Enrique Ernesto Gomez Saldivar
Expediente 250/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Enrique Ernesto Gomez Saldivar
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Téngase recibida la demanda promovida por Enrique Ernesto Gómez Saldívar, con dos anexos y seis copias que acompaña; contra actos de Gobierno del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades. Registro del expediente. Fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 250/2023-VIII. Acto reclamado. Resulta conveniente señalar que en el caso, Enrique Ernesto Gómez Saldívar, señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables. a) Gobierno del Estado de San Luis Potosí; b) Dirección del Registro Público de la Propiedad; c) Dirección de Catastro de Gobierno del Estado; d) Dirección General de Gestión Territorial y Catastro de San Luis Potosí; y, e) Congreso del Estado. Actos reclamados. 1.- La aplicación del artículo Tercero del Decreto 285, emitido el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, por la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y, 2.- La anotación realizada al calce, más no en la parte marginal, de la escritura inscrita en la Oficina del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, bajo el número 139683, a fojas ciento cuarenta, tomo 2162; así como sus consecuencias legales consistentes en no poder disponer del respectivo inmueble. Antecedentes del acto reclamado. En ese sentido, el promovente expone bajo protesta de decir verdad, que es beneficiario de la donación realizada mediante Decreto 285, por parte de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, respecto del inmueble ubicado en el lote número 7, manzana 2, del Fraccionamiento Valles del Campestre de esta ciudad; sin embargo, el treinta de enero de dos mil veintitrés, fue informado en la Dirección del Registro Público de la Propiedad, de la inscripción al calce que obra en la escritura correspondiente. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando, por su orden, si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Marco normativo. En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos consentidos de forma tácita, entendiéndose dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la propia ley de la materia, sin promover dentro del mismo el juicio de amparo respectivo. En efecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. La parte inicial del primero de los preceptos en comento, establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el segundo de los citados dispositivos prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a) Dicho plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b) El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquel en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. Caso concreto. Así, del capítulo que la parte quejosa denominó como "FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO", se advierte que el propio quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el treinta de enero de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento de los actos reclamados, al haber comparecido a la Dirección del Registro Público de la Propiedad, a solicitar la constancia de la escritura del inmueble que refiere es de su propiedad. Lo anterior constituye una confesión que adquiere una eficacia demostrativa plena, según el contenido de los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación en cita, toda vez que la misma se presume fue hecha por persona capacitada para obligarse, pues incluso, promovió el presente juicio de control constitucional; con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y de hechos relatados como propios; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la misma no se haya ofertado expresamente como prueba, pues, se insiste, son manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, a través de un escrito por el cual comparece ante este juzgado de Distrito. Así, se concluye que la parte promovente tuvo conocimiento de los actos que reclama el día treinta de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, de la boleta de turno de la demanda, se advierte que la misma fue recibida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el veinticuatro de febrero del presente año, como se advierte del sello relativo. Bajo esa óptica jurídica, cabe mencionar que si en el caso, la parte quejosa reclama la aplicación del artículo Tercero del Decreto 285, emitido el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, por la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y la anotación realizada al calce, más no en la parte marginal, de la escritura inscrita en la Oficina del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, bajo el número 139683, a fojas ciento cuarenta, tomo 2162; así como sus consecuencias legales consistentes en no poder disponer del respectivo inmueble; como consecuencia, es válido concluir que el término de quince días para instar la acción constitucional a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en contra del acto reclamado, transcurrió del treinta y uno de enero al veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, y si demanda la presentó el veinticuatro del presente mes y año, se estima que la misma resulta extemporánea. Resulta aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 47 del Volumen 169-174, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época1. Decisión. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con lo dispuesto por los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Requerimiento a la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí En tanto que de la demanda se aprecia que lo que se reclama es el artículo tercero del Decreto 285, requiérase a la citada oficina, para que proceda a turnar la presente demanda como administrativa, contra leyes, remitiendo la boleta corregida y lleve a cabo la compensación correspondiente. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Martín Torres Rosales y Rafael Romero Artolózaga, toda vez que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Medios electrónicos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Téngase recibido y agréguese al presente asunto el oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto del Ramo Familiar con sede en esta ciudad; mediante el cual, en atención al requerimiento que le fue formulado en autos, informa que el juicio de origen se turnó al Juzgado Primero Familiar de esta ciudad; quién radicó el mismo bajo el expediente 191/2023 de su estadística. Requerimiento y apercibimiento. En virtud de lo anterior, requiérase al aludido órgano jurisdiccional para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dentro del término de tres días contados a partir del días siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este órgano judicial sí aceptó la competencia legal para conocer del referido asunto; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 del citado ordenamiento legal. Notifíquese.
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