Enrique Estrada Méndez
Expediente 659/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Enrique Estrada Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
PRAL 659/2018 1A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil dieciocho. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución de fecha doce de septiembre del año en curso (fojas 65 a 69), que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, promovido por ***(foja 8), sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida resolución; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 6. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 7. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
CP.PRAL.659/2018-1A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Se agrega oficio. Agréguese el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFCF/CFRS13/DG/15694/2018, del director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, Cps-Oaxaca, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el que comunica que con fecha cuatro de septiembre del año en curso, el aquí quejoso Enrique Estrada Méndez, causó baja de ese centro penitenciario, por haber sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número dieciocho, Cps-Coahuila; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el doce de septiembre del año en curso, se agregó ese oficio, recibido vía correo electrónico oficial y, en atención a su contenido, se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo. Se forma cuaderno relacionado. Toda vez que el juicio de amparo 659/2018 se encuentra en la Actuaría de este Juzgado a efecto de notificar a la parte quejosa el proveído dictado el doce de septiembre de este año; fórmese el cuaderno relacionado para proveer lo correspondiente y, en su oportunidad, sin previo acuerdo, agréguese a ese expediente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.659/2018-1A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Egreso del quejoso. Agréguese el oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/CFCF/CFRS13/DG/15694/2018, del director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, Cps-Oaxaca, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, recibido vía correo electrónico oficial, mediante el que comunica que con fecha cuatro de septiembre del año en curso, el aquí quejoso Enrique Estrada Méndez, causó baja de ese centro penitenciario, por haber sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número dieciocho, Cps-Coahuila; y, para acreditar dicha circunstancia, acompaña copia certificada del acta administrativa número 244/2018, de egreso definitivo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Vistos los autos, advirtiéndose que: 1. Enrique Estrada Méndez promovió demanda de amparo que fue turnada a este Juzgado el cinco de julio de dos mil dieciocho año (foja 8) en la que reclamó: a) La omisión de dar de alta un número de celular perteneciente a un familiar. b) No prestar atención a las peticiones del quejoso, dejándolo incomunicado por un período largo; y, c) No proporcionarle el formato de actualización de números telefónicos relativo al mes de junio de este año. Que atribuyó al director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 2. Por auto de seis de julio de dos mil dieciocho (fojas 9 a 14) se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 659/2018, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. 3. La autoridad responsable, director General del citado centro de reclusión, al rendir su informe justificado (fojas 27 a 36) negó la existencia de los actos reclamados. Al efecto, manifestó que la petición que el quejoso formuló en el formato relativo al mes de mayo del año en curso, consistente en agregar un número de celular perteneciente a Nohelia García Camacho, fue atendida en tiempo y forma. Y como justificación de su informe, remitió copia certificada del: a) Escrito de petición del quejoso, formulada en el mes de mayo de dos mil dieciocho, así como de la constancia relativa a su atención o respuesta, fechada el doce de julio siguiente (foja 29). b) Relación de llamadas telefónicas realizadas por el promovente (fojas 30 a 32); y, c) Lista de correspondencia enviada por el quejoso y de la remitida a este último (fojas 33 y 34). Respecto del diverso acto reclamado, consistente en la negativa de proporcionar al promovente el formato de actualización de números telefónicos correspondiente al mes de junio de este año, la autoridad responsable no se pronunció al respecto. Se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable. Ahora, se tienen por ciertos dichos actos, toda vez que de las constancias de referencia se advierte que, en atención a la petición que el quejoso le realizó a la responsable en el formato relativo al mes de mayo de dos mil dieciocho, consistente en agregar un tercer número telefónico, la autoridad responsable determinó procedente registrar el primer número proporcionado, lo que hizo de su conocimiento el doce de julio del año en curso (foja 29); esto es, con fecha posterior a la presentación de la demanda que lo fue el cinco de julio de este año (foja 8). Además, no se pronunció respecto de la negativa de proporcionar al promovente el formato de actualización de números telefónicos correspondiente al mes de junio de este año (foja 8 reverso). Primera causa de improcedencia. Respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión de dar de alta un número de celular perteneciente a un familiar, solicitado mediante el formato del mes de mayo, se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es oficioso, preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 de la ley invocada. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que la autoridad responsable, en respuesta a la petición del quejoso, realizada en el formato del mes de mayo de dos mil dieciocho, en términos de lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, dio de alta el número de celular que le proporcionó, quedando registrado con fecha doce de julio de dos mil dieciocho, fecha en la cual hizo del conocimiento del quejoso sobre tal aspecto (foja 29). De lo anterior se sigue que han cesado los efectos de ese acto reclamado, toda vez que la responsable dio de alta el número de celular del familiar, cuya omisión reclamó en este juicio de amparo, extinguiéndose las violaciones a los derechos fundamentales que pudieron haberse cometido con la abstención reclamada; con lo que, los efectos desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y atento al principio de prontitud de justicia que consagra el numeral 17 constitucional, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo, respecto de dicho acto reclamado. Es aplicable por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, que por contradicción de tesis emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 605 del tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 168689, con el rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." Segunda causa de improcedencia. Respecto de los diversos actos reclamados, consistentes en: b) No prestar atención a las peticiones del quejoso, dejándolo incomunicado por un período largo; y, c) No proporcionarle el formato de actualización de números telefónicos relativo al mes de junio de este año. Se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé la fracción XXII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Ello así se considera, porque de las documentales remitidas por la autoridad responsable, consistentes en la copia certificada del acta administrativa número 244/2018 (fojas 57 a 62), a la que se le otorga valor probatorio pleno, por las razones expresadas con anterioridad, se aprecia que con fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el aquí quejoso causó baja del Centro Federal de Readaptación Social número trece, Cps-Oaxaca, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al haber sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número dieciocho, Cps-Coahuila. Por lo que es posible advertir, que subsisten esos actos, pero su objeto quedó sin efecto jurídicamente, porque se encontraba directamente relacionado con la reclusión del quejoso Enrique Estrada Méndez, en el Centro Federal de Readaptación Social número trece "Cps-Oaxaca", mismo que ahora se encuentra en un diverso centro federal. Ante ello, si se resolviera el fondo del juicio de amparo y, en su caso, se concediera la protección constitucional, ello resultaría estéril, pues al egresar el quejoso de ese Centro Federal, se presenta la imposibilidad de restituir en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se dijo estaban siendo vulnerados. En esas condiciones, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer este juicio, fuera de audiencia, respecto de esos actos, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo, por tratar sobre el tema, los criterios que enseguida se transcriben: "Novena Época Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Insubsistencia de requerimiento. Por lo anterior, queda insubsistente el requerimiento formulado por acuerdo de veintiocho de agosto del año en curso (fojas 52 y 53), en el que se solicitó a la autoridad responsable remitiera copia certificada del formato de actualización de números telefónicos relativo al mes de junio de dos mil dieciocho que, en su caso, le hubiere proporcionado al quejoso para requisitarlo. Se deja sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional. Se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional, once horas con un minuto del veintiocho de septiembre del año en curso (foja 53); háganse las anotaciones respectivas. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este proveído estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de esta resolución en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notificación al quejoso. Como no existe algún otro domicilio que señalara para recibir notificaciones, se ordena que las subsecuentes notificaciones al quejoso, de carácter personal, se realicen mediante lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; por lista de acuerdos al quejoso Enrique Estrada Méndez y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Egreso del quejoso. Agréguese el oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/CFCF/CFRS13/DG/15694/2018, del director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, Cps-Oaxaca, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, recibido vía correo electrónico oficial, mediante el que comunica que con fecha cuatro de septiembre del año en curso, el aquí quejoso Enrique Estrada Méndez, causó baja de ese centro penitenciario, por haber sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número dieciocho, Cps-Coahuila; y, para acreditar dicha circunstancia, acompaña copia certificada del acta administrativa número 244/2018, de egreso definitivo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Vistos los autos, advirtiéndose que: 1. Enrique Estrada Méndez promovió demanda de amparo que fue turnada a este Juzgado el cinco de julio de dos mil dieciocho año (foja 8) en la que reclamó: a) La omisión de dar de alta un número de celular perteneciente a un familiar. b) No prestar atención a las peticiones del quejoso, dejándolo incomunicado por un período largo; y, c) No proporcionarle el formato de actualización de números telefónicos relativo al mes de junio de este año. Que atribuyó al director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 2. Por auto de seis de julio de dos mil dieciocho (fojas 9 a 14) se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 659/2018, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. 3. La autoridad responsable, director General del citado centro de reclusión, al rendir su informe justificado (fojas 27 a 36) negó la existencia de los actos reclamados. Al efecto, manifestó que la petición que el quejoso formuló en el formato relativo al mes de mayo del año en curso, consistente en agregar un número de celular perteneciente a Nohelia García Camacho, fue atendida en tiempo y forma. Y como justificación de su informe, remitió copia certificada del: a) Escrito de petición del quejoso, formulada en el mes de mayo de dos mil dieciocho, así como de la constancia relativa a su atención o respuesta, fechada el doce de julio siguiente (foja 29). b) Relación de llamadas telefónicas realizadas por el promovente (fojas 30 a 32); y, c) Lista de correspondencia enviada por el quejoso y de la remitida a este último (fojas 33 y 34). Respecto del diverso acto reclamado, consistente en la negativa de proporcionar al promovente el formato de actualización de números telefónicos correspondiente al mes de junio de este año, la autoridad responsable no se pronunció al respecto. Se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable. Ahora, se tienen por ciertos dichos actos, toda vez que de las constancias de referencia se advierte que, en atención a la petición que el quejoso le realizó a la responsable en el formato relativo al mes de mayo de dos mil dieciocho, consistente en agregar un tercer número telefónico, la autoridad responsable determinó procedente registrar el primer número proporcionado, lo que hizo de su conocimiento el doce de julio del año en curso (foja 29); esto es, con fecha posterior a la presentación de la demanda que lo fue el cinco de julio de este año (foja 8). Además, no se pronunció respecto de la negativa de proporcionar al promovente el formato de actualización de números telefónicos correspondiente al mes de junio de este año (foja 8 reverso). Primera causa de improcedencia. Respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión de dar de alta un número de celular perteneciente a un familiar, solicitado mediante el formato del mes de mayo, se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo , cuyo estudio es oficioso, preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 de la ley invocada. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que la autoridad responsable, en respuesta a la petición del quejoso, realizada en el formato del mes de mayo de dos mil dieciocho, en términos de lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, dio de alta el número de celular que le proporcionó, quedando registrado con fecha doce de julio de dos mil dieciocho, fecha en la cual hizo del conocimiento del quejoso sobre tal aspecto (foja 29). De lo anterior se sigue que han cesado los efectos de ese acto reclamado, toda vez que la responsable dio de alta el número de celular del familiar, cuya omisión reclamó en este juicio de amparo, extinguiéndose las violaciones a los derechos fundamentales que pudieron haberse cometido con la abstención reclamada; con lo que, los efectos desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y atento al principio de prontitud de justicia que consagra el numeral 17 constitucional, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo, respecto de dicho acto reclamado. Es aplicable por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, que por contradicción de tesis emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 605 del tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 168689, con el rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." Segunda causa de improcedencia. Respecto de los diversos actos reclamados, consistentes en: b) No prestar atención a las peticiones del quejoso, dejándolo incomunicado por un período largo; y, c) No proporcionarle el formato de actualización de números telefónicos relativo al mes de junio de este año. Se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé la fracción XXII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Ello así se considera, porque de las documentales remitidas por la autoridad responsable, consistentes en la copia certificada del acta administrativa número 244/2018 (fojas 57 a 62), a la que se le otorga valor probatorio pleno, por las razones expresadas con anterioridad, se aprecia que con fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el aquí quejoso causó baja del Centro Federal de Readaptación Social número trece, Cps-Oaxaca, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al haber sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número dieciocho, Cps-Coahuila. Por lo que es posible advertir, que subsisten esos actos, pero su objeto quedó sin efecto jurídicamente, porque se encontraba directamente relacionado con la reclusión del quejoso Enrique Estrada Méndez, en el Centro Federal de Readaptación Social número trece "Cps-Oaxaca", mismo que ahora se encuentra en un diverso centro federal. Ante ello, si se resolviera el fondo del juicio de amparo y, en su caso, se concediera la protección constitucional, ello resultaría estéril, pues al egresar el quejoso de ese Centro Federal, se presenta la imposibilidad de restituir en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se dijo estaban siendo vulnerados. En esas condiciones, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer este juicio, fuera de audiencia, respecto de esos actos, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo, por tratar sobre el tema, los criterios que enseguida se transcriben: "Novena Época Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Insubsistencia de requerimiento. Por lo anterior, queda insubsistente el requerimiento formulado por acuerdo de veintiocho de agosto del año en curso (fojas 52 y 53), en el que se solicitó a la autoridad responsable remitiera copia certificada del formato de actualización de números telefónicos relativo al mes de junio de dos mil dieciocho que, en su caso, le hubiere proporcionado al quejoso para requisitarlo. Se deja sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional. Se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional, once horas con un minuto del veintiocho de septiembre del año en curso (foja 53); háganse las anotaciones respectivas. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este proveído estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de esta resolución en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notificación al quejoso. Como no existe algún otro domicilio que señalara para recibir notificaciones, se ordena que las subsecuentes notificaciones al quejoso, de carácter personal, se realicen mediante lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; por lista de acuerdos al quejoso Enrique Estrada Méndez y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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