Enrique Chapa Martínez y Otro
Expediente 361/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 361/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Enrique Chapa Martínez y Otro
- Elías Alvarez Hernández
- Martha Romero Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Queja
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el dictamen emitido por el Pleno de este Tribunal Colegiado de Circuito en la sesión ordinaria virtual celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el dieciséis de noviembre del presente año, en relación al recurso de queja 361/2023, interpuesta por Enrique Chapa Martínez y Rosa Valencia Monterrubio, por propio derecho, del cual se advierte la posible actualización de dos causas de improcedencia, por lo que debe confirmarse el desechamiento de la demanda de amparo presentada por los recurrentes, aunque por otros motivos. En efecto, por una parte, se advierte la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, relativa a los actos o normas contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De igual forma, se advierte la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la relacionada en el artículo 107, fracción V, a contrario sentido, de la Ley de Amparo, relativa a la demanda de amparo promovida en contra de actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El primero de los preceptos en comento es establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.).". De dicho numeral se colige que el juicio de amparo es improcedente, cuando ello resulta de alguna disposición de la Ley de Amparo; lo que permite establecer que el juicio biinstancial es improcedente cuando no se promueva en contra de actos o normas generales contra las que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos Al respecto, el Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que para tener consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado al no haber promovido en el término legal el juicio de amparo; en el entendido de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; o cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 2) hay consentimiento tácito del acto, cuando no se impugna a través del medio de defensa correspondiente en los términos que se conceden para ello; en el caso, mediante la promoción del juicio de amparo. Sustenta lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, volumen 139-144, primera parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 232527, que indica: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Ahora bien, el artículo 17 la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo que se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; que se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; que la demanda de amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; o cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Sin que los actos reclamados se ubiquen en uno de los supuestos de excepción, por lo que debe partirse de la base que los recurrentes tenían el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo. Por otra parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que los plazos previstos en el artículo anterior, se computarán a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación al quejoso, conforme a la ley del acto o resolución reclamada; a aquel en haya tenido conocimiento; o se ostente sabedor. Ahora bien, en la especie, los actos reclamados, de acuerdo a la precisión de los mismos efectuada por el Juez de Distrito que recibió el expediente una vez separado (Primero), consisten en: a. La orden judicial de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento contenida del auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 62/2023, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Atotonilco el Grande, Hidalgo; y la orden judicial de aplicación de las medidas de apremio consistentes en el ejercicio de la fuerza pública, así como el rompimiento de chapas y cerraduras para requerir de pago a Enrique Chapa Martínez, prevista en el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés. b. El proveído que niega tener por acreditada la personalidad de Enrique Chapa Martínez, en el carácter de demandado en el juicio ejecutivo mercantil antes indicado. Como se aprecia, en realidad se trata de tres actos reclamados y no de dos, como los precisó el a quo, ya que un acto consiste en 1. El auto que ordenó el emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil de origen, contenido en el auto de treinta de enero de dos mil veintitrés; otro, 2. El auto de veintiséis de abril del mismo año, dictado en el citado juicio natural; y uno más, 3. El auto dictado en el referido debate, el veinticuatro de agosto del año en curso. En este escenario, de entrada existe un desajuste en la fijación clara y precisa de los actos reclamados, de manera que el examen preliminar sobre las causales de improcedencia del juicio de amparo efectuado en el auto recurrido, no es correcto. Por tanto, es necesario que este tribunal colegiado corrija ese desajuste y aborde, entonces, en análisis de la procedencia de la acción de amparo sobre las bases fijadas. Ahora bien, en el escrito de demanda, los refirieron lo siguiente: "V. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, señalamos como fechas de conocimiento de cada uno de los actos reclamados, las siguientes: A) De los señalados como "PRIMERO.", "SEGUNDO.", "TERCERO." y "CUARTO," de la Autoridad Ordenadora C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ATOTONILCO EL GRANDE, HIDALGO, señalamos como fecha el día 06 SEIS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO." Los actos reclamados señalados como "primero" y "segundo", corresponden a los autos de treinta de enero de dos mil veintitrés, y veintiséis de abril del mismo año. El acto reclamado como "tercero" corresponde al proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés (negativa de personalidad) mientras que no existe el acto reclamado "Cuarto" como lo narraron los quejosos en el libelo constitucional. Como se advierte, los quejosos se ostentaron sabedores de los mismos el seis de junio de dos mil veintitrés; no obstante, es clara la imposibilidad de que respecto del acto reclamado que denominaron "tercero" pudieran haber tenido conocimiento en una fecha anterior a la en que fue emitido, lo que será materia de examen posterior. Hasta este punto, lo que se advierte de primera mano es que respecto de los actos consistentes en los autos de treinta de enero de dos mil veintitrés, y veintiséis de abril del mismo año, la demanda que da origen al presente recurso, es extemporánea. Ciertamente, el escrito de demanda de amparo fue presentado el seis de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, remitida al Juzgado Primero de Distrito, el siete siguiente. Por tanto, si los quejosos se ostentaron sabedores de los actos reclamados que se acaban de mencionar, el seis de junio de dos mil veintitrés, y el libelo de amparo lo presentaron hasta el seis de septiembre de dos mil veintitrés, queda de manifiesto que ya había fenecido el plazo de quince días para la promoción de la demanda de tutela de derechos humanos; sin que, por otro lado, como se precisó, se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en contra de los acuerdos de treinta de enero de dos mil veintitrés, así como el diverso de veintiséis de abril de la misma anualidad, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues no fue interpuesto en el término de quince días que la Ley de Amparo les otorga para hacerlo y, por ende, se debe desechar la demanda constitucional, al actualizarse posiblemente contra él, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, ya que los consintieron de manera tácita. Ahora, respecto del acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en que los quejosos plantean que se negó de tener por acreditada la personalidad del quejoso Enrique Chapa Martínez, en el juicio mercantil de origen; como se apuntó anteriormente, se advierte la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la relacionada en el artículo 107, fracción V, a contrario sentido, de la Ley de Amparo, ya que la resolución que niega reconocer la personalidad se trata de un acto que no tiene naturaleza irreparable. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó el criterio sustentado durante la vigencia de la Ley de Amparo abogada, para ajustar jurisprudencialmente el entendimiento los actos en juicio cuya naturaleza es irreparable, desapareciendo, en función de ese ajuste, el concepto de violación en grado predominante o superior, para quedar sólo la noción de irreparabilidad tratándose de violaciones procesales pero con proyección en derechos sustantivos, como lo señala la fracción V, del numeral 107 de la ley de la materia. Dentro de ese cambio de criterio, se encuentra la resolución que desconoce la personalidad a un litigante, la cual, actualmente dejó de conceptuarse como un acto que afecte un derecho sustantivo sino que se sitúa en el campo netamente intraprocesal, de manera que no habrá forma que con la sustanciación del juicio de amparo, mute esa naturaleza, por más pruebas que se aporten Por ende, respecto de este otro acto reclamado, posiblemente se actualiza de modo manifiesto e indudable la mencionada causal de improcedencia. Tiene aplicación al respecto, por analogía, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 377/2013, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, Materia Común, Décima Época, con Registro digital: 2006589, con los siguientes rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En consecuencia, en relación con estas diversas causales de improcedencia del juicio de amparo, con fundamento en el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de Amparo, dese vista a los quejosos Enrique Chapa Martínez y Rosa Valencia Monterrubio para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. Hace cita la Jurisprudencia P./J. 4/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 6, Registro digital: 2008789, Décima Época, Materias(s): Común de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, CUANDO SE ADVIERTE DE OFICIO UNA CAUSAL DISTINTA A LA EXAMINADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. De la interpretación sistemática de la exposición de motivos del proyecto de decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, así como de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos y de los artículos 64 y 112 a 115 de la ley aludida, se aprecia la ampliación de la protección de los derechos fundamentales del gobernado. De este modo, en razón de esa salvaguarda ampliada, es que debe existir un procedimiento adecuado regido por el párrafo segundo del artículo 64 citado; de ahí que si en la resolución de un recurso de queja interpuesto en contra del desechamiento de plano de la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado de Circuito advierte de oficio la actualización de una diversa causal de improcedencia que no fue alegada por las partes, ni analizada por el órgano inferior, dará vista a la parte recurrente para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga. Lo que resulta necesario, además, en virtud de que, al conocer del referido recurso y concluir que el respectivo juicio de amparo es improcedente por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, emite una resolución definitiva e inimpugnable, a diferencia de las determinaciones que sobre ese aspecto dicta el órgano jurisdiccional que en primera instancia conoce de la demanda de amparo indirecto." Ante tal circunstancia, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte recurrente para que, en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. Hace