Enrique Chávez Arvizo

Expediente 103/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
103/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
20/02/2019

Partes del expediente

  • Enrique Chávez Arvizo y Otros.
  • Enrique Chávez Arvizo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante oficio 246/2017, recibido el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete y acordado el veintisiete de los mismos, el Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, remitió a este Juzgado Federal copias certificadas que de los autos que integran el expediente ******* de su estadística, constantes de tres tomos. Ahora, en virtud de que mediante proveído de doce de enero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de diecinueve de diciembre del mismo año, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, este órgano jurisdiccional ordenó el archivo del presente juicio, por lo que de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2019 se declaró susceptible de depuración. En relatadas condiciones, debido a que las constancias de referencia no se ubican en ninguno de los supuestos que señala el punto vigésimo primero del acuerdo en mención, resulta innecesaria su conservación, por ende, remítanse los tomos de pruebas al Juez de natural. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual se negó la protección de la Justicia Federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. VISTO para resolver el juicio de amparo 103/2017-II, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el siete de febrero de dos mil diecisiete, y remitido a este Juzgado Federal al día hábil siguiente, ******* formuló demanda de amparo contra actos de la Juez Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, de quien reclamó el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dictada en el expediente *******, de su índice. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de nueve de febrero del actual, este Juzgado Federal se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró bajo el consecutivo 103/2017-II, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada. CUARTO. Interposición del recurso de queja. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, la parte tercero interesada interpuso recurso de queja en contra del acuerdo admisorio de la demanda. El conocimiento del recurso correspondió al entonces Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. En sesión de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, el Tribunal de Alzado declaró infundado el recurso de queja respectivo y, una vez que engrosó el asunto, lo devolvió a este Juzgado para la continuación de su trámite. Finalmente, en acuerdo de catorce de noviembre del año en curso, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se efectuó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos provenientes de autoridades judiciales que realizan sus funciones dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el peticionario de amparo reclama:  El acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente *******, del índice de la Juez Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, que desechó de plano el recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución que fijó la contrafianza que corresponde a la medida cautelar solicitada en autos del juicio natural. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Al rendir su respectivo informe con justificación, el Juez Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dictado en el procedimiento oral ordinario *******, de su índice, promovido por ******* (aquí quejoso), en contra de ******* y otros. Aunado a lo anterior, la certeza de los actos reclamados se corrobora con las constancias de autos, de las que se deduce la existencia del auto reclamado; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia de los actos reclamados. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, en la especie resulta innecesario examinar la causal de improcedencia del juicio que alega la parte tercero interesada, dado que ello fue materia de análisis en el recurso de queja R.Q.C. *******, del índice del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, declaró infundado el recurso de referencia al considerar que la aludida causa de improcedencia no se actualiza en el presente asunto. Al no existir diverso motivo de improcedencia que hagan valer las partes o que este Juzgado Federal advierta oficiosamente, en los subsecuentes considerandos se realizará el estudio de los motivos de inconformidad que aduce el quejoso. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en la demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como requisito de la sentencia que el juzgador los transcriba para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en aquélla, pues se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Determinación que adopta este órgano jurisdiccional. El análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, conduce a este Juzgado federal a determinar lo siguiente: Con el propósito de brindar mayor claridad a esta resolución, es conveniente relatar los siguientes antecedentes relevantes del acto reclamado:  Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, ******* (aquí quejoso), demandó en la vía oral ordinaria de ******* y otros, la nulidad del contrato de compraventa del inmueble denominado "*******" y otras prestaciones relacionadas con esa pretensión principal.  Por acuerdo de veintitrés de septiembre de la misma anualidad, el Juez Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos admitió a trámite la demanda y ordenó el emplazamiento de los demandados. Asimismo, negó la medida provisional solicitada por el actor, bajo el argumento de que debía tramitarse en forma incidental.  El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el Juez natural tuvo por contestada la demanda que formuló *******, por conducto de su apoderado legal.  