Enrique Contreras Pérez
Expediente 222/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Enrique Contreras Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y terceros interesados se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado. Con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias y conservarse sólo la demanda de amparo, la sentencia y el presente proveído. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, y que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada mediante acuerdos de veintidós de abril y ocho de junio de la presente anualidad, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria celebrada el doce de marzo de dos mil veintiuno, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en auxilio en el dictado de la resolución a este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, resolvió conceder a Enrique Contreras Pérez, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos:1 ".OCTAVO. Efectos del amparo. A fin de restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en términos del numeral 77, fracción I, de la Ley Amparo, el Magistrado responsable deberá dejar insubsistente la sentencia reclamada y emitir otra en la que: a) Siguiendo las directrices desarrolladas en esta ejecutoria, declare fundados los agravios hechos valer, con la debida suplencia de la queja, vinculados con la razón medular en que la jueza de control negó los indicados beneficios, en concreto, estime que la fiscalía no evidenció que el aquí quejoso fuera reincidente; b) hecho lo anterior, en términos del precepto 483 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de respetar los principios de contradicción e inmediación, ordene reponer el procedimiento para que la juzgadora primigenia, previo debate, estime si se cumplen con los requisitos restantes de los referidos sustitutivos de prisión, así como los referentes a la condena condicional. Esto último, en el entendido de que la responsable deberá instruir que dicha audiencia necesariamente debe dirigirse por la jueza que presidió la audiencia primigenia; lo precedente con el objetivo de respetar el diverso principio de inmediación. Ello, conforme a lo determinado en la jurisprudencia 1a./J. 29/2018 (10a.), de la autoría de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, página 252, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2017367, que versa: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación". Ello, salvo que se justifique la imposibilidad material o jurídica para que la aludida juzgadora puede presidir la continuación de la referida audiencia, verbigracia, a causa de cambio de adscripción.". Ahora bien, del examen de las constancias y el disco versátil digital, enviados por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Por acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo Circuito, dejó insubsistente el fallo de quince de julio de dos mil veinte. 2. El dieciséis de abril del presente año,2 emitió una nueva sentencia, en la que atendiendo los lineamientos para los que fue concedido el amparo, declaró fundados los planteamientos hechos valer, suplidos en su deficiencia, vinculados a la negativa de los beneficios preliberacionales y estimó que la fiscalía no agotó su carga probatoria, en concreto, que no evidenció que el imputado fuese reincidente, como se aprecia del considerando sexto, apartado B. Asimismo, en acatamiento a la ejecutoria y con fundamento en los artículos 480 y 483 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó lo siguiente: "a) Se deja insubsistente la audiencia de veintinueve de junio de dos mil veinte, iniciada con la solicitud del procedimiento abreviado que elevó el agente del Ministerio Público, únicamente por cuanto hace a la parte relativa al debate y pronunciamiento en torno a beneficios sustitutivos de la pena de prisión; y, b) Se decreta la reposición del procedimiento. En consecuencia, la resolutora de primera instancia deberá: 1. Citar a las partes para celebrar nuevamente la audiencia con sujeción a las reglas y lineamientos que establece la codificación procesal en cita y: I. reiterando la procedencia de la forma de terminación anticipada del proceso en cita; así como, II. la condena impuesta; 2. Previo debate de las partes y partiendo de la base de que la fiscalía no evidenció que el aquí quejoso fuera reincidente, con libertad de jurisdicción, estime si se cumplen con los requisitos restantes de los beneficios sustitutivos de la pena de prisión, o bien, la condena condicional respectivamente; ello, en términos de lo disciplinado en los numerales 70 y 90, fracciones I, inciso b y X, del Código Penal Federal. Esto último, en el entendido de que dicha audiencia necesariamente debe dirigirse por la jueza que presidió la audiencia primigenia; lo precedente con el objetivo de respetar el diverso principio de inmediación (.)." Por último determinó que en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se debía revocar la resolución de veintinueve de junio de dos mil veinte, dictada por la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, -en su carácter de jueza de control- dentro de la carpeta administrativa relativa a la causa penal 89/2020, en la que, dentro del procedimiento abreviado, se negaron los beneficios sustitutivos de la pena de prisión, o bien, la condena condicional previstos en los numerales 70 y 90, fracciones I, inciso b y X, del Código Penal Federal, y ordenar la reposición del procedimiento para los efectos precisados con antelación. 