Enrique Diaz Marta Rebolledo

Expediente 752/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
752/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
27/11/2018

Partes del expediente

  • Enrique Diaz Marta Rebolledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    AVISO. Chetumal, Quintana Roo, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el treinta de octubre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que hayan hecho valer medio de impugnación la parte quejosa y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, una vez transcurrido el plazo de cinco años, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se determina que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo. Finalmente, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el treinta de octubre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que hayan hecho valer medio de impugnación la parte quejosa y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  3. Principal

    AVISO. Chetumal, Quintana Roo, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar sentencia en el expediente ****, del cual se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: **** Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado siguiente: *** Del análisis de las constancias enviadas por la autoridad responsable en el oficio SCA-1234/2018 de ocho de octubre de dos mil dieciocho en el cual rindió el informe justificado, se advierte que el tres de octubre de dos mil dieciocho dictó sentencia en la que resolvió el juicio contencioso-administrativo promovido por el aquí quejoso, determinación que le fue notificada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que no haya transcurrido en su totalidad el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, relativo a la vista que se les diera a las partes con el informe justificado rendido por la responsable, en la medida de que, la vista de que se trata, es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas del veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho.

  4. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial con que se da cuenta y en mérito al estado procesal que guardan los autos, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas del veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la misma.

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