Enrique Eduardo Carrillo Lopez

Expediente 820/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 9 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
820/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
09/09/2020

Partes del expediente

  • Enrique Eduardo Carrillo Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***,, por propio derecho, contra actos del Director General de Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridad, por considerarlos violatorios del artículos 1°, 8° y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 820/2020-I, y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. INCOMPETENCIA Previo a acordar lo que en derecho proceda, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Sobre esa base, la legislación establece las reglas de competencia siguientes: a) Competencia por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); b) Competencia por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); c) Competencia por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sustenta lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." COMPETENCIA POR MATERIA En el caso, este Juzgado de Distrito considera que carece de competencia legal para conocer del asunto por razón de la materia, la cual es regulada por los artículos 48, 49, 52 y 55 de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", que regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: "Artículo 48. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. Artículo 49. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Los preceptos transcritos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito, en la parte que aquí atañe, del siguiente modo: Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Jueces de Distrito en Materia Laboral. Asimismo, dispone que los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial, conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del capítulo transcrito. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las normas generales que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Al respecto, la materia laboral se sustenta en el texto del artículo 123 de la Constitución Federal que contiene una serie de derechos a favor de la clase trabajadora, de tal suerte que toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución y por la ley reglamentaria correspondiente. En el caso, de una lectura integral de la demanda y atendiendo a la causa de pedir, este Juzgador observa que la parte quejosa reclama actos que se encuentran estrechamente relacionados con el reconocimiento de derechos laborales a los que aduce tener derecho con motivo del accidente que sufrió en fechas pasadas. Lo anterior, pues reclama el dictamen 98019, por medio del cual se le informó que el accidente que sufrió no fue de trayecto hacia su centro de labores, siendo que, a consideración del quejoso, el accidente mencionado sí fue con motivo del traslado de su casa habitación a su centro laboral; de manera que, considera, el acto reclamado, no se encuentra debidamente fundado y motivado; cuestión que le afecta en sus derechos laborales. En relación con lo anterior, se tiene que la negativa de garantizar -si es que tiene derecho a ello- el reconocimiento del accidente que sufrió el quejoso como riesgo de trabajo, contenido en el dictamen reclamado, es un acto de naturaleza estrictamente laboral que involucra cuestiones relacionados con derechos sustantivos de naturaleza laboral. Se dice lo anterior, ya que para poder estar en posibilidad de analizar -de ser procedente el juicio-, si dichos actos afectan o no sus derechos fundamentales como trabajador, será necesario analizar las normas constitucionales y secundarias en materia laboral que alega violadas -i.e. artículo 123 constitucional, así como las normas secundarias que prevén cuándo se está en presencia de un accidente de trabajo-; normas respecto de las cuales este Juzgador carece de competencia material para conocer. De manera que si en esta instancia constitucional se reclaman cuestiones atinentes a la relación laboral que guarda el quejoso con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces es claro que la competencia material del asunto es de carácter laboral. Por lo expuesto, este Juzgador determina que debe conocer del presente asunto un Juez de Distrito especializado en la materia laboral y, con fundamento en el artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por materia, para conocer de la demanda de amparo, con independencia de que el juicio de amparo sea o no procedente, por lo que se ordena remitir el original del presente cuaderno de amparo, con las respectivas copias de la demanda y el anexo correspondiente al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, a quien se estima competente para conocer de ésta, por los motivos apuntados con anterioridad, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, y si en su caso, acepta o no la competencia planteada. Con copia de todo lo actuado, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. SUSPENSIÓN En otro aspecto, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, cuando se presenta una demanda de amparo ante un juez de distrito y éste considere carecer de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este orden, dado que los actos reclamados no versan sobre dicho tipo de violaciones y que la parte quejosa no solicitó expresamente la medida cautelar; no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre dicho tópico. Por otra parte, no ha lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente en atención a la jurisprudencia cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir el que expone y; como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala para tales efectos y que tengan debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a las personas autorizadas en términos de la última parte del referido numeral. HÁBILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Por último, no ha lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente en atención a la jurisprudencia cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese.

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