Enrique Carrillo Rocha
Expediente 1511/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1511/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/10/2021
Partes del expediente
- Enrique Carrillo Rocha
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que precede, se advierte que no se interpuso dentro del término que la ley señala, el recurso de queja contra el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda; por tanto, con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo...
- Principal
CITATORIO. se notifica por lista al quejoso: Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Análisis de la cuenta. Vista la cuenta, se recibe el escrito aclaratorio suscrito por Gabriel Gómez Sánchez, como asesor jurídico de Enrique Carrillo Rocha, mediante el cual da cumplimiento a los puntos de prevención formulados en el auto del diez de los actuales. En vista de lo anterior y del análisis integro de la demanda, escritos aclaratorios, se desprende en esencia, que los actos reclamados consisten en: ? El auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones presentado el catorce de abril del mismo año en el expediente 327/2017. 2. Decisión sobre la instancia judicial. Analizada la demanda de garantías, así como el escrito aclaratorio, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte una causal de improcedencia que impone desecharla de plano. Así es, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". El precepto legal citado en segundo término establece que por regla general, el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, de lo que deriva que el juicio biistancial no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación, sino sólo contra aquéllas que causen un gravamen irreparable al quejoso. Estos es, cuando lo actuado por la autoridad señalada como responsable afecte de forma directa e inmediata derechos fundamentales, es decir, aquellos derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, pero no aquéllos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, ni siquiera cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior, de conformidad con el reciente criterio adoptado por nuestro más Alto Tribunal, interpretando la redacción de la legislación de amparo vigente. En efecto, al fallar en la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, fracción V establece con precisión el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al resolver que por dichos actos se entienden: "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De ahí que puede afirmarse que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad, que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese orden, según lo explicó el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, esta interpretación se deduce de dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, cuando éstos se emiten en el proceso o en el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva"; estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Se invoca en apoyo a las consideraciones recién expuestas, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, correspondiente a la Décima Época, Materia Común, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". También, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, Décima Época, cuya literalidad es la siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Por ende, de lo anterior se advierten las siguientes conclusiones: 1. Los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General de la República y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, de tal manera que esa afectación no pueda enmendarse aun con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio. Por tanto, los actos emitidos dentro de un procedimiento o juicio tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en aquél. 2. Contrariamente, son actos de posible reparación aquéllos que sólo tienen como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como en el caso acontece, los cuales son reparados si se obtiene una resolución acorde a los intereses del inconforme, dado que las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Entonces, la parte quejosa señaló como acto reclamado, el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno mediante el cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones presentado el catorce de abril del mismo año. Sin embargo, tal acto no puede considerarse como uno de los previstos en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, ya que ese actuar de la responsable, por el momento, no le causa un perjuicio de imposible reparación, habida cuenta que produce consecuencias sólo de carácter procesal, mas no materialmente sustantivas, ya que aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que, en la especie, no acontece, ya que a través de dicha actuación no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino una posible violación de prerrogativas adjetivas que producen únicamente efectos intraprocesales dentro del Juicio de que se trata, en donde lo único que se determina es la falta de notificación personal, de un proveído, no obstante de que se dejó de actuar por mas de seis meses, lo cual no le causa un perjuicio de imposible reparación; por lo que al no considerarse así, lo cual constituye el efecto requerido para que los actos intraprocesales puedan reclamarse en amparo indirecto; de lo contrario, como en el caso, éste resulta improcedente. Además, no puede decirse que la violación que aquí reclama transcienda al sentido del fallo en el juicio de origen o deje huella en la esfera jurídica de la parte agraviada, pues puede ocurrir que el afectado obtenga un fallo favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas los posibles perjuicios que se le hubieran causado con el acto que reclamó en la vía biinstancial. En caso contrario, es decir, que la sentencia que se dicte en el juicio de origen, sea desfavorable a sus intereses, puede impugnarla a través del juicio de amparo directo que promueva contra la resolución definitiva que se emita, en términos de lo podrá hacer valer, en su caso, las violaciones procesales que estime pertinentes. Es aplicable el criterio jurisprudencial sustentado por el ahora Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, visible en la página 1903, Tomo III del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2016, Materia Común, correspondiente a la Décima Época, que se lee: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material - real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión". Es así, puesto que para que proceda el amparo biinstancial respecto de actos dentro de juicio, como lo es el que se combate en sede constitucional, tienen que ser de imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos y las consecuencias de la violación cometida no desaparezca aunque la parte afectada obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Por las razones que informa, es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 167896 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 94/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 256 Tipo: Jurisprudencia NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada. En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en las aludidas porciones normativas en relación con el artículo 113 de la ley en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo y la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se recibe(n) el(los) oficio(s) de cuenta y su(s) anexo(s), a través de los cuales se alude dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, en términos del diverso numeral 196 de la Ley de Amparo, con las constancias que se reciben se ordena dar vista a la(s) parte(s) quejosa y tercero interesada (entregándole(s) copia certificada de las mismas, emitidas en cumplimiento a la ejecutoria) por el término de tres días, para que exprese(n) lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la(s) responsable(s).
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