Enrique Estrada Méndez
Expediente 57/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Enrique Estrada Méndez
Actuaciones
- Principal
Mesa II-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio firmado por la titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Miahuatlán, Oaxaca, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho con número de orden 92/2016 y de origen 41/2016 del índice de este juzgado; por tanto, regístrese la baja de la referida comunicación en el libro de gobierno como diligenciada. Ahora bien, vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Enrique Estrada Méndez, se le hizo personalmente el veintidós de enero pasado, notificación que surtió efectos el veinticinco siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja transcurrió del veintiséis de enero pasado al dos de febrero de dos mil dieciséis, sin que lo hiciera. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, en virtud que por el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto Segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido Acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
Mesa II-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de enero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Enrique Estrada Méndez, contra actos del defensor público adscrito por la Defensoría en el Estado de Chihuahua. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de la materia; regístrese con el número 57/2016 que le correspondió. Ahora, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito oficiosamente emprende el examen de la demanda para advertir si existe motivo de improcedencia; la que se advierte, debe desecharse por que existe un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De lo anterior se aprecia, como elementos a considerar para determinar si una autoridad, lo es para los efectos de la Ley de Amparo: Que sea una que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto. Que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas. Y que lo haga en forma unilateral y obligatoria. De igual manera, los particulares tienen la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, en los mismos términos apuntados, y cuyas funciones estén determinadas además por una norma general. Ahora, la lectura íntegra de la demanda de amparo revela que el quejoso Enrique Estrada Méndez reclama del defensor público adscrito por la Defensoría en el Estado de Chihuahua, la omisión y negativa de no proporcionarle una defensa adecuada, la negligencia e inconformidad en abandonar la defensa del promovente. Sin embargo, el defensor público adscrito a la Defensoría en el Estado de Chihuahua, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues no tiene las características que lo definen, en la medida que durante el proceso penal, no es quien que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar las actuaciones o resoluciones judiciales que determinan el procedimiento en todas sus instancias; tampoco es quien por sí mismo, crea, modifica o extingue la situación jurídica en la que se encuentra. Antes bien, se trata de la persona que lo asesora y lo defiende en el proceso penal, quien es partícipe de la contienda como parte, de modo que las violaciones procesales cometidas por deficiencia en la defensa, atañen a decisiones jurisdiccionales, que no determina el defensor, motivo por el cual carece del carácter de autoridad en el juicio constitucional. Además de lo anterior, de admitir la demanda y llegado el caso de considerar que existió negligencia de la defensa, la concesión el amparo, sería con un resultado inocuo para los intereses del quejoso, en tanto que, en sus puntos petitorios de la demanda, solicita que se dé trámite al recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo directo 319/014, del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en ciudad Juárez Chihuahua, lo que no depende de las actuaciones del defensor público, como autoridad responsable. En consecuencia, al actualizar los supuestos previstos en el artículo 63, fracción XXIII en relación con el diverso 5º, inciso II, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías interpuesta. Ahora bien, en virtud que el promovente Enrique Estrada Méndez, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 en Miahuatlán, Oaxaca (CEFERESO número 13), con fundamento en los artículos 26, fracción II, de la Ley de Amparo 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, con inserción de este proveído notifíquesele este acuerdo mediante comunicación oficial que se gire vía fax, por lo que gírese atento despacho al juez de Ejecución de Sanciones de Miahuatlán, Oaxaca. Notifíquese...
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