3. Mediante oficio 279/2021 de diecinueve de abril de dos mil veintiuno,3 la Secretaria del Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo Circuito, habilitada en funciones de asistente de constancias y registro de tribunal de alzada, informó que la audiencia de reposición de procedimiento se llevaría a cabo a las diez horas con quince minutos de la citada fecha, por CFGS, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, integrante del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en funciones de Juez de Control, en sustitución de la Jueza Gabriela Capetillo Piña, en virtud de que dicha juzgadora ya no se encuentra adscrita a ese órgano jurisdiccional. 4. En audiencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno,4 celebrada por el Juez CFG S, en funciones de Juez de Control, realizó lo siguiente: I. Reiteró la procedencia de la forma de terminación anticipada del proceso, así como la condena impuesta; II. Declaró abierto el debate, en el que únicamente la parte quejosa hizo valer su derecho y no así la representación social, por lo que procedió a declarar cerrado dicho periodo, III. Posteriormente determinó que al no haber justificado el Ministerio Público de manera fehaciente el carácter de reincidente del sentenciado Enrique Contreras Pérez, se le concedían los beneficios previstos en los artículos 70, fracciones I y II, del Código Penal Federal, consistente en trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, tratamiento en libertad, así como el de condena condicional establecido en el numeral 90 del ordenamiento penal citado. En ese orden de ideas, del estudio de las constancias precisadas, se deduce que el Tribunal responsable dejó insubsistente el fallo reclamado en el juicio de amparo donde se actúa, emitió uno nuevo en el que declaró fundados los agravios hechos valer relativos a la negativa de los beneficios preliberacionales del sentenciado, estimó que la fiscalía no evidenció que el imputado fuese reincidente, ordenó la reposición de procedimiento para que la Juez de Control de conocimiento, previo debate estimara si se cumplían con los requisitos restantes de los sustitutivos de prisión así como de la condena condicional. Asimismo de la audiencia de reposición de procedimiento, llevada a cabo por CFGS, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, integrante del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, en sustitución de la Juez Gabriela Capetillo Piña, ello en virtud de que la misma ya no se encuentra adscrita al Centro de Justicia Penal Federal mencionado, se colige que previo debate de las partes, determinó que al no haber justificado la representación social federal de manera fehaciente el carácter de reincidente del sentenciado, se le concedían los beneficios previstos en los artículos 70, fracciones I y II, del Código Penal Federal, consistente en trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, tratamiento en libertad, así como el de condena condicional establecido en el numeral 90 del ordenamiento penal citado. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida totalmente sin excesos ni defectos, la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a los terceros interesados.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, y que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada mediante acuerdos de veintidós de abril y ocho de junio de la presente anualidad, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria celebrada el doce de marzo de dos mil veintiuno, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en auxilio en el dictado de la resolución a este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, resolvió conceder a ECP, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos:1 ".OCTAVO. Efectos del amparo. A fin de restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en términos del numeral 77, fracción I, de la Ley Amparo, el Magistrado responsable deberá dejar insubsistente la sentencia reclamada y emitir otra en la que: a) Siguiendo las directrices desarrolladas en esta ejecutoria, declare fundados los agravios hechos valer, con la debida suplencia de la queja, vinculados con la razón medular en que la jueza de control negó los indicados beneficios, en concreto, estime que la fiscalía no evidenció que el aquí quejoso fuera reincidente; b) hecho lo anterior, en términos del precepto 483 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de respetar los principios de contradicción e inmediación, ordene reponer el procedimiento para que la juzgadora primigenia, previo debate, estime si se cumplen con los requisitos restantes de los referidos sustitutivos de prisión, así como los referentes a la condena condicional. Esto último, en el entendido de que la responsable deberá instruir que dicha audiencia necesariamente debe dirigirse por la jueza que presidió la audiencia primigenia; lo precedente con el objetivo de respetar el diverso principio de inmediación. Ello, conforme a lo determinado en la jurisprudencia 1a./J. 29/2018 (10a.), de la autoría de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, página 252, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2017367, que versa: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación". Ello, salvo que se justifique la imposibilidad material o jurídica para que la aludida juzgadora puede presidir la continuación de la referida audiencia, verbigracia, a causa de cambio de adscripción.". Ahora bien, del examen de las constancias y el disco versátil digital, enviados por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Por acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo Circuito, dejó insubsistente el fallo de quince de julio de dos mil veinte. 2. El dieciséis de abril del presente año,2 emitió una nueva sentencia, en la que atendiendo los lineamientos para los que fue concedido el amparo, declaró fundados los planteamientos hechos valer, suplidos en su deficiencia, vinculados a la negativa de los beneficios preliberacionales y estimó que la fiscalía no agotó su carga probatoria, en concreto, que no evidenció que el imputado fuese reincidente, como se aprecia del considerando sexto, apartado B. Asimismo, en acatamiento a la ejecutoria y con fundamento en los artículos 480 y 483 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó lo siguiente: "a) Se deja insubsistente la audiencia de veintinueve de junio de dos mil veinte, iniciada con la solicitud del procedimiento abreviado que elevó el agente del Ministerio Público, únicamente por cuanto hace a la parte relativa al debate y pronunciamiento en torno a beneficios sustitutivos de la pena de prisión; y, b) Se decreta la reposición del procedimiento. En consecuencia, la resolutora de primera instancia deberá: 1. Citar a las partes para celebrar nuevamente la audiencia con sujeción a las reglas y lineamientos que establece la codificación procesal en cita y: I. reiterando la procedencia de la forma de terminación anticipada del proceso en cita; así como, II. la condena impuesta; 2. Previo debate de las partes y partiendo de la base de que la fiscalía no evidenció que el aquí quejoso fuera reincidente, con libertad de jurisdicción, estime si se cumplen con los requisitos restantes de los beneficios sustitutivos de la pena de prisión, o bien, la condena condicional respectivamente; ello, en términos de lo disciplinado en los numerales 70 y 90, fracciones I, inciso b y X, del Código Penal Federal. Esto último, en el entendido de que dicha audiencia necesariamente debe dirigirse por la jueza que presidió la audiencia primigenia; lo precedente con el objetivo de respetar el diverso principio de inmediación (.)." Por último determinó que en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se debía revocar la resolución de veintinueve de junio de dos mil veinte, dictada por la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, -en su carácter de jueza de control- dentro de la carpeta administrativa relativa a la causa penal 89/2020, en la que, dentro del procedimiento abreviado, se negaron los beneficios sustitutivos de la pena de prisión, o bien, la condena condicional previstos en los numerales 70 y 90, fracciones I, inciso b y X, del Código Penal Federal, y ordenar la reposición del procedimiento para los efectos precisados con antelación. 3. Mediante oficio 279/2021 de diecinueve de abril de dos mil veintiuno,3 la Secretaria del Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo Circuito, habilitada en funciones de asistente de constancias y registro de tribunal de alzada, informó que la audiencia de reposición de procedimiento se llevaría a cabo a las diez horas con quince minutos de la citada fecha, por CFGS, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, integrante del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en funciones de Juez de Control, en sustitución de la Jueza GCP, en virtud de que dicha juzgadora ya no se encuentra adscrita a ese órgano jurisdiccional. 4. En audiencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno,4 celebrada por el Juez CFGS, en funciones de Juez de Control, realizó lo siguiente: I. Reiteró la procedencia de la forma de terminación anticipada del proceso, así como la condena impuesta; II. Declaró abierto el debate, en el que únicamente la parte quejosa hizo valer su derecho y no así la representación social, por lo que procedió a declarar cerrado dicho periodo, III. Posteriormente determinó que al no haber justificado el Ministerio Público de manera fehaciente el carácter de reincidente del sentenciado ECP, se le concedían los beneficios previstos en los artículos 70, fracciones I y II, del Código Penal Federal, consistente en trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, tratamiento en libertad, así como el de condena condicional establecido en el numeral 90 del ordenamiento penal citado. En ese orden de ideas, del estudio de las constancias precisadas, se deduce que el Tribunal responsable dejó insubsistente el fallo reclamado en el juicio de amparo donde se actúa, emitió uno nuevo en el que declaró fundados los agravios hechos valer relativos a la negativa de los beneficios preliberacionales del sentenciado, estimó que la fiscalía no evidenció que el imputado fuese reincidente, ordenó la reposición e procedimiento para que la Juez de Control de conocimiento, previo debate estimara si se cumplían con los requisitos restantes de los sustitutivos de prisión así como de la condena condicional. Asimismo de la audiencia de reposición de procedimiento, llevada a cabo por CFGS, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, integrante del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, en sustitución de la Juez GCP, ello en virtud de que la misma ya no se encuentra adscrita al Centro de Justicia Penal Federal mencionado, se colige que previo debate de las partes, determinó que al no haber justificado la representación social federal de manera fehaciente el carácter de reincidente del sentenciado, se le concedían los beneficios previstos en los artículos 70, fracciones I y II, del Código Penal Federal, consistente en trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, tratamiento en libertad, así como el de condena condicional establecido en el numeral 90 del ordenamiento penal citado. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida totalmente sin excesos ni defectos, la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
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