Enrique Famania Gallego

Expediente 461/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
461/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • Enrique Famania Gallego

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que por circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, en todos aquellos asuntos que no fueran considerados de tramitación urgente en el referido acuerdo general, es decir, suspender los plazos y términos judiciales en los mismos. De igual forma, por circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó continuar con el referido esquema de contingencia, entre otros, respecto al Decimoquinto Circuito (Baja California), en términos del mencionado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Por su parte, mediante circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó, respecto del Decimoquinto Circuito (Baja California), el regreso al esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales, conforme al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; a partir del diecinueve de enero de dos mil veintiuno. En ese contexto, se ordena el levantamiento de la suspensión de plazos y términos judiciales en el presente asunto. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días hábiles, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes ha causado ejecutoria; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción II del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. De igual manera, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Enrique Famania Gallego, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, consistente en la omisión de acordar y notificar lo solicitado mediante escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veinte, en autos del juicio laboral 414/2019 de su índice. Notifíquese.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Enrique Famania Gallego, contra actos de la Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y otra; fórmese el expediente respectivo, previo registro en el libro del Juzgado correspondiente bajo el número 461/2020-I y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Sin que sea el caso tramitar por duplicado y cuerda separa el incidente de suspensión, en virtud de que no fue solicitado. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remita el informe justificado a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las mencionadas autoridades responsables, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcione una dirección de correo electrónico oficial para en caso de estimarse necesario, se establezca contacto por esa vía. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir los oficios que se le giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos con cuarenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en relación al emplazamiento de los terceros interesados que indica, se reserva el emplazamiento respectivo, hasta en tanto obren en autos los informes justificados de las autoridades responsables a fin de verificar a quién o a quiénes les asiste tal carácter. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda de amparo, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, ya que no requieren preparación especial para ello, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Se tiene como domicilio procesal el que indica y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Matilde del Carmen Pérez Contreras, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realicen las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza al secretario del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto; asimismo, para que se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En otro contexto, en atención al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes, para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica. Por otro lado, con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Notifíquese y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito;

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