Enrique Cervantes Alipio
Expediente 927/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Enrique Cervantes Alipio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 927/2019-IX, promovido por Enrique Cervantes Alipio, por propio derecho, contra el acto que reclamó del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, ...Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Enrique Cervantes Alipio, contra el acto que reclamó del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. ...
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de agosto de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 927/2019, promovido por Enrique Cervantes Alipio, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. EL SECRETARIO: Se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. De igual manera se da cuenta con el informe previo rendido por: Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad.(foja 25) EL JUEZ: Téngase por realizada la relación del informe previo citado con antelación y que ya obra en autos; continúese con la celebración de la audiencia. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. EL JUEZ: Al no existir prueba pendiente por desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: En ese orden, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 927/2019; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por oficio de incompetencia recibido el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que por razón de turno, fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, Enrique Cervantes Alipio, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado a la autoridad precisada con antelación. 2.- Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional por una parte negó y por otra concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en esta vía de amparo la resolución de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca de apelación I-222/2019, en la que la magistrada responsable confirmó la sentencia de veintisiete de mayo del año en curso, dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio sumarísimo civil 589/2017, en la que ordenó reponer el procedimiento declarando nulo todo lo actuado a partir del auto de trece de abril de dos mil dieciocho, que finalizó la suspensión del procedimiento decretado en autos, para el efecto de que no se reanude el procedimiento hasta en tanto comparezca a juicio la sucesión a bienes de Antonio Cervantes Farías. SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte que reconoció la existencia del acto que la parte quejosa le reclama. TERCERO.- IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA SUSPENSIVA POR TRATARSE DE ACTOS CONSUMADOS. Respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con el acto que se reclama, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés legítimo (interés suspensional). La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. En ese sentido, no obstante que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado, satisfaciendo el primer requisito que contempla el artículo 128 de la Ley de Amparo; se estima que dada la naturaleza del mismo, no se cumple con uno de los supuestos para decretar la suspensión conforme a la teoría de la apariencia del buen derecho, pues dicho acto en sí mismo no es suspendible, ya que la resolución de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, emitida por la magistrada responsable dentro del toca de apelación I-222/2019, en cuanto a su dictado, reviste el carácter de acto consumado y la medida cautelar no tiene efectos restitutorios, pues éstos son propios de la sentencia que, en su caso, se pronuncie en el juicio de amparo al que este incidente corresponde; de ahí que SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA respecto de dicho acto. Apoyan lo anterior, en lo conducente, las tesis del texto y rubro siguientes: "Época: Octava Época Registro: 217665 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 60, Diciembre de 1992 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/37 Página: 51 ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Incidente en revisión 71/89. Comisariado Ejidal de San Pablito Camimilolco, Municipio de Chiconcuac, México. 31 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. Incidente en revisión 129/90. Angela Estrada de Flores. 14 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. Incidente en revisión 18/92. Julieta del Carmen Madrigal González. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa. Incidente en revisión 132/92. Sindicato Industrial de Trabajadores de los Metales en General en todas sus Formas, Similares y Conexos del Estado de México. 10 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Palacios Iniestra. Incidente en revisión 224/92. Constructora Los Remedios, S. A. de C. V. 9 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa". CUARTO.- PROCEDENCIA DE LA MEDIDA SUSPENSIVA. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa también solicita la medida suspensiva respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, para lo siguiente: ".solicitando que se me conceda la suspensión provisional del acto reclamado y en su oportunidad la definitiva a fin de que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta en tanto se regularice el procedimiento, es decir que el juicio primario registrado bajo el número 589/2017 tramitado en el juzgado Octavo de lo Civil de Morelia, Michoacán, se mantenga en el estado que se encuentra y no se reanude ninguna etapa procesal derivada de la reposición del procedimiento ordenada en la sentencia definitiva de primera instancia.": En el caso, el acto reclamado como se dijo, consiste en los efectos y consecuencias de la resolución de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca de apelación I-222/2019, en la que la magistrada responsable confirmó la sentencia de veintisiete de mayo del año en curso, dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio sumarísimo civil 589/2019, en la que ordenó reponer el procedimiento declarando nulo todo lo actuado a partir del auto de trece de abril de dos mil dieciocho, que finalizó la suspensión del procedimiento decretado en autos, para el efecto de que no se reanude el procedimiento hasta en tanto comparezca a juicio la sucesión a bienes de Antonio Cervantes Farías. De lo que se sigue que en sí mismo, es susceptible a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro, como lo es la afectación al derecho de acción y de acceso a la jurisdicción, y también produce un cambio de situación jurídica en su estatus general que como persona tiene frente al resto de sus congéneres. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos y las garantías establecidas en la constitución para su protección. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, tiene un interés legítimo para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho de la solicitante, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que la parte amparista es titular de un derecho humano cuya protección conlleva la obligación de proteger su dignidad con ahínco, además de advertirse la interrelación a su derecho al acceso a la jurisdicción protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias de la resolución de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca de apelación I-222/2019, en la que la magistrada responsable confirmó la sentencia de veintisiete de mayo del año en curso, dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio sumarísimo civil 589/2019, en la que ordenó reponer el procedimiento declarando nulo todo lo actuado a partir del auto de trece de abril de dos mil dieciocho, que finalizó la suspensión del procedimiento decretada en autos, para el efecto de que no se reanude el procedimiento hasta en tanto comparezca a juicio la sucesión a bienes de Antonio Cervantes Farías; actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en el artículo 128, en relación con el diverso precepto 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Enrique Cervantes Alipio la SUSPENSIÓN DEFINITIVA respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, para que las cosas se mantenga en el estado que actualmente guardan y se abstenga de ejecutar la resolución reclamada, siempre y cuando aún no se haya dictado proveído tendente a ello; y hasta en tanto la responsable reciba notificación sobre la resolución que se pronuncie dentro del juicio del que deriva la presente incidencia. Cabe aclarar que la magistrada responsable deberá comunicar al juez civil de origen, los efectos para los cuales se ha concedido la suspensión definitiva al quejoso, a efecto de que acate la medida cautelar. Se fija garantía. Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no cumple con las medidas de aseguramiento como otorgar garantía ante este juzgado federal, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., en el que deberá aparecer como depositante el propio promovente, ante y a satisfacción de este juzgado, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo, que deberá exhibir dentro del término de cinco días, contados a partir de su notificación, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la medida se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, en caso de que el amparista no obtenga resolución favorable en el juicio al que este incidente corresponde, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de la autoridad responsable, la que quedará en aptitud de ejecutar los actos reclamados, en sus consecuencias; suma que se fija de manera discrecional, en atención a la facultad que otorga el artículo 132 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe dato alguno en autos que permita determinar con precisión el monto de la misma, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de los datos que se aporten a los presentes autos por las partes. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número 610, consultable en la página 553, del Tomo VI, del rubro y contenido siguientes: "Época: Novena Época Registro: 202563 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Mayo de 1996 Materia(s): Común Tesis: III.3o.C. J./3 Página: 571 SUSPENSION PROVISIONAL, FIJACION DEL MONTO DE LA GARANTIA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la citada ley que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera". Queja 16/91. Antonio Aguirre Brambila. 7 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Juan Manuel Rochín Guevara. Queja 16/92. Guillermo Ramírez Villalpando. 2 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hidalgo Riestra. Secretario: Jorge Quezada Mendoza. Queja 3/94. Ambassador Suites, Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 6 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: María de los Angeles E. Chavira Martínez. Secretario: Salvador Murguía Munguía. Queja 49/94. José Alberto Pérez Pérez. 10 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretaria: María Elena Ruiz Martínez. Recurso de revisión 126/96. Margarita Lozano de Gama. 27 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Roberto Macías Valdivia". Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA a Enrique Cervantes Alipio, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por las razones precisadas en el considerando tercero de este fallo interlocutorio. SEGUNDO. SE CONCEDE a Enrique Cervantes Alipio, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por las razones precisadas en el considerando cuarto de este fallo interlocutorio. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. SE RECIBE INFORME PREVIO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo envía rinde informe previo que le fue solicitado, lo anterior en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo; de lo que se ordena hacer relación en la audiencia incidental. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia oficial concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3826/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.Daa
