Enrique Eutiquio Salgado Franco

Expediente 950/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
950/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • Enrique Eutiquio Salgado Franco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 950/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, turnada al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca con sede en san Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el veintiocho siguiente, Enrique Eutiquio Salgado Franco, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y otras autoridades, que hizo consistir en la orden de reaprehensión y su ejecución. SEGUNDO. En proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca con sede en san Bartolo Coyotepec, Oaxaca, radicó la demanda de amparo bajo el número de juicio 421/2021, asimismo formuló prevención a la parte quejosa en relación a su demanda de amparo. Cumplida la prevención, en diverso proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó informe a las autoridades responsables y dio intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Seguido el trámite en su juicio, en proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, ordenó la separación de autos, remitiendo a este Juzgado el Juicio de Amparo para conocer de los actos atribuidos al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, relativos a la causa penal 159/2016. TERCERO. En proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, se avocó al conocimiento del asunto, se registró la demanda de amparo con el número 950/2021, se convalidaron las actuaciones relativas, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, asimismo se tuvo por apersonado al tercer interesado en proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede; y, PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Octavo de Distrito y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La orden de reaprehensión de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, emitida dentro de la causa penal 159/2016 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con el original de la causa penal 159/2016 y un cuadernillo de pruebas, los cuales adquieren pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 164618, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. 1) Que la orden de reaprehensión viola en su perjuicio los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus derechos humanos consagrados en la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos pues no se le ha seguido un debido proceso. 2) Que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. 3) Que no existen elementos para acreditar que cometió un delito, por lo que para librar la orden de reaprehensión deben existir bastantes datos que hagan presumir su incriminación. Los conceptos de violación sintetizados son infundados. Lo anterior, toda vez en la orden de reaprehensión se debe únicamente fundamentar en las disposiciones normativas que rigen el procedimiento penal, y no en el artículo 16 como es el caso de la orden de aprehensión. Es aplicable la tesis 1a. CC/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, página 1206, Décima Época, Materias(s): Penal, con número de registro digital 2001985, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales". Ahora, la autoridad ordenadora responsable, para librar ese mandamiento de captura se apoyó en los artículos 20, apartado A fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 227 y 233 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca que establecen: Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: I.- Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional; Art. 227. Cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 de la constitución Federal, el Tribunal librará orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, según el caso, contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público. La resolución contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven, sus fundamentos legales y la clasificación o reclasificación legal provisional que se haga de los hechos delictivos, se transcribirá inmediatamente al Ministerio Público para que éste ordene a la Policía Ministerial su cumplimiento. Art. 233. Siempre que se lleve a cabo una aprehensión en virtud de orden judicial, quien la hubiere ejecutado deberá poner al aprehendido sin demora alguna, a disposición del Tribunal respectivo, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que se efectuó y dando a conocer al aprehendido el derecho que tiene para designar defensor. Se entenderá que el inculpado queda a disposición del juzgador, para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que la Policía Ministerial, en cumplimiento de la orden respectiva, lo ponga a disposición de aquél en la prisión preventiva o en un Centro de Salud. El encargado del Reclusorio o del Centro de Salud asentará en el documento relativo a la orden de aprehensión ejecutada, que le presente la policía Ministerial, el día y hora del recibo del detenido. Las personas que se encuentren internadas en algún centro de Reclusión, podrán ser trasladadas a otro centro, hospital, oficina o cualquier lugar, notificándolo al Ministerio Público y a su defensor. De los artículos transcritos se advierte, que la ley determinará los casos graves en los cuales se podrá revocar la libertad de los inculpados. Que cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Federal, se librará orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, según el caso, contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público; siendo que todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa y en el proceso judicial, a ser puesto en libertad bajo caución, inmediatamente que lo solicite y sea procedente. Ahora bien de las constancias que integran el proceso penal 159/2016, remitidas como justificación al informe del juez Penal responsable, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por reenvío de su artículo 2º; se desprende que: 1. El doce de septiembre de dos mil catorce, el Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, radicó la causa penal 146/2014, instruida contra ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO y otra, como probables responsables en la comisión del delito de EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, cometido en perjuicio patrimonial de Marcos Enrique Acevedo Cruz, ilícito previsto y sancionado por el artículo 379, en relación con los artículos 8°, fracción II, 10 fracción I y agravado por el último párrafo del artículo 379, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca y en la misma fecha libró orden de aprehensión contra el inculpado de referencia (foja 1 a 188). 