes a los autos de veintisiete de octubre y diecinueve de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, inherentes al juicio de amparo 1556/2014 de su índice, registrado en este órgano bajo el número de expediente 429/2014; atento lo anterior, téngase desahogando el requerimiento realizado, acúsese el recibo correspondiente y glósense las constancias aludidas. Por otra parte, toda vez que informa que no cuenta con las diversas constancias de notificación referentes a los oficios 7780 al 7784 correspondientes al auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo aludido del índice del juzgado de origen, con copia del proveído de mérito, gírese atento oficio a las autoridades responsables que correspondan, únicamente para la debida integración del expediente en que se actúa. Asimismo, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que este órgano jurisdiccional recibió los autos originales del expediente en que se actúa y no proveyó sobre el archivo de este juicio de amparo al tratarse de un asunto concluido; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, concedió y negó la protección de la Justicia Federal, y existe una resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo en revisión, en la que revocó la resolución recurrida y sobreseyó en el juicio, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XV y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada.Ahora, no obstante que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa.Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata.Notifíquese; y por medio de lista a la parte quejosa, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete de octubre de dos mil catorce.

  4. Incidental

    Ciudad de México, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual atendiendo al requerimiento formulado en autos, informa que giró oficio a la Administración Central de Notificación de dicha dependencia, a efecto de dar cumplimiento a la medida cautelar dictada en este incidente de suspensión. Por lo que, atento a sus manifestaciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Administrador Central de Notificación de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la medida cautelar concedida, respecto de la quejosa, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento al requerimiento que antecede dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa a la cantidad que resulte equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación al artículo 259, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, una vez que transcurra el plazo concedido provéase lo conducente. Para pronta referencia, remítasele copia autorizada de la resolución en la cual se concedió la suspensión de los actos reclamados. Notifíquese

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