Enrique Campos Bravo

Expediente 1709/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1709/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Enrique Campos Bravo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que en sentencia de -diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a ********************, en contra de los actos de la Secretaria de Hacienda Pública del Estado de Jalisco y otras, para los siguientes efectos. ".por consiguiente, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, en contra de la aplicación presente y futura de dicho numeral y por el tiempo que se encuentre en vigencia, en términos del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento treinta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Octava Época, el cual es del tenor literal siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, conforme al cual "las sentencias que se pronuncien en los Juicios de Amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare", debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión tendrá un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo respectivo, mas no así a personas ajenas al mismo, circunscribiéndose, por tanto, la declaración de inconstitucionalidad de la ley, el caso concreto. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado en el juicio de amparo son los de proteger al quejoso no sólo contra el acto de aplicación de la misma que también se haya reclamado, si esta fue impugnada como heteroaplicativa, sino también que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la misma ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada la declaración de inconstitucionalidad que, en su caso, proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." En las condiciones apuntadas, las consecuencias jurídicas del otorgamiento del amparo al quejoso, se traducen en que le sea devuelta la cantidad que pagó únicamente por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales y por registro de testimonio proveniente de otra entidad federativa, de acuerdo con el recibo oficial ********************, emitido por la Oficina Recaudadora de Arandas, Jalisco, que constituye el acto de aplicación de la norma impugnada, debiendo subsistir diversos cobros efectuados, fundándose en diversos dispositivos legales no reclamados.". Mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en este asunto y se requirió a la responsable por el cumplimiento del fallo protector. Después de varios requerimientos, en proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, remitió el oficio ******************** al que adjuntó entre otras constancias certificadas copia de la orden de pago ********************a favor del quejoso ********************, de la que se desprende fue recibida por el autorizado del quejoso el doce de enero de dos mil veintitrés; razón por lo que se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento a la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y de los datos aportados por la autoridad, sin que hubiera manifestado algo al respecto. En consecuencia, se le hace efectivo dicho apercibimiento, por lo que este órgano de control constitucional, procede a calificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la responsable, con las constancias que obran en autos. Lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, relativo al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA).". Vistos los efectos de la ejecutoria de amparo, transcritos en los párrafos que anteceden: De las constancias que obran en autos, se advierte que la responsables desincorporó de la esfera jurídica del quejoso la obligación que impone la fracción I, incisos h), 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022; asimismo, se advierte que la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, devolvió al quejoso las cantidades que resultaron a su favor, lo que demostró con la copia certificada tanto del oficio ******************** al que adjuntó entre otras constancias certificadas copia de la orden de pago ********************a favor del quejoso ********************, de la que se desprende fue recibida por el autorizado del quejoso el doce de enero de dos mil veintitrés. En consecuencia, este juzgado de Distrito, concluye que la autoridad responsable atiende al núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, por lo tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, en virtud de que la quejosa ha sido restituido de su garantía violada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la tesis 2ª-. CXIV/97 visible en la página 414, Materia Común, del tomo VI, Octubre de 1997, de la Novena Época, correspondiente a la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como " debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Lo anterior con independencia de que la parte quejosa, en caso de que lo estime pertinente, pueda hacer valer los medios de defensa establecidos en la ley. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Asimismo, el presente asunto se considera sin valor documental. Finalmente, visto el estado que guarda el expediente electrónico derivado de este amparo, del que se advierte que no obran agregadas la totalidad de constancias de notificación ordenadas en el presente asunto; en consecuencia, se requiere al Actuario Judicial de la adscripción para que a la brevedad posible realice las acciones necesarias para incorporar la totalidad de constancias de notificación al referido expediente electrónico, a fin de que se encuentre debidamente integrado en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Una vez hecho lo anterior, deberá certificar lo correspondiente a fin de dar de baja el expediente a la mesa respectiva.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta que suscribe la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación del Titular de la citada Secretaría, mediante el cual manifiesta la forma en que ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, anexando al efecto las constancias que así lo acreditan; en consecuencia, se ordena dar vista a la parte quejosa con el comunicado y anexos de mérito, para que dentro del término de tres días, a que alude el numeral 196, primer párrafo de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento de que no obstante no hacerlo dentro de dicho lapso, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. -

  3. Principal

    (AVISO PRINCIPAL) POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE PROVEYÓ: Visto el oficio de cuenta que suscribe la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación del Titular de la citada Secretaría, mediante el cual manifiesta la forma en que ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, anexando al efecto las constancias que así lo acreditan; en consecuencia, se ordena dar vista a la parte quejosa con el comunicado y anexos de mérito, para que dentro del término de tres días, a que alude el numeral 196, primer párrafo de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento de que no obstante no hacerlo dentro de dicho lapso, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. -

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio firmado por la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado en representación del Titular de dicha Secretaría, mediante el cual solicita una prórroga para poder dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, y con relación a lo que solicita, dígasele a la autoridad oficiante que en materia de ejecución de sentencia la ley únicamente establece el término de tres días, sin embargo, en consideración a la complejidad de las actividades que debe desarrollar las responsables para cumplir con la ejecutoria de amparo, así como la disposición que manifiesta en torno al cumplimiento irrestricto de la misma, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se otorga una prórroga de diez días, legalmente computados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir constancia fehaciente con lo que acredite el cumplimiento a la sentencia protectora, apercibido que en caso de incumplir, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos.-

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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