2. El treinta de septiembre de dos mil catorce, compareció bajo los efectos de la suspensión y ante el personal del Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, el inculpado ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, se le recibió su declaración preparatoria en esa misma fecha (fojas 201 a 210) 3. El seis de octubre de dos mil catorce, fue dictado contra ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, auto de formal prisión por el delito EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, cometido en perjuicio patrimonial de Marcos Enrique Acevedo Cruz (foja 210 a 230). 4. En proveído de doce de febrero de dos mil dieciséis, en atención al Acuerdo 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Sexto y Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, la causa penal 146/2014 del Juzgado Séptimo de lo Penal paso al índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, bajo el número de causa penal 159/2016. 5. El uno de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia absolutoria a favor de ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, por el delito EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, cometido en perjuicio patrimonial de Marcos Enrique Acevedo Cruz, ordenando la inmediata libertad del inculpado de referencia al encontrarse recluido en un centro penitenciario (fojas 1136 a 1165) 6. Apelada que fue dicha sentencia por la parte ofendida, en resolución de nueve de julio de dos mil diecinueve, los Magistrados de la Tercera Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, revocaron la sentencia absolutoria a efecto de analizar el fondo del asunto, verificar la existencia del delito y la responsabilidad penal de ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO (1188 a 1193). 7. Contra la resolución de nueve de julio de dos mil diecinueve, emitida por los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue promovido amparo indirecto por ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, del cual conoció este Juzgado Octavo de Distrito bajo el número de expediente 771/2019; juicio en el cual le fue concedido el amparo y protección de la Justicia Federal al referido inculpado (fojas 1251 a 1253) 8. En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, los Magistrados de la Tercera Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emitieron una nueva resolución el veintiocho de enero de dos mil veinte, en la que revocaron la sentencia absolutoria a efecto de analizar el fondo del asunto, verificar la existencia del delito y la responsabilidad penal de ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO (fojas 1259 a 1264) 9. En proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, requirió al inculpado ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, para que compareciera voluntariamente ante el personal de ese Juzgado y ordenar su internamiento, al no cumplir con dicha determinación ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público en diverso proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno para que promoviera lo que a su representación conviniera. 10. En proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, libró orden de reaprehensión en contra de ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, y una vez cumplido dicho mandato, sea internado en el Centro Penitenciario Varonil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca (cuadernillo por separado). De lo anterior se advierte, que la orden de reaprehensión reclamada, se encuentra debidamente fundada y motivada; y, por ende no viola en perjuicio del quejoso lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues a pesar de que también incide en la privación de su libertad al igual que una orden de aprehensión, se estima legal la determinación del juez responsable, porque la orden de reaprehensión fue correctamente librada, al tomarse en consideración lo siguiente: a) Que se había dictado en contra del quejoso auto de formal prisión por un delito sancionado con pena privativa de libertad, incluso se encontraba recluido en el Centro de Internamiento. b) Que en principio, se dictó a su favor sentencia absolutoria; sin embargo, la parte ofendida interpuso recurso de apelación, motivo por el cual el superior jerárquico del Juez responsable revocó la sentencia absolutoria para el efecto de que la responsable estudiara lo concerniente a la responsabilidad penal del quejoso. c) Incluso, antes de girar la orden de reaprehensión, el Juez natural, a fin de no violar los derechos humanos de previa audiencia y legalidad que rigen el proceso penal, y en respeto de las formalidades esenciales del procedimiento que se estiman violadas, hizo saber al inculpado, hoy quejoso, que se presentará ante su potestad para internarlo en el centro de reinserción social para poder dar cumplimiento a la resolución de segunda instancia, apercibiéndolo de que en caso de ser omiso, se giraría en su contra orden de reaprehensión. d) Que el requerimiento respectivo le fue notificado al inculpado en el domicilio señalado para tal efecto, mediante instructivo de notificación el doce de marzo de dos mil veintiuno. Consiguientemente, la orden de reaprehensión no es violatoria de los artículos 14, 16 y 19 constitucionales, pues al haber sido revocada la sentencia absolutoria emitida por el superior jerárquico del Juez natural, dio lineamientos para emitir una nueva sentencia en la que analizará lo relativo a la pena y la responsabilidad penal del hoy quejoso. Asimismo, el Juez responsable previo a dictar la medida respectiva, dio vista al Agente del Ministerio público de su adscripción, quien solicitó expresamente se librara la orden de reaprehensión por haber incumplido las obligaciones a que se encontraba sujeto. En razón a ello, el Juez responsable procedió al dictado de la orden de reaprehensión reclamada, la cual no es inconstitucional por ser consecuencia directa de lo anterior, pues el quejoso está sujeto al auto de bien preso y lo único que se persigue es que el procesado continúe en la situación jurídica ya existente. "REAPREHENSIÓN. No toda orden de aprehensión se funda en las prevenciones del artículo 16 constitucional; pues este artículo supone la existencia de la denuncia de un hecho, que la ley castiga con pena corporal, apoyada por declaración digna de fe; pero cuando la orden de aprehensión se funda en motivo diverso, como el caso de que una persona que está en libertad bajo protesta, se ausente de la población sin el debido permiso del Juez, éste puede decretar orden de aprehensión en contra de esa persona, sin necesidad de fundarla en los requisitos del artículo 16 constitucional, toda vez que dicha persona ya está sujeta a un auto de formal prisión, por los mismos hechos." Así como la tesis VI.1o.P.110 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito que dice: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. ES LEGAL DECRETARLA CUANDO HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS QUE SE HA SOBRESEÍDO, POR HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Cuando la suspensión definitiva concedida al quejoso en el incidente relativo al juicio de amparo indirecto, promovido en contra de la orden de aprehensión, cesó sus efectos al sobreseerse en el juicio de amparo por cambio de situación jurídica al dictarse auto de formal prisión, es legal la orden de reaprehensión dictada al no haberse puesto voluntariamente el inculpado a disposición del Juez de la causa, respecto a su libertad personal, para la continuación del procedimiento." Y la tesis XIX.3o.3 P del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que señala: "FORMAL PRISIÓN, AUTO DE. ES LEGAL, AUN CUANDO NO SE ORDENE SU EJECUCIÓN. El artículo 19 de la Carta Magna establece la obligación del órgano jurisdiccional de justificar la detención de una persona con un auto de formal prisión, que se dictará cuando de los datos que arroje la averiguación previa se acrediten los elementos del tipo penal de que se trate y hagan probable la responsabilidad penal del acusado en su comisión, fundando y motivando debidamente dicha determinación; ahora bien, si el Juez instructor pronuncia dicha resolución cumpliendo con los mencionados requisitos, pero omite ordenar su ejecución, tal circunstancia no trae como consecuencia que el mismo se considere ilegal, toda vez que el mandamiento de reaprehensión puede ser legalmente emitido con posterioridad al pronunciamiento de ese fallo, en virtud de que sólo tendría como efecto que el acusado cumpla con las obligaciones que, bajo la nueva situación jurídica, le imponga el Juez del proceso para la continuación del procedimiento penal instaurado en su contra." Inclusive no pasa desapercibido que el inculpado hoy quejoso no se encuentra en estado total de indefensión, toda vez que la autoridad responsable en proveído de cinco de agosto de dos mil quince (fojas 443 a 454), fijó los montos para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, por lo que puede exhibir los montos fijados y enfrentar su proceso en libertad. En esa tesitura, infundados como resultaron los conceptos de violación y no advirtiéndose deficiencia de queja que suplir, en términos del artículo 79 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado por Enrique Eutiquio Salgado Franco contra la orden de reaprehensión de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el expediente penal 159/2016. SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se niega el Amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, en los términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma electrónicamente el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciado Ramiro García Simón, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de septiembre de dos mil veintiuno, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3190/2021 de esa data, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada, ante el licenciado DEMNIS MERLIN ROBLES, quien autoriza, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma hasta el día de hoy veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, turnada al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca con sede en san Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el veintiocho siguiente, Enrique Eutiquio Salgado Franco, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y otras autoridades, que hizo consistir en la orden de reaprehensión y su ejecución. SEGUNDO. En proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca con sede en san Bartolo Coyotepec, Oaxaca, radicó la demanda de amparo bajo el número de juicio 421/2021, asimismo formuló prevención a la parte quejosa en relación a su demanda de amparo. Cumplida la prevención, en diverso proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó informe a las autoridades responsables y dio intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Seguido el trámite en su