En acuerdo de veinte de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo al autorizado de la parte quejosa interponiendo incidente para el efecto de que se realizara una anotación marginal sobre el bien inmueble que es materia del juicio de nulidad, del cual se ordenó dar vista a la parte demandada.  El dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, la parte demandada contestó la vista que se le otorgó y solicitó que se fijara contragarantía para que no surtiera efectos la medida cautelar solicitada.  El veintinueve de noviembre del mismo año, el Juez responsable ordenó dictar la resolución interlocutoria, en la que resolvería el incidente para que se realizara la anotación marginal de la demanda, en el inmueble que es materia del juicio de nulidad de marras.  El seis de enero de dos mil diecisiete, el Juez Quinto de lo Civil por Audiencias dictó resolución interlocutoria, en la que declaró procedente la anotación marginal sobre el inmueble con la inscripción *******, folio *******, libro *******, de la Sección ******* del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, que corresponde al predio denominado "*******", ubicado en el Municipio de *******, Chihuahua, fijando como garantía para su efectividad la cantidad de $88,500.40 y como contragarantía, la misma cifra.  No conforme con el sentido de esa determinación, el once de enero del año en curso, la parte actora incidental y actora en el principal, interpuso recurso de revocación en contra de la interlocutoria que resolvió el incidente en el que se aprobó la medida cautelar en cita.  En acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el Juez responsable desechó el recurso de revocación, al tenor de las siguientes consideraciones: [...] Vista la cuenta, se provee: Agréguense a los actos, el escrito signado por el LIC. *******, y respecto a lo que solicita dígasele que no ha lugar a admitir el recurso de revocación, en contra de la INTERLOCUTORIA dictada con fecha seis de enero del año dos mil diecisiete, toda vez que no es el recurso idóneo, de conformidad con lo establecido por el artículo 626, tercer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. [...] Esta resolución es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio y para controvertirla, los quejosos formularon en un primer aspecto de carácter formal, los siguientes argumentos: a) Que la autoridad responsable fundó su determinación en lo establecido por el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, perdiendo de vista que dicho ordinal no puede aplicarse aisladamente para establecer la procedencia del recurso de apelación, sino que únicamente introduce un requisito adicional para la admisión de dicho medio de impugnación, a saber, la cuantía del negocio. b) Que para determinar la procedencia del recurso de apelación así como del recurso de revocación, es necesario interpretar los diversos ordinales contenidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, tomando en cuenta que forman parte de un solo sistema dotado a efecto de dar a los justiciables los medios de defensa adecuados para combatir las diversas determinaciones que se tomen por el juzgador durante las diversas etapas del litigio. c) Que el párrafo final del artículo 627 del Código de Procedimientos Civiles del Estado claramente señala que para que proceda la apelación contra autos o interlocutorias en efecto devolutivo o en el suspensivo, se requiere disposición especial de la ley; por ende, la procedencia del recurso de apelación está sujeta a la expresa determinación de la ley, es decir, se requiere norma especial que ante determinada hipótesis, admita la apelación e indique los efectos en que se admitirá el medio de impugnación (devolutivo o suspensivo). d) Que el artículo 115 del mismo ordenamiento prevé que los autos que no sean apelables podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia, con lo que se garantiza al gobernado el derecho de defensa en contra de la totalidad de las determinaciones judiciales, puesto que las que no aparezcan especialmente contempladas en la ley como apelables, serán combatibles mediante el recurso de revocación. e) Que conforme al artículo 627 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el recurso de apelación en cualquiera de sus efectos, solamente será procedente cuando exista disposición especial de la ley; en tal contexto, se puede concluir que la interlocutoria que se dictó el seis de enero de dos mil diecisiete, es impugnable mediante el recurso de revocación. Los reseñados conceptos de violación son infundados y, ante su estrecha vinculación, su análisis se realizará de manera conjunta. En principio es necesario establecer que el artículo 111 de Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua establece lo siguiente: 111. Siempre que ante un tribunal se pida la nulidad o cancelación de una inscripción o del documento que la motiva, la autoridad judicial, a petición de parte y previa garantía de los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse, hará del conocimiento del Registrador Público de la Propiedad, la existencia de dicha petición, quien deberá hacer la anotación marginal correspondiente. Dicha autoridad judicial podrá abstenerse de hacer del conocimiento del Registrador lo señalado en el punto anterior, en el evento de que la parte interesada en la subsistencia del acto impugnado y sus efectos otorgue contragarantía suficiente para cubrir los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse al demandante en caso de que la resolución judicial respectiva le fuese favorable a este último. El juez dará vista a las partes, a fin de que en la vía incidental se fijen los montos de la garantía y contragarantía que deban otorgar los interesados. Como se advierte de esta transcripción, cuando ante un tribunal se demande la nulidad de una inscripción o del documento que la motiva, la autoridad judicial, a petición de parte y previa garantía de los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse, hará del conocimiento del Registrador Público de la Propiedad, la existencia de dicha petición, quien deberá hacer la anotación marginal correspondiente. No obstante, la autoridad judicial podrá abstenerse de ordenar la anotación respectiva cuando la interesada en la subsistencia del acto impugnado y sus efectos otorgue contragarantía suficiente para cubrir los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse al demandante en caso de que la resolución judicial respectiva le fuese favorable a este último, lo cual deberá tramitarse en la vía incidental. Ahora, los artículos 219 y 221 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua establece en qué casos procede que se dicte una providencia precautoria y la vía en que debe ser tramitada, en los siguientes términos: 219. Las providencias precautorias podrán dictarse: I. Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda; II. Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes sobre los que debe ejercitarse una acción real; III. Cuando la acción sea personal, siempre que la persona deudora no tuviere otros bienes que aquéllos en que se ha de practicar la diligencia y se tema que los oculte o enajene; y, IV. En los demás casos en que la ley lo permita expresamente. Las providencias precautorias consistirán en el arraigo de la persona en el caso de la fracción I, y en las demás fracciones, en el secuestro de bienes, salvo lo que la ley disponga para casos especiales. 221. Las providencias precautorias establecidas por este código podrán decretarse como actos prejudiciales, o bien después de iniciado el juicio, hasta antes de la citación para sentencia. En el segundo caso, la providencia se substanciará en vía incidental. Los preceptos transcritos establecen, en lo conducente, que las partes pueden solicitar la fijación de una providencia precautoria, tratándose de una acción personal (verbigracia: la acción de nulidad), cuando se tema que la parte que los tenga los oculte o enajene; o bien, en los demás casos en que la ley lo permita expresamente. De la misma manera establece que las providencias precautorias establecidas podrán decretarse después de iniciado el juicio, en cuyo caso, la providencia se substanciará en vía incidental. De lo hasta aquí transcrito se deduce que el trámite de la medida precautoria decretada en el juicio del que emanan los actos reclamados, debe tramitarse en la vía incidental y, respecto de ello, los artículos 266, 267 y 268 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua son los que regulan el trámite de los incidentes en juicio, al tenor de las siguientes premisas: CAPÍTULO IV. INCIDENTES 266. Son incidentes las cuestiones que se promuevan en juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal. Los que no guarden esa relación serán desechados de plano. La resolución que deseche un incidente será apelable en efecto devolutivo de tramitación inmediata, y la que dé entrada es irrecurrible. 267. Los incidentes se tramitarán por escrito y en el mismo se ofrecerán pruebas. De ser admitido, se dará vista a la contraria por tres días para que se imponga del incidente y, en su caso, ofrezca pruebas, señalándose día y hora para una audiencia de pruebas y alegatos. En la audiencia se recibirán las pruebas y los alegatos de las partes, los que deberán ser verbales, dictándose la correspondiente interlocutoria. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestada la vista o transcurrido el término para hacerlo, el juez o jueza procederá a dictar la interlocutoria correspondiente. 268. Los incidentes que surjan con motivo del desarrollo de la audiencia se formularán oralmente y oída la parte contraria el juez o jueza lo resolverá de inmediato. Tratándose de una cuestión que requiera prueba y de ser procedente su admisión, el juez o jueza ordenará su desahogo en audiencia especial o dentro de alguna de las audiencias del procedimiento, en la cual escuchará los alegatos de las partes, en el orden que determine. Enseguida se dictará la resolución si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para dictarla dentro del término de cinco días. Cuando las partes no ofrezcan pruebas, éstas no requieran preparación para su desahogo o las que propongan no se admitan, el juez o jueza, sin mayor trámite, dictará la resolución correspondiente. Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse una cuestión incidental, el juez o jueza continuará con el desarrollo de la misma sin que pueda dictar sentencia, hasta en tanto se resuelva el incidente. En estos supuestos, el término para el pronunciamiento de la sentencia a que se refiere el artículo 264 correrá una vez resueltos los incidentes admitidos. Conforme a tales dispositivos, el trámite de los incidentes implica una secuencia de actos procesales que, cuando son admitidos, concluye con una resolución interlocutoria. Asimismo, indica que la resolución que deseche un incidente será apelable en efecto devolutivo de tramitación inmediata. Ahora, con relación a la naturaleza jurídica de una resolución interlocutoria, es conveniente precisar que el artículo 109 de la misma codificación procesal estatuye lo siguiente: 109. Las resoluciones judiciales pueden ser sentencias, interlocutorias o autos. Sentencias son las que resuelven el punto principal del litigio o de la instancia. Interlocutorias son aquellas que resuelven un incidente o excepción procesal. Autos, todas las demás determinaciones de trámite. Toda resolución escrita expresará la fecha en que se pronuncie y se autorizará por los funcionarios respectivos y por la persona que deba dar fe de ella, con firma entera. De esta manera, a la resolución que resuelve un incidente el legislador local la designó la característica de ser una resolución interlocutoria. En torno al sistema de impugnación que prevé la legislación procesal en cita, el artículo 615 establece que los recursos que proceden en los juicios de naturaleza civil son el de revocación, apelación y denegada apelación. Tratándose del primero de los citados, el artículo 620 del ordenamiento procesal de marras, estatuye: 620. El recurso de revocación a que hace referencia el artículo 115 de éste código, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por medio de lista. Como se advierte de la reproducción de este precepto, el legislador estableció la procedencia del recurso de revocación exclusivamente contra autos, esto es, a la luz del precitado artículo 190, la revocación sólo procede contra simples determinaciones de trámite, a diferencia de las sentencias (resuelven el punto principal del litigio o de la instancia) y de las interlocutorias (que resuelven un incidente o excepción procesal). En contraste, tratándose del recurso de apelación, en los artículos 626 y 627 del mismo ordenamiento procesal, el legislador estableció las siguientes precisiones: 626. Cuando el negocio sea estimable pecuniariamente, las resoluciones judiciales sólo serán apelables si el importe de aquél excede de 500 veces el salario mínimo. Para los efectos de este artículo el importe del negocio se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 de este código. Las sentencias que fueren recurribles conforme al primer párrafo de este artículo, serán apelables en efecto suspensivo. Sólo serán apelables los autos e interlocutorias si la sentencia fuere susceptible de apelación o lo disponga la ley. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. 627. El recurso de apelación contra autos se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios, reservándose su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule contra la sentencia por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos o interlocutorias en efecto devolutivo o en el suspensivo, se requiere disposición especial de la ley. Ahora, conforme a estos dos preceptos, en lo conducente se colige que sólo serán apelables las interlocutorias cuando la sentencia fuere susceptible de apelación o lo disponga la ley; que los asuntos de cuantía indeterminada -como aquellos en donde se demanda la nulidad de un acto jurídico- siempre serán apelables; de la misma manera, la legislación procesal señala que para que proceda la apelación contra interlocutorias en efecto devolutivo o en el suspensivo, se requiere disposición especial de la ley. Finalmente, el artículo 635 de la codificación procesal civil, establece lo siguiente: 635. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra: [...] IV. La resolución que recaiga al incidente de reclamación a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación; [...] Las premisas legales transcritas permiten establecer que, adversamente a lo que sostiene el quejoso en sus conceptos de violación, la resolución que resuelve el incidente reclamado, emitido en un juicio oral ordinario, es impugnable a través del recurso de apelación de tramitación inmediata, y no el de revocación, que interpuso. En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 635, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, contra la resolución que recaiga al incidente de reclamación a las providencias precautorias, resulta procedente el recurso de apelación, de tramitación inmediata. Máxime que en el caso se actualiza la condición que prevé la citada porción normativa, en el sentido de que tal medio de defensa es procedente siempre y cuando, de acuerdo al interés del negocio hubiera lugar a la apelación; esto es así, pues de conformidad con lo que señala el artículo 626, último párrafo, de la citada codificación, el acto reclamado deriva de un juicio de cuantía indeterminada (nulidad de contrato de compraventa) y, ante ello, siempre son apelables por disposición legal. Lo anterior se corrobora con lo establecido en el artículo 266, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en la medida que la resolución que desecha un incidente es analógica a la resolución que lo resuelve, pues en ambos casos se da por concluida la instancia incidental y, por ende, opera la misma disposición, en el sentido de que contra tales resoluciones procede la apelación en efecto devolutivo, de tramitación inmediata. Sostener lo contrario, esto es, considerar que en contra de la sentencia interlocutoria que resuelve un incidente procede el recurso de revocación -como propone el quejoso-, atenta contra la naturaleza de este recurso, en la medida que el legislador estableció que la revocación sólo procede contra autos, es decir, resoluciones de mero trámite que el propio juzgador puede subsanar, por su intrascendencia frente al proceso, lo cual no sucede tratándose de la resolución que resuelve un incidente. Sobre estas bases, aun cuando el acuerdo reclamado sustentó el desechamiento del recurso de revocación, exclusivamente en la hipótesis contenida en el artículo 626, tercer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, su sentido resulta esencialmente legal, pues en contra de la resolución incidental de seis de enero de dos mil diecisiete, en la que se declaró procedente la anotación marginal solicitada por la quejosa, fijó la garantía para su procedencia y la respectiva contragarantía, no era recurrible a través del recurso de revocación, sino del diverso de apelación, de tramitación inmediata; de ahí que resulten infundados los conceptos de violación que expresó el quejoso. En las relacionadas condiciones, dado lo infundado de los conceptos de violación, se impone negar el amparo y la protección de la justifica federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *******, en contra de la autoridad y acto precisados en el segundo considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, quien actúa con el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES TERCERO INTERESADAS LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SE RESUELVE: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *******, en contra de la autoridad y acto precisados en el segundo considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, quien actúa con el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano