Enrique Ferman Herrera

Expediente 188/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
188/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
22/10/2020

Partes del expediente

  • Enrique Ferman Herrera

Actuaciones

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de octubre de dos mil veinte. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 188/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, veintidós de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, se estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas remitido por el juez responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, incisos a) y III de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Juan Carlos Salas Juárez, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a las partes.Boca del Río, Veracruz, veintidós de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, se estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas remitido por el juez responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, incisos a) y III de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Juan Carlos Salas Juárez, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, se estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas remitido por el juez responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, incisos a) y III de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    V. con esta fecha se notifica por este conducto a los menores de identidad reservada a través de su asesora jurídica licenciada Maribel Galicia Siles en su calidad de quejosos en los presentes autos, así como a la parte tercero interesada, la sentencia engrosada el veintinueve de septiembre del año en curso, misma que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 188/2020, promovido por Enrique Ferman Herrera por su propio derecho y en representación de sus tres menores hijos. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 3-13). SEGUNDO. Trámite. Por auto de diez de marzo siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; designar a los menores involucrados un representante especial; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, emplazar a la tercera interesada (fojas 17-21). El cinco de agosto siguiente, se emplazó personalmente al presente juicio a la tercera interesada (foja 64). Se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 67). Asimismo, se advierte que en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se tomaron en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se determinó suspender en su totalidad las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de este año; periodo en el que no corrieron plazos y términos procesales para los asuntos presentados físicamente antes de la declaratoria de contingencia; por lo que entre los actos que no podían llevarse a cabo durante el periodo de la contingencia se encontraba la audiencia constitucional en este asunto, fijándose la misma para el veintiuno de septiembre del año en curso, según se ordenó por auto de catorce de agosto anterior, la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse una resolución emitida en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica del quejoso y sus menores hijos. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en:  El acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil 2811/2017 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, en el que se modificó la convivencia supervisada a una convivencia libre entre los tres menores de edad y su madre Yolanda Ramos Fernández (notificado personalmente al quejoso el veintiséis de febrero siguiente -fojas 435-440 del tomo único de pruebas -). Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de acto. Es cierto el acto atribuido al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, pues al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acuerdo reclamado (foja 67). Lo que se corrobora, en razón que el juez responsable remitió copia certificada del auto combatido (fojas 413-418 del tomo único de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Lo que se estima así, pues se observa que no hizo valer contra el acto reclamado el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, susceptible de revocarlo o modificarlo. PREMISAS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". La norma transcrita contiene la regla que rige la procedencia del juicio de amparo, consistente en que de manera previa a la instauración del juicio, el quejoso debe hacer valer los medios de defensa o recursos que la ley le otorga para combatir los actos que le irrogan perjuicio, en el entendido que el juicio será improcedente si el solicitante del amparo no satisface dicho presupuesto. El principio de definitividad tiene la finalidad de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia y, por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones judiciales después de agotado el recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas (hacer un cambio parcial de la resolución) revocadas (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida) o nulificadas (dejar insubsistente el auto de autoridad). Asimismo, se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer, sea substanciado en todos sus términos hasta su sentencia o resolución que lo de por terminado. En efecto, el principio de definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Por otra parte, se precisa que el juicio del que deriva el acto reclamado se tramita conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Partiendo de ello, se tiene que el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, dispone: "509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan un daño irreparable en la sentencia." Como se ve, el precepto legal en comento establece, como regla general, la procedencia del recurso de apelación, en contra de autos que causan un daño irreparable en la sentencia. Por su parte, los artículos 824 y 826, inciso a), del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establecen: "824.- La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero. La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución del auto o sentencia hasta que en segunda instancia se dicte la resolución correspondiente y ésta sea conocida por el inferior. La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo, no suspende la ejecución de la sentencia o del auto apelado." "Artículo 826.- Serán apelables en el efecto devolutivo: a).- Los autos que, con excepción de los señalados en el artículo anterior, tengan fuerza de definitivos o lo disponga expresamente la ley, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio en que se dicten. Se entenderá que los autos tienen fuerza definitiva, cuando causen un gravamen que no puede repararse en la sentencia que decida el negocio en lo principal, salvo aquéllos que se refieran a la mera tramitación del juicio;" De los preceptos transcritos se desprende que: a). El recurso de apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el efecto suspensivo, o sólo en el primero. b). La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución del auto o sentencia hasta que en la segunda instancia se dicte la resolución correspondiente y ésta sea conocida por el inferior. c). Mientras que la apelación admitida sólo en el efecto devolutivo, no suspende la ejecución de la sentencia o del auto apelado - supuesto en el que se ubicaría el acuerdo de treinta de octubre de dos mil doce, atento a lo dispuesto por el diverso numeral 903-6 del citado ordenamiento legal-. d). Entre los autos apelables en efecto devolutivo se encuentran aquéllos que tienen fuerza de definitivos o lo disponga expresamente la ley, si además lo fuera la sentencia definitiva en el juicio que se dicten. e). Por autos que tienen fuerza de definitivos se entiende, aquéllos que causan un gravamen que no pueda repararse en la sentencia que decida el negocio en lo principal, salvo los que se refieran a la mera tramitación del juicio. Hasta aquí las premisas ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable como justificación de su informe (tomo único de pruebas): 1). Mediante escrito presentado ante el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, quien lo radicó con el número 2811/2017, Enrique Fernán Herrera, por propio derecho y en representación de sus tres menores hijos, promovió juicio ordinario civil contra Yolanda Ramos Fernández, de quien solicitó se decretaran de inmediato las medidas provisionales para su seguridad física respecto de su cónyuge (fojas 2-3). 2) Por auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, el aludido juez, entre otras cosas, admitió la demanda y ordenó el desahogo de la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida y depósito de personas (foja 9). 3) El treinta de abril de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la aludida diligencia y se decretó de plano el depósito judicial de los menores de edad a favor de su padre (fojas 10-14). 4). En audiencia de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el juez civil instructor decretó la convivencia provisional supervisada entre la madre y sus tres menores hijos, los jueves y viernes de cada semana, de las dieciséis a a las diecinueve horas, en el centro de convivencia de ese órgano jurisdiccional (fojas 42-44). 5). Finalmente, por auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, el juez de primer grado modificó la convivencia supervisada ordenada el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, para sustituirla por una convivencia de transición entre los tres menores de edad y su madre Yolanda Ramos Fernández, los días viernes, sábado y domingo de cada quince días, iniciando los días viernes a las dieciséis horas y feneciendo el domingo a las diecinueve horas, con la obligación del progenitor de presentar a los menores en el centro de convivencia y recogerlos en el mismo lugar al finalizar la convivencia (fojas 410-418) -Dicha determinación constituye el acto reclamado en este juicio-. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Dicho lo anterior, se concluye que el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinte, emitido en la controversia de orden familiar 2811/2017, se traduce en aquéllos contra los cuales procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, ya que tiene fuerza de definitivo, pues el gravamen que pudiera ocasionarse con el mismo, no puede repararse en la sentencia que decida el negocio en lo principal. Ello se considera así, pues en el mismo se señaló un régimen de convivencia para que los menores hijos de los contendientes convivan con su madre, señalándose días y horas para que se llevara a cabo tal convivencia, así como señalando domicilio en el que se desahogaría la misma. Esto es, el gravamen que pudiera causarse a las partes o a sus menores hijos con el citado régimen de convivencia, no podría ser reparado al dictarse la sentencia definitiva, pues si bien la materia del juicio de origen, es precisamente la convivencia entre los menores y su madre; no menos cierto resulta que el horario provisional fijado en el acuerdo aludido para que los menores convivan con su madre, no podrían ser materia de dicha sentencia, pues ésta se concretaría a analizar si se acreditaron las acciones y excepciones, pero no del horario provisional y el domicilio que se señalaron para que la demandada lleve a cabo la convivencia con su menor hijo, hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva que fije tal régimen. En esas condiciones, si en el acto reclamado se fijó una convivencia provisional entre la tercera interesada y sus menores hijos, los días viernes, sábado y domingo de cada quince días, iniciando los días viernes a las dieciséis horas y feneciendo el domingo a las diecinueve horas, en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar de Veracruz; ello conlleva a estimar que, previo a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso estuvo en posibilidad de agotar en su contra el recurso de apelación, pues a través del mismo pudo lograr su revocación, modificación o nulificación; sobre todo, porque el aspecto ahí decidido, no le sería reparable en el momento en que se dictara la sentencia definitiva. En consecuencia, si la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, no agotó el medio ordinario de defensa que contempla la legislación de la materia, evidentemente no cumplió con el principio de definitividad, que rige en el juicio de amparo. No pasa inadvertida la circunstancia de que en el asunto participan tres menores de edad; no obstante, ello no genera, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Máxime que en el mismo sentido se pronunció el Primer Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 461/2019 du su índice, el catorce de mayo de dos mil veinte, que precisamente tiene su origen en la sentencia dictada por este juzgado en el diverso juicio de amparo 562/2019. Tampoco se opone a la anterior conclusión la circunstancia que en el juicio civil de origen el veintiocho de mayo de dos mil veinte, el juez instructor haya decretado una convivencia provisional extraordinaria entre los menores y su madre, a través de los medios tecnológicos de comunicación debido a la contingencia sanitaria que permea en el país; sin embargo, también se observa que la misma no sustituyó a la convivencia aquí reclamada de veintiuno de febrero del año en curso, en la medida que el juez instructor precisó que esta nueva convivencia dejará de surtir efectos cuando concluya la contingencia y continuara ejecutándose la convivencia de transición ya decretada. De allí, que se concluya que la medida aquí reclamada, si bien se encuentra suspendida en su ejecución de manera provisional, la misma no ha sido sustituida en definitiva por algún acto que la haga desaparecer en su totalidad en todos sus efectos. CONCLUSIÓN En consecuencia, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia analizado, razón por la cual, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento del asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación planteados. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el auto en que se admitió la demanda, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Enrique Ferman Herrera por su propio derecho y en representación de sus tres menores hijos, contra el acto y la autoridad responsable, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario de Juzgado Arturo González Virgen, con quien actúa y da fe; hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

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