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO POR INCOMPETENCIA. Por recibido el oficio 4582/2019 signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, que contiene inserto el acuerdo de veinte de agosto actual; el original de la demanda de amparo promovida por Enrique Cervantes Alipio, por derecho propio, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; el informe justificado rendido por el magistrado responsable y constancias que acompaña en apoyo de éste consistentes en el juicio sumarisimo civil 589/2017, el toca de apelación I-222/2019 y un cuadernillo identificado como "cuaderno de constancias nulas". Ahora, como del oficio de cuenta se desprende que mediante proveído de veinte de agosto actual, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por Enrique Cervantes Alipio, por derecho propio, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca de apelación I-222/2019, en la que la magistrada responsable confirmó la sentencia de veintisiete de mayo del año en curso, dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio sumarísimo civil 589/2019, y ordenó reponer el procedimiento declarando nulo todo lo actuado a partir del auto de trece de abril de dos mil dieciocho, que finalizó la suspensión del procedimiento decretado en autos, para el efecto de que no se reanime el procedimiento hasta en tanto comparezca a juicio la sucesión a bienes de Antonio Cervantes Farías; por considerar que dicha resolución, no se ubica en ninguno de los supuestos de procedencia de amparo directo; en tal virtud, estimó que la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito, residente en esta ciudad. AVOCAMIENTO En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese recibo. SE ORDENA NOTIFICAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA PRESENTE DETERMINACIÓN. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para los efectos legales a que haya lugar. NO HA LUGAR A PREVENIR A LA PARTE QUEJOSA RESPECTO DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA. No es inadvertido para el que suscribe que, atento a la jurisprudencia 51/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 32/94, visible en la foja 93, del Tomo I, Primera Parte, Novena Época, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA, EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO", el Juez de Distrito al avocarse al conocimiento de la demanda de amparo intentada en vía directa procediendo la indirecta, debe prevenir al quejoso para que la adecue a los requisitos de la demanda en la vía indirecta; sin embargo, no es el caso de proceder en esos términos solicitando a la parte promovente formule su libelo en base a los mencionados requisitos, en atención a que aún y cuando la demanda fue intentada en la vía de amparo directo, la misma en esencia reúne los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, para la demanda de garantías en la vía indirecta. AUTO DE ADMISIÓN. En consecuencia, fórmese expediente con el oficio de cuenta y sus anexos. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número IX-927/2019. Admítase la demanda de amparo promovida por ENRIQUE CERVANTES ALIPIO, por derecho propio, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. NO HA LUGAR A SOLICITAR INFORME JUSTIFICADO A LA MAGISTRADA RESPONSABLE. Sin que haya lugar a solicitar informe justificado a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, toda vez que el mismo ya obra en autos, por lo que únicamente dése vista a las partes con dicho informe, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación del mismo en audiencia constitucional. PRUEBAS DOCUMENTALES DE LA RESPONSABLE. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que la magistrada responsable acompañó a su informe justificado, consistentes en juicio sumarisimo civil 589/2017, el toca de apelación I-222/2019 y un cuadernillo identificado como "cuaderno de constancias nulas". SE ORDENA FORMAR TOMOS DE PRUEBA. Con las constancias remitidas por la magistrada responsable se ordena formar tres tomos de prueba, respetando su sello, folio y rúbrica; agregándoles únicamente carátula para su identificación. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA. Dése a la agente del Ministerio Público Federa de la adscripción la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en el numeral 3 de la ley en aplicación, se autoriza a la fiscal adscrita la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario "pepin"; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA EMPLAZAR A TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a José Luis Rodríguez Martínez, en cuento tutor interino de María Teresa Salinas Cortés; en consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que se constituya en su domicilio ubicado en calle Melchor Ocampo, número 322, interior 2, colonia centro, en esta ciudad, y lo emplace al juicio de amparo en que se actúa, por sí o por conducto de su apoderado Sergio Aguilar Macías, corriéndole traslado con copia de la demanda de garantías; asimismo, le comunique la fecha y hora que se señalaron para la celebración de la audiencia constitucional; de igual forma, lo requiera para que al momento de la diligencia o dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con motivo del presente juicio de amparo; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Fórmese incidente de suspensión por duplicado y cuerda separada. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a Abel Cortés Arredondo, como autorizado de la parte quejosa, con la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho; mientras que Jorge Alberto Cortés Pérez, José Dionicio Cortés, Alam Yael Medina Guillén, Roberto Gaona Chávez y Giovana Zamudio Barjas, estarán autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos de la parte final del segundo párrafo del citado numeral, los dos primeros de los nombrados por no contar con cédula profesional registrada en el mencionado sistema, y los restantes, por así haberlos autorizado el promovente. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese, y personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza. Doy fe.
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