Enrique Corza Carrera
Expediente 743/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/07/2017
Partes del expediente
- Enrique Corza Carrera
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta de junio de la presente anualidad; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo.
- Principal
SE DICTA SENTENCIA: SE RESUELVE: PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS...SEGUNDO.- PUBLÍQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN CON SUPRESIÓN DE DATOS...
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos del expediente en que se actúa, el oficio signado por la autoridad responsable, mediante el cual informa el acato a la suspensión de plano decretada en este asunto en proveído de treinta de mayo del año en curso -fojas 6 a 9-, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo. En otra tesitura, visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por tanto, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Enrique Corza Carrera, de propio derecho, contra actos del director del Centro de Reinserción Social Tijuana, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 18 y 21 constitucionales; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 743/2017-D. Se decreta suspensión de plano Tomando en consideración que en la demanda de amparo se precisa como acto reclamado la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Tijuana, con residencia en esta ciudad, a un diverso centro de reclusión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión del acto reclamado para que cese de manera inmediata cualquier acto tendente al traslado que refiere el impetrante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 58/2016(10A) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 865, noviembre de 2016, tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Asimismo, debe precisarse que si la orden de traslado reclamada es con el objeto de dejar al quejoso a disposición del juez de la causa que, en su caso, se le siga, la suspensión tendrá como efecto que el impetrante quede a disposición de este juzgado federal por cuanto a su libertad personal se refiere, debiendo suspenderse el traslado a un lugar diverso hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio de amparo, y a disposición del juez de la causa por cuanto a la continuación del procedimiento, el cual es de orden público y por tanto insuspendible. Incidente de suspensión Sin que sea el caso ordenar que se tramite por duplicado y separado el incidente de suspensión que se solicita, virtud que el acto reclamado fue suspendido de plano en el proveído en que se actúa. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las diez horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil diecisiete. Agente del Ministerio Público de la Federación Dése la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, rinda su informe, en acato a la suspensión de plano; hágase de su conocimiento, que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el artículo 262, fracción III del ordenamiento legal antes invocado, que de llegar a consumarse, daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Informes justificados Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, en caso de ser omisa se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se faculta a la actuaria de la adscripción, para que una vez apersonada en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir el comunicado a ella dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo anterior al precedente. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por el quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Terceros interesados Dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Autorizados Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quien indica el quejoso en el escrito de cuenta. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico y autorización de notificaciones vía electrónica De igual forma, la parte quejosa solicita que las notificaciones derivadas del presente juicio se realicen vía electrónica, por lo cual proporciona el usuario "gcuriel82". En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio. Ahora, dado que el promovente proporciona firma electrónica y solicitó la notificación electrónica de las resoluciones judiciales que se dicten en el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene señalando la vía electrónica, para oír y recibir toda clase de notificaciones e incluso, las de manera personal. Asimismo, hágase del conocimiento al promovente, que está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga ese órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por efectuada la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 30 de la ley de la materia. Por tanto, se instruye a la analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "gcuriel82", únicamente por lo que respecta al juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, en atención al acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto.
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