Enrique Delgado Landeros
Expediente 70/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 02/02/2023
Partes del expediente
- Enrique Delgado Landeros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo firmado por el Secretario General de Acuerdos Interino del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en la capital de la entidad, mediante el cual en lo que interesa acusa recibo del oficio 45936; de lo que se toma la nota respectiva. Cambio de denominación de Juzgado Se hace del conocimiento de las partes que con motivo del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, este órgano jurisdiccional cambió de denominación a Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se ordena el cambio de carátulas correspondientes al expediente en que se actúa.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia constitucional de de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se negó el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa en el presente asunto, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Sin que se oponga a la anterior determinación el que no se encuentre glosado el acuse por los que se ordenó notificar a la autoridad responsable foránea, la sentencia que el día de hoy causa ejecutoria, toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a la misma, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución negó el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso en el juicio de amparo en que se actúa. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, y al haberse negado el amparo en el presente juicio, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo, atendiendo a sus particularidades, es depurable y carece de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que, de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el numeral 18 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del tres de diciembre de dos mil veinticinco. Por otra parte, de autos se obtiene que, mediante proveído de treinta de mayo de este año, con las constancias adjuntas por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, a su oficio por medio del cual se declaró incompetente, se formaron tres tomos de prueba, los dos primeros con las copias certificadas de la causa penal 919/2013, y el último con los autos originales del toca penal 2037/2016. En ese tenor, en virtud que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, resulta innecesario el resguardo del referido medio de prueba en el recinto judicial que alberga este Juzgado de Distrito; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítanse a la brevedad posible las documentales precisadas constantes con anterioridad a las autoridades responsables, y al efecto solicítese el acuse de recibo de las mismas.
- Principal
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