Enrique Durán Martínez y Otros.
Expediente 771/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/08/2021
Partes del expediente
- Enrique Durán Martínez y Otros.
- Martin Antonio Torres Acosta
- MARTIN ANTONIO TORRES ACOSTA y Otros.
- Enrique Durán Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito del autorizado de la parte quejosa. Solicitud de copias Expídase a su costa las copias certificadas que solicita, de conformidad con el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Entréguensele las mismas previa razón que por su recibo se deje en autos para constancia. Para lo cual de conformidad con el artículo 6 fracción II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la parte interesada previamente deberá agendar cita a través del sistema "Agenta OJ" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para poder ingresar a las instalaciones de este juzgado federal y obtener la copia que solicita. En el entendido que además de presentar el código "QR", se solicita el uso obligatorio de cubre bocas durante toda su estancia dentro de las instalaciones del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, sin síntomas de enfermedad respiratoria (tos, dolor muscular, flujo nasal y/o dificultad para respirar); para lo cual deberá pasar el filtro sanitario que opera en el edificio; no tener temperatura mayor a los treinta y siete grados centígrados, usar gel antibacterial y procurar la sana distancia de cuando menos un metro y medio. Asimismo, se hace de su conocimiento de que conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de los expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, puede solicitar la consulta del expediente electrónico del expediente en que se actúa y así descargar en su equipo de cómputo copia de las constancias que obren en aquél y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se consideraran como copias certificadas electrónicamente. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Se reanuda procedimiento. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales, salvo atención de casos urgentes; y, que mediante diversa circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, la referida Comisión levantó dicha suspensión a partir del dieciocho de febrero del año en curso. Causa ejecutoria la sentencia de amparo. Vista la razón de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo; consecuentemente: Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó el presente juicio, con fundamento en el artículo 2°, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido; toda vez que en el presente sumario constitucional se dictó sentencia definitiva. Valoración. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3°, fracción XVIII del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, que mediante sentencia de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el presente juicio biinstancial; en consecuencia, se considera que es susceptible de destrucción, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado; esto es, no versó sobre delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Destino. Transcurrido el plazo de conservación de tres años contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 771/2020, promovido por... y... por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y por cuestión de turnó remitido a este Juzgado Segundo por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la parte quejosa por propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y el acto reclamado que a continuación se indican: Autoridades responsables: Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla. Síndico Municipal del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Acto reclamado: Le reclamamos a las autoridades precisadas como responsables, LA OMISIÓN de dar respuesta respecto de nuestro ocurso presentado ante el Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Izúcar de Matamoros Puebla desde el día VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VIENTE. (foja 4 de autos). SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1o y 8o constitucionales. TERCERO. TRÁMITE. Previa radicación del expediente 771/2020, se admitió la demanda de amparo en sus términos se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional Primera ampliación de demanda. Ante la vista con los informes justificados, por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte (fojas 79 a 121 de autos), la parte quejosa amplió su demanda de amparo. En acuerdo de dieciocho del mes y año en cita, se admitió la ampliación de la demanda de amparo, únicamente por cuanto hace al acto reclamado al Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, consistente en la respuesta de dos de septiembre del año pasado (fojas 122 a 124 de autos); y se solicitó a la citada autoridad responsable su respectivo informe justificado. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, pues se reclama un acto a una autoridad administrativa con residencia en el territorio sobre el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, atendiendo a que la demanda es un todo, se precisa que los actos reclamados son: 1. La falta de respuesta del escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ante el Ayuntamiento del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. 2. El oficio... de dos de septiembre de dos mil veinte, a través del cual el Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, dio contestación a dicho escrito. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente y el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, consistente en la falta de respuesta del escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ante el Ayuntamiento del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla (fojas 33 a 47 de autos). Lo que se corrobora con la copia certificada del oficio número... de dos de septiembre de dos mil veinte, que contiene la respuesta emitida a la petición de los quejosos y que adjuntó el Presidente responsable a su informe justificado, documental a la que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, Luego, es inconcuso que al momento en que se presentó la demanda que dio origen al presente sumario, a saber, diez de septiembre del año en curso, la omisión reclamada no existía; en virtud de que como quedó acreditado el Presidente responsable el dos de septiembre del año que transcurre, dio respuesta al ocurso de la parte quejosa, respuesta que le fue notificada mediante estrados el tres del mes y año en cita. Al caso tiene aplicación al caso la jurisprudencia..., que dice: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Razón por la cual, procede sobreseer el presente juicio por ser inexistente el acto atribuido a las autoridades responsables consistentes en la falta de respuesta de la que se duelen los quejosos, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia..., cuyo rubro y texto con del tenor literal siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, al rendir su informe justificados negó la existencia del acto reclamado, consistente en la emisión del oficio... de dos de septiembre de dos mil veinte, a través del cual dio contestación a la petición de los quejosos (fojas 41 a 45 de autos). Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa; ello pues el Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros exhibió copia certificada del oficio en mención y de su notificación; por tanto, es cierto el citado acto reclamado. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso, opera la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo establece que es parte en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Señala además que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conforme a los artículos 1, 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el carácter de autoridad responsable lo tienen aquellos entes que por disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia..., que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En consecuencia, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente contra actos que emanen de autoridades que no reúnan las notas distintivas establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, de las diversas constancias que remitió el Presidente Municipal responsable y las exhibidas por la parte quejosa en su escrito registrado con el número de control de correspondencia interna 13706, se advierte lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ante el Ayuntamiento del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, los quejosos ostentándose como trabajadores de las áreas de recolección de residuos sólidos, jardinería, barrendera, panteón municipal y unidad deportiva; áreas correspondientes a servicios públicos de dicho ayuntamiento, solicitaron lo siguiente (fojas 68 a 74 de autos): El otorgamiento de seguridad social. Aumento de salario. Despensas básicas. Compostura de los vehículos que son herramienta de su trabajo, y la entrega de herramienta mecánica, básica suficiente para atender fallas a los mismos. Pago de días festivos laborados y tiempo extra. Entrega de un boletín de primeros auxilios. Entrega de material necesario para cumplir con las medidas de protección sanitaria, tales como cubre bocas, gel antibacterial, estaciones de lavado de manos, caretas protectoras y guantes de látex. 2. Mediante oficio número... de dos de septiembre de dos mil veinte, el Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, les contestó a los aquí quejosos lo siguiente: Que contestaba en tiempo y forma la petición de los quejosos. Que la atención médica había sido mejorada, y se les estaba brindando servicio médico en las instalaciones del DIF Municipal, donde se les otorgan medicamentos del cuadro básico; y por cuanto hace a las pensiones se les están otorgando de acuerdo a lo estipulado en el artículo 78, fracción XXXI de la Ley Orgánica Municipal. Que a partir de la segunda quincena del mes de agosto del año pasado, recibirían un aumento de su salario del 3% (tres por ciento), haciéndoles la aclaración que los salarios que percibían eran superiores al mínimo. Que en relación al punto número cuatro -despensas-, era imposible otorgarlas, pues se habían recortado participaciones a distintas dependencias. Que cuando entró en funciones su administración, se compraron cuatro vehículos compactadores para la recolección de basura de siete y cinco toneladas, una grúa con canastilla y una retroexcavadora; asimismo, se contrató a un mecánico para que realizara las composturas necesarias a los vehículos que lo requirieran. Que en cuanto a las jornadas de trabajo de cada uno de los trabajadores que integran el área de servicios públicos, se han pagado de manera íntegra, y no se adeuda pago alguno por cualquier otro concepto. Que en el área de corralón ubicada en el barrio de la Magdalena, se cuenta con un botiquín de primeros auxilios; y en fechas posteriores se dotara de siete botiquines de primeros auxilios. Finalmente, que desde el mes de abril se ha dotado de cubre bocas y gel antibacterial a cada uno de los trabajadores del Municipio; asimismo, se han colocado en diferentes puntos de la ciudad estaciones de lavados de manos. Lo cual fue notificado a los quejosos por estrados el tres del mes y año en cita. Luego, es evidente que dicho acto no es reclamable en amparo pues no constituye un acto de autoridad; ello, pues el Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, quien dio respuesta a la petición de los aquí quejosos el dos de septiembre de dos mil veinte, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo. Por tanto, el oficio con el que se da respuesta a la petición que por esta vía reclama, entraña cuestiones de carácter eminentemente laboral, pues se trata del pago de diversas prestaciones laborales, lo que de modo alguno no es unilateral, sino que deriva de la obligación que tiene la dependencia a quien dirigen su petición de atender las relaciones laborales de sus trabajadores; por ende, tal acto no crea, modifica ni extingue por sí o ante sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal del particular. Al respecto se cita, por su sentido jurídico, la jurisprudencia..., de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. De igual forma la es ilustrativa la jurisprudencia..., de contenido siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO SON LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS (COMO RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS COV2, QUE CAUSA LA ENFERMEDAD COVID-19, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos. Trabajadores de distintas Instituciones Médicas reclamaron de sus patrones en la vía indirecta de control constitucional, la negativa a otorgarles medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad Covid-19, siendo que las demandas relativas fueron admitidas por los jueces de Distrito y, esa forma de proceder fue controvertida a través del recurso de queja por la parte patronal a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable.Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad Covid-19, por lo que procede desechar la demanda de amparo indirecto por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación. Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades que señalaron como responsables, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues los actos reclamados los constituyen, en esencia, la negativa a otorgar medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad Covid-19, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo indirecto. No es obstáculo a lo antes determinado, el hecho de que si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender la tutela del derecho en el amparo, excepcionalmente; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones y entonces, se debe acudir a la vía ordinaria laboral para hacer el planteamiento formalmente, en tanto esa jurisdicción está restablecida. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, conforme a la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por... y..., contra los actos y autoridades fijados en el primer resultando; por los motivos y fundamentos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
Visto el estado procesal de autos se advierte que por acuerdo de doce de enero del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, a fin de que manifestaran lo que a su derecho legal convenga y en virtud de encontrarse transcurriendo dicho termino; en consecuencia, se provee: DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Difiérase la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para dar oportunidad a lo anterior. Se fijan, de nueva cuenta, para su celebración las diez horas con cuarenta minutos del nueve de febrero del año en curso. NOTIFÍQUESE POR LISTA A TODAS LAS PARTES, INCLUYENDO A LAS AUTORIDADES. Sirve de apoyo por identidad de razón y en virtud de que no se opone a la Ley vigente, la tesis número 2ª. /J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: " NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS".
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