juicio, en proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, ordenó la separación de autos, remitiendo a este Juzgado el Juicio de Amparo para conocer de los actos atribuidos al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, relativos a la causa penal 159/2016. TERCERO. En proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, se avocó al conocimiento del asunto, se registró la demanda de amparo con el número 950/2021, se convalidaron las actuaciones relativas, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, asimismo se tuvo por apersonado al tercer interesado en proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede; y, PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Octavo de Distrito y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La orden de reaprehensión de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, emitida dentro de la causa penal 159/2016 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con el original de la causa penal 159/2016 y un cuadernillo de pruebas, los cuales adquieren pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 164618, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. 1) Que la orden de reaprehensión viola en su perjuicio los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus derechos humanos consagrados en la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos pues no se le ha seguido un debido proceso. 2) Que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. 3) Que no existen elementos para acreditar que cometió un delito, por lo que para librar la orden de reaprehensión deben existir bastantes datos que hagan presumir su incriminación. Los conceptos de violación sintetizados son infundados. Lo anterior, toda vez en la orden de reaprehensión se debe únicamente fundamentar en las disposiciones normativas que rigen el procedimiento penal, y no en el artículo 16 como es el caso de la orden de aprehensión. Es aplicable la tesis 1a. CC/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, página 1206, Décima Época, Materias(s): Penal, con número de registro digital 2001985, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales". Ahora, la autoridad ordenadora responsable, para librar ese mandamiento de captura se apoyó en los artículos 20, apartado A fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 227 y 233 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca que establecen: Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: I.- Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional; Art. 227. Cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 de la constitución Federal, el Tribunal librará orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, según el caso, contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público. La resolución contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven, sus fundamentos legales y la clasificación o reclasificación legal provisional que se haga de los hechos delictivos, se transcribirá inmediatamente al Ministerio Público para que éste ordene a la Policía Ministerial su cumplimiento. Art. 233. Siempre que se lleve a cabo una aprehensión en virtud de orden judicial, quien la hubiere ejecutado deberá poner al aprehendido sin demora alguna, a disposición del Tribunal respectivo, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que se efectuó y dando a conocer al aprehendido el derecho que tiene para designar defensor. Se entenderá que el inculpado queda a disposición del juzgador, para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que la Policía Ministerial, en cumplimiento de la orden respectiva, lo ponga a disposición de aquél en la prisión preventiva o en un Centro de Salud. El encargado del Reclusorio o del Centro de Salud asentará en el documento relativo a la orden de aprehensión ejecutada, que le presente la policía Ministerial, el día y hora del recibo del detenido. Las personas que se encuentren internadas en algún centro de Reclusión, podrán ser trasladadas a otro centro, hospital, oficina o cualquier lugar, notificándolo al Ministerio Público y a su defensor. De los artículos transcritos se advierte, que la ley determinará los casos graves en los cuales se podrá revocar la libertad de los inculpados. Que cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Federal, se librará orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, según el caso, contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público; siendo que todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa y en el proceso judicial, a ser puesto en libertad bajo caución, inmediatamente que lo solicite y sea procedente. Ahora bien de las constancias que integran el proceso penal 159/2016, remitidas como justificación al informe del juez Penal responsable, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por reenvío de su artículo 2º; se desprende que: 1. El doce de septiembre de dos mil catorce, el Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, radicó la causa penal 146/2014, instruida contra ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO y otra, como probables responsables en la comisión del delito de EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, cometido en perjuicio patrimonial de Marcos Enrique Acevedo Cruz, ilícito previsto y sancionado por el artículo 379, en relación con los artículos 8°, fracción II, 10 fracción I y agravado por el último párrafo del artículo 379, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca y en la misma fecha libró orden de aprehensión contra el inculpado de referencia (foja 1 a 188). 