Enrique De la Rosa Mendoza
Expediente 829/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Enrique De la Rosa Mendoza
- Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 829/2021-I, promovido por Enrique de la Rosa Mendoza, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, en el Estado de Chihuahua, el veintisiete de octubre del dos mil veintiuno, y turnado a este Juzgado en la misma fecha, Enrique de la Rosa Mendoza, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, los cuales hizo consistir en. "4.-ACTOS RECLAMADOS.- 4.1.- De la autoridad señalada con el numeral 3.1., se reclama la substanciación del juicio en forma de juicio y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, 4.2.- De la autoridad señalada en el numeral 3.2. se reclama la omisión de la notificación a juicio, una vez que se ordene la substanciación del juicio en términos de Ley, y las notificaciones personales que deba realizar durante el procedimiento " SEGUNDO. Mediante auto de veintiocho de octubre del dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se solicitó informe con justificación a las autoridades responsables; se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que inició en los términos precisados anteriormente y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de las siguientes consideraciones. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1, fracción I, 35, 37, primer párrafo, y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclama un acto omisivo atribuido a una autoridad residente en esta ciudad, lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por el promovente a la responsable, consiste en la omisión: -De la autoridad señalada con el numeral 3.1., se reclama la substanciación del juicio en forma de juicio y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita. -De la autoridad señalada en el numeral 3.2., se reclama la omisión de la notificación a juicio, una vez que se ordene la substanciación del juicio en términos de Ley, y las notificaciones personales que deba realizar durante el procedimiento en el juicio 636/2017 del índice de la autoridad ordenadora. Esto es, la falta de desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del término legal, desahogándose el dos de julio de dos mil diecinueve, fecha en la cual se fijo fecha y hora para la audiencia de ofrecimiento de admisión de pruebas, siendo esta para el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, sin que hasta la fecha se haya hecho lo necesario para el desahogo de pruebas pendientes de perfeccionamiento, muy en especial la determinación por parte de la autoridad responsable sobre la pericial tercero en discordia y la substanciación del juicio hasta su conclusión dentro del término legal. Los descritos actos serán materia de estudio en esta resolución, sin que de autos sea advierte alguno diverso. TERCERO. La autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, al rendir su informe con justificación, negó la existencia del acto reclamado, puesto que señaló que en fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento al juicio de amparo 373/2021-III, se dictó auto de término de alegatos para las partes, por lo que una vez que se presenten los alegatos de la partes, se procederá al cierre del período de instrucción, y se procederá al dictado del laudo respectivo, circunstancia que acreditó con las constancias que en dicho informe anexó, sin embargo, se advierte que dicho acuerdo se pronunció con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo ocurrida el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, por tanto, es que se presumen ciertos los actos que se le reclaman a la autoridad responsable. Por otro lado, el actuario adscrito a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, fue omiso en rendir su respectivo informe con justificación, por tanto, se presumen ciertos los actos que se le atribuyen por la parte quejosa. CUARTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En principio, se estima que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Al respecto, la causal de improcedencia indicada, establece que el juicio de amparo resulta inviable, cuando hayan cesado los efectos actos reclamados. En efecto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado por las razones siguientes: El quejoso considera vulnerados sus derechos fundamentales, ante la omisión de la autoridad responsable, por la falta de desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del término legal, desahogándose el dos de julio de dos mil diecinueve, fecha en la cual se fijo fecha y hora para la audiencia de ofrecimiento de admisión de pruebas, siendo esta para el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, sin que hasta la fecha se haya hecho lo necesario para el desahogo de pruebas pendientes de perfeccionamiento, muy en especial la determinación por parte de la autoridad responsable sobre la pericial tercero en discordia y la substanciación del juicio hasta su conclusión dentro del término legal en el juicio laboral 636/2017, del índice de la autoridad ordenadora. A su vez, la autoridad, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, remitió copia del auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual, señaló que no quedaban pruebas pendientes por perfeccionar, de conformidad con el artículo 884, fracción V de la Ley Federal del Trabajo, se otorgó a las partes un término de dos días para que formularan sus respectivos alegatos, apercibiéndoles que de no hacerlo así, se les tendría por precluído su derecho para hacerlo, y se acordaría lo que en derecho proceda, desistiéndose en su perjuicio de pruebas que no hagan valer como pendientes de desahogo de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, comisionándose al actuario de la adscripción para que notificara el proveído de referencia. En esa tesitura, si la petición del quejoso, objeto de esta controversia constitucional, ha sido emitida, puesto que se ordenó el cierre de la etapa de instrucción y se dio vista a las partes para que desahogaran sus respectivos alegatos, por la autoridad competente para ello, en el caso, la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose así, la causa de improcedencia del juicio de amparo, contemplada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, ya no existe materia sobre la cual resolver en este juicio de amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la invocada ley, lo procedente es sobreseer en este juicio. Es aplicable al particular tratado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que desde luego no se opone a la Nueva ley de Amparo, la cual fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Enrique de la Rosa Mendoza, por los motivos expuestos en el considerando último, de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quién autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del oficio que remite la autoridad, Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se le tiene rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo como de la documental que anexa al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Y, se tiene como delegados de la autoridad en mención, en términos del numeral 9º de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala en su informe de ley, así como señalando como domicilio el que indica en el mismo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe. L´lgwm
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