Enrique Díaz Aguirre
Expediente 706/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Enrique Díaz Aguirre
Actuaciones
- Principal
Vistas las constancias que integran este juicio, se advierte que el nueve de noviembre del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, acuerdo que se notificó a la parte quejosa personalmente el trece de noviembre del año en curso. Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiera recurrido el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de amparo, se declara que dicho proveído que sobreseyó el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. En consecuencia, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese el informe justificado de cuenta que rinde la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexo que acompaña. Admisión de prueba. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la documental que adjunta la autoridad responsable, en razón de su propia y especial naturaleza. Actualización de causal de improcedencia. Del contenido del informe justificado en cita, se advierte que la autoridad responsable manifestó que el actuar que se le atribuye es cierto, en razón de que refiere que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (siete de octubre de este año), no se había emitido el laudo respecto en el juicio laboral 376/2017/E-6. Sin embargo, indica que el dieciséis de octubre de dos mil veinte, fue pronunciada esa determinación en tal controversia laboral. Con base en lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, al interpretar el texto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo anterior (cuyo contenido es idéntico al texto actual de la fracción XXI que se analiza), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, se estima que es un requisito necesario para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Caso concreto. En la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como acto reclamado en esta instancia constitucional la omisión de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dictar el laudo respectivo en el juicio laboral 376/2017/E-6. Ahora bien, como se indicó, al rendir su informe justificado la presidenta del citado tribunal indicó que el dieciséis de octubre de dos mil veinte, fue pronunciado el laudo respectivo en tal controversia laboral; y para acreditar tal circunstancia, acompañó copia certificada de esa determinación. Documental que tiene valor pleno de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de una actuación emitida por un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Con base en la información precisada, se considera que los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del laudo se evidencia que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo al ya no existir la materia que constituía el reclamo de la parte quejosa en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Decisión. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia consitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Se deja sin efecto audiencia constitucional. Fecha y hora de audiencia constitucional. Ante la decisión decretada, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Tercero interesado. Finalmente, no pasa inadvertido que no obre en autos el emplazamiento de la parte tercera interesada Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí; sin embargo, se estima que tal circunstancia no es contraria a lo resuelto en este proveído, ya que la presente determinación no le genera perjuicio alguno. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis aislada P. V/98, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO , CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Así como la tesis aislada que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del siguiente tenor: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que no se cuenta con los acuses de recibo relativo a los oficios 14566/2020, dirigido a la Dirección General Adjunta de Estrategia y Política Presupuestaria de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual contenía los oficios 289/2020 del auto de seis de enero de dos mil veinte, reenviado por diverso 5238/2020, el cual se ordenó su reenvió por auto de cinco de octubre de dos mil veinte, y el oficio 3534/2020, dirigido al Director del Diario Oficial de la Federación; oficios que se entregaron al Administrador de Correos el nueve de octubre de dos mil veinte y el siete de febrero de dos mil veinte, a los cuales les correspondieron las series MA000423640MX y MX679293962MX. Requerimiento a Administrador de Correos. En virtud de lo anterior, requiérase al Administrador de Correos de la Oficina Lomas Cuarta Sección de San Luis Potosí, a fin de que dentro del término de tres días, que se le conceden con fundamento en la fracción II, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se sirva remitir a este Juzgado las piezas postales relativa a los oficios 14566/2020 y 3534/2020 dirigidos a la Dirección General Adjunta de Estrategia y Política Presupuestaria de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Director del Diario Oficial de la Federación; para tal efecto se le remite copia autorizada de la factura en mención, para los efectos legales a que haya lugar. Apercibimiento. Apercíbase al Administrador Local de Correos de la Oficina Lomas Cuarta Sección de San Luis Potosí, que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a la cantidad de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigentes, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en la cual se decretó el sobreseimiento en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; debiendo agregar a estos autos el cuaderno original relativo al incidente de suspensión, en el estado en que se encuentre; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional.
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