2. El treinta de septiembre de dos mil catorce, compareció bajo los efectos de la suspensión y ante el personal del Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, el inculpado ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, se le recibió su declaración preparatoria en esa misma fecha (fojas 201 a 210) 3. El seis de octubre de dos mil catorce, fue dictado contra ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, auto de formal prisión por el delito EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, cometido en perjuicio patrimonial de Marcos Enrique Acevedo Cruz (foja 210 a 230). 4. En proveído de doce de febrero de dos mil dieciséis, en atención al Acuerdo 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Sexto y Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, la causa penal 146/2014 del Juzgado Séptimo de lo Penal paso al índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, bajo el número de causa penal 159/2016. 5. El uno de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia absolutoria a favor de ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, por el delito EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, cometido en perjuicio patrimonial de Marcos Enrique Acevedo Cruz, ordenando la inmediata libertad del inculpado de referencia al encontrarse recluido en un centro penitenciario (fojas 1136 a 1165) 6. Apelada que fue dicha sentencia por la parte ofendida, en resolución de nueve de julio de dos mil diecinueve, los Magistrados de la Tercera Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, revocaron la sentencia absolutoria a efecto de analizar el fondo del asunto, verificar la existencia del delito y la responsabilidad penal de ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO (1188 a 1193). 7. Contra la resolución de nueve de julio de dos mil diecinueve, emitida por los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue promovido amparo indirecto por ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, del cual conoció este Juzgado Octavo de Distrito bajo el número de expediente 771/2019; juicio en el cual le fue concedido el amparo y protección de la Justicia Federal al referido inculpado (fojas 1251 a 1253) 8. En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, los Magistrados de la Tercera Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emitieron una nueva resolución el veintiocho de enero de dos mil veinte, en la que revocaron la sentencia absolutoria a efecto de analizar el fondo del asunto, verificar la existencia del delito y la responsabilidad penal de ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO (fojas 1259 a 1264) 9. En proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, requirió al inculpado ENRIQUE SALGADO FRANCO o ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, para que compareciera voluntariamente ante el personal de ese Juzgado y ordenar su internamiento, al no cumplir con dicha determinación ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público en diverso proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno para que promoviera lo que a su representación conviniera. 10. En proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, libró orden de reaprehensión en contra de ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, y una vez cumplido dicho mandato, sea internado en el Centro Penitenciario Varonil de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca (cuadernillo por separado). De lo anterior se advierte, que la orden de reaprehensión reclamada, se encuentra debidamente fundada y motivada; y, por ende no viola en perjuicio del quejoso lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues a pesar de que también incide en la privación de su libertad al igual que una orden de aprehensión, se estima legal la determinación del juez responsable, porque la orden de reaprehensión fue correctamente librada, al tomarse en consideración lo siguiente: a) Que se había dictado en contra del quejoso auto de formal prisión por un delito sancionado con pena privativa de libertad, incluso se encontraba recluido en el Centro de Internamiento. b) Que en principio, se dictó a su favor sentencia absolutoria; sin embargo, la parte ofendida interpuso recurso de apelación, motivo por el cual el superior jerárquico del Juez responsable revocó la sentencia absolutoria para el efecto de que la responsable estudiara lo concerniente a la responsabilidad penal del quejoso. c) Incluso, antes de girar la orden de reaprehensión, el Juez natural, a fin de no violar los derechos humanos de previa audiencia y legalidad que rigen el proceso penal, y en respeto de las formalidades esenciales del procedimiento que se estiman violadas, hizo saber al inculpado, hoy quejoso, que se presentará ante su potestad para internarlo en el centro de reinserción social para poder dar cumplimiento a la resolución de segunda instancia, apercibiéndolo de que en caso de ser omiso, se giraría en su contra orden de reaprehensión. d) Que el requerimiento respectivo le fue notificado al inculpado en el domicilio señalado para tal efecto, mediante instructivo de notificación el doce de marzo de dos mil veintiuno. Consiguientemente, la orden de reaprehensión no es violatoria de los artículos 14, 16 y 19 constitucionales, pues al haber sido revocada la sentencia absolutoria emitida por el superior jerárquico del Juez natural, dio lineamientos para emitir una nueva sentencia en la que analizará lo relativo a la pena y la responsabilidad penal del hoy quejoso. Asimismo, el Juez responsable previo a dictar la medida respectiva, dio vista al Agente del Ministerio público de su adscripción, quien solicitó expresamente se librara la orden de reaprehensión por haber incumplido las obligaciones a que se encontraba sujeto. En razón a ello, el Juez responsable procedió al dictado de la orden de reaprehensión reclamada, la cual no es inconstitucional por ser consecuencia directa de lo anterior, pues el quejoso está sujeto al auto de bien preso y lo único que se persigue es que el procesado continúe en la situación jurídica ya existente. "REAPREHENSIÓN. No toda orden de aprehensión se funda