Enrique Enciso Diaz
Expediente 2605/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2605/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/02/2023
Partes del expediente
- Enrique Enciso Diaz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós en el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni conservable. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el quince de diciembre de dos mil veintidós; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto. Vista la demanda de amparo signada aparentemente por la promovente de amparo DELMA * contra actos de autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Luego, tomando en consideración que la firma estampada en el escrito de cuenta, a simple vista difiere de la que calza en el escrito de demanda requiérase a **, para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación comparezca al local que ocupa este Juzgado de Distrito a efecto de que ante la presencia judicial, exprese si la firma que aparece en el escrito de cuenta la reconoce como suya y, en su caso, si ratifica su contenido, se apercibe al promovente que de no cumplir con lo ordenado en los términos indicados, se tendrán por no presentado el escrito que nos ocupa. En ese orden de ideas, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de apreciarse una diferencia notoria entre las firmas ratificadas y la plasmada durante la diligencia de ratificación, este órgano jurisdiccional está facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. Asimismo, que conforme los numerales 15, 121, 209, 237, fracción III, y 271 de la Ley de Amparo, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, este órgano jurisdiccional podrá hacer del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos, incluso el ordinal 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. También, que una vez desahogada dicha experticia y en ella se probare la plasmada no corresponde con la efectuada en la diligencia de ratificación, este Juzgado de Distrito debe dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales correspondientes. Son aplicables a las anteriores consideraciones, las jurisprudencias de rubro y texto: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUELEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". (Época: Octava Época, Registro: 394214, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Materia(s): Común, Tesis: 258, Página: 174). "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada". (Contradicción de tesis 338/2016, Época: Décima Época, Registro: 2014436, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 59/2017 (10a.), Página: 1234). "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". (Contradicción de tesis 204/2016, Época: Décima Época, Registro: Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 13/2017 (10a.), Página: 5). En el entendido de que deberá comparecer al local de este Juzgado, debidamente identificada con documento oficial vigente con fotografía.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante acuerdo de uno de diciembre del presente año, se requirió al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, por la remisión de diversas constancias, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo anterior. Por tanto, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esa Ley, requiérase al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, para que a la brevedad posible y dentro del plazo que no exceda de tres días posteriores a su notificación, remita copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias con que cuente en sus archivos, relativas al inmueble materia de controversia en la presente instancia constitucional. Apercibida que de ser omisa se le impondrá una multa acorde a lo establecido con los artículos 37 y 259 de la ley de la materia.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de ocho de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, dentro de los siguientes noventa días, se verificará la depuración del presente expediente; y terminado ese proceso, deberá realizarse una transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se ordena imprimir e incorporar al expediente físico, la presente determinación. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
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