Enrique Calderón Pérez

Expediente 614/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
614/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Enrique Calderón Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. I. Causa estado. Visto el contenido de la certificación que antecede, se desprende que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto que desechó la demanda amparo en este expediente; en consecuencia, con apoyo en los artículos 80 y 97, fracción I de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto. II. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. III. Destrucción o depuración En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que dispone el artículo 21, fracción d) del invocado Acuerdo, en razón de que con el desechamiento de la demanda amparo, se dio por concluido el juicio sin haber decidido el mismo en lo principal. IV. Relevancia y documentos. Finalmente, se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Plenario en cita y no obran documentos originales de alguna de las partes. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de noviembre de dos mil veinte. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 614/2020-VI y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama: ? El auto de veinte de octubre de dos mil veinte, dentro del juicio ejecutivo mercantil número ++++ del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en el que se decretó la adjudicación directa del bien rematado en favor del actor ++++ y se le requirió para que exhiba certificado de depósito, por concepto de remanente, esto es, la diferencia entre la cantidad raíz y el monto total a que ha sido condenado a pagar la parte demandada. III. Improcedencia de la demanda Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese contexto, se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII1 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV2 del referido ordenamiento legal, pues como se analizará a continuación, el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate. En efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados después de concluido, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y expresamente señala que tratándose de remate tal determinación la constituye la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Ahora bien, como se puede apreciar, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto al referido momento procesal, con la finalidad de evitar abusos en la promoción del juicio de amparo biinstancial, porque la sociedad y el Estado están interesados en que se cumpla con los fallos en los que se establece la verdad legal. De esta manera, se impide la promoción de demandas de amparo en contra de cualquier determinación, evitándose que se dé la pauta para poder reclamar de manera independiente todas las violaciones cometidas en la fase de remate; las cuales, en todo caso, podrán reclamarse cuando se emita la última resolución de ese procedimiento, si por virtud de las referidas violaciones hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede. Precisado lo anterior, es menester aclarar que, el peticionario de amparo acude a la presente instancia constitucional a reclamar el proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 209/2016 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en el que se decretó la adjudicación directa del bien rematado en favor del actor Enrique Calderón Pérez y se le requirió para que exhiba certificado de depósito, por concepto de remanente, esto es, la diferencia entre la cantidad raíz y el monto total a que ha sido condenado a pagar la parte demandada, el cual no constituye la última resolución en la etapa de remate. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Consecuentemente tal como se ha venido precisando, el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo de la Ley de Amparo, que establece categóricamente que en remate la última resolución -conforme a la cual se establece la procedencia del juicio- es aquélla que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso podrán hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Sin que pase desapercibido que en el apartado de antecedentes del acto reclamado del escrito de demanda, el quejoso señala que denuncia la inconstitucionalidad del artículo 1412 bis del Código de Comercio, sin que señale a qué autoridades atribuye su creación, ni el acontecimiento por el que reclama la norma, es decir, por su inicio de vigencia o por su primer acto de aplicación; sin embargo, el hecho de prevenirlo no llevaría a ningún fin práctico para la prosecución del procedimiento, porque aunque el promovente precisara los puntos anteriores, la resolución recaída a su demanda de amparo sería la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. LVI/974 , sustentada por la el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se impugnen actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en dicho procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige, inclusive, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclama también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución del procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe." IV. Desechamiento. Por lo tanto, al concluir que en el caso a estudio no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, como se anticipó, el juicio constitucional promovido resulta improcedente, según se obtiene de la interpretación en sentido contrario del referido numeral, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII de la ley de la materia, y ante tales circunstancias, lo procedente es desechar de plano la demanda de mérito, por existir causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 112 y 113 del citado ordenamiento legal. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Notificaciones vía electrónica. Respecto a la petición del promovente, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones del presente juicio de amparo a la parte quejosa, se realizarán por vía electrónica5 , a través del usuario ++++ VII. Autorizados. Téngase como autorizados para tal efecto a ++++, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener acreditado estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. VIII. Quejoso señala número telefónico y correo electrónico. Téngase al promovente proporcionando el número telefónico y el correo electrónico que al efecto señala, para que a través de los mismos se puedan entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. IX. Autorización consulta de expediente electrónico. Por otra parte, se tiene al promovente solicitando el acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo, para lo cual proporciona el nombre de usuario - ++++-, con el que se registró en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.cjf.gob.mx. En consecuencia, dése de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda tener acceso al expediente electrónico en comento. X. Uso de medios electrónicos Con sustento en la Circular número 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al promovente el uso de los medios electrónicos que menciona para los fines solicitados, previa razón que obre en autos, con la salvedad que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincara responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta, tiene aplicación la tesis del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." XI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese como legalmente corresponda

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