cita, en lo conducente, la Jurisprudencia P./J. 5/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 11, Registro digital: 2013721, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, OBLIGA AL TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL RECURSO DE REVISIÓN, EN AMPARO INDIRECTO, A DAR VISTA AL QUEJOSO CON SU ACTUALIZACIÓN, PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, CUANDO NO SE HUBIESE SOBRESEÍDO EN PRIMERA INSTANCIA POR ESA CAUSAL. Resulta compatible con el derecho fundamental de audiencia reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, que su artículo 64, párrafo segundo, deba interpretarse en el sentido de que el tribunal que conozca del recurso de revisión, en amparo indirecto, otorgue vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga, cuando en primera instancia no se hubiese sobreseído por inexistencia de actos y aquél considere, oficiosamente, la actualización de dicha causal de sobreseimiento prevista en el numeral 63, fracción IV, del ordenamiento legal indicado, pues ese sobreseimiento le producirá el mismo resultado adverso que el consecuente a la actualización de una causal de improcedencia, esto es, el no pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad alegada en la demanda de amparo que conlleve ordenar la restitución o reparación del respeto y disfrute del derecho humano que estime transgredido. Ello, derivado de un aspecto que no formó parte de la litis originalmente configurada, ya que, de oficio, el sobreseimiento es introducido por un órgano eminentemente terminal, cuya decisión al respecto ya no podrá ser cuestionada en una instancia ulterior. Lo anterior bajo el entendido de que la misma deberá ser publicada en lista electrónica y las manifestaciones que considere pertinentes, podrán ser presentadas directamente ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito, buzón judicial, o bien mediante el Portal de Servicios en Línea. Hecho lo anterior, devuélvanse los presentes autos al suscrito, para formular el proyecto de resolución correspondiente. Notifíquese.
- Queja
Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. A sus autos el escrito del recurrente Enrique Chapa Martínez. En atención al mismo, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el punto III, de la Circular CITAIPDP 3/2016, de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, desde este momento se autoriza el uso de aparatos electrónicos a la parte recurrente y sus autorizados, como lo son cámaras, grabadores o lectores ópticos, para la toma de constancias que obren en autos, previa toma de razón que obre en autos para constancia; en el entendido de que serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con los diversos dispositivos electrónicos. Finalmente, devuélvase el expediente en que se actúa al suscrito Magistrado para el dictado de la resolución que corresponda. Notifíquese.
- Queja
Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que en el turno de expedientes número treinta y nueve, celebrado en esta fecha, correspondió el presente asunto al suscrito; en tal virtud, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, túrneseme para el dictado de la resolución correspondiente. Notifíquese.
- Queja
Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de octubre de dos mil veintitrés. A sus autos el oficio del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes con el número 6473/2023, con el que rinde informe; además, remite el original del escrito de agravios de los quejosos Enrique Chapa Martínez y Rosa Valencia Monterrubio; regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Ahora bien, se ordena a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este órgano federal para que, relacione el presente asunto con el juicio de amparo indirecto 1683/2023-3-B; lo anterior, para poder visualizar en el Sistema indicado las constancias del juicio de origen; y, confírmese su visualización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, SE ADMITE el recurso de queja interpuesto por los quejosos Enrique Chapa Martínez y Rosa Valencia Monterrubio, por propio derecho, en contra de la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo indirecto 1683/2023-3-B, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. En términos del artículo 101 de la ley en comento, se tiene a la autoridad oficiante, remitiendo el informe materia de la queja en que se actúa. Con fundamento en lo estipulado en el diverso numeral 26, fracción III, en relación con el 29 de la ley de la materia, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En otro orden, con fundamento en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Como lo solicitan los recurrentes, con apoyo en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica; como autorizado para tales efectos en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Alejandro Mendoza Medina; y sólo en términos del dispositivo 24 del mismo cuerpo de leyes a las demás personas señaladas. Ahora, por lo que hace al número telefónico y correo electrónico proporcionados por los recurrentes, se tienen como vía de comunicación no procesal, en términos de la primera parte, del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el punto III, de la Circular CITAIPDP 3/2016, de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, desde este momento se autoriza el uso de aparatos electrónicos a la parte recurrente adhesiva y sus autorizados, como lo son cámaras, grabadores o lectores ópticos, para la toma de constancias que obren en autos, previa toma de razón que obre en autos para constancia; en el entendido de que serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con los diversos dispositivos electrónicos. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.
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