en las prevenciones del artículo 16 constitucional; pues este artículo supone la existencia de la denuncia de un hecho, que la ley castiga con pena corporal, apoyada por declaración digna de fe; pero cuando la orden de aprehensión se funda en motivo diverso, como el caso de que una persona que está en libertad bajo protesta, se ausente de la población sin el debido permiso del Juez, éste puede decretar orden de aprehensión en contra de esa persona, sin necesidad de fundarla en los requisitos del artículo 16 constitucional, toda vez que dicha persona ya está sujeta a un auto de formal prisión, por los mismos hechos." Así como la tesis VI.1o.P.110 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito que dice: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. ES LEGAL DECRETARLA CUANDO HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS QUE SE HA SOBRESEÍDO, POR HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Cuando la suspensión definitiva concedida al quejoso en el incidente relativo al juicio de amparo indirecto, promovido en contra de la orden de aprehensión, cesó sus efectos al sobreseerse en el juicio de amparo por cambio de situación jurídica al dictarse auto de formal prisión, es legal la orden de reaprehensión dictada al no haberse puesto voluntariamente el inculpado a disposición del Juez de la causa, respecto a su libertad personal, para la continuación del procedimiento." Y la tesis XIX.3o.3 P del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que señala: "FORMAL PRISIÓN, AUTO DE. ES LEGAL, AUN CUANDO NO SE ORDENE SU EJECUCIÓN. El artículo 19 de la Carta Magna establece la obligación del órgano jurisdiccional de justificar la detención de una persona con un auto de formal prisión, que se dictará cuando de los datos que arroje la averiguación previa se acrediten los elementos del tipo penal de que se trate y hagan probable la responsabilidad penal del acusado en su comisión, fundando y motivando debidamente dicha determinación; ahora bien, si el Juez instructor pronuncia dicha resolución cumpliendo con los mencionados requisitos, pero omite ordenar su ejecución, tal circunstancia no trae como consecuencia que el mismo se considere ilegal, toda vez que el mandamiento de reaprehensión puede ser legalmente emitido con posterioridad al pronunciamiento de ese fallo, en virtud de que sólo tendría como efecto que el acusado cumpla con las obligaciones que, bajo la nueva situación jurídica, le imponga el Juez del proceso para la continuación del procedimiento penal instaurado en su contra." Inclusive no pasa desapercibido que el inculpado hoy quejoso no se encuentra en estado total de indefensión, toda vez que la autoridad responsable en proveído de cinco de agosto de dos mil quince (fojas 443 a 454), fijó los montos para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, por lo que puede exhibir los montos fijados y enfrentar su proceso en libertad. En esa tesitura, infundados como resultaron los conceptos de violación y no advirtiéndose deficiencia de queja que suplir, en términos del artículo 79 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado por Enrique Eutiquio Salgado Franco contra la orden de reaprehensión de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el expediente penal 159/2016. SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se niega el Amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, en los términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se niega el Amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO, en los términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    En el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciado Ramiro García Simón, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de septiembre de dos mil veintiuno, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3190/2021 de esa data, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada, ante el licenciado DEMNIS MERLIN ROBLES, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes, vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2021 del aludido pleno. Acto continuo, el Secretario certifica que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenida en el apercibimiento dictado en el auto inicial. Enseguida, el Secretario hizo una relación de las constancias de autos. El Secretario en funciones acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias que antecede y provéase lo conducente respecto de la certificación secretarial, en la sentencia que se pronuncie en este juicio. Abierto el periodo probatorio, el Secretario hace constar que la autoridad judicial responsable, remitió el original de la causa penal 159/2016 y un cuadernillo de pruebas como apoyó su informe justificado. El Secretario encargado acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales ofrecidas por la autoridad judicial responsable. Como no existen diversas pruebas pendientes que desahogar, se cierra dicho periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no los formularon. El Secretario en funciones acuerda: como no se formularon alegatos, se cierra dicho periodo y se procede a dictar la siguiente resolución: LIC. RAMIRO GARCÍA SIMÓN SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO LIC. DEMNIS MERLÍN ROBLES SECRETARIO DE JUZGADO

  4. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional. Vistos los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el lapso para que la parte quejosa y tercera interesada se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS OCHO MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. NOTIFÍQUESE. (EL PRESENTE AUTO SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO EL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VIENTIUNO Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24, 29 Y 31 DE LA LEY DE